Un decreto del Ministerio de Defensa confirma que el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, se graduó como oficial de reserva del Ejército justo cuando en la prensa se había destapado el escándalo de las interceptaciones telefónicas por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en contra del periodista Mauricio Weibel, y de militares denunciantes de corrupción. Mientras el exmagistrado formaba parte del curso para reservistas “vip”, también avanzaba la indagatoria del Ministerio Público que este miércoles lo formalizó por falsificación de instrumento público e interceptación telefónica indebida. Junto a Poblete, en marzo de 2021 se graduaron como alférez del Ejército el exadministrador de campaña de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, y el actual diputado Cristián Araya (Republicano), entre otros.

* Este reportaje fue actualizado a las 10:28 del jueves 4 de mayo. Se incorporaron los antecedentes de la audiencia de formalización realizada el día anterior.

Cuando el 20 de abril de 2021 el exmagistrado Juan Poblete Méndez fue a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados a decir que la DINE no lo había engañado, ya tenía en su poder el título de oficial de reserva de la institución. Pero no lo transparentó. Tampoco ventilaron públicamente ese antecedente los tres generales que lo acompañaron ese día: los exjefes del DINE, Schafik Nazal y Guillermo Paiva, y el entonces comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez Menanteau.

En el Ejército estaban preocupados. A fines de marzo CIPER había revelado que los documentos legales que autorizaron las interceptaciones telefónicas al periodista Mauricio Weibel y a cuatro militares denunciantes de corrupción, contenían datos falsos. Sus nombres habían sido reemplazados por otros que no formaban parte de la operación (vea ese reportaje). Pero Poblete devolvió la tranquilidad a los generales cuando dijo que nadie lo había engañado, y que él conocía los nombres reales que iban a ser espiados. Adujo que se utilizó esa técnica para evitar que las interceptaciones se filtraran desde el Poder Judicial.

Un mes antes de que Poblete llegara a la Cámara de Diputados, el Ministerio de Defensa había timbrado el documento que lo confirmaba como oficial de reserva del Ejército. El 15 de marzo de 2021 el entonces subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas, firmó el decreto: “Nómbrase al siguiente personal en la reserva del Ejército de Chile, al grado, fecha y escalafones que se indican, quienes reúnen los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes” (vea aquí ese documento).

Entre los 10 nombres que figuran en el decreto, Poblete aparece en el último lugar de la lista, con el grado de alférez. Para lograr ese título, debió seguir durante un año el Curso de Aspirantes a Oficiales (CAOR), en el que semanalmente -o dos veces al mes-, sus integrantes asisten a charlas de doctrina, o bien visitan instalaciones del Ejército a lo largo de Chile.

Según el documento oficial -que fue entregado vía Ley de Transparencia a Rafael Harvey, uno de los militares que fueron espiados por la DINE-, Poblete finalizó el curso el 13 de diciembre de 2020, junto a nombres como el del exadministrador electoral de la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2009, Santiago Valdés, y el actual diputado del Partido Republicano, Cristián Araya. En la nómina también figura Claudia Rojas, intendenta de la Región de Tarapacá durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Si el curso finalizó en diciembre de 2020, debió haber comenzado casi un año antes. Fuentes del Ejército le dijeron a CIPER que la instrucción dura, en total, un año calendario, desde que comienza hasta que se entregan los diplomas. Si esa es la lógica, Poblete fue reclutado como reservista del Ejército después de que La Tercera revelara la existencia de la Operación Topógrafo y la Operación W, en agosto de 2019. Y después de que el Ministerio Público iniciara la investigación penal, en el mismo mes.

Y si bien en distintas ciudades de Chile existen los reservistas, el curso CAOR se guarda para personas con influencia. Quienes han participado en él señalaron que solo se accede mediante invitación del Ejército, o bien con el patrocinio de otros reservistas que ya formen parte del grupo. No está claro cómo llegó Poblete.

Ese curso se creó en 2007, cuando el futuro comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, era el jefe del Estado Mayor del Ejército. El objetivo, comentaron a CIPER quienes han conocido de cerca esa iniciativa, es acercar a la élite del país a las actividades de la institución castrense. Actualmente ya son varias las generaciones que han formado parte, y en el listado aparecen nombres como el empresario Andrónico Luksic y el exministro y expresidente de la CPC, Alfredo Moreno.

En todo caso, el egreso del curso no desliga a los oficiales reservistas del Ejército. Es solo el inicio de la carrera. Luego de obtener el grado de alférez, el más bajo entre la oficialidad, los reservistas “vip” siguen asistiendo a actividades de los uniformados, logrando ascensos en la carrera militar. Luksic, por ejemplo, en 2007 obtuvo el grado de alférez, en 2009 el de subteniente, y en 2016 el de teniente (vea reportaje “La ‘beca Luksic’ que financia estudios de oficiales del Ejército en Harvard y Georgetown”).

Durante este miércoles 3 de mayo el exjuez Poblete y el exjefe de la DINE, Schafik Nazal,fueron formalizados por la Fiscalía. Los persecutores Jaime Retamal y Ximena Chong -de la Fiscalía Centro Norte-, les imputaron 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y siete por falsificación de instrumento público. Ambos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.

Cuando el juez Jaime Fuica, del 7° Juzgado de Santiago, argumentó su decisión de mandar a ambos imputados a prisión preventiva, hizo referencia al antecedente revelado por CIPER en este reportaje:

– Se ha tomado conocimiento durante el día de hoy, que ex post a la época de los delitos el imputado Poblete pasó a tener la calidad de personal de reserva del Ejército el año 2020. Lo que, al menos, resulta un antecedente que le otorga peso a la teoría del concierto de los dos imputados. Desvirtuando, de este modo, la alegación de las defensas que se han esmerado en deslindar las responsabilidades en el otro imputado, para cada caso, aseguró el juez.

Fuentes del Ministerio Público le dijeron a CIPER que el Ejército no transparentó el vínculo que tiene con esa institución el exjuez Poblete, a pesar de que los persecutores se lo preguntaron.

Durante la formalización, Poblete y Nazal no solo enfrentaron cargos por las interceptaciones al periodista Mauricio Weibel y a los militares denunciantes de corrupción -Rafael Harvey, Sergio Tudesca, Carlos Farías y Juan Pablo Díaz-, sino que también por «pinchar» las comunicaciones de otros integrantes del Ejército por razones que no tienen que ver con amenazas a la seguridad nacional (vea reportaje “El Ejército «pinchó» teléfonos de militares por acusaciones de infidelidad y por denunciar abusos en la prensa”).

La querella del CDE puso el acento en ese antecedente: “Se trata de solicitudes de utilización de procedimientos especiales de la Ley de Inteligencia que no tienen vinculación alguna con crimen organizado, terrorismo o narcotráfico; por lo tanto, son interceptaciones ejecutadas para casos completamente ajenos a los previstos en la ley, por lo que de modo alguno podría haber una debida autorización” (vea aquí la querella).

El 20 de abril pasado Juan Poblete fue allanado por la PDI. No solo le incautaron su celular, discos duros, computadores y tres pistolas que mantenía en su domicilio en Copiapó, sino que también tres cajas con documentos que estarían relacionados con asuntos de inteligencia de la DINE, y una mochila donde también hallaron documentación secreta.

El fiscal Retamal indicó durante la audiencia de formalización, que la Brigada Anticorrupción de la PDI está periciando 193 documentos que se encontraron en la casa de Poblete y que, preliminarmente, existirían otras nueve víctimas. Entre la documentación secreta que Poblete tenía escondida, aparecieron informes de inteligencia de Carabineros y de la PDI (vea reportaje “PDI allanó la casa e incautó el teléfono de exministro de la Corte de Apelaciones que autorizó espionaje telefónico al periodista Mauricio Weibel”).

COMPAÑEROS DE GENERACIÓN

Los nombres de la generación 2020 del curso CAOR que figuran en el decreto del Ministerio de Defensa, son variados. En la arena política destaca  el diputado Cristián Araya (Republicano), quien en 2020 aún no accedía a un escaño en el parlamento. Otra figura del mundo político que aparece en esta nómina es Claudia Rojas Campos, ex intendenta de la región de Tarapacá, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Un nombre conocido de esta lista es Santiago Valdés Gutiérrez, ex administrador de campaña de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera en 2009, cuando también era gerente de Bancard. En 2019 fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que fuera implicado en el caso Penta por supuesta facilitación de facturas falsas. Santiago es hijo de un histórico amigo del ex presidente Piñera, Fabio Valdés, quien –según una publicación de The Clinic– refugió al ex mandatario, en casa de sus suegros, mientras era investigado por el caso del Banco de Talca.

En el listado también figuran empresarios y ejecutivos de empresas. Aparece Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos, y Luis Farías Quevedo, histórico gerente general de Pullman, hijo del fallecido Pedro Farías Soto, fundador del holding de buses. La lista cierra con el médico traumatólogo, Nicolás Macchiavello Cornejo, el economista Erwin Lavanchy y Leopoldo Belmar Tapia.

Esta nómina se suma al listado “vip” de reservistas del Ejército. Según un reportaje del periodista Sergio Jara en Interferencia, entre 2007 y 2018 el Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva (CAOR) sumó matriculados como Patricio Contesse, exgerente general de SQM; José Miguel Sánchez, ex director ejecutivo de MEGA; Guillermo Turner, gerente de asuntos corporativos de la CMPC y exdirector de La Tercera; Ana María Velasco, socia fundadora de Extend; Pablo Yrarrázaval, expresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago; y César Barros, expresidente de La Polar, entre otros.

INTERCEPTACIONES: LA SUPREMA NO SANCIONÓ A POBLETE

Dos de los abogados querellantes en la causa -Karinna Fernández y Cristián Riego-, realizaron presentaciones ante la Corte Suprema para que esta se pronunciara sobre el actuar del exministro Poblete. Tanto en las autorización de las interceptaciones telefónicas de la DINE, como durante la investigación del Ministerio Público. Pero ninguna de ellas fue aprobada.

En 2021, cuando Poblete ya tenía en su poder el título de oficial de reserva del Ejército, la abogada Karinna Fernández, en representación del periodista Mauricio Weibel, ingresó un recurso ante la Suprema. Alegaba que Poblete no colaboraba con la indagatoria judicial. Pero, la Corte contestó el 6 de agosto de ese año con una negativa: “Atendido que esta Corte carece de prerrogativas para tomar alguna determinación sobre hechos que actualmente son objeto de una investigación por parte del persecutor -Ministerio Público-, razones que llevan a concluir que tales actuaciones, al menos por ahora, no pueden ser objeto de un pronunciamiento de índole disciplinario”. Esa respuesta viene firmada por Guillermo Silva, entonces presidente de la Corte Suprema.

En 2022 fue el abogado Cristián Riego -en representación de Rafael Harvey y Sergio Tudesca, dos de los denunciantes de corrupción cuyos teléfonos fueron interceptados-, quien ingresó un recurso de queja disciplinario contra Poblete ante la Corte, el que pedía revisar la falta de colaboración del exjuez en la causa que lleva el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía Centro Norte.

La solicitud realizada por Riego destacó que Poblete fue citado a declarar en seis ocasiones durante el mes de abril de 2021 y que no se presentó aludiendo problemas de agenda, a pesar de que el 20 de abril asistió a la Cámara de Diputados. Y que no fue hasta el 15 de mayo de 2021 que prestó declaración vía zoom, sólo después de que fuera allanado el departamento de su esposa, que figuraba como su domicilio.

El requerimiento citó un intercambio entre Poblete y el fiscal Retamal durante la declaración judicial del exmagistrado. Allí Poblete señaló haber cooperado “bastante” con la indagatoria. Pero el fiscal no opinó lo mismo: “Usted nos dijo que no puede dar información por la Ley de Inteligencia, eso es lo que nos está señalando y la verdad nos deja en una posición bien compleja por que la defensa nos ha pedido que usted responda este tipo de preguntas y también los querellantes”, citó Cristián Riego en el documento (ver aquí).

El 13 de junio de 2022 el pleno de la Suprema resolvió no acoger la solicitud. “Según se desprende del contenido del escrito presentado, las supuestas faltas o abusos que se atribuyen al reclamado no dicen relación con la conducta ministerial, sino con su condición de testigo en una investigación desformalizada que lleva adelante el Ministerio Público, razón por la cual esta vía resulta improcedente. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible la queja disciplinaria deducida en autos”, dictó la Corte (ver aquí).

La resolución fue acordada con el voto en contra de los ministros Sergio Muñoz, Ricardo Blanco, Manuel Valderrama, Jorge Dahm, Ángela Vivanco, Guillermo Silva y María Angélica Repetto, “quienes estuvieron por declarar admisible la queja y pedir informe al requerido”, agrega la resolución.

El 20 de junio de 2022 un nuevo requerimiento llegó hasta el entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, esta vez fue la fiscal judicial Lya Cabello quien envió la solicitud, luego de que la abogada de Mauricio Weibel, Karinna Fernández, insistiera ante ella:

Las actuaciones del entonces juez Poblete “constituyen conductas que afectan severamente los deberes de colaboración que todos los órganos públicos deben tener en la investigación de los hechos punibles, más aún cuando dicha ayuda se solicita a un magistrado que integra una Corte de Apelaciones y que formaba parte de la Corte Marcial, al momento de ocurrencia de los hechos; esta conducta constituye una eventual falta al comportamiento funcionario de un Juez y daña gravemente la imagen y credibilidad de la Institución”, argumentó (ver documento).

La respuesta llegó sólo dos días después, el 22 de junio, y también fue negativa. Es más, el presidente de la Corte Suprema citó la respuesta de inadmisibilidad que habían entregado al requerimiento del abogado Cristián Riego.

Por lo que Poblete sí fue sancionado, fue por su demora en despachar fallos judiciales. En septiembre de 2020 lo suspendieron de su cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago por el atraso en la redacción de 80 fallos. Como parte de la sanción, dispusieron su traslado a la Corte de Apelaciones de Copiapó, donde volvió a reiterar su conducta. En abril de 2022 la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en su contra por el atraso en dictar 23 fallos.

En todo caso, Poblete se jubiló del Poder Judicial en febrero pasado. Según un reportaje de la periodista Sandra Radic en El Mostrador, será uno de los exmagistrados que podrán optar a una doble jubilación: entre 1988 y 2021 dictó clases en la Escuela de Oficiales de Carabineros, durante ese periodo cotizó en Dipreca al mismo tiempo que en el sistema de las AFP, gracias a su trabajo como juez.

La abogada Karinna Fernández, representante del periodista Mauricio Weibel, dijo a CIPER que “fue muy decepcionante la respuesta de la Corte Suprema frente a las múltiples acciones que se emprendieron desde esta representación para que el ministro Poblete colaborara con la justicia en un momento que tiene que ser oportuno”. Y que en este caso “vemos como las instituciones, cuando tienen altas magistraturas, o altas autoridades en el caso de Carabineros, en lugar de colaborar con la justicia, se autoriza, permite, se tolera este tipo de obstáculos, que justamente son las diversas obstrucciones que han caracterizado la presente investigación”.

Por último, Fernández destacó que “estas negativas a querer investigar a un integrante de la alta magistratura que se negaba a colaborar significó una vulneración, que se expresó en que el proceso penal no se llevara en un momento adecuado”.

Por su parte, el capitán en retiro del Ejército, Rafael Harvey -uno de los denunciantes de corrupción militar que fueron espiados por la DINE-, aseguró que entre Poblete y el exdirector de la inteligencia militar, Schafik Nazal, existe una “relación de amistad, casi subordinada”, y que el nombramiento del exmagistrado como oficial reservista del Ejército es un “premio”: “Como el pudor no tiene límites, después que el exministro Poblete cumplió su ‘misión’ de autorizar interceptaciones en contra de quienes denunciamos corrupción de altos mandos, el gobierno del exPresidente Piñera, con la anuencia del exministro Prokurica, firmó el decreto presidencial tras, supuestamente, ‘reunir los requisitos exigidos’ nombrándolo oficial de reserva en el arma de infantería”.