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DURANTE 17 MESES EL MINISTERIO LE NEGÓ A CIPER SU ENTREGA Y SOLO LOS CEDIÓ TRAS UN FALLO JUDICIAL
18.06.2023
CIPER revisó más de un millón de páginas en formato PDF que contienen alrededor de 72 mil correos, despachados y recibidos en 2020 por altos funcionarios del Minsal, que permiten trazar episodios que marcaron el manejo de los primeros meses de la pandemia. Los emails revelan discrepancias entre los registros internos de fallecidos y la cuenta pública que se daba al país. También hay evidencia de que algunas decisiones relevantes se tomaban sin que necesariamente participaran los expertos técnicos de la cartera. Luego de un año de revisión de miles de correos y cientos de archivos adjuntos, de cruces y chequeo de datos, presentamos la serie de reportajes “Correos de la pandemia”.
Son tres gigas de información que CIPER comenzó a recibir en junio del año pasado. A través de entregas parcializadas, el Ministerio de Salud (Minsal) accedió a cederlos luego de un fallo de la Corte de Apelaciones, basado en el derecho a solicitar información pública a través de la Ley de Transparencia. En total, son cerca de 72.000 correos electrónicos que aparecen en más de un millón de páginas en formato PDF que permiten trazar los episodios que marcaron el manejo por parte del gobierno de Sebastián Piñera de los primeros meses de la pandemia del Covid-19.
CIPER solicitó acceso a los correos electrónicos el 12 de septiembre de 2020, luego de que la Fiscalía allanó las oficinas del Minsal y el entonces ministro Enrique Paris le negó el acceso a los emails de Jaime Mañalich, de su exjefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la exsubsecretaria Paula Daza. El Ministerio Público estaba comenzando una investigación penal, luego de que se presentaron querellas en contra de los directivos del Minsal y del entonces presidente Sebastián Piñera por el manejo de la pandemia. Ese proceso sigue vigente.
El 15 de octubre de 2020, la Corte Suprema obligó al Minsal a entregar parte de los correos solicitados por la Fiscalía. Pero la solicitud de Transparencia ingresada por CIPER fue más amplia. Si el Ministerio Público accedió a los emails de Mañalich, Daza y Linazasoro, nuestra petición sumó también el acceso a las casillas electrónicas del exministro Paris; del entonces director del Departamento de Estadísticas (DEIS), Carlos Sans; del exjefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos, y de la entonces jefa de la División de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.
Luego de que el Minsal rechazara la solicitud, ingresamos un amparo ante el Consejo Para la Transparencia, que falló a nuestro favor. Entonces el ministro Paris acudió a la Corte de Apelaciones para evitar la entrega de los emails, pero el 31 de enero de 2022 el tribunal rechazó el recurso de ilegalidad que había presentado la autoridad y dio la orden de iniciar la cesión de los correos a CIPER.
Esa entrega recién se concretó en junio de 2022, luego de que el Minsal aplicó a los correos un software para censurar datos sensibles, el que encriptó nombres, cifras y direcciones electrónicas que no correspondían a casillas de servicios públicos (vea “Pedidos por CIPER: se inició la entrega de los correos electrónicos de altos funcionarios del Minsal durante la pandemia”).
Luego de más de un año de investigación -que incluyó la revisión de 1.156.230 páginas de texto, cientos de archivos adjuntos, cruces y chequeo de datos, además de entrevistas y consultas realizadas a los protagonistas de esta trama y a expertos en salud-, CIPER presenta el especial de varios reportajes titulado Correos de la pandemia.
En los emails aparece con nitidez cómo los errores e inconsistencias en el manejo de las cifras de contagiados y fallecidos provocó gruesas fallas por parte del Minsal, al menos al principio de la emergencia sanitaria. Hubo meses donde la cifra de decesos que se daba a conocer prácticamente era duplicada por la estadística interna, que solo se transparentó después de la salida del exministro Jaime Mañalich (vea reportaje “Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro”).
En la revisión, CIPER no encontró pruebas de que esos errores fueron intencionales. Pero los archivos sí dejan en evidencia que al menos desde mayo de 2020 las entonces jefaturas del Minsal estaban en conocimiento de que las cifras de fallecidos que se entregaban al público y los datos internos no cuadraban. También hay evidencia de que algunas decisiones relevantes se tomaban sin que necesariamente participaran los expertos técnicos de la cartera. De hecho, el protagonismo de asesores del entonces Presidente Sebastián Piñera fue mayor del que se conocía hasta ahora.
Hay episodios desconocidos, como las asesorías realizadas al Minsal por una reconocida empresa de lobby y la práctica de algunos hospitales de cambiar los certificados de defunción a solicitud de las familias de los fallecidos para poder realizar funerales sin las restricciones que imponía la pandemia.
Los exministros Jaime Mañalich y Enrique Paris prefirieron no contestar preguntas para esta serie de reportajes, al igual que la exsubsecretaria Paula Daza. Quien sí accedió a conversar fue Rafael Araos, exjefe del Departamento de Epidemiología en 2020. Parte de sus respuestas aparecen en el reportaje “Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro”.
En los emails figuran algunos capítulos que dan cuenta del carácter del exministro Mañalich. En un correo del 7 de mayo, el entonces ministro le dio una orden a una funcionaria: “No les envíes más exámenes, por favor. Y en ningún caso muestres amistosidad hacia este Lab”. Fue su respuesta a un correo donde le informaban de las conclusiones de un estudio del laboratorio de la Universidad Andrés Bello, donde se planteaban diferencias metodológicas con la forma cómo el Instituto de Salud Pública (ISP) procesaba los exámenes para detectar Covid.
En todo caso ese fue un conflicto menor. La diferencia que empezaba a agudizarse era entre los equipos técnicos y las autoridades políticas, que muchas veces tomaron decisiones sin considerar la opinión de los expertos de la cartera. En marzo de 2020 aparecen correos que muestran una de las primeras discrepancias: recomendar o no el uso de la cloroquina en pacientes contagiados.
La cloroquina fue un medicamento del que se comentó mundialmente, en 2020, que era una terapia efectiva contra el Covid. El peak de esa fama fue cuando en mayo Donald Trump dijo que todos los días la consumía. En Chile, un documento oficial, del 3 de abril de 2020, y que contó con la firma del exministro Mañalich y el visto bueno de los entonces subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, recomendó su uso en pacientes mayores que estuvieran internados por neumonía y tuvieran comorbilidades. El problema es que esa recomendación no era respaldada por los equipos técnicos del ministerio.
El primer rastro de la cloroquina en los correos entregados a CIPER aparece en un mail enviado el 6 de abril de 2020 por Sylvia Santander, jefa de la División de Prevención y Manejo de Enfermedades del Minsal, a Paula Daza y copiado a su jefa de gabinete, Elvira Tagle.
En el mensaje, Santander solicitaba explicaciones a la subsecretaria por lo que ella consideraba una “situación muy irregular”: sin ser informada, habían modificado el documento oficial “Orientaciones de Manejo Clínico Infección por COVID” (ver aquí), y se había introducido un párrafo que recomendaba el uso de la cloroquina en pacientes críticos.
“No he podido hablar con ninguna de uds. este tema y es necesario. (…) El tema en cuestión es que revisado su contenido (del documento), la circular y el documento publicado NO ES el original y se ha introducido un párrafo completo en la página (acá aparece un dato tarjado en el email) que NO fue consultado ni informado al equipo técnico y con el que además no concordamos. Me gustaría saber si el origen de ese cambio es indicación del MINISTRO o de la subsecretaria, por lo que contaría con ese respaldo. Si no fuera así me gustaría saber la razón por la que se le agrega a un documento técnico versión final, de responsabilidad de mi división, en forma inconsulta un texto de este alcance. (dato tarjado) que este es un hecho de la mayor gravedad y que no se condice con la seriedad que uno esperaría en estos procesos”.
Junto a ese correo, Santander adjuntó otro mail enviado ese mismo lunes, apenas horas antes, a eso de las 16:57, por un remitente que aparece tarjado:
“Le escribo para informar que el día 3 de abril recibimos la circular B21/N°05 firmada por el Ministro de Salud Sobre Recomendaciones Generales de Manejo Clínico COVID-19. Al revisar las Orientaciones visadas por la autoridad, nos percatamos que se agregó una recomendación que NO estaba en el formato final entregada por nuestra División. Específicamente en la página N°10 que señala: “Pacientes UPC, con infección respiratoria alta y sin comorbilidades: entregar tratamiento de soporte. Si son mayores de (dato tarjado) años y/o con comorbilidades; cursan con neumonía grave o infección respiratoria con progresión: administrar Hidroxicloroquina/cloroquina.”
El 28 de abril, ad portas de publicar una nueva versión de las orientaciones para el tratamiento del Covid-19, Sylvia Santander volvió a insistir en el punto. En un mail enviado a Daza y Tagle, destacó que Etesa -Evaluación de Tecnologías Sanitarias, dependiente del Minsal-, realizó recientemente una actualización de búsqueda de evidencia con respecto al uso de hidroxicloroquina en pacientes con Covid-19 y que una de sus consideraciones respecto a la evidencia señala que “el uso de hidroxicloroquina se asoció a un aumento de los efectos adversos” y que, “dado la ausencia de un beneficio demostrado y la posibilidad de efectos adversos potencialmente serios, hidroxicloroquina, con o sin azitromicina, no debiera ser utilizada de rutina en personas con COVID 19”.
La especialista insistió en que la circular anterior debía ser corregida o que en su defecto, “otra posibilidad es que estamos próximos a publicar una segunda versión, tal vez sacarla pronto podría ser también una solución ya que en ella no está recomendada la cloroquina. Quedo en espera de su opinión para resolver”.
El 24 de marzo de 2020, en una declaración pública, el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile hizo un llamado a la comunidad a no comprar cloroquina e hidroxicloroquina en las farmacias sin indicación médica, luego de que falleciera un hombre en Phoenix (EE.UU.) y su esposa quedara en estado crítico después de que ingirieran el medicamento con el fin de tratar un cuadro de Covid-19.
El 22 de abril de 2020, Cenabast abrió una licitación en Mercado Público para adquirir 16 millones de dosis de hidroxicloroquina, la que finalmente fue adjudicada el 27 de octubre al laboratorio Munnich Pharma Medical Limitada: en total, 16 millones de dosis de cloroquina por $3 mil millones. En la resolución se menciona que el costo superó en un 229,79% el precio previsto, que era de $925 millones. Las razones eran que la cloroquina formaba parte de la canasta básica de medicamentos y que la fama que adquirió el fármaco durante la pandemia elevó sus costos.
Desde mayo y hasta junio de 2020 se registran al menos ocho correos electrónicos enviados por Valentín Díaz Gracia, director de Cenabast, a la subsecretaria Paula Daza, en los que se menciona el ingreso de hidroxicloroquina al país y su disposición para tratamientos de Covid-19. Esto, a pesar de que el 9 de abril de ese año, el ministro Jaime Mañalich dijo en el reporte diario del Minsal, que no recomendaba su uso, ya que no habían registros “suficientemente sólidos del uso de hidroxicloroquina en pacientes afectados por Covid-19” y que su utilización debía “restringirse a pacientes graves en unidades de tratamiento intensivo hospitalizados”.
Luego, el 23 de mayo, en medio de las recomendaciones que hacían presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro para potenciar su uso, Mañalich fue más rotundo y rechazó completamente su empleo. Reconoció que “hubo una primera línea de estudio que sugirió que el uso de este medicamento podía ser favorable en la evolución de los pacientes con infección por Covid-19″, pero, que “eso, hoy día, en base a la mejor evidencia científica, está descartado. Y cada vez que un medicamento se desnuda como no útil para una afección, lo único que queda es todos los efectos adversos que producen, contra ningún beneficio». Dos días después, el 25 de mayo de 2020, la OMS suspendió temporalmente las pruebas de hidroxicloroquina por precaución.
El primer correo registrado en los archivos que contienen los emails enviados y recibidos por Jaime Mañalich, es uno enviado a la entonces jefa de gabinete y brazo derecho del exministro, Itziar Linazasoro. Un miércoles de febrero, ella recibió un correo con los cuatro primeros casos sospechosos de coronavirus en Chile, al menos registrados en las cadenas de mails entregadas a CIPER.
La cadena continúa con cinco correos enviados por un remitente tarjado a Jaime Mañalich, algunos con copia a la periodista Ana María Morales (entonces jefa de comunicaciones del ministerio) y otros a los exsubsecretarios Daza y Zúñiga. El segundo de esos correos, menciona que un jueves de febrero, había al menos dos casos sospechosos en la Región Metropolitana -ambos en la Clínica Alemana-, un caso en Valparaíso y dos casos en la Región del Biobío. Esos últimos parecían ser los más preocupantes. Eran dos menores de edad, miembros de una familia que por dos años había vivido en China, y que habían llegado a Chile luego de tomar un vuelo el 14 de febrero desde la provincia de Zheijiang.
“El menor de 2 años, iniciales EBB, comenzó hoy (dato tarjado) con fiebre y congestión nasal por lo que se confirma como caso sospechoso y está siendo actualmente trasladado al HGGB -(Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente)- de (dato tarjado) para aplicar medidas de aislamiento, tratamiento clínico y toma de muestras”.
Pero, en un correo enviado el 1 de marzo por Linazasoro a Jaime Mañalich, apenas dos días antes de que se confirmara el primer contagiado de coronavirus en el país, todos los casos que hasta esa fecha se mantenían como sospechosos fueron descartados por el ISP.
Entre los correos revisados por CIPER también aparece una consulta realizada el 10 de junio de 2020 por un médico que formaba parte del Consejo Asesor, una entidad que se creó para apoyar al Minsal durante la pandemia, independiente del gobierno, conformada por especialistas externos y funcionarios de la cartera, que no recibían remuneración. El médico, cuyo nombre aparece tarjado, le consultó a Johanna Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria, si podía configurarse un conflicto de interés si él realizaba asesorías en materia de pandemia para la transnacional Pepsi Co.
Johanna Acevedo derivó la consulta al jefe jurídico del Minsal, Jorge Hubner, con copia a la subsecretaria Paula Daza. La respuesta fue que no existía conflicto.
Socio/a 3 años y 3 meses
