Justicia acredita discriminación en el Ejército contra oficial porque firmó un Acuerdo de Unión Civil en vez de contraer matrimonio

En 2017, un subteniente destinado a Tierra del Fuego solicitó permiso, como es tradición en el Ejército, para cambiar su estado civil, porque deseaba celebrar un Acuerdo de Unión Civil (AUC). Él acusa que su superior lo increpó, diciendo que el AUC no era para oficiales, sino para “los clases (cabos) o maricones”. Expuso estos hechos en una demanda y, aunque el resultado le fue adverso, la jueza confirmó “las inapropiadas expresiones en torno al AUC”. En el proceso constan declaraciones que indican que, tras firmar el acuerdo con su pareja, fue sometido a castigos no contemplados en el reglamento y a extensas jornadas de trabajo.

“Un oficial de Ejército se tiene que casar, es lo que corresponde. La otra hueá es pa’ los clases (los cabos) y pa’ los maricones”. Según denunció un exsubteniente del Ejército ante la justicia, esa fue la respuesta que recibió de su superior, a gritos y en presencia de otros militares, cuando solicitó permiso -como es tradición en esa institución castrense- para cambiar de estado civil. Pero no se quería casar, sino firmar un Acuerdo de Unión Civil (AUC) con su pareja, una joven polaca.

Los hechos constan en un proceso que se abrió en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas en 2021. La causa se originó por una demanda de tutela de derechos presentada por el exsubteniente debido, según su versión, al constante maltrato, hostigamiento, extensas jornadas y castigos indebidos que recibió. Por las mismas razones, decidió abandonar la carrera militar. Y aunque el resultado de la acción judicial le fue adverso, en el proceso la jueza Claudia Ortiz Quinteros dio por acreditadas “las inapropiadas expresiones en torno al AUC”, las que consideró una intromisión en la vida privada del denunciante.

El exsubteniente (CIPER mantiene su identidad y la de todos los involucrados bajo reserva) llegó a Tierra del Fuego en 2015, destinado al Destacamento Motorizado N° 11 Caupolicán. Según relató para este reportaje -versión corroborada en el proceso judicial-, los malos tratos comenzaron desde que se instaló en esa unidad, pero se intensificaron una vez que decidió firmar el AUC con su pareja:

-Mi capitán me citó en su oficina apenas unos días después de solicitar su permiso. Me escoltó un comandante hasta la sala en que me esperaba. Mi capitán leía el diario sentado en su escritorio. Empezó de a poco, primero partió preguntando si estaba seguro. Luego preguntó por qué no nos casábamos, (dijo) que queríamos aprovecharnos del sistema. “¿Querís que te pasemos casa fiscal también?”, me preguntó. “Ni cagando”, me dijo.

Los gritos se escucharon, según testigos que declararon en el proceso judicial, en varias salas aledañas. Las puertas estaban abiertas y, mientras su superior amenazaba con negarle acceso a vivienda fiscal si firmaba el AUC en vez de casarse, otros funcionarios de la institución entraban y salían pidiendo firmas y dejando documentos en la mesa. “Después de eso, todo se puso peor, todo el mundo vio cómo me humillaban”, señala el denunciante.

Según consta en los relatos contenidos en la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, dictada en septiembre de 2021, luego de que el uniformado celebrase su AUC, lo que ocurrió el 3 de octubre del 2017, fue constantemente requerido para tareas que no guardaban relación con su cargo y preparación, fue sometido a castigos físicos no contemplados en las normas y a extensas jornadas laborales entre las 05:00 y las 23:00.

Otro uniformado que trabajaba con el subteniente declaró que frecuentemente escuchaba conversaciones en el casino de oficiales en las que “decían que era un oficial penca, que estaba en unión civil, que estaba con una extranjera”. También dijo que “le empezaron a dar más comisiones administrativas, por ejemplo, la comisión casino oficiales, jardines, material de guerra y armamento, gimnasio, peluquería”. Además, relata en la misma declaración haber compartido con él los “plantones”, castigos que no aparecen en el código militar y que se suelen tipificar como sanciones administrativas: “Se le enviaba a marchar y yo lo acompañaba. Yo era el ayudante de él y nos mandaban a hacer marchas a pie con equipo completo en un tiempo determinado y al final de la marcha teníamos que cargar piedras hasta que el comandante (…) dijera ¡tiempo!”.

Otro oficial del destacamento corroboró frente al tribunal que luego de haber firmado el AUC vio al oficial ser sometido entre dos y tres veces a los denominados “plantones”: “Tenía que marchar (por el patio y en horas de servicio) y después esperar al 2° comandante (…) con unas piedras que le llamaban ‘guagüitas’. No existen medidas disciplinarias para eso. La persona tenía que estar con su equipamiento completo con mochila de 30 Kg”.

"LE MOLESTÓ QUE NO FUERA POR LA IGLESIA"

Los problemas para la pareja fueron aumentando. Por ser convivientes y no cónyuges, enfrentaron dificultades para acceder a una casa de cargo fiscal, por lo que tuvieron que vivir varios meses separados: ella haciendo clases en el Instituto Británico de Punta Arenas, mientras él permanecía en Tierra del Fuego. De ese modo solo se veían los fines de semana.

Además, ella sufría de endometriosis, lo que la exponía a un alto riesgo de embarazo ectópico o de desarrollar infertilidad. Pero, la ley no permite que una persona que ha firmado un AUC sea reconocida como carga familiar de su pareja, categoría que está reservada solo para los cónyuges, por lo que el sistema de salud de las Fuerzas Armadas no atendió a la joven.

Lo que era un peligro se transformó en una tragedia. Según se relata en el expediente del juicio, en mayo de 2019 la pareja acudió al Hospital Militar de Santiago por un embarazo ectópico. Pero, como ella no era carga familiar, el monto del tratamiento resultaba muy elevado y finalmente fue atendida de urgencia en el Hospital Luis Tisné. Tras una profusa hemorragia que desencadenó una anemia, la joven sufrió una pérdida y quedó postrada por un mes. Finalmente, en 2021, la pareja decidió separarse.

Sebastián Pizarro, abogado constitucionalista y académico, explica que los beneficios de salud se asignan a familiares de los funcionarios denominados “causantes” en la ley 19.465, derivada de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, lo que no incluye a quienes han firmado un AUC: “El problema está en la interpretación de la palabra ‘causante’. Ahí está la incompatibilidad, porque en la legislación ordinaria no hay referencia a convivientes, sino solo a cónyuges. Entonces, puede ser que la norma no sea adecuada o no esté debidamente actualizada y, por lo tanto, en materia de salud el Ejército excluye a quienes firman un AUC”.

Cuando aún estaban unidos por el AUC y la joven viajaba a ver a su pareja a Tierra del Fuego los fines de semana, a veces participaban en eventos en el casino de oficiales, en Porvenir. En esos encuentros ella también vivió episodios de discriminación y hostigamiento, según indicó en su testimonio judicial. La ciudadana polaca relató que en uno de esos eventos, en diciembre de 2017, un comandante se refirió a su pareja como “esa basura”:

“Ese día conocí al Sr (…), me presenté, dije que soy de Polonia y en un momento me dijo: ‘¿Cómo tú estás con ese tipo, con esa basura?’ (…) Cuando nos casamos nos perjudicaban por hacer unión civil, para mí era un matrimonio. Muchas veces mencionaban los jefes que eso no es un matrimonio, que eso no corresponde a un oficial y mencionaron que ojalá algún día podamos hacer un matrimonio de verdad”, declaró la joven ante el tribunal.

Según el exsubteniente relató a CIPER, y de acuerdo con los hechos que se mencionan en la sentencia, en esos meses, mientras el uniformado vivía en el casino de oficiales esperando que se concretara el traslado a Punta Arenas, un superior se acercó a él y le dijo: “Tú tienes que obligar a tu pareja a venirse contigo si querís vivienda fiscal o te vay a tener que ir cagando del casino, porque es para los solteros. ¿No les gustó jugar a la unión civil?”.

Otro oficial también declaró ante el juzgado que al subteniente se le denegaba el acceso a una casa fiscal por ser contrayente de AUC y no estar casado: “A mi comandante le molestó que no fuera por la iglesia. Él decía que los militares tenían leyes distintas. Por estar casado le correspondía una vivienda fiscal, pero no se la quería dar debido a que era unión civil y no por la Iglesia. Además, lo amenazó con que lo iba a echar del casino y de la casa fiscal y que ojalá lo pillara viviendo en una carpa”.