La falacia de «politizar lo técnico»: por una economía más humana

El debate macroeconómico acelerado por el cuarto retiro de las AFP no es sólo materia de expertos, congresistas y autoridades, se recuerda en esta columna de opinión, que alude a los altos niveles de deuda que persisten entre los chilenos, la ausencia de límites regulatorios al sistema financiero y a la incompetencia del sistema político para abordarlo. «La economía es real, pero consiste en un conjunto de transacciones entre personas, y constatar ese hecho no merma la natural libertad económica de las personas, sino que afirma sus límites éticos: son relaciones que deben regirse por la justicia».

Sigue avanzando en Chile el cuarto retiro del 10%: el pasado 28 de septiembre el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y despachado al Senado. Cualquiera que sea el resultado en la Cámara Alta, y por mucho que no les guste a los paladines del  modelo neoliberal, las AFP ya fueron políticamente sepultadas (basta con pensar que, en caso de aprobarse, prácticamente la mitad de los afiliados activos quedarían sin fondos; al menos, 5.5 millones de personas). El risible espectáculo de la derecha economicista acorralada, que vemos asir con su característico cortoplacismo y estrechez de miras las últimas tablas del naufragado sistema de pensiones, se aprecia en el rasgado de vestiduras que hemos visto en cada retiro previo. Los retiros han sido una mala política pública ―quizás necesaria en un comienzo por las circunstancias, y hay que reconocer que fue un gran respiro para muchas familias―, pero seguir dándole al bombo por los diarios con este tema para defender lo que queda de las AFP es casi tan penoso como el show populista de las izquierdas promoviendo por cuarta vez un retiro «único y excepcional» (en algunos casos, apoyado en la clara intención de «ponerle término» al sistema y con respaldo de argumentos propios del individualismo liberal). Casi todo el debate económico y social chileno de los últimos meses ―incluso a pesar de estar en curso un debate constitucional― ha quedado circunscrito a ese punto: un retiro más o no.

Mientras tanto, el pasado 31 de agosto el Banco Central aplicó un alza de 75 puntos-base a la tasa de interés, comunicando entre otras cosas que «el aumento de las tasas de interés de largo plazo ya ha comenzado a traspasarse al mercado hipotecario»[1]. Intereses que ya son altos afectan a diario a prácticamente la totalidad de la población chilena, que vive como esclavizada por deudas casi de por vida. Los retiros tendrán consecuencias económicas, por cierto, y por ende habrá repercusiones para personas; pero ese no es el único flanco que aqueja a la gente. Para muchas familias chilenas, la deuda es una cruda realidad: el año 2017, el 66 por ciento de los hogares estaba endeudado, según la encuesta financiera de hogares del Banco Central[2], y sus deudas constituyen un porcentaje alto respecto de sus ingresos anuales[3], lo que obviamente se traduce en agobio y presión para las personas sobre todo de clase media (presión que, junto con otros factores, vimos manifestada en octubre de 2019). La deuda de los hogares chilenos alcanzó un máximo histórico a finales de 2019, que equivalió al 74,9% de los ingresos disponibles, y los expertos estiman que aumentará todavía más con la crisis económica que trae la pandemia global por el nuevo coronavirus. «El sobreendeudamiento los podría estar haciendo vulnerables de caer en la pobreza, impidiendo salir de ella, o agudizando una situación de precariedad económica en la que ya se encuentran, al introducirlas en un círculo de deuda y altas tasas de interés, que es difícil de romper»[4].

Así, tenemos por un lado un sector populista que apoya los retiros sin mayor reflexión sobre sus consecuencias económicas. Por otro, los adalides del modelo no sólo exhiben sus números para oponerse a cada uno de los retiros de fondos de pensiones, sino que además se cierran a comprender la complejidad política, social y moral de la deuda[5]. En tanto la gente padece por la incompetencia del sistema político, ¿qué más urgente que terminar de una vez por todas con la usura que oprime a los más débiles? ¿Hasta cuándo los políticos con algo de sensibilidad social van a seguir apoyando medidas populistas (o, en el mejor de los casos, parchecuristas) en lugar de centrarse en reformas que se traduzcan en mejoras reales a largo plazo?

El Banco Central se orienta a la planificación macroeconómica, y en función de ella toma sus decisiones. Pero tras los gráficos y planillas Excel de la macroeconomía hay personas concretas, seres humanos que sufren en su carne cada peso que un sistema anónimo ―que en realidad son bancos y empresas concretas― les saca inevitablemente mes a mes, sin poder defenderse y muchas veces sin haber tenido alternativas reales. Personas cuyo sentido común más elemental les indica que lo que padecen es una injusticia que clama al Cielo. Se trata de algo bastante más complejo que «politizar una decisión técnica». No es puramente técnica: como toda decisión humana, es también una decisión ética. La economía es real, pero consiste en un conjunto de transacciones entre personas, y constatar ese hecho no merma la natural libertad económica de las personas, sino que afirma sus límites éticos: son relaciones que deben regirse por la justicia[6]. Un liberal diría que un adulto que consiente en el crédito y sus condiciones está dispuesto a asumir el costo, pero ¿y si vendiese un pedazo de su carne? No es lo mismo, por cierto, pero hay límites éticos en todo contrato; y en el préstamo de dinero, también.

El sistema financiero, con su radical separación entre capital y trabajo, es el gran pilar del modelo imperante, y la ausencia de límites regulatorios en la materia es una de las causas de la fragmentación social ―la «disociedad» de la que hablaba Marcel de Corte[7]― que hoy padecemos. Y es que la regulación hoy vigente es absolutamente liberal: apenas existen límites a los intereses, la tasa máxima permitida por la ley es enorme y la educación financiera de las personas es pobrísima. ¿No sería razonable por lo menos distinguir por montos? ¿No es acaso sensato pensar en soluciones para las familias de escasos recursos? ¿No valdrá la pena al menos prohibir el interés compuesto? Pretender cambiar el sistema actual únicamente dándole más protagonismo al Estado ―la salida fácil― sólo agravaría esta situación: se conservarían algunos elementos estructuralmente injustos del sistema capitalista y no recompondría el tejido social resquebrajado.

Es verdad que, por ambos lados del debate, los argumentos que se suelen exponer en torno a esta materia son muy superficiales, pero lo cierto es que muchos perciben la injusticia del sistema financiero actual, sobre todo respecto de personas naturales[8]. También es cierto que las reformas estructurales al respecto no han avanzado mucho, a excepción de la reciente prohibición del interés sobre interés por la mora, por parte de la Ley 21.314 (que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados). Sin duda, dicha prohibición constituye un avance, pero quedan muchos temas pendientes (imputación del pago, disminución de la tasa máxima convencional, agravar las sanciones penales por los abusos de bancos e instituciones financieras, mejorar la fiscalización de la CMF, entre otras posibles mejoras). Pero hay algunas buenas noticias: el pasado 7 septiembre se acordó refundir tres proyectos de ley para regular el mercado financiero. Uno de ellos ―presentado por diversos diputados de la DC y RN― comprende además una regulación bastante completa de la materia, con modificaciones relevantes a la ley de operaciones de crédito de dinero, al Código Civil y al Código Penal. Ojalá la Comisión de Economía dedique sus esfuerzos para poder estudiar este asunto y promover así una economía más humana.
  

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