Desde 2016 la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres empezó a visibilizar en sus registros el concepto de “suicidio femicida”. A días de una nueva conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio -este 19 de diciembre-, este reportaje analiza los casos de mujeres que se han quitado la vida por sufrir violencia física, psicológica y sexual. Entre 2016 y 2021 se han registrado nueve casos, en la mayoría de ellos los familiares han iniciado acciones legales y en cuatro los acusados como agresores están privados de libertad. A pesar de los avances en políticas contra la violencia de género, la investigación y sanción del suicidio femicida aún no está normada.

La tarde del 4 de abril de 2021, tras llamar en reiteradas ocasiones a su hija Francisca sin obtener respuesta, Rosa Elena Moreno decidió ir a su domicilio en la comuna de Las Condes. Al ingresar al departamento le gritó a modo de aviso: “Soy tu madre”. Pero al no recibir respuesta, caminó hasta el dormitorio y la encontró sin vida. Francisca Moll, de 37 años, se había suicidado. Dejó tres cartas de despedida, una de ellas dirigida a Rosa Elena.

Francisca tenía dos hijos y era profesora de Educación Física. Su madre la recuerda como una mujer amigable y querida por sus cercanos, pero dice que todo cambió en 2019 cuando conoció a su última pareja, con quien mantuvo una relación intermitente hasta finales de 2020: “Él la tenía absolutamente a sus pies, era un manipulador. La maltrataba físicamente, psicológicamente, sexualmente y económicamente. Hizo lo que quiso con mi hija”. Esto es contrastado con un archivo judicial de la Fiscalía Local de Las Condes, en donde se informa que la víctima “mantiene temor y preocupación por lo que le pueda llegar a hacer el sujeto, solicitando ayuda de forma inmediata a esa fiscalía”.

A raíz de los episodios de violencia, Francisca debió asistir a terapias psicológicas, psiquiátricas y neurológicas. “Estaba con todas las ayudas. A ella le dio parálisis facial y después le dieron ataques de pánico, que al principio lo trataron como ataque de epilepsia, pero con un examen especial se dieron cuenta de que no era eso”, cuenta Rosa Elena Moreno.

La primera vez que Francisca interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar fue en marzo de 2019. Luego de un par de meses juntos había decidido terminar la relación, pero él la siguió hasta el Parque Arauco, en donde se encontraba tomando un café con un amigo, ahí la increpó y golpeó hasta sacarle un diente. Con el pasar de los meses, la mujer interpuso dos denuncias más. Una cuarta, incluso, la presentó cuando ya habían terminado definitivamente, en febrero de 2021: “El tipo la acosó cuando iba a terapia. Esa denuncia Carabineros no la aceptó y le dijeron: ‘Los acosos son solamente laborales’”, recuerda su madre.

Tras dos años de golpes, amenazas y manipulación, Francisca Moll se quitó la vida. “En la carta me dice que ella soportó tantas cosas, que ella misma se da asco, por todas las cosas que tuvo que vivir. Al final escribió: ‘El cazador anda suelto, libre de polvo y paja’”, recuerda Rosa Elena Moreno.

Para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, lo ocurrido con Francisca Moll corresponde a un suicidio femicida y lo definen como “mujeres que deciden acabar con su vida como consecuencia de la violencia machista que viven, o bien ante la impunidad de sus agresores y la negligencia de las instituciones que deberían protegerlas, vislumbrando el suicidio como ‘única salida’ al sufrimiento que padecen”.

Según el registro de femicidios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Francisca está dentro de los nueve casos de suicidio femicida que han ocurrido entre 2016 y 2021, periodo en que la organización comenzó a considerar otros tipos de violencia, que no son reconocidas en las cifras de femicidio del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y tampoco tipificadas en el ámbito legal. Para Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red Chilena, hay muchas situaciones de violencia que viven las mujeres que son naturalizadas y que no están penalizadas: “Cuando hablamos de suicidios femicidas, son manifestaciones de violencia extrema que la legislación no ha querido reconocer. Si no ahonda en cosas que son mucho más evidentes, menos visualiza estas y, por lo tanto, la impunidad del agresor se ve reflejada”.

“CAMINANDO LENTAMENTE”

Hasta la publicación de este reportaje, el registro de femicidios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres indica que en los últimos cinco años han sido asesinadas 353 mujeres y nueve se han suicidado por violencia femicida. En lo que va de 2021, las mujeres que han sido víctimas de femicidio son 48 y cuatro se han quitado la vida. Este registro de la Red Chilena es distinto al del SernamEG, ya que en el mismo rango de tiempo reconoce 248 femicidios, 39 de ellos este año.

Este 19 de diciembre se conmemora por segunda vez el Día Nacional Contra el Femicidio. La iniciativa impulsada por la Coordinadora 19 de Diciembre ingresó como proyecto al Congreso Nacional el 20 de diciembre de 2018 y fue publicada el 10 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial, como Ley 21.282. El día conmemora la muerte de Javiera Neira, de 6 años, asesinada en 2005 por su padre, Alfredo Cabrera, cuando intentó defender a su madre, quien sobrevivió de un femicidio frustrado. La ley establece la dignificación de quienes han sido víctimas de femicidio y reconoce el aporte del movimiento feminista en la eliminación de la violencia contra las mujeres en Chile.

Esta ley no es la única que habla de femicidio. En 2010 se publicó la Ley 20.480, instaurando el concepto de femicidio, aumentando las penas aplicables y reformando las normas sobre parricidio. En enero de 2017 ingresó al congreso el proyecto de ley “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, conocido como Ley de Violencia Integral, pero se encuentra estancado en segunda tramitación en el Senado.

Desde la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) la pronta promulgación de la ley sería un progreso para repensar cómo se aborda la violencia de género desde una mirada institucional: “La Ley de Violencia Integral la esperamos y necesitamos. Ojalá ese sea el camino, donde podamos abordar las violencias iniciales, las primeras violencias físicas y psicológicas. Hay que generar mecanismos a nivel de Estado, a nivel de sociedad. Hay que ver la forma de crear instancias para generar audiencias distintas de las penales, que nos lleven a descomprimir y tratar de frenar a tiempo la violencia para no causar agobio en mujeres que luego terminan suicidándose”, explica Camila Guerrero, abogada y Directora Nacional de Derecho Penal de ABOFEM.

El 4 de marzo de 2020 se promulgó la Ley 21.212, conocida como Ley Gabriela, inspirada en Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas por Fabián Cáceres, ex pareja de Gabriela, el 11 de junio de 2018. En ese año, bajo la Ley de Femicidio, estas muertes no fueron consideradas, lo que llevó al padre de Gabriela, Fabián Alcaíno, a llevar una lucha para que estos asesinatos fueran reconocidos como femicidios. La normativa fue un avance en la agenda de género al ampliar la tipificación a los casos que ocurren fuera de una relación afectiva, incluyendo relaciones de pololeo, además de las razones de género.

En cuanto a suicidio en contexto de violencia de género, el 4 de agosto de 2020 Alejandro Barra, papá de Antonia Barra, quien se quitó la vida en octubre de 2019 después de sufrir una violación, presentó el proyecto de ley “Justicia Para Antonia”. El juicio oral en el que se juzga a Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia, está en pleno desarrollo. Dos años antes, Consuelo Hermosilla ingresó al Congreso el proyecto de ley “Antonia”, inspirado en su hija, Antonia Garros, quien se suicidó el 7 de febrero de 2017 tras ser víctima de violencia por parte de Andrés Larraín, condenado en 2019 por lesiones menos graves en contra de la joven. Estas iniciativas legales buscan tipificar la inducción al suicidio y proteger los derechos de las víctimas y su revictimización.

Para las expertas y organizaciones feministas las legislaciones no son suficientes mientras no se lleven a la práctica de manera efectiva: “El punto es de qué forma el Estado se asegura de que los funcionarios o las personas encargadas de operativizar esto efectivamente estén capacitados y se cumpla con lo que están tratando de regular. Hay una falencia que tiene que ver con el aseguramiento de medidas de protección que sean eficaces, porque las medidas no se han implementado al nivel de política de Estado, ni de política criminal”, dice Camila Guerrero, abogada de ABOFEM.

Manifestación por Antonia Garros.

Por otro lado, Claudia Neira, una de las fundadoras de la Coordinadora 19 de Diciembre, expresa que el Estado no está preparado para recibir denuncias de violencia de género: “En él se les revictimiza, se les trata mal y se les culpabiliza. El Poder Judicial, Carabineros y las fiscalías, entes que participan una vez realizada la denuncia, tampoco están a la altura para la protección de las mujeres”.

Frente a la falta de medidas por parte de las instituciones estatales, y tras el suicidio de las víctimas, son sus familias quienes toman un rol protagónico al interponer acciones judiciales que generan investigaciones del Ministerio Público. El caso de Franshesca González, de 18 años, es uno de estos. El 24 de abril de 2021 la joven fue encontrada sin vida en la casa de su pololo, en Quilpué. Desde febrero existía una medida cautelar en contra de él de prohibición de acercamiento tras un episodio de violencia.

“Te llevas a mi hija y lo único que te pido es que me la cuides”, fue lo que le dijo Marco González al pololo de Franshesca cuando decidieron irse a vivir juntos a la casa de éste, en enero de 2021. En ese tiempo la joven comenzó a sufrir violencia intrafamiliar, lo que fue ocultado a sus padres: “Yo le preguntaba qué sucedía. Se estaba alejando de sus amigos y ella no era así. Mi hija siempre me respondía que no pasaba nada, que estaba todo bien y después de fallecida me enteré que este tipo le pegaba”, recuerda Marco.

Franshesca aparece en el registro de la Red Chilena como un suicidio femicida. El 19 de mayo, pese a los antecedentes de violencia, el Tribunal de Quilpué cerró el caso a petición de la fiscalía, concluyendo que su muerte no fue por intervención de terceros. Tras esto, su familia interpuso una querella por presunto femicidio contra el agresor. “Yo lo único que quiero es que se haga justicia por ella. La querella está estancada, caminando lentamente”, dice Marco González.

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres indican que para ellas lo más importante es que a través de su registro se visibilice la violencia que las mujeres están viviendo, ya sea, femicidio o suicidio femicida: “Por lo general lo que hacemos es escuchar a las familias y la experiencia nos ha demostrado que la familia tiene la razón. Muchos suicidios han sido femicidios y, si no es por la insistencia de las familias para seguir con las investigaciones, no se sabría la verdad”, explica Lorena Astudillo.

“La justicia va a estar cuando lleguemos a la verdad de lo que pasó esa noche. Mi hija, antes de conocer a ese tipo, era alegre, siempre andaba con una sonrisa y después todo cambió, su vida fue absorbida por el pololeo”, sentencia el padre de Franshesca.

Un mural en Vicuña con la leyenda «Justicia por Anaís». Foto: Municipalidad de Vicuña.

RECOPILANDO EVIDENCIAS: EL CAMINO PARA HACER JUSTICIA

-Mamá quiero conversar, me siento mal, me quiero morir. Ya no quiero estar, tengo una pena profunda que no me está dejando vivir. 

-Hijita, ¿he hecho algo malo? Ten la confianza porque podemos hacer algo, pero no tienes por qué pensar que esa es la salida, ¿tu pololo tiene algo que ver? 

-No.

-Amira, esa relación te enfermó, aunque tú me digas que no. 

Esta fue la conversación que tuvo Karin Guerrero, con Amira, de 16 años, una semana antes de que se suicidara. Su madre recuerda la confianza que tenía con su hija, se contaban todo y hablaban de la lucha feminista, de la que la adolescente era parte. Sin embargo, cuando inició su pololeo en 2020 no les contaba ciertas situaciones a sus padres, pero sí a sus amigas y a su psicóloga: estaba siendo víctima de violencia física y psicológica en su relación.

Amira es el tercer caso de suicidio femicida que la Red Chilena registró este año. El 10 de abril de 2021, Karin volvía del trabajo y encontró a su hija sin vida en el baño. No entendía por qué lo había hecho. Mientras la velaban, unas amigas de la menor le preguntaron: “Tía, ¿usted sabe lo que el pololo de la Amira le hacía?”. Ahí se enteró de situaciones de manipulación y violencia que había sufrido su hija: “Sabía que tenía que hacer algo, no puede ser que un tipo te maltrate al punto de destruir tu vida”.

Karin recopiló evidencias y empezó una búsqueda para visibilizar el caso de Amira. Escribió a universidades y agrupaciones para que la pudieran ayudar en el ámbito legal: “Me decían que no había una ley que tipificara el suicidio femicida. El portazo me lo daban en la cara, sin darme la oportunidad de mostrar lo que tenía”.

En su búsqueda, una organización feminista le comentó sobre el caso de Francisca Moll y que su madre, Rosa Elena Moreno, estaba preparando una querella contra el agresor de su hija con el estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. Fue ahí donde a Karin se le abrió una pequeña puerta e inició una querella en contra del agresor de Amira. “Me pidieron recopilar la mayor cantidad de información posible y cuando hablé con la abogada me felicitó, porque yo tenía una presentación con todo lo que había ocurrido desde el inicio”.

Paloma Galaz, abogada penalista de AML Defensa de Mujeres, es quien lleva las querellas judiciales de Rosa Elena Moreno y Karin Guerrero: “Nosotras buscamos entregarles a las familias una alternativa mediante la persecución de delitos previos. Estos pueden ser en el continuo de violencia en el que se vieron inmersas estas mujeres, niñas, adolescentes. Por ejemplo, violencia física, psicológica o sexual, y que nos puedan permitir perseguir al menos esos delitos cometidos”.

Para Carmen Gloria Rodríguez y Elena Dettoni, de la Coordinadora Ni Una Menos, existe una sensación de justicia cuando el agresor es condenado. Sin embargo, también, consideran que debe existir un cambio que garantice la prevención: “Lo principal está en tener un Estado que se comprometa, a través del gobierno de turno, para velar por la prevención de la violencia sistemática. Tener acceso a la justicia es lo mínimo que puedes tener, pero el acceso a la justicia es difícil para todas”.

“LA IMPUNIDAD ES PARA ELLOS, NO PARA NOSOTRAS”

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y después de analizar cada caso, de las nueve mujeres que se suicidaron entre 2016 y 2021, cinco habían realizado al menos una denuncia y/o tenían una medida cautelar en contra de sus agresores. Por otro lado, las familias de siete de ellas han presentado una querella en el Ministerio Público, siendo uno investigado por presunto femicidio. De los acusados, en la actualidad solo cuatro están privados de libertad: tres en prisión preventiva y uno condenado por otros delitos.

Francisca Moll es una de las mujeres que realizó denuncias por violencia previo a su deceso. Una de ellas la retiró tras la exigencia de su agresor, pero el fiscal decidió continuar con la causa. Francisca se enteró en 2020 que esa investigación no estaba cerrada: “El fiscal la llama y le dice: ‘Yo no soy quién para juzgarla, pero, lamentablemente, la mayoría de las víctimas retiran las acusaciones. Aunque usted la retire, yo sigo con ella hasta el final’”, recuerda su madre, Rosa Elena Moreno.

El pasado 13 de diciembre de 2021 se realizaría un juicio oral simplificado sobre esta causa, por los daños causados a Francisca Moll el 2 de octubre de 2019, pero el Ministerio Público lo aplazó por problemas administrativos, informando a Rosa Elena minutos antes de que iniciara. La audiencia será en cuatro meses más, el 12 de abril de 2022. “En días como este nuestro ánimo decae y nos sentimos decepcionadas y decepcionados, pero no se preocupen, no bajaremos los brazos, por Francisca y por todas las mujeres”, expresa la madre.

Independiente de lo que pase con el juicio, seguirá con la querella en conjunto con AML Defensa de Mujeres, buscando imputar al acusado por los delitos de lesiones menos graves y amenazas: “Es tremendamente relevante para las familias con las que nosotras trabajamos que se investigue. Este es el piso mínimo, ver qué fue lo que pasó y que podamos saber el máximo de información respecto de este continuo de violencia (…). También es importante que este proceso judicial aporte reparación, de la cual el sistema estatal no se hace cargo”, explica Paloma Galaz, abogada representante de la causa.

Tras la muerte de Francisca, su madre denuncia que ha sido hostigada por el agresor a través de llamadas o mensajes en WhatsApp. Aún así, dice que seguirá adelante con los juicios: “No tengo miedo de nada. Si él me manda a hacer daño, que me maten o algo, me está ayudando a llegar más luego donde mi hija (…). Pero estoy metida en esta lucha, de tratar de sacar la ley de protección a las mujeres. Ella me metió en esto, así que le pido a la ‘Panchi’ que, por favor, nos ayude”, dice Rosa Elena Moreno.

Karin Guerrero está consciente de lo difícil que puede ser llegar a imputar al agresor de su hija Amira por parte de fiscalía: “El que le toquen la puerta para mí ya es algo, que no quede echado para atrás haciendo su vida, como si nada hubiera pasado”.

Respecto a la impunidad que existe en casos de violencia de género que terminan como suicidio femicida, Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena, expresa: “Si la mujer se salva y mata al agresor, ella es condenada y es tratada como criminal. Si Francisca Moll hubiera matado al agresor, hoy lo más probable es que estaría detenida y siendo juzgada. Entonces, la impunidad es para ellos, no para nosotras, porque si ellas se suicidan, a ellos no les pasa nada. Pero si ellas se defienden y lo matan, son tratadas como criminales”.

*En memoria de Antonia Garros, Antonia Barra, Jacqueline Calfulaf, Anaís Godoy, Deysi Compay, Karina Cuevas, Francisca Moll, Amira y Franshesca González.