Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015, en el primer periodo del alcalde Martín Arriagada. El jefe comunal y la directora de control interno de la municipalidad son investigados por fraude al fisco, debido a la entrega de permisos de circulación a automóviles que en total acumulaban más de 16 mil multas impagas. Entre los principales receptores de los documentos se encontraban automotoras que pedían permisos para autos de lujo. Una de ellas era la Automotora Larruy, cuyo dueño está acusado por estafa y apropiación indebida en otra causa.

El alcalde de Sagrada Familia (Región del Maule), Martín Arriagada Urrutia (UDI), quien cumple su tercer periodo consecutivo, está ad-portas de enfrentar un juicio en febrero de este año por fraude al fisco por más de $805 millones (*). Esa es la suma de las más de 16 mil multas impagas acumuladas por vehículos que, a pesar de arrastrar esas deudas, recibieron permisos de circulación en esa comuna entre 2014 y 2015. La investigación que lleva la Fiscalía detectó que, en esos años, correspondientes al primer periodo de Arriagada, la municipalidad vendió al menos 1.200 permisos de circulación para automóviles que no habían pagado sus multas, lo que está prohibido por la Ley N°18.287.

Los antecedentes registrados en la indagatoria, que es liderada por el fiscal Miguel Gajardo, indican que cinco funcionarios municipales habrían recibido órdenes directas del alcalde Arriagada y de la actual jefa de Control Interno de la Municipalidad, Isabel Vázquez, para otorgar permisos de circulación sin tener en cuenta los antecedentes por multas impagas que arroja el sistema de datos del Registro Civil. En 2015, uno de los funcionarios llegó a girar más de 580 permisos de vehículos con multas morosas que superaban los $530 millones.

Según la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también es parte del caso, el total defraudado ascendería a un total de $805.382.136. La pérdida de ese monto, que corresponde a la suma de las infracciones evadidas, perjudicaría a “cada una de las municipalidades en cuya jurisdicción se cursaron las referidas multas” y también al Fondo Común Municipal, que reasigna recursos recaudados por cada comuna para favorecer a los municipios más vulnerables.

“Si bien ingresó dinero al municipio de Sagrada Familia por la venta de estos permisos de circulación, el Estado de Chile dejó de percibir más de $800 millones (…), de ahí la importancia del caso, porque algo que se ve como un beneficio en el momento para la municipalidad, es un grave perjuicio al Estado en su conjunto”, explica el fiscal Gajardo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público y el detalle recogido en la querella del CDE, en 2014 se entregaron 306 permisos de circulación a automóviles que arrastraban 3.022 multas por un total de $140.704.010. Al año siguiente, se giraron permisos a 909 automóviles con 13.798 multas pendientes de pago, las que sumaban $645.657.001. Estos montos más el ajuste por devaluación de la moneda, suman más de $805 millones. 

Permisos de circulación otorgados a vehículos con multas impagas, autorizados entre 2014 y 2015, en la comuna de Sagrada Familia. Fuente: Querella del Consejo de Defensa del Estado.

Entre las más de mil patentes revisadas por peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) cuyos permisos de circulación habían sido autorizados a pesar de tener multas pendientes, se encuentra la de un automóvil Kía Cerato, que fue comprado en 2012 por la madre del alcalde Arriagada, de más de 80 años. El vehículo fue vendido el 04 de marzo de 2015 a un tercero. “Su permiso fue transferido y renovado, aunque tenía ocho multas impagas por un total de $366 mil”, detalla el informe pericial contable N°30 de la PDI, según la querella del CDE.

En algunos casos los automóviles que recibieron permisos acumulaban más de una decena de multas. En la acusación formulada por el fiscal Gajardo, se destaca el vehículo patente que acumulaba 121 multas por más de $5,2 millones. Y también un automóvil cuyas 103 multas superaban los $4,4 millones.

Los testimonios recogidos en la causa, que fue abierta en 2017, señalan que entre los clientes que llegaron hasta la pequeña localidad de la Provincia de Curicó se encuentran automotoras de Talca, Rancagua y Santiago. Las declaraciones también indican que se beneficiaron desde camionetas de carga hasta vehículos de lujo, cuyos permisos de circulación pueden superar los $900 mil, según fuentes de la investigación. Además, entre los principales clientes estaba el dueño de una automotora que hoy se encuentra prófugo de la justicia debido a una causa por estafa y apropiación indebida.     

Respecto al alcalde Martín Arriagada “se ha solicitado la condena de cinco años y un día de prisión mayor en su grado mínimo, más las accesorias respectivas, y respecto a la coimputada Isabel Vázquez Espinosa se está solicitando una pena tres años y un día mayor en su grado mínimo, ambos como autores del delito de fraude al fisco”, explicó el fiscal Miguel Gajardo.

El alcalde Martín Arriagada señaló a CIPER que “es una causa que lleva más de cinco años y que la fiscalía no ha podido probar nada. Todo está en manos de tribunales de justicia, de tal forma que no corresponde entregar más antecedentes y son los abogados quienes representan a las personas en la causa”. Isabel Vásquez, en tanto, pidió que este medio se comunicara con su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien no respondió. 

TESTIMONIOS DE EXFUNCIONARIOS

Son cinco los funcionarios -administrativos, secretarias, inspectores municipales y del área de licencias de conducir- que figuran como “giradores” de los permisos de conducir que se investigan. Todos trabajaban bajo la modalidad de contrata y con sueldos que no superaban los $650 mil. “Nuestro puesto dependía del alcalde”, dijo a CIPER uno de los involucrados. Si bien fueron imputados por fraude al fisco en un inicio, luego se determinó la suspensión condicional de sus causas y pasaron a ser testigos, colaborando en la investigación. 

Uno de estos exfuncionarios recuerda que viajó en distintas ocasiones hasta Santiago para atender personalmente a un conocido empresario del negocio de la compraventa de autos: Juan José Isuani Larruy, uno de los dueños de la Automotora Larruy, quien, según testigos de la causa, habría pedido permisos para vehículos de sus clientes y amigos, incluyendo automóviles de lujo.

“Él nos facilitaba un departamento donde nos quedábamos. Y sacábamos los permisos, si no me equivoco, en Providencia, cerca de la embajada de Italia. Fui varias veces, incluso me quedaba en el departamento de él, iba los días lunes y regresaba los viernes. A Santiago iban como tres personas”, dijo el exfuncionario a CIPER. Agregó que Larruy también habría llegado hasta la municipalidad para ser atendido en la sala del Concejo Municipal. “Al girar los permisos (el sistema) arrojaba la multa altiro, pero, antes de salir a terreno ya teníamos la instrucción”, señaló la misma fuente.

Actualmente, Juan José Isuani Larruy se encuentra prófugo de la justicia, luego de que decretaran su prisión preventiva por una causa de estafa y apropiación indebida que ha llevado al cierre de la Automotora Larruy (vea un artículo de La Tercera). Fernando Díaz, abogado de Larruy, señaló que no tenía conocimiento de la investigación en Sagrada Familia y que no ha tenido contacto con su representado.

Otros clientes también llegaban hasta las oficinas municipales, como es el caso de Raúl Betancourt (actualmente fallecido), quien, en 2015, según la formalización de la Fiscalía, “concurrió en forma reiterada a la Municipalidad de Sagrada Familia para adquirir múltiples Permisos de Circulación de otros vehículos que mantenían multas impagas”. Este empresario de automotoras de Talca fue atendido por un funcionario que, según su declaración ante el Ministerio Público, “obedecía a una autorización previa efectuada por el alcalde”, detalla la carpeta investigativa.

“Él iba en reiteradas oportunidades, tres veces a la semana, algunas veces llevaba dos permisos de circulación, otras veces llevaba cinco, como también podía llevar mucho más”, explicó a CIPER una de las funcionarias que recibía una parte de sus pagos. 

Una de las personas que habría acompañado a los funcionarios destinados a girar permisos de circulación era Isabel Vásquez Espinoza, encargada de Control Interno, cargo que ocupa hasta la fecha. Según la investigación de Fiscalía, ella ejercía funciones de coordinación. La querella del CDE señala que “procedió a vender directamente permisos de circulación e instruyó al resto de los funcionarios encargados de la venta de dichos permisos para que no cobraran”, de acuerdo con el Informe Policial número 5 de 2020 del Laboratorio de Criminalística Regional Talca de la PDI.

“Asimismo, según propia declaración de los coimputados, a quienes ellos reconocían como jefa o encargada de la venta de permisos de circulación durante los años 2014 y 2015, les instruyó expresamente para que vendieran los permisos de circulación sin cobrar las multas asociadas a los mismos. (…) La conducta desplegada por la querellada Isabel Alejandra Vásquez permitió que los coimputados dejaran de cobrar las multas asociadas a los vehículos motorizados que renovaron sus permisos en la Municipalidad de Sagrada Familia durante los años 2014 y 2015”, agrega la ampliación de la querella del CDE. 

En enero de 2022 la defensa de Vázquez interpuso un recurso de apelación por las medidas precautorias establecidas por el tribunal. En el documento, su defensa destacó que de los más de $800 millones defraudados, a Isabel Vásquez se le atribuye un monto “marginal” de $3 millones. Además, argumentó que ella no cumplía funciones en el área de Tránsito, aunque “durante los meses de marzo de 2014 y 2015, se le encomendó colaborar con la campaña de permisos de circulación, pero solo en calidad de giradora”. Respecto de aquellos permisos que sí se giraron con multas pendientes, explicó que eso se debió a la desactualización de las bases de datos y plataformas informáticas, ya que los giradores trabajaban en terreno.

LAS ADVERTENCIAS PREVIAS

Según la Ley 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, no es posible renovar un permiso de circulación mientras aparezcan multas vigentes en el Registro de Multas del Servicio de Registro Civil. Pero, aunque esa base de datos arroje que hay multas impagas, el sistema no bloquea o imposibilita la entrega de los permisos de circulación.

La información contenida en el Registro de Multas es entregada a cada municipio en un CD y también se encuentra en línea en la web del Registro Civil. Fue a través de esta última aplicación que un funcionario identificó algunos permisos otorgados a vehículos que mantenían multas pendientes. En abril de 2015 él dio las alarmas a través de distintos correos electrónicos a sus superiores, quienes no dieron respuesta, según pudo revisar CIPER. “Cuando me di cuenta empecé a enviar correos al alcalde, al jefe de tránsito”, dijo.

Ante la falta de respuestas, el funcionario acudió directamente al área de pago de multas del Registro Civil, donde le confirmaron que algunas patentes tenían deudas vigentes. Luego, acudió a la Contraloría y al entonces concejal Floriano Cruz, quien llevó la denuncia al CDE y a la Fiscalía.

“Yo creo que ocurren estos fraudes porque los alcaldes se creen pequeños reyes, que tienen la facultad de no cumplir la ley. Desconocen la Probidad Administrativa. Por otro lado, los concejos municipales no cumplen con el rol fiscalizador que manifiesta la ley”, explica Floriano Cruz, quien agrega que espera “que el resultado sea un éxito ya que tenemos una comuna entera esperando que triunfe la verdad”.

La audiencia de preparación se juicio oral se encuentra fijada para el mes de febrero.

(*)Los antecedentes expuestos en este artículo corresponden a un proceso judicial en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.