Señor director:

Entre otras realidades que la pandemia ha hecho evidentes se encuentra la escasa valoración social y política que se atribuye a nuestro patrimonio, a las bibliotecas y archivos. Desde marzo de 2020 se cerraron las puertas de instituciones culturales fundamentales, como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional de la Administración y el Archivo Histórico Nacional. Si bien esta situación ha ido cediendo a medida que se acabaron las cuarentenas y se avanzó en el proceso de vacunación, aún existen importantes limitaciones para acceder a estos espacios, lo que demuestra la dificultad de atender, priorizar y valorar nuestra cultura.

Como lo sostuvimos en la carta que la Asociación Chilena de Historiadores, en conjunto con diversos institutos y escuelas de Historia a lo largo del país, entregamos a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y al Director Nacional (S) del Patrimonio Cultural, entendemos que esta situación se ha debido a causas específicas. Entre ellas, se encuentran las enfermedades crónicas que aquejan a algunos funcionarios, la dificultad para ventilar las salas de los edificios o la cancelación de las citas a último momento por parte de los usuarios. Pero, también, es cierto que estos problemas reflejan la precariedad material en la cual se encuentran estas instituciones y la necesidad de implementar medidas concretas para garantizar el acceso a la información y el conocimiento. Un tema recurrente en muchas de las conversaciones tiene relación con las condiciones de trabajo de los funcionarios y la necesidad de contar con establecimientos modernos para atender a un público diverso y, al mismo tiempo, resguardar y proteger el patrimonio histórico del país. Considerando los más de dos años de la pandemia, nos parece impostergable y urgente crear medidas que permitan establecer soluciones prácticas para cambiar una situación que, pareciera, hemos naturalizado.

Por otra parte, los problemas señalados han dejado en evidencia la precaria situación de quienes nos dedicamos a la investigación en Chile y, en particular, las y los profesionales que se ocupan de las Humanidades y Ciencias Sociales. Con las limitaciones existentes para el acceso a libros, documentos y otras fuentes, las y los investigadores ―cuyo trabajo se basa en la posibilidad y el derecho de acceder a la información― han visto perjudicado su quehacer, no pudiendo desarrollar sus proyectos, publicar y crear conocimiento. Todo lo anterior ha ido en desmedro de sus fuentes de empleo y sus carreras académicas. Es importante relevar que un gran número de investigadores trabaja en proyectos que dependen exclusivamente del acceso a estos acervos. 

Por otro lado, las limitaciones existentes para el acceso a las bibliotecas y archivos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural han afectado a estudiantes, tanto universitarios como escolares. En efecto, instituciones como la Biblioteca y el Archivo Nacional son claves para el desarrollo de sus trabajos universitarios y escolares, pues disponen de un vasto y diverso material que garantiza a nuestros estudiantes, pero aún más al público en general, un acceso equitativo y justo a la educación y la cultura, especialmente para quienes no tienen los medios para acceder de otras maneras a libros, documentos, Internet, computadores, entre otros. Cualquiera que haya visitado sitios como los referidos puede dar cuenta, además, del heterogéneo y cambiante público que disfrutaba de las instalaciones y sus servicios, de las actividades culturales que constantemente se organizan, y del patrimonio cultural que custodian. 

Acervos como los archivos y bibliotecas no solo satisfacen diversas necesidades cotidianas de los usuarios, sino que también ―como lo hemos venido señalando― garantizan nuestros derechos: a la información, al conocimiento, a la memoria, a la recreación, a la educación y a la cultura. Por todo esto, cuando nos referimos a la existencia, cuidado y valoración de estas instituciones culturales, aludimos también a su importancia para nuestra democracia. Tomar conciencia sobre este problema ―pero sobre todo buscar e implementar las soluciones― significa priorizar la función clave que estos lugares cumplen y promueven como espacios de diálogo, encuentro y participación.

Actualmente, nos encontramos en una situación de indiscutibles avances en materias de salud respecto de la pandemia, pero especialmente en un momento en que discutimos sobre los derechos y deberes que van a constituir nuestra comunidad política: el lugar de la memoria, el conocimiento, de la educación, la cultura, la ciudadanía y la democracia. Resulta  paradójico que el escenario de este debate tenga como telón de fondo la indiferencia ante  las puertas cerradas de aquellas instituciones que promueven precisamente todo aquello que debatimos. Entonces, imaginar ese futuro requiere urgentemente transformar la situación actual, haciéndonos cargo de proteger y fortalecer la existencia y la valoración social de instituciones como bibliotecas y archivos.