El pasado 25 de febrero el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió cerrar la investigación administrativa y sobreseer al notario Francisco Leiva. En junio pasado, CIPER reveló que Leiva filtró al exjuez Juan Poblete dos documentos que formaban parte del cuaderno de remoción abierto en su contra. Tras esa publicación, el tribunal capitalino abrió un sumario al notario. Según consignó Biobío este lunes, aunque Leiva reconoció al fiscal judicial que envió ambos documentos, este último concluyó que no era posible sancionarlo basándose en un “trascendido” de prensa, argumentando que no hay pruebas fehacientes. Sin embargo, hay tres antecedentes que fueron desestimados por la corte: un informe de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI; la declaración de Leiva como imputado en la indagatoria liderada por la fiscal regional de Valparaíso y extractos del testimonio que el propio notario entregó al fiscal judicial, recogidos en la misma resolución del pleno.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno

“No es posible asignar mérito suficiente a la versión difundida por el medio de prensa, de momento que no están disponibles las comunicaciones originales, ni imágenes de captura de pantalla de los supuestos mensajes de WhatsApp o sus transcripciones, ni los documentos que presuntamente se habrían compartido, conforme se consigna en dicho trascendido. Tampoco se singularizó la fecha específica en que tales comunicaciones se hubieran verificado ni existe información bastante que permita asentar el origen o forma de obtención de los documentos a los que se alude”.

El párrafo anterior es parte de la resolución con la que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó el sobreseimiento del notario Francisco Leiva Carvajal en el sumario administrativo que se le inició luego de que CIPER reveló en junio pasado que Leiva -titular de la Segunda Notaría de Santiago- filtró al exjuez Juan Poblete antecedentes del cuaderno de remoción que se abrió a ese exmagistrado (vea ese artículo: Los chats del exjuez Poblete revelan cómo ministros de la Suprema piden votos para nombrar notarios). 

Tal como consignó este lunes Biobío, la investigación administrativa concluyó porque no se logró probar o descartar los hechos. De acuerdo con lo señalado por el medio, el fiscal judicial que llevó la indagatoria, Jorge Norambuena, determinó que no era posible sancionar a Leiva por un “trascendido” de prensa, asegurando que no existían pruebas fehacientes. Esto, aunque Leiva admitió ante el propio fiscal judicial Norambuena que sí envió los documentos al exjuez Poblete (vea esa resolución). 

Los dos documentos que Leiva envío a Poblete son un informe fechado el 23 de mayo de 2022, remitido por el entonces presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Pablo Krumm, al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el “Informe Corte Suprema. Cuaderno Remoción”, fechado el 3 de mayo de 2022, firmado por la magistrada Marcela Araya, quien ejercía como ministra de la misma corte.

CIPER revisó los antecedentes alojados en investigaciones judiciales y administrativas, los mismos que han sido difundidos por la prensa, y que fueron desestimados o no considerados por la Corte de Apelaciones de Santiago en su resolución que sobreseyó a Leiva. La revisión arrojó que hay por lo menos tres antecedentes que evidencian que el notario Francisco Leiva sí filtró a Poblete dos documentos que formaban parte del cuaderno de remoción que se abrió contra el exjuez: 

• El propio Leiva reconoció que envío ambos documentos ante el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena.
• El notario también admitió que remitió los dos documentos a Poblete en una declaración policial entregada en calidad de imputado el pasado 4 de octubre, en la indagatoria por tráfico de influencias encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y que fue revelada por The Clinic en febrero pasado. 
• El despacho de los documentos quedó registrado en un informe de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI. Ese documento fue confeccionado en el contexto de la investigación de la Fiscalía Centro Norte, conocida como “Operación Topógrafo”.

A través del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, CIPER consultó al fiscal judicial Jorge Norambuena si solicitó al Ministerio Público acceso al informe de la PDI mencionado en el párrafo anterior, en que aparecen los chats entre Leiva y Poblete en que el primero hace envío de los documentos. También se le consultó si consideró la declaración que Leiva entregó ante la policía en la causa que lleva la fiscal Perivancich. Al respecto, el fiscal judicial no precisó si realizó solicitudes a la fiscalía por esos antecedentes, pero señaló que “no se tuvo acceso a dichos antecedentes, los que son reservados respecto de terceros ajenos al procedimiento penal”. 

El sobreseimiento del notario se concretó con el voto favorable de 10 ministros, mientras que otros cinco magistrados —Romy Grace Rutherford, Jorge Luis Zepeda, Fernando Guzmán, Miguel Eduardo Vázquez y Maritza Elena Villadangos—fueron de la idea de rechazar la propuesta del fiscal judicial y ordenar la reapertura de la indagatoria, con el fin de realizar diligencias orientadas a esclarecer si Leiva efectivamente entregó antecedentes del proceso de remoción de Poblete, la oportunidad en que ello habría ocurrido y si a esa fecha el juez ya tenía en su poder dicho documentos “por haberlas obtenido en el marco del propio asunto disciplinario”.

Con el cierre de este sumario, también se desecharon los antecedentes respecto al negocio inmobiliario del notario. En junio pasado CIPER reveló que a través de la sociedad Inversiones Almirante, Leiva es dueño de los edificios que utilizan cuatro notarías de la Región Metropolitana y también del inmueble en el que funciona el Archivo Judicial de Santiago. Dos de los notarios que le arriendan propiedades, y también el actual archivero Julián Miranda, antes de ser nombrados en sus cargos fueron notarios suplentes del propio Leiva (vea ese artículo: El negocio inmobiliario del notario Leiva: es dueño de cinco edificios donde funcionan notarías y el Archivo Judicial) .

La resolución de la corte también consideró el periodo de dos años de prescripción fijado por la Corte Suprema en indagatorias administrativas contra integrantes del Poder Judicial.

Corte de Apelaciones de Santiago (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

ANTECEDENTES DESESTIMADOS

El informe de la PDI. Lo que originó la investigación penal encabezada por la fiscal Perivancich son los chats del exjuez Poblete incluidos en un informe policial elaborado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI. El documento fue confeccionado en el marco de la investigación de la Fiscalía Centro Norte, conocida como “Operación Topógrafo”, y está fechado el 31 de mayo de 2024. En relación con los intercambios entre Poblete y el notario Francisco Leiva, el informe recopila conversaciones que van desde el 22 de mayo hasta el 25 de diciembre de 2022.

Aunque en el primer reportaje de CIPER también se detallan las fechas de las comunicaciones entre el notario y el entonces magistrado, el intercambio más significativo entre ambos ocurrió el 25 y 26 de mayo de 2022. El primer día, Leiva le comentó a Poblete que se habían recibido informes del presidente de la corte de Copiapó. Para entonces, el ministro Pablo Krumm—uno de los redactores de los documentos filtrados— ejercía como presidente subrogante de esa corte de apelaciones. Esto es lo que dicen esos mensajes:

Francisco Leiva: Cómo está SS (su señoría)

Francisco Leiva: podríamos juntarnos hoy, lo puedo ir a ver a su casa, o donde Ud disponga. Se recibieron informes de Pdte de Copiapo y es buen lapidario, por lo mismo debe ver una estrategia para evitar deeechamente la remoción

Francisco Leiva: Se que es súper complicado pero hay que hacer algo concreto, si no la cosa está fea. El ambiente en la Suprema no es nada favorable

Francisco Leiva: Usted me dice

Según la versión que el notario entregó a CIPER en junio pasado, aunque no recordaba con exactitud cómo habían llegado los documentos a sus manos, afirmó que estos se encontraban “viralizados” dentro del Poder Judicial. Lo cierto es que el informe elaborado por el ministro Krumm está fechado el 23 de mayo de 2022, es decir, dos días antes de que Leiva advirtiera a Poblete sobre su llegada y tres días antes de que el notario enviara dicho documento, junto con el informe redactado por la ministra Araya, al exjuez.

Francisco Leiva: Como anda SS ?

Juan Poblete: Recién despertándome

Juan Poblete: Cómo está ud

Francisco Leiva: Muy bien señor, preocupado por Ud

Francisco Leiva: Tendría tiempo para juntarse ahira en la tarde, como las 4?

Francisco Leiva: Así le comento mi opinión después de hablar con varios ministros

Juan Poblete: Buenos. En el centro, donde?

Juan Poblete: O me lo dice más tarde

Francisco Leiva: En el centro así nos tomamos un café y conversamos tranquilos, le parece?

Juan Poblete: Si, me parece

Juan Poblete: A las 16,00 hrs

Francisco Leiva: Ok donde Ud disponga

Juan Poblete: No, diga ud.

Francisco Leiva: Le aviso

Juan Poblete: Gracias

Francisco Leiva: SS nos juntamos en el Conservador que va ser más tranquilo, Morande 440 piso 4. Sala de reuniones. Reunión con Francisco Leiva.

Juan Poblete: Ok

Francisco Leiva: SS, me atrase 15 min

Juan Poblete: Ok, con calma

Juan Poblete: Voy en cAmino

Francisco Leiva: Ya señor

Francisco Leiva: Informe V1 (Documento elaborado por ministro Krumm)

Francisco Leiva: INFORME CORTE SUPREMA. CUADERNO REMOCIÓN (Documento elaborado por ministra Araya)

La declaración policial del notario. El pasado 4 de octubre, alrededor de las 10:00, en una declaración policial que entregó en calidad de imputado en la investigación liderada por la fiscal Perivancich, Leiva señaló que la cita en el conservador de Santiago se concretó. Esa declaración, en la que el notario también reconoce que envió los documentos, fue difundida por The Clinic el 18 de febrero último.

Conocedores de esta indagatoria del Ministerio Público, dijeron a CIPER que en esa carpeta judicial también se encuentra el informe elaborado por la PDI con los chats entre Poblete y Leiva.

Según este testimonio del notario prestado ante la policía, no solo habría asistido Poblete al encuentro en la sede del conservador, también lo hizo, por solicitud del notario, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa: “Le solicité al ministro Antonio Ulloa, en virtud de su experiencia, me acompañara en la reunión que sostuve con Poblete en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a lo cual accedió y participó”, explicó Leiva en esa declaración.  

Un detalle importante: entre 2012 y hasta que juró como ministro del tribunal de alzada capitalino en 2021, el ministro Ulloa integró la Corte de Apelaciones de Copiapó, tribunal en el que fueron elaborados los informes enviados por Leiva a Poblete.

CIPER intentó enviarle consultas al magistrado Ulloa respecto de su participación en esa reunión, pero desde Comunicaciones del Poder Judicial señalaron que el ministro continúa con licencia médica. 

En su testimonio ante la policía, Leiva afirmó que envió los archivos de la corte de Copiapó antes de solicitarle a Poblete la reunión. Sin embargo, según la cronología de chats registrada en el informe de la PDI, el envío de esos documentos habría ocurrido el mismo día del encuentro en el edificio del conservador, después de que Leiva avisó al juez que llegaría 15 minutos tarde y luego de recibir el mensaje de Poblete informando que ya iba en camino.

En esa declaración, el notario entregó una versión similar a la que había dado a CIPER. Leiva señaló ante la policía que nunca consideró que esos documentos fueran secretos y que, dada la relevancia del tema en la corte de apelaciones, se trataba de un asunto ampliamente conocido y difundido entre funcionarios judiciales. El notario insistió en que al ser un documento que fue recibido vía WhatsApp, entendió que estaba viralizado. 

La explicación ante el fiscal judicial. De acuerdo con a resolución de la corte de Santiago, Leiva también declaró ante el fiscal judicial Jorge Norambuena, quien encabezó la investigación administrativa en su contra. En esa ocasión, el notario sostuvo su versión y señaló que ambos antecedentes “circulaban ya entre las esferas judiciales o de abogados (…). Son dos antecedentes pretéritos que constaban ya en el expediente de remoción”.

También aseguró que, a pesar de que realizó “los esfuerzos más importantes para poder determinar quién le remitió (ambos informes), y francamente, con total transparencia no logró recordarlo”.

Según la misma resolución, a pesar de que la imputación contra Leiva consiste en “haber proporcionado piezas correspondientes al procedimiento de remoción” del exministro Poblete, y la manera como Leiva accedió a esa información, el fiscal judicial descartó estos hechos, “no solo por los dichos del investigado”, sino también porque, de acuerdo con un auto acordado de la Corte Suprema, los procedimientos de remoción no revisten carácter reservado para la persona a quien van dirigidos. Sin embargo, en el fallo de la corte no se precisa si Poblete accedió a dichos documentos a través de una vía oficial, tampoco se hace cargo —más allá de la declaración del propio Leiva— de la principal imputación: por qué esos documentos, que sí eran reservados para terceros ajenos a la indagatoria, se encontraban en poder de un notario.