Think tanks ligados a partidos han recibido al menos $6.000 millones del Estado a través de donaciones y órdenes de compra

CIPER rastreó 49 centros de pensamiento vinculados a partidos, de los cuales 19 han recibido recursos de organismos de gobierno y municipalidades por un total de $6.000 millones, desde 2005 hasta esta fecha. En medio de la polémica por las fundaciones relacionadas con sectores políticos que captan fondos públicos, CIPER revisó las entidades directamente relacionadas con partidos que son receptoras de dinero estatal. Revisamos centros de pensamiento ligados al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la ex Concertación, a Chile Vamos y al Partido Republicano. Si bien estos traspasos no constituyen, necesariamente, una irregularidad, dan cuenta de cómo el Estado ha financiado a entidades estrechamente vinculadas a partidos de todos los sectores durante décadas.

El 7 de marzo de 2014, cuatro días antes de que Sebastián Piñera abandonara por primera vez La Moneda, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) le adjudicó $55 millones a Idea País, el think tank socialcristiano desde el que surgió Diego Schalper, diputado y secretario general de RN. Ese traspaso de recursos terminó en tribunales, luego de que las autoridades del entrante gobierno de Michelle Bachelet lo impugnaran y solicitaran el reintegro del dinero. Era un convenio para fomentar la participación política de jóvenes que asignó recursos públicos a un centro de pensamiento comúnmente vinculado a la derecha.

En medio del escándalo por las transferencias desde el Estado a fundaciones con vinculaciones políticas, CIPER revisó los traspasos de dinero público a los centros de pensamiento asociados a los partidos. Think tanks que se dedican directamente a la política a través de asesorías parlamentarias, la elaboración de programas para candidaturas y que también han servido como plataformas para la irrupción de figuras políticas. 

Los think tanks han recibido desde el aparato público al menos $6.038 millones entre 2005 y 2023. Las fuentes de esos recursos son variadas: ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otros organismos dependientes del Ejecutivo. En esa suma no consideramos los pagos por asesorías desde el Congreso Nacional. Se trata de transferencia de recursos a organizaciones que se dedican a la actividad política, lo que marca una diferencia con algunas fundaciones que argumentan que su rol es ser auxiliares del Estado en la implementación de la política pública.

El cruce de los datos deja en evidencia que los think tank reciben más recursos públicos cuando un gobierno de su mismo color político ejerce el poder. En el caso de la centro izquierda, esa tendencia fue marcada durante los gobiernos de la ex Presidenta Bachelet, mientras que los de derecha se beneficiaron del primer gobierno de Sebastián Piñera y también de fondos provenientes de municipalidades encabezadas por alcaldes de Chile Vamos.

Fue el caso de Idea País. Las únicas transferencias que ha recibido desde el Ejecutivo se produjeron en Piñera 1. La primera fue por $4,6 millones el 31 de diciembre de 2012, desde el Ministerio de Educación, por un concurso abierto que buscaba fomentar  la participación estudiantil. El segundo fue más grande: $55.075.100 desde el Injuv, en el marco del programa “País joven”, que buscaba aumentar la participación juvenil en la política (vea aquí el convenio firmado el 7 de marzo de 2014).

Ese convenio fue firmado por Nicolás Duhalde Correa, entonces director del Injuv. Duhalde es militante de RN y cuando terminó el primer gobierno de Piñera pasó a ser el jefe de gabinete del exsenador Alberto Espina (también de RN). En Piñera 2 fue jefe de gabinete en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y asesor en el Ministerio de Educación. Es lo que se llama, en la jerga política, un cuadro partidario. 

El convenio entre el Injuv e Idea País terminó mal. El 28 de julio de 2014, ya asumido el gobierno de Michelle Bachelet y a través de una resolución exenta, el Injuv puso fin al convenio y solicitó el reintegro de los $55 millones. El caso fue llevado a tribunales. Según la demanda que presentó el Injuv el 11 de mayo de 2017 en el 9° Juzgado Civil de Santiago, Idea País nunca ejecutó el programa “entregando argumentos de problemas de logística y viabilidad” (vea aquí la demanda). Recién en septiembre de 2017, tres años y medio después de firmado el convenio, los $55 millones fueron reintegrados por el centro de pensamiento, quien no se hizo parte de la demanda civil.

Desde Idea País señalaron que el proyecto no pudo ejecutarse por “motivos ajenos” a ellos. “Razón por la cual los fondos adjudicados fueron íntegra y debidamente restituidos ante notario de la Octava Notaría de Santiago. El asunto, además, fue conocido por la Contraloría General de la República, cuyo pronunciamiento da cuenta de que IdeaPaís obró legalmente y conforme a derecho”, indicaron a CIPER (vea la respuesta completa).

Descripción de IdeaPaís en su sitio web

Un informe de Contraloría, además, cuestionó la falta de proactividad del Injuv para cobrar el dinero (vea el informe).

El fenómeno ha sido transversal. CIPER detectó traspasos de dinero público a centros de pensamiento que van desde la UDI al PC. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), vinculado al Partido Comunista, aparece en los registros recibiendo $932 millones desde distintas instituciones públicas entre 2005 (cuando se comenzaron a transparentar las cifras) y 2018. 

Trazar los pagos totales desde el Estado a estos centros de pensamiento no es fácil, porque se han realizado a través de distintas plataformas. A veces ha sido mediante Mercado Público, donde los distintos organismos estatales compran bienes y servicios, y otras a través de donaciones amparadas en la Ley 19.862, promulgada en el gobierno de Ricardo Lagos como parte del paquete de medidas para aumentar la transparencia del Estado, luego del caso de corrupción conocido como Mop Gate.

La ley no es perfecta. El traspaso de $379 millones realizado en diciembre de 2022 por parte del Gobierno Regional del Biobío a la Fundación Horizonte Ciudadano, de la ex Presidenta Michelle Bachelet, no aparece registrado en la base de datos que implementó la Ley 19.862, y CIPER solo pudo encontrar el rastro de ese pago revisando los informes de ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres). La fiscalía abrió una investigación de oficio sobre ese traspaso de fondos luego de que Radio Biobío reveló los estrechos vínculos políticos entre el jefe de ese gobierno regional y la plana mayor de la fundación. 

Todos los centros de pensamiento que han recibido dinero público, y que CIPER incluyó en este reportaje, han cumplido labores políticas en campañas electorales o bien han asesorado a bancadas específicas en el Congreso. Revisamos centros de pensamiento ligados al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la exConcertación, a Chile Vamos y al Partido Republicano. Los nombres de los think tank los tomamos de documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y de archivos de prensa. 

En total, rastreamos las huellas de transferencias de dinero público a 49 centros de pensamiento. De ellos, 19 han recibido recursos públicos que quedaron registrados en las plataformas y bases de datos revisadas para este artículo. Eso, sin contar los fondos provenientes del Congreso Nacional y otros casos de transferencias que eventualmente pudieron quedar al margen de los registros consultados para este reportaje (vea aquí el listado).

Los traspasos de recursos desde organismos públicos hacia los think tank no constituyen, necesariamente, una irregularidad. Pero sí dan cuenta de cómo desde el Estado se ha financiado la actividad política durante décadas, y de cómo ese financiamiento ha sido transversal a todos los sectores. 

Eso sí, hay casos en que es más evidente que los recursos públicos se utilizan con fines claramente políticos. Un buen ejemplo son los $4 millones que Horizontal –think tank ligado a Evópoli- recibió desde el Injuv en diciembre de 2018, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Consultados por CIPER, desde Horizontal aseguraron que ese dinero se ocupó en “el naciente proyecto llamado ‘Operación Infancia’ (…) Este programa anual se ha expandido desde entonces y cuenta con financiamiento y gobernanza propia. Estos fondos concursables fueron únicamente para esa ocasión y se destinaron a gastos logísticos como buses, poleras y comida para los voluntarios”.

Se trata de trabajos voluntarios de estudiantes universitarios, los que en 2019 visitaron comunas de La Araucanía, como Carahue, Chol Chol, Ñancul, Padre Las Casas y Angol (vea aquí la respuesta completa de Horizontal). Lo que no se menciona en la respuesta del think tank de Evópoli, es que el senador por La Araucanía de ese partido, Felipe Kast, aparece en los registros de prensa convocando a esos trabajos voluntarios. Kast también ha publicado insertos de prensa destacando la iniciativa como propia (vea aquí una columna en La Araucanía Diario).

EL TOP DEL RANKING

El centro de pensamiento que en los registros revisados por CIPER acumula la mayor cantidad de fondos públicos recibidos es la Fundación Participa, un think tank progresista que nació al alero del PPD y que ha participado en la elaboración de iniciativas para las campañas del plebiscito constitucional de 2020 y del Presidente Gabriel Boric, en 2021. La fundación es comandada por Daniel Ibáñez, quien hizo carrera militante en el PPD y luego intentó una candidatura a diputado por el PRO, sin éxito. 

Constantemente, la Fundación Participa organiza diálogos políticos entre dirigentes del progresismo, participa en campañas y busca incidir en la elaboración de políticas públicas. Este tipo de actividades la distingue de las fundaciones que se dedican solamente al trabajo territorial, que son las que ahora han estado en el centro de la polémica desde que se descubrió el traspaso de $426 millones entre militantes de Revolución Democrática a través de la fundación Democracia Viva. 

Entre 2017 y 2023, Participa ha recibido al menos $1.669 millones desde los gobiernos regionales Metropolitano, de Los Lagos y del Maule, además de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Llegar a esa cifra no fue fácil, por la poca transparencia del sistema. En la base de datos del Registro 19.862, donde debieran aparecer todas las transferencias del Estado a instituciones privadas sin fines de lucro, no figuran los $379 millones que este año le transfirió el Gobierno Regional del Maule para un proyecto de apoyo a productores de frutillas, ni los $30 millones que recibió del Gobierno Regional Metropolitano en 2020 por una feria tecnológica para adultos mayores.

CIPER solo halló esos traspasos porque Participa publicó en su sitio web esos proyectos, lo que permitió rastrearlos por tipo de archivo, palabra clave y sitio web en buscadores de internet. Esos traspasos tampoco aparecen en la web de Transparencia Activa de los respectivos gobiernos regionales, ni en los reportes de ejecución presupuestaria de la Dipres del Ministerio de Hacienda.

En todo caso el proyecto más cuantioso que se ha adjudicado la Fundación Participa vino del Gobierno Regional de Los Lagos: $1.200 millones por regularizar títulos de dominio en diversas comunas de esa región. 

En 2018 CIPER publicó que Participa, entonces ligada al PPD, se había adjudicado $20 millones del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). Cuando se traspasaron esos dineros, Freddy Seguel (también militante del PPD) era jefe de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo que adjudica el FNSP. A los meses después, ya finalizado el gobierno de Bachelet 2, Seguel llegó a la dirección ejecutiva de Participa (vea el reportaje “Al menos $537 millones para seguridad pública se entregaron a ONG vinculadas a partidos”).

En ese reportaje, el presidente de Participa, Daniel Ibáñez, definió a la fundación como “un centro de pensamiento y acción”. Agregó: “Lo que hacemos en la fundación es desarrollar debates y discusión en materia de política pública”. En diciembre de 2022 el mismo think thank se adjudicó un nuevo FNSP por otros $39,5 millones.

Consultados ahora por CIPER, desde la Fundación Participa aseguraron que los proyectos que se han adjudicado los han llevado a cabo, que rinden cuenta ante las instituciones respectivas y que, en el caso de la regularización de títulos de dominio en Los Lagos, la fundación  “cuenta con 8 años de experiencia desarrollando y ejecutando diversos programas y proyectos. Para efectos de este programa hemos conformado un equipo de profesionales compuesto por abogados, territoriales y administrativos, con hasta 15 años de experiencia en regularización de títulos, en algunos casos“ (vea aquí la respuesta completa).

Luego del centro de pensamiento ligado al progresismo, aparece uno de los think tank históricos vinculados con la Democracia Cristiana: el Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Entre 2005 y 2019 suma $1.449 millones a través de transferencias y compras en Mercado Público. Formado en 1981 por Gabriel Valdés, durante la transición fue un centro de pensamiento clave para el partido.

Mauricio Jelvez, director ejecutivo del CED en los ‘90, ha dicho que “el rol principal que jugó este Centro fue consolidar a la Concertación, tanto en el espacio político, como técnico e intelectual”. Y la senadora Ximena Rincón ha planteado que “el CED ha participado en la elaboración de minutas, papers, discursos y propuestas que la gestión de la DC requiere, las que podrían traducirse en iniciativas legislativas o de gobierno”. Ambas declaraciones están contenidas en la exposición que en 2010 hicieron Giovana Gómez y Bernardo Navarrete en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (vea aquí “El rol de los centros de pensamiento en el PDC chileno”).

Aunque la reconfiguración del mapa político luego del estallido social de 2019 alejó de la DC a figuras como Ximena Rincón y Sergio Micco -que presidió el CED-, la historia de ese think tank siempre estuvo fuertemente ligada a la falange.

Los traspasos de recursos más cuantiosos en transferencias registradas por la Ley 19.862 han provenido de Corfo, bajo los ítems “transferencia tecnológica”, “interés público” e “innovación precompetitiva”. Todos fueron aprobados en 2009, durante el primer gobierno de Bachelet por un total de $243 millones. Mientras que en los registros de Mercado Público destacan los $156 millones girados al CED desde la Subsecretaría de Energía en septiembre de 2016, durante Bachelet 2.

Los $1.449 millones que ha recibido el CED desde el aparato público se desagregan por gobiernos, desde 2005, de la siguiente manera: en Bachelet 1 obtuvo $668 millones entre transferencias y compras; en Piñera 1 bajó a $196 millones; en Bachelet 2 remontó a $335 millones; en el segundo mandato de Sebastián Piñera obtuvo $40 millones a través de compras en Mercado Público, hechas por reparticiones como la Subsecretaría de Medio Ambiente y el Ministerio de la Mujer. En estas sumas no se consideraron otras transferencias hechas desde municipalidades y gobiernos regionales.

Desde el CED le dijeron a CIPER que desde hace cuatro años no participan en concursos públicos para acceder a recursos estatales. Efectivamente, en 2019 aparece el último registro de un traspaso desde una entidad pública: la Subsecretaría del Medio Ambiente ($18 millones), por una asesoría en políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial.

“El Centro de Estudios del Desarrollo no recibe financiamiento de organismos públicos. Como muchas instituciones participa en licitaciones públicas que son evaluadas y adjudicadas según los criterios establecidos en las bases y posteriormente se entregan los productos contratados. Los ingresos provenientes de licitaciones públicas no son significativos para nuestra institución. La información contenida en el Registro Central de Colaboradores del Estado (Registro 19.862) se refiere a licitaciones públicas y presentaciones de proyectos que se realizan en el marco de nuestras áreas de trabajo desde hace más de 40 años, estas son, políticas públicas y diálogo social y sustentabilidad del desarrollo. En cada uno de estos servicios se entregan los productos solicitados por el mandante”, agregaron desde el CED.

El think tank que sigue al CED en la entrega de recursos es el ICAL, vinculado al Partido Comunista. Según los registros revisados por CIPER, ha recibido $932 millones desde organismos estatales entre 2005 y 2018. Acá también se nota la diferencia cuando el gobierno de turno es afín al PC.

Durante el primer gobierno de Bachelet, cuando el PC no integraba las filas del oficialismo, el ICAL obtuvo $114 millones desde instituciones del Ejecutivo. En la administración de Piñera 1 bajó a apenas $2 millones. Pero, en Bachelet 2, cuando el PC formó parte del gobierno, subió hasta los $436 millones. Ni en Piñera 2 ni en el actual gobierno de Gabriel Boric registra traspasos, según las bases de datos públicas revisadas por CIPER.

En el segundo gobierno de Bachelet la mayor cantidad de recursos para el ICAL provinieron de la Subsecretaría del Trabajo ($207 millones), principalmente por escuelas de formación sindical. Otros traspasos se originaron en la Subsecretaría de Previsión Social ($48 millones), la que en ese gobierno tenía al mando a Jeanette Jara, militante comunista y actual ministra del Trabajo.

CIPER envió preguntas al correo electrónico que el ICAL tiene publicado en su sitio web e intentó comunicarse con el número telefónico registrado en el mismo sitio, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.

DINERO MUNICIPAL A THINK TANKS DE DERECHA

Algunos de los centros de pensamiento vinculados con partidos de Chile Vamos han encontrado en los municipios que controlan sus alcaldes una cantera de recursos. De acuerdo con los registros revisados para este reportaje, el financiamiento público que ha recibido el Instituto Libertad, ligado a RN, proviene casi exclusivamente desde municipalidades con alcaldes de ese partido.

Solo desde la Municipalidad de Vitacura se emitieron 18 órdenes de compra hacia el Instituto Libertad mientras el municipio fue gobernado por Raúl Torrealba, exalcalde de RN que hoy cumple prisión preventiva por un caso de corrupción. A través de esas órdenes de compra, Vitacura traspasó $174,5 millones hacia el think tank de RN.

El pago más oneroso desde el municipio fue el último, pocos meses antes de que Torrealba abandonara su cargo. El 20 de enero de 2021 se emitió la órden de compra por $24 millones para adquirir “publicaciones e informes” del Instituto Libertad (vea aquí). Se trató de una suscripción anual, entre enero y diciembre de 2021, por $2 millones mensuales. No hubo licitación, sino que se utilizó el trato directo, un mecanismo de compra que se supone debiera ser excepcional, para enfrentar emergencias o para adquirir productos que sólo tienen un oferente o cuyo precio está muy por debajo de los valores que se transan en el mercado.

Esa suscripción a los informes del Instituto Libertad, de los que no se entregan detalles, costaban la mitad hasta 2019, cuando el municipio pagaba $1 millón mensual por ese material. A mediados de 2020 el pago se duplicó.

Otros municipios que traspasaron recursos al think tank de RN fueron el de Valdivia, mientras estuvo al mando del militante de RN Bernardo Berger ($22,3 millones); Puente Alto, durante las administraciones de Manuel José Ossandón y Germán Codina, ambos de RN ($15,2 millones); Talca, durante la administración de Juan Castro, actual senador por el Maule como independiente en cupo RN ($12,3 millones); Cerro Navia, cuando era encabezada por Luis Plaza, de RN ($6,7 millones); y también de Ñuñoa, Independencia, Panguipulli, Olivar, Los Lagos y Lo Barnechea, entre otras. 

De los $262 millones que el Instituto Libertad ha obtenido desde las municipalidades,  $248 millones provienen de municipios que al momento de girar los pagos estaban gobernados por alcaldes de Chile Vamos. La gran mayoría de RN. Y el 66% de esos pagos provienen de la Municipalidad de Vitacura.

La sociedad comercial Asetec es controlada por el Instituto Libertad. La esposa del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, emitió boletas entre 2014 y 2015 por más de $20 millones a Asetec. Hasta ahora, no se han explicado esos pagos (vea reportaje de CIPER “Las boletas de la esposa de Torrealba a sociedad vinculada a RN que aparecieron en la investigación por corrupción en Vitacura”).

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el Instituto Libertad recibió otros $58 millones desde ministerios como el de Bienes Nacionales, Secretaría General de la Presidencia y de la Delegación Presidencial de la Región de Aysén. Es el único gobierno en que el think tank de RN recibió recursos directos desde el Ejecutivo, según la información disponible.

Descripción de Instituto Libertad en su página web

Consultado por CIPER, el Instituto Libertad contestó que “en torno a un 17%” de sus ingresos totales proviene de organismos públicos. Respecto de los contratos que ha cerrado con municipios, el think tank indicó que su objetivo es asesorar a las autoridades:

“Como centro de estudios tenemos un área especializada en el sector municipal, realizamos permanentemente actividades de capacitación a los concejales, respondemos sus consultas jurídicas y nos interesa mantener esa vinculación. En ese contexto, realizamos asesorías jurídicas a pequeños municipios cuando estos lo requieren. Lo mismo respecto de nuestros parlamentarios (…) el Instituto Libertad nació en 1990 para brindar apoyo y asesoría a nuestros parlamentarios, alcaldes y concejales” señala la respuesta enviada a CIPER.   

La Fundación Jaime Guzmán, ligada a la UDI, ha recibido desde el aparato público $284 millones. De ese total, $259,4 millones provienen de los municipios, y el 91% de esos recursos son de municipalidades gobernadas por alcaldes de la UDI o RN. 

La transferencia de fondos públicos más grande corrió por parte de la Municipalidad de Las Condes, cuando en septiembre de 2020 era comandada por el exalcalde Joaquín Lavín (UDI). El 4 de ese mes se emitió una órden de compra por 840 UF por una “asesoría legal especializada”. Según el valor de la UF ese día, el monto ascendía a $24.093.720 (vea orden de compra). 

El decreto de esa contratación estableció que fue un trato directo para recibir reportes mensuales respecto de proyectos que se tramitaban en el Congreso, relacionados con la actividad municipal. La duración del acuerdo fue de dos años (vea aquí el decreto). Se trata del mismo servicio que la Fundación Jaime Guzmán ofrece a los parlamentarios de la UDI y también a empresas.

En los antecedentes presentados por el think tank a la Municipalidad de Las Condes, se señala que ha prestado el mismo servicio a las municipalidades de Zapallar, Renca y Lo Barnechea, y que también realiza cursos de “capacitación en servicios públicos”. Entre estos últimos se cuenta el “bachillerato en servicio público” y cursos a distancia como “introducción al gremialismo” e “introducción a la economía globalizada”. También informó que cada dos semanas desarrolla un “taller de coyuntura”, donde se debate la contingencia (vea aquí).

El municipio que le ha aportado más recursos totales ha sido el de Vitacura, en tiempos de Torrealba, con $42,5 millones. Luego sigue Las Condes con $42,1 millones; Lo Barnechea, $29,6 millones; Zapallar, $21,5 millones, y Estación Central, cuando el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, estaba en la alcaldía, con $19,2 millones.

El think tank ligado a la UDI recibió recursos desde el Ejecutivo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet ($7,9 millones) y también en la primera administración de Sebastián Piñera ($16,9 millones). Hasta el cierre de este reportaje la Fundación Jaime Guzmán no había respondido las preguntas enviadas por CIPER el pasado 11 de julio.

OTROS TRASPASOS

Desde que el think tank Chile 21 fue creado en 1992, se ha ligado a la centro izquierda y al progresismo. Su directorio actual es un reflejo de ello: los exministros Alejandra Krauss, Sergio Bitar, Marcelo Mena y Carlos Ominami, ocupan algunos de sus asientos.

El rastreo realizado por CIPER arroja que este centro ha recibido más de $221 millones desde el Estado. Con 43 órdenes de compra, Mercado Público es la plataforma en la que se registra gran parte de esos ingresos: $199.430.279.

De los 43 contratos firmados con ministerios y subsecretarías, 24 se realizaron bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, y 11 durante su segundo período. El resto se divide entre la administración de Ricardo Lagos (dos), Piñera 1 (seis) y Piñera 2 (uno).

Las transferencias recibidas desde el Estado por Chile 21 confirman la tendencia de que los think tank reciben más recursos cuando en La Moneda se instala una coalición afín: $63 millones en Bachelet 1; $26,7 millones en el primer gobierno de Piñera; $124,5 millones en el segundo de Bachelet y solo $4 millones en Piñera 2.

Los números del Centro Democracia y Comunidad, vinculado a la DC, muestran un comportamiento distinto. De los $72 millones que ha recibido desde el sector público, $40 millones fueron percibidos durante la segunda presidencia de Sebastián Piñera y $32 mientras Bachelet encabezó su segundo gobierno.

Un estudio de la Biblioteca del Congreso realizado en 2019 (“Regulación a los think tanks de partidos políticos en Chile”) incluye entre los centros de pensamiento a la empresa Ekhos. Y aunque ese estudio lo vincula con Revolución Democrática, las redes de Ekhos se extienden también por el bacheletismo. El director de la entidad, Claudio Rutllant, señaló a CIPER que “no somos, ni hemos sido un Centro de Pensamiento o ‘Think Tank’ (…) desde nuestra fundación hemos sido siempre una empresa de responsabilidad limitada cuyo giro son los estudios y las comunicaciones”.

En Mercado Público, los registros de Ekhos indican que ha recibido más de $429 millones de recursos públicos desde el primer gobierno de Sebastián Piñera hasta el de Gabriel Boric. Algunos de esos recursos provienen de servicios prestados a universidades, pero también figuran pagos realizados por distintas subsecretarías durante Bachelet 2, los que superan los $322 millones en total.

El centro de pensamiento Chile Movilizado, que ha estado vinculado al Partido Comunes, que integra el Frente Amplio, registra una transferencia provenientes del Injuv en 2019, que suma $5 millones. CIPER se contactó con la excandidata a gobernadora y a senadora de Comunes, Karina Oliva, quien manifestó que ya no está relacionada con esa fundación, aunque en la página del Registro Central de Colaboradores continúa apareciendo como directora de la entidad.

El Instituto Igualdad, vinculado al PS, solo aparece recibiendo recursos públicos durante el primer gobierno de Michelle Bachelet: $133,9 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano, y otros $5,4 millones desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. De 2010 en adelante no aparece en las bases de datos recibiendo recursos estatales.

Libertad y Desarrollo, uno de los think tank más conocidos de la derecha, y que está ligado a la UDI, solo aparece en los registros con pagos menores. La mayoría a propósito de suscripciones a sus revistas. En total, CIPER encontró pagos para el centro de pensamiento gremialista que suman $3,4 millones entre 2006 y 2018. 

CIPER también rastreó en las bases de datos públicas a los centros de pensamiento que se vinculan al Partido Republicano (Acción Republicana e Ideas Republicanas), pero no halló traspasos de dinero desde el Estado. El único think tank vinculado a la extrema derecha que aparece en los registros es la Fundación Para el Progreso, del empresario Nicolás Ibañez Scott, y de donde surgió el economista Axel Kaiser. Aunque se trata de una transferencia menor: $582 mil en octubre de 2017 desde la Municipalidad de La Reina. 

(*) Esta investigación se actualizó el 26 de julio a las 11:11 hrs. y el 27 de julio a las 16:50.