Los remedios paliativos del gobierno contra la crisis financiera de los prestadores privados de salud están agravando la enfermedad del sistema, opina en columna para CIPER un especialista en el área, médico salubrista y profesor universitario: «Algo declarado ilegal se quiere hacer legal. Algo que plantea una excepción ‘que sea a la baja’ se interviene alzando los precios. La única racionalidad del texto que se discute hoy es la de salvar la industria, sin lógica sanitaria alguna.»
El senador Juan Luis Castro (PS) ha indicado esta semana que «nosotros urgimos a que el gobierno tome una decisión, tome un camino: ¿quiere hacer una reforma de la Salud a partir de la oportunidad de esta crisis o simplemente hacer algunas medidas puntuales, como el ICSA (Indicador de Costos de la Salud) que se va a enviar la próxima semana en el proyecto de reajuste, o la rebaja de la prima GES?». En enero de este año, nos planteábamos algo similar [ver columna del autor «La oportunidad que abre la crisis de las isapres», en CIPER-Opinión 18.01.2023]: «Podríamos llamar a este entuerto ‘crónica de una desaparición anunciada’ desde 1990», decíamos. En este debate intestino de la élite que toma las decisiones, y que se ha evidenciado en la falta crónica de acuerdo político para legislar en esta materia, es central recordar que la fuente principal de discrepancia es de carácter ideológico: Salud como derecho o Salud como bien de consumo. Es triste que esa disyuntiva persista incluso en el gobierno actual, el más de izquierda de la neodemocracia. De hecho, el gobierno envió para su aprobación el siguiente texto dentro de la ley de reajuste como una miscelanea, la cual deja claro que el problema requiere ser salvado económicamente:
La Superintendencia de Salud determinará el valor anual del indicador sin considerar el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud […]. Junto al indicador a que se refiere el numeral uno, la Superintendencia de Salud determinará el valor en Unidades de Fomento que las instituciones de salud previsional, por una sola vez y de forma extraordinaria, podrán incorporar a todos sus precios finales, a fin de otorgar financiamiento al costo y cobertura de las prestaciones de salud de las cargas menores de 2 años de edad para estos efectos la Superintendencia deberá evaluar el costo y cobertura de las prestaciones de salud correspondientes a estas cargas.
Totalmente impresentable. Se trata de una intención que contraviene por completo lo que la Justicia precisamente condenó —y reiteradamente— en los últimos meses.
El fallo de la Corte Suprema señala, respecto de esto último, lo siguiente: al nonato y luego de nacido hasta los 2 años lo cubre completamente el GES, por lo tanto no se le puede aplicar una tabla de factores. Después de esa edad legal, se le aplica un plan correspondiente a los dos años, el que es inmodificable en el tiempo, salvo que sea a la baja. Vale decir que algo declarado ilegal se quiere hacer legal (vía miscelánea en la ley de reajuste). Y algo que plantea una excepción ‘que sea a la baja’ se interviene alzando los precios. La única racionalidad del texto que se discute hoy es la de salvar la industria, sin lógica sanitaria alguna, a menos que los escenarios apocalípticos se entiendan como una realidad concreta. Hemos escrito en columnas previas que tal escenario es, hasta ahora, hipotético; temible, pero no sustentado con estudios en cuanto tal. Por último, esto nos recuerda, dolorosamente, la —al parecer— insoslayable matriz sociocultural de Chile, transformada revolucionariamente en dictadura a través de los instrumentos fundantes del miedo, la represión y la Constitución. Repito lo señalado hace ya diez meses: existen reglas del juego y deben ser respetadas. Si efectivamente estamos ante la amenaza de una crisis, esta se debe manejar como no se ha hecho en cuarenta años, con medidas de fondo, y no sólo de forma. Es el momento de dar suma urgencia a una reforma profunda: la mancomunación de todos los aportes de los/as trabajadores/as en un «Fondo Universal de Salud» de primer piso, tal como se plantea en el programa de gobierno del Presidente Boric, y el establecimiento de las isapres como seguros complementarios de segundo piso.
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Fundador de Grupo Patio y cliente de Hermosilla: las sociedades de Antonio Jalaff con el banco que lavó dinero narco en España
Porque no se ha aprobado o no se ha presentado un solo plan de Salud universal que solo condidere solo el 7% ,en las campañas electorales se hable de esto pero al final siempre los mas perjudicados somos los clientes,porque no compramos en forma directa los bonos a las clinicas o centros medicos y no pasar por las Isapres.
A contar de este Mes Consalud me alzo el Plan de Salud y aun no nos devueven las platas de la Correcion de la tabla de factores y menos de correcion Tabla Ges.
