Una subametralladora a $700 mil: los precios que militares y carabineros cobraron por armas que robaron en sus cuarteles

Las sentencias en contra de policías y militares que figuran en los archivos de la Corte Marcial muestran los valores en que fue comercializado –o pretendía ser vendido– el armamento que robaron distintos funcionarios desde dependencias institucionales. Los fusiles se han ofertado hasta en $2 millones, una pistola en $300 mil y un revólver en $100 mil. Cajas con municiones e incluso granadas sustraídas de unidades militares han sido comercializadas en el mercado negro. Los precios, sobre todo de fusiles y subametralladoras, pueden escalar hasta 200% por sobre el valor con que las entidades de la defensa adquieren estas especies en el mercado formal.

Uno de los civiles dijo que se enteró de alguien que estaba vendiendo subametralladoras en la población Los Industriales, de Arica. Lo declaró ante el tribunal militar que investigaba el robo de las armas. En julio de 2015 en el Ejército se dieron cuenta de que faltaban cuatro subametralladoras del regimiento Rancagua, unidad emplazada en la misma ciudad del extremo norte. Según la tasación presentada por el secretario del juzgado, cada una de ellas tenía un precio de US$450 (unos $290 mil al cambio de la época) en el mercado formal donde son adquiridas por las Fuerzas Armadas. Pero el valor que se pagó en el mercado negro fue mucho más alto. Dos de las subametralladoras robadas en el regimiento ariqueño fueron comercializadas a $700 mil cada una, tal como reconoció ante el mismo tribunal otro civil implicado en el delito y cómplice del cabo primero que las había sustraído. Las otras dos, dijo, se vendieron a $500 mil la unidad.

En los últimos diez años se registraron 38 casos de robo o desaparición de armas, municiones, explosivos y otros pertrechos, en los que la justicia militar condenó a 54 uniformados (vea el detalle en el primer reportaje de esta serie “Sentencias de la Corte Marcial: las confesiones de militares y carabineros que robaron armas en sus cuarteles”). Los procesos muestran que los uniformados sentenciados vendieron hasta visores nocturnos, a $200 mil la unidad.

En la revisión, se encontraron 14 sentencias condenatorias de la justicia militar en que alguno de los involucrados confesó el monto que recibió o que pretendía pedir por el armamento, debido a que en algunos casos no se alcanzó a concretar la compraventa. En varias de estas causas se presentaron los avalúos del armamento, encargados por los mismos tribunales o efectuados por armeros de las instituciones de la defensa. De esta manera, es posible identificar el alto sobreprecio que en la mayoría de los casos se pagó o se iba a pagar en el mercado negro por estas especies.

Fusiles valorizados entre $1,3 millón y $2 millones por unidad, granadas a $30 mil, pistolas vendidas en $300 mil y revólveres a $100 mil, son algunos de los precios que se pusieron a armas robadas desde cuarteles. Así se desprende de las sentencias dictadas entre 2012 y 2022 por la Corte Marcial de Santiago (que tiene jurisdicción sobre Carabineros, Ejército y Fuerza Aérea) y la Corte Marcial de la Armada (que funciona en Valparaíso), y que fueron revisadas por CIPER. 

En varias sentencias se constataron precios que sobrepasan el 100%, y en algunos casos hasta 200%, del valor original. Esto se observa en mayor medida –según los procesos judiciales revisados por CIPER– en las transacciones de fusiles o subametralladoras. Hugo Frühling, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y especializado en temas de seguridad, cree que esto se debe al riesgo que supone para el funcionario militar o policial que se identifique el origen de estas armas: “Que las bandas delictuales las vayan a utilizar en la comisión de delitos es un riesgo mayor para quien las vende ilegalmente, y ese riesgo se puede estar pagando”.

SUBAMETRALLADORAS Y FUSILES

A comienzos de 2015, tres soldados conscriptos participaron en el robo de dos fusiles SIG 542 desde el Regimiento de Artillería Tacna, en la Región Metropolitana. Uno de ellos confesó ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago el precio que habían acordado para vender una de esas armas a un narco:

“Uno de los fusiles ya tenía comprador, en la suma de dos millones. (…) y yo unos días antes, cuando fuimos a comprar marihuana a un traficante, que después nos increpó preguntando de donde éramos y a qué íbamos, respondiéndole que éramos del regimiento y que veníamos a comprar yerba, nos ofreció la cantidad de dos millones de pesos en efectivo si le llevábamos un fusil”, señaló.

En la sentencia de este proceso judicial no se incluyó el avalúo original del fusil, pero en otra causa una variante de esta arma fabricada en Suiza fue valorizada en torno al medio millón de pesos, incluido su cargador. A partir de este dato, se puede estimar que el precio ofrecido por el narco era de un 200% sobre el valor del mercado formal. 

Algo similar se concluye en el caso de un militar destinado en el norte, quien ayudó a unos civiles a robar cuatro fusiles de guerra. Las armas fueron encontradas al día siguiente en la casa de un narcotraficante. La cifra que el funcionario iba a recibir por esa sustracción era un total de $2,5 millones, además de un auto, según confesó.

Otra sentencia en la que no se informó el valor que pagan las instituciones de la defensa por las armas es la de una causa originada por un robo en Putre, ocurrido en agosto de 2016. Ahí, unos soldados conscriptos sacaron dos fusiles SIG 510, dos yataganes y otros pertrechos. Uno de ellos declaró ante el tribunal que, aunque no tenía comprador, pensaba vender uno de los fusiles en Santiago en $1,2 millón. En causas anteriores, este modelo de fusil tenía un valor en el mercado formal de $458.850, con cargador.

En Carabineros sí se informó del precio que paga la institución en un caso de transacción de una subametralladora UZI modelo 1980, que fue robada en noviembre de 2018 desde la Subcomisaría de Gómez Carreño, en Viña del Mar, por uno de los policías que trabajaba en esa unidad. Un oficio del Departamento de Armamento y Municiones de la institución, fechado el 22 de enero de 2019, aseguró que la UZI tenía un precio de $1,6 millón, y que su cargador valía sobre $200 mil. El cabo segundo que la sustrajo confesó ante la justicia militar que se la había dejado a un cercano en $1,3 millón. Sin embargo, otros testigos aseguraron que en realidad el precio pactado era de $2,2 millones.

El civil que adquirió esta UZI fue interceptando telefónicamente por orden de la Fiscalía del Biobío, junto con otras personas que estaban comprando armamento de manera ilegal. En una ocasión lo sorprendieron sosteniendo una conversación con un tercero que le preguntaba si seguía con su contacto en Carabineros, a lo que él respondió: “No poh, hermano, esa mano ya fue ya… al loco le saltó la patá”.

PISTOLAS, REVÓLVERES Y MUNICIONES

El civil lo contó todo ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Las dos pistolas las compró en $300 mil cada una, pero alcanzó solo a entregarle a los vendedores un total de $400 mil, a modo de pie. Esa misma noche, dijo, “me enteré por la prensa que las dos pistolas que había comprado eran de una comisaría (…) hago presente a este tribunal que al momento que (…) y (…) me vendieron estas armas, ellos me dijeron que habían sentado a un amigo del (…) y que este sujeto las había sacado de una comisaría”.

En ese proceso fue condenado un cabo de Carabineros que sacó tres pistolas Taurus PT-917 y dos ametralladoras de la Subcomisaría de Cerrillos, en una madrugada de junio de 2016. Las dejó con uno de sus cómplices civiles, quien dijo que se deshizo rápidamente de ellas porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Ante el tribunal, el civil aseguró que las dejó en un basurero. Pero el comprador declaró que fue él quien le vendió el armamento.

En este episodio no se especifica en la sentencia el valor de una pistola como esta, sin embargo, en distintos sitios web de armerías se informa que este modelo no baja de los $600 mil, por lo que el precio no habría estado relacionado con lo que se paga en el mercado formal. 

Algo parecido sucedió con un revólver Colt calibre 38 que se robaron desde dependencias de la Base Aérea Los Cóndores, de La Fuerza Aérea, en Iquique. Un soldado conscripto relató que se lo vendió en $100 mil a un tercero que le fue presentado por un cercano. El Juzgado de Aviación, estimó el precio en $117 mil.

El único caso detectado por CIPER en que el valor de unas pistolas estuvo por sobre el del mercado oficial, ocurrió en noviembre de 2011 en el Regimiento Yungay 3, ubicado en Los Andes, cuando un soldado conscripto confesó que, mientras trabajaba en el almacén de material de guerra, escondió una pistola Beretta, la guardó en su mochila y la sacó de las dependencias. Durante la investigación el arma fue avaluada en US$250 (unos $127 mil de la época) y el funcionario involucrado la transó por $150 mil con un amigo al que llamaban “El Tomate”.

Para las ventas en negro de municiones también se han mencionado montos en las resoluciones de la justicia militar. En el caso de un cabo segundo que se desempeñaba en el Campo Militar Antofagasta y que robó 100 tiros, el jefe de uno de los departamentos de logística del Ejército aseguró al Primer Juzgado Militar de Antofagasta que los cartuchos calibre 7.62x51mm. que sustrajo el funcionario tenían un precio por unidad de $394. La pareja del soldado, quien lo delató a Carabineros en junio de 2017, dijo que las municiones tenían un comprador: “Me indicó que le ofrecían $200 mil por los 100 tiros”, lo que significa que habría vendido a $2 mil cada uno.

Quien le entregó esa munición, sin recibo, fue otro cabo segundo que fue juzgado por robarse miles de tiros de similar calibre. Fue sometido a proceso precisamente en el tribunal de Antofagasta, donde se estimó que había robado 25 cajas, con 1.500 cartuchos cada una, lo que arroja un total de 37.500 unidades. El involucrado confesó que cada caja la vendía a un precio entre $100 mil y $150 mil a un tercero que resultó ser un traficante de armas. 

GRANADAS Y HASTA VISORES NOCTURNOS

El único proceso en el que aparece el precio de unas granadas es en la causa del cabo que robó tiros desde el Campo Militar Antofagasta. Aparte de los cartuchos, aprovechó de sustraer dos granadas de mano ARGES, que el Ejército compraba a $24.853 la unidad, según acreditó el tribunal. También tomó otras dos granadas de mano, por las que la institución pagaba $29.338 por unidad. Sin embargo, en la sentencia no se señala que haya tenido intenciones de vender este material explosivo.

Alguien que sí vendió una granada fue un soldado del Regimiento de Infantería 24 Coquimbo, ubicado en La Serena, quien luego de haberla robado en octubre de 2014, la transó con un amigo menor de edad. Según sus propias palabras: “El día domingo 26 de octubre vendí solamente una granada, la que ofrecí en la suma de $30.000 a mi amigo (…) conocido por el apodo de ‘El Caballo Loco’, pero este me dio solamente cinco mil pesos, y el dinero restante, o sea los $25.000 que faltaban me los daría el domingo 2 de noviembre (de) 2014, cuando yo iba a estar de franco”.

El hombre que más se alejó de los precios de mercado respecto de materiales de guerra fue un miembro del Ejército que sustrajo cuatro maletines de visores nocturnos modelo NX-222b. Según la institución, cada uno de estos estaba avaluado en $5.947.200, pero el cabo segundo los puso a la venta a través de una página de internet a un precio mucho menor. El aviso, según otro militar que testificó en el juicio, decía: “Vendo visores nocturnos, solo por hoy en $200.000”.