Los millonarios pagos al alcalde Aguilera y los testimonios de sus subordinados que lo tienen al borde del precipicio

A pesar de que el, hasta ahora, reelecto alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), se defiende argumentando que la causa judicial que lo tiene en calidad de imputado desde 2017 es solo un montaje de sus rivales políticos y la prensa, la investigación de la Fiscalía Sur contiene antecedentes explosivos relacionados con los millonarios pagos que el edil recibió entre 2012 y 2017. En total, registra $283 millones en depósitos en efectivo, una cifra superior a la remuneración que percibió como alcalde en todo ese periodo. Esos pagos podrían explicarse por lo que contaron en la Fiscalía sus ex hombres de confianza: Aguilera era parte de un mecanismo fraudulento que cobraba un porcentaje de los dineros públicos pagados a empresas que se adjudicaban licitaciones.

El próximo 21 de junio el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, enfrentará la formalización del Ministerio Público asediado por todos los frentes. Ese día los fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora lo acusarán por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y las pruebas que pondrán sobre la mesa del 15° Juzgado de Garantía son una bomba que el alcalde nunca esperó, y para las que, hasta ahora, no ha entregado ninguna explicación.

En paralelo, Aguilera deberá enfrentar la repetición de la elección que lo había coronado por tercera vez consecutiva como alcalde de San Ramón. El Tribunal Electoral Regional ordenó repetir los comicios en el 25% de las mesas de la comuna, luego de que detectara irregularidades en la votación del 15 y 16 de mayo. En esa contienda Aguilera se mostró débil, como nunca antes. Si en 2012 obtuvo la alcaldía con el 50,3% de los votos, y en 2016 lo logró con un 70,2%, ahora apenas llegó al 23,98%.

Entre las dos últimas elecciones Aguilera enfrentó un huracán de denuncias que apuntó a su presunta relación con narcotraficantes y a una serie de episodios de corrupción que tienen a su ex concejal de confianza (José Miguel Zapata) cumpliendo prisión preventiva en Santiago 1, y a él mismo acusado de tres delitos graves. Ahora, CIPER revela parte de las pruebas que muestran cómo las cuentas corriente del alcalde se engrosaron sin explicación legal, y cómo sus ex colaboradores le dieron vuelta la espalda y declararon ante la Fiscalía que Aguilera se quedaba con parte de los dineros públicos que estaban destinados a mejorar la vida de los habitantes de San Ramón.

El primer testimonio que acusó a Aguilera de quedarse con parte de esa plata, lo entregó a la Fiscalía el 2 de noviembre de 2017 Luis Campos, ex colaborador del alcalde y militante durante 26 años del PS: “Yo sabía que Miguel Ángel operaba en la modalidad de la comisión o soborno, ya desde sus tiempos de concejal”. También entregó detalles de la supuesta relación de Aguilera con narcos, cuando se le consultó por otros pagos: “Estos corresponden a operaciones en las que el funcionario municipal Carlos Adema se relacionaba con el ‘Chino’ Pinto, recibiendo dineros de este último que estaban destinados a la campaña de 2012 del alcalde Aguilera”.

Campos aseguró que luego de que Aguilera consiguiera quedarse con la alcaldía, se pagaban boletas de honorario destinadas a cubrir la supuesta deuda de campaña contraída con el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto (vea reportaje de CIPER “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política”).

Miguel Ángel Aguilera.

Poco a poco, los ex hombres de confianza de Aguilera le fueron dando vuelta la espalda. A mediados de 2018 declaró Roberto Martínez, ex administrador electoral y encargado de la seguridad en el municipio. Él cayó en desgracia luego de que concurriera a comprar balas por orden del “Chino” Pinto y fuera descubierto por la policía (vea reportaje de CIPER). De hecho, declaró desde la prisión:

“El enriquecimiento ilícito del alcalde y las personas más cercanas a él viene por el lado de las licitaciones públicas. Las empresas se adjudicaban las licitaciones por un sistema de diseño de bases de licitación a medida de la empresa, y luego de eso la gente de esas empresas le pagaban una coima al alcalde en efectivo”, aseguró Martínez.

Fue cosa de tiempo para que otros cercanos a Aguilera hablaran. En el expediente judicial se detallan episodios de entrega de millones de pesos en bolsas de nylon en el estacionamiento de una multitienda, depósitos en efectivo en distintas sucursales bancarias y una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que desde el principio convenció a los fiscales de que algo andaba mal en las cuentas del alcalde. Esa alerta de los bancos fue adelantada por CIPER en octubre de 2017.

La investigación judicial logró tal nivel de detalle, que hoy la Fiscalía Sur, que lleva adelante la investigación, tiene la trazabilidad de cómo parte de los dineros adjudicados mediante licitación a una empresa del ex concejal José Miguel Zapata, terminaron en las cuentas de Aguilera.

LA TRAZABILIDAD DE LOS PAGOS

Un informe de 80 páginas evacuado por la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI el 22 de abril pasado, detalla giros, depósitos y transferencias, realizados por el municipio de San Ramón y por la Gobernación Regional Metropolitana, a favor de dos empresas que entre 2013 y 2017 se adjudicaron licitaciones en esa comuna. Ambas cuentas, de las sociedades Synthesis Consultores  y Asesoría e Investigación Social (AEIS), figuran con traspasos en dinero al ex funcionario y ex concejal de San Ramón, y estrecho colaborador de Aguilera, José Miguel Zapata, formalizado en mayo pasado por los delitos de cohecho y negociación incompatible.

Se trata de ocho licitaciones, una adjudicada por Synthesis Consultores y las otras por AEIS. Esta última fue fundada por el propio Zapata. El informe revela que en el contexto de esas licitaciones, se efectuaron depósitos en efectivo en cuentas personales del alcalde y que, según cifras y fechas de las transacciones, estas se relacionan con giros también realizados en efectivo, desde las cuentas de la empresa que formó su excolaborador y que se adjudicó estas licitaciones.

“Estas operaciones”, explican los policías en sus conclusiones, “vinculan por fecha y similitud de monto a las cuentas corrientes de dicha empresa y del alcalde de ese municipio, Miguel Ángel Aguilera, dando sustento a los dichos vertidos en las declaraciones brindadas ante la fiscalía por Roberto Martínez, Marcelo González y Daniel García -excolaboradores de Aguilera-, de las que se desprende que el citado alcalde recibía dinero en efectivo provenientes de las licitaciones que adjuntaba el municipio de San Ramón”, concluyen.

Según la trazabilidad realizada, los pagos más altos recepcionados en la cuenta bancaria de Aguilera se relacionan con la licitación 438-34-LE14, adjudicada por AEIS el 11 de agosto de 2014: $42 millones pagó San Ramón por la supuesta contratación del “Servicio de elaboración de proyectos de infraestructura pública”. Para entonces Zapata ya no era funcionario de la municipalidad y trabajaba como Jefe de la División de Análisis y Gestión del Gobierno Regional Metropolitano. Y la empresa AEIS que él formó en 2007, recibió un primer pago en su cuenta corriente del banco BCI por la licitación el 28 de noviembre de ese año con la mitad del monto: $21 millones. Según consta en las cartolas, seis días después de ese pago, el 4 de diciembre, desde esa misma cuenta se realizaron dos giros en efectivo: uno por $10 millones y otro por $5 millones. Y en esa misma jornada, Aguilera recibió en su cuenta personal del Banco Estado la cifra de $9,9 millones.

Luego, el 9 de febrero 2015, día en que se realizó el segundo pago por esta licitación, por la suma de otros $21 millones, en las cartolas bancarias de AEIS y de Aguilera se constata otra coincidencia. En la cuenta de la empresa se efectúa un giro de $4 millones y el mismo monto aparece, en esa jornada, en una de las cuentas del alcalde.

Municipalidad de San Ramón

Los detectives señalan que existe otra relación de depósitos similares, idéntica a la primera y realizada un par de meses después. Según los registros bancarios, el 25 de febrero de 2015, desde la cuenta de AEIS se extrajeron $10 millones y, el mismo día, Aguilera recibió un depósito por $9,9 millones. En total, se cifra en $24 millones el monto asociado a Aguilera por esta licitación.

En el informe se alude a otra licitación donde hay coincidencia de montos en efectivo trazados entre las cuentas de la sociedad de Zapata y las de Aguilera, pero por un monto menor. Se trata de la licitación 438-61-LE15, titulada “Servicio de elaboración línea de base y plan de prevención y seguridad”, adjudicada por AEIS el 25 de septiembre de 2015. ¿El monto? $14.950.000. La primera cuota de pago se efectuó el 18 de diciembre de ese año y fue de casi $3 millones. Un mes después, el 12 de enero de 2016, desde la cuenta de AEIS se traspasaron $3.700.000 a una de las cuentas personales que Zapata poseía en el banco BCI. Ese mismo día, el ex concejal transfirió $3 millones a una cuenta en el Banco Santander de Aguilera.

En otra licitación, adjudicada el 28 de agosto de 2015 y que se titula “Diseño del proyecto de reposición del Centro de Salud Familiar La Bandera San Ramón” (438-43-LP15), AEIS le traspasó $10 millones de los $66 millones totales del costo del proyecto, a su fundador Zapata. Y en otra de las licitaciones, denominada “Diseño de paseos peatonales calle Bandera, tramo Avenida Ossa-Valencia Leiva, comuna de San Ramón” (438-40-LP15), también adjudicada por AEIS y cuyo último pago de un total de $54 millones pactados se realizó el 17 de mayo de 2017, se detectaron transferencias a un funcionario de San Ramón, Carlos Soto, por $900 mil, contraparte técnica de otra licitación adjudicada por AEIS.

Dos de las seis licitaciones adjudicadas por AEIS que contempla este informe, fueron desestimadas y excluidas de la trazabilidad porque no se efectuaron pagos.

Pero existe una séptima licitación que pactó San Ramón con Synthesis Consultores, representada legalmente por Sergio Valdés. El 20 de octubre de 2013 se adjudicó la licitación “Servicio de formulación y evaluación socioeconómica de proyectos de infraestructura pública, 438-28-LE13, por $23,8 millones. Zapata fue parte de la comisión evaluadora de esa licitación y luego de que Valdés permitiera a la Fiscalía revisar las cuentas de su empresa, se constató que desde Synthesis, una vez que San Ramón le efectuó pagos de la licitación, se transfirió a AEIS un monto de $3,2 millones y también $1 millón a una de las cuentas personales de Zapata.

El concejal David Cabedo (RN), quien es uno de los candidatos que le disputa la alcaldía a Aguilera, señaló a CIPER que “después de cuatro años, la verdad se empieza a imponer, y van saliendo a la luz muchas de las cosas que uno ha venido denunciando como concejal. Ya habíamos tenido algunos antecedentes de esto en la audiencia de formalización del ex concejal Zapata, donde el fiscal había señalado que existían movimientos de una suma de dinero desde la cuenta personal de Zapata a la de Aguilera. Imagino que en la formalización que se realizará el 21 de junio conoceremos más detalles de ese tipo”.

“ESTA PLATA ES PARA EL ALCALDE”

Hasta marzo de 2021, la Fiscalía acumulaba una serie de pruebas que apuntaba a que algunas licitaciones en San Ramón adolecían de serios vicios legales. Sabía cuáles eran los montos involucrados, las operaciones bancarias sospechosas y el nombre de los protagonistas. Pero faltaban dos piezas clave: las declaraciones de los imputados Daniel García Vega y Marcelo González Matus, quienes registraban depósitos millonarios hechos a la cuenta de Aguilera y, en el caso del primero, también a la de la esposa del alcalde.

El 25 de marzo pasado, Daniel García entregó su testimonio ante el fiscal Víctor Núñez y un funcionario de la PDI. El inicio de la transcripción de su testimonio, revisado por CIPER, revela que García sabía a lo que se enfrentaba:

“Conozco la razón por la que fui citado a esta causa a declarar como imputado, debido a que aparezco como depositante en diversas oportunidades en dinero en efectivo a las cuentas del alcalde de San Ramón, don Miguel Ángel Aguilera y su señora Giovanna Barrera Pino, por varios millones de pesos; así como diversos pagos que efectué desde mi cuenta corriente a favor del alcalde por diversos servicios”.

En su relato, García expuso que era “jefe de agenda o jefe de gabinete” de Aguilera, pero de manera informal, pues su remuneración rondaba los $600 mil. El edil confiaba en él y le encomendaba, por ejemplo, que depositara dinero en efectivo en su cuenta o en la de su esposa.

García confirmó que lo hizo varias veces y que el alcalde le entregaba el dinero y las instrucciones que debía seguir:

“Frente a la pregunta si yo efectuaba depósitos en efectivo en la cuenta corriente del alcalde Aguilera, puedo decir que eso es efectivo (…) en todos los casos fue usando dinero en efectivo que me pasaba el mismo alcalde Aguilera con el encargo de ir a depositarle; en ninguno de esos depósitos se trata de dinero que me hubiera entregado otra persona distinta a él”.

Miguel Ángel Aguilera

Consultado por si alguna vez preguntó o supo del origen del dinero que le entregaba el alcalde, García contestó que no.

Respecto de los pagos que realizó desde su cuenta a la de Aguilera, García recordó solo algunos episodios: cuando depositó dinero para que Giovanna Barrera comprara pasajes a Londres, cuando tuvo que cubrir una cena en el hotel Sheraton, y cuando se hizo cargo de los gastos comunes que le correspondían pagar el alcalde por su casa en La Florida y, posteriormente en La Reina.

“Una vez el alcalde me preguntó si yo tenía cuenta corriente y una vez que le dije que sí, me comenzó a pedir que le hiciera diversos pagos; en ese momento yo lo interpreté como un préstamo porque tal vez no le alcanzaba el dinero para pagar esos gastos totalmente, aunque ahora pienso que pudiera ser porque no quería aparecer efectuando esos gastos”, acotó García.

Sin embargo, su rol no se limitaba exclusivamente a realizar depósitos. El segundo testimonio clave, aportado por Marcelo González Matus, dejó en evidencia que García también era un agente cobrador de Aguilera.

González, también imputado, prestó declaración el 26 de marzo pasado. Fue requerido en su calidad de proveedor de servicios de transporte al municipio y, además, porque aparecía como “depositante en la cuenta corriente de Daniel García Vega por $400.000”, como advirtió en su propia declaración.

En su testimonio, González explicó que se dedica al transporte de personas, oficio que heredó de su padre, quien mantenía contratos con San Ramón desde 1998, cuando el alcalde era Pedro Isla (DC). Y narró como tuvo que pagar para ganar la licitación del servicio:

“Una vez asumido Miguel Ángel Aguilera como alcalde, me llamó a su oficina un señor de apellido Martínez, este era un señor de bigotes y barba (…) y me pidió $800.000; me señaló que ‘tenía que ponerme’ para una licitación con ese dinero; recuerdo que me refirió que tenía que ponerme con un porcentaje de la licitación; recuerdo que me dijo que esas platas eran para el alcalde Aguilera. Recuerdo que en esa oportunidad el dinero se lo pasé en efectivo al mismo Martínez en su oficina. Este dinero se refería a la licitación de servicios de transporte que se venía y permitió que se me adjudicara la licitación”, aseveró González.

Municipalidad de San Ramón.

La escena se repitió al año siguiente, pero dijo que el funcionario que lo contactó para pedirle dinero, fue Daniel García. Según González, esa vez le pidieron $800 mil. “Debo decir que siempre me llamó mucho la atención y recuerdo hasta ahora que Daniel García me dijo (que) esta plata era ‘para el alcalde’”, agregó el transportista.

El papel de García como cobrador no termina allí. El episodio más llamativo de la declaración de González también lo sitúa como protagonista, e involucra una suma de dinero mucho mayor a la declarada hasta ahora:

“Existió otra oportunidad, no recuerdo exactamente la fecha, donde Daniel García me pidió $5.000.000 señalándome que yo tenía muchas facturas pasadas a la Municipalidad y que iba a facturar entonces harto dinero, entonces me pidió esa cantidad de dinero para que tramitaran mi pago, señalándome como siempre ‘esta plata no es para mí, es para el alcalde’”.

Según su declaración, González gestionó un avance en efectivo en Banco Falabella para recaudar el dinero y se juntó con García en el estacionamiento de Sodimac en el paradero 23 de Gran Avenida. La transacción fue sellada con el traspaso de los $5 millones en una bolsa de nylon, aseguró el imputado.

“Recuerdo que llegué al lugar en uno de mis furgones blancos Peugeot, se trataba de un estacionamiento de superficie no techado, me lo encontré caminando, yo me bajé, quedando ambos parados frente a mi vehículo y le entregué la bolsa con dinero”, admitió González ante el Ministerio Público y la PDI.

Hasta la fecha, Marcelo González Matus registra en Mercado Público 212 licitaciones ganadas en la Municipalidad de San Ramón, entre 2008 y 2019. De ellas, 168 se las adjudicó desde que Aguilera asumió como alcalde.

LA ALERTA FINANCIERA

En octubre de 2017 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) desde un banco por una cuenta del alcalde Aguilera que “durante el periodo comprendido entre enero del año 2014 a marzo del año 2016, habría percibido altos montos de dinero en efectivo, de los cuales, se desconoce su origen y destino”.

Las señales de alerta fueron cinco. Según el informe de la UAF, al que CIPER tuvo acceso, lo primero que llamó la atención de los bancos fueron “operaciones que no se condicen con capacidad económica y perfil del cliente”. Solo durante 2014 el alcalde registró abonos en una cuenta vista por $108,9 millones, lo que no se ajustaba a su remuneración como alcalde.

La segunda campanada fueron los “altos montos de dinero en efectivo sin origen ni destino conocidos”. En el periodo analizado, registró depósitos en efectivo por $118 millones en un banco y giros, por caja y cajeros automáticos, por $105,8 millones. La tercera señal fue un depósito de $5 millones realizado por Aguilera al exconcejal Zapata. La compra de la casa en La Reina por $339 millones en 2016 también llamó la atención de la UAF. Y el quinto fue que tanto Aguilera como sus tres hermanos “registran consultas del Ministerio Público por el delito de Lavado de Activos”.

El 11 y 12 de junio de 2018 el juez René Cerda, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó el alzamiento del secreto bancario de cuentas de Aguilera entre enero de 2012 a diciembre de 2017.

Según el análisis de la PDI, contenido en un informe al que CIPER tuvo acceso, dos cuentas bancarias del alcalde registran depósitos en efectivo por $283 millones entre 2012 y 2017. Cifra superior a los $262 millones que percibió en el mismo periodo de tiempo por su labor como alcalde de San Ramón.

En una chequera electrónica que Aguilera mantuvo en el Banco Estado hasta el 8 de mayo de 2017, se registraron depósitos por $240 millones. De ese total, $143 millones fueron depositados en efectivo. En la sucursal de La Cisterna del Banco Estado es donde se concentró la mayoría de esos depósitos: $75 millones.

José Miguel Zapata, ex concejal de San Ramón.

En una de sus cuentas corriente del Banco Santander, Aguilera registra $381 millones en depósitos entre noviembre de 2013 y diciembre de 2017. De ese total, $173 millones corresponden al pago de su sueldo por parte de la Municipalidad de San Ramón, y otros $139 millones por depósitos en efectivo. Algunos de esos depósitos tienen remitente: la mayoría fueron realizados por su ex jefe de gabinete Daniel García ($39,2 millones) y otros tantos por su hermana, la consejera regional y miembro del Comité Central del PS Mónica Aguilera ($11,1 millones). Los giros desde esa cuenta también llamaron la atención de los policías: $128 millones fueron retirados por caja.

El informe de la PDI detalla operaciones que estarían destinadas a “fraccionar” depósitos en efectivo, para así evitar la alerta de los bancos, los que están obligados a reportar los depósitos que superen cierto umbral de dinero. Lo anterior se ejemplifica con tres depósitos realizados entre el 20 y el 28 de noviembre de 2014 en la chequera electrónica de Aguilera en Banco Estado, los que sumados llegan a $19,9 millones. Lo mismo había ocurrido en febrero de ese año con dos depósitos en tres días que sumaban $18 millones.

En la cuenta corriente de Aguilera en el Santander ocurre lo mismo. El 12 de julio de 2016 su ex jefe de gabinete, Daniel García, le depositó $9 millones fraccionados en tres abonos distintos hechos en la misma sucursal de Américo Vespucio. El mismo día alguien identificado como “Marcelo” depositó otro $1,8 millón en la misma sucursal.

Sobre las salidas de dinero en efectivo de las cuentas, el informe también pone el acento en actividades sospechosas. Por ejemplo, nueve giros de $1 millón cada uno realizados el 4 de julio de 2014 en el ServiEstado de Teatinos. El 2 de enero de 2015 hubo una operación similar: siete giros por un total de $9,9 millones en la misma sucursal.

Hay muchas operaciones de ese tipo. El informe de la PDI también analiza el mismo tipo de depósitos bancarios realizados en la cuenta corriente de la esposa del alcalde en el Banco Santander.

LA EXPLICACIÓN DE AGUILERA POR LA CASA EN LA REINA

Dentro de la carpeta judicial, hay un informe pericial contable encargado por la defensa de Aguilera -particularmente por la abogada Andrea Rivera- que busca establecer el origen y la justificación del dinero con que el alcalde de San Ramón compró una propiedad en Álvaro Casanova (La Reina) en 2016, por la que pagó $339,4 millones, de los cuales aportó más de $100 millones en efectivo.

Firmado en junio de 2019 por el contador auditor Leonardo Quintanilla Espinoza, el documento examina los movimientos bancarios de Aguilera y concluye que la compra de la propiedad está plenamente justificada, basándose en tres fuentes de ingresos: las remuneraciones que recibió como alcalde, la venta de su casa ubicada en La Florida ($160 millones) y un crédito hipotecario que obtuvo ($222 millones).

Si bien los cálculos expuestos por el auditor cubren el gasto total de la compraventa de la propiedad ubicada en La Reina, el desglose de los abonos que recibió entre enero de 2014 y 2016 evidencian pagos en efectivo que no detallan su procedencia, o bien, que provienen de funcionarios municipales que están siendo investigados por la justicia, como Zapata y Daniel García.

Asimismo, el informe se basa mayoritariamente en que Aguilera logró firmar una promesa de compraventa en 2014 por la casa que habitaba en La Florida. Sin embargo, según el registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago consultado por CIPER, esa propiedad la vendió recién en agosto de 2019, tres años después de adquirir el inmueble ubicado en La Reina. En otras palabras, Aguilera tendría que haber comenzado a recibir pagos por la casa que vendió cinco años antes de cerrar definitivamente el trato.

Un informe de la PDI incluido en el expediente judicial cuestiona esa explicación. Dice que la escritura de compraventa del inmueble de La Florida señala que $125 millones fueron pagados antes de que se firmara la compraventa, pero que “en ninguna parte de ese documento se hace mención dónde se encuentra esa promesa de compraventa, es decir, dónde y cuándo fue celebrada (…) tampoco figuran comprobantes de pago, que justifiquen y/o hagan mención a la compra de esta propiedad. Esto es importante, ya que al no existir respaldos de estos pagos, no se tiene seguridad si realmente fueron realizados”.

Las personas representantes de la sociedad que aparece comprando la casa de Aguilera en La Florida en 2019, registran condenas por el delito de estafa “en carácter de reiterada”. Estas mismas personas figuran en una querella presentada por el SII por “haberse organizado criminalmente, constituyendo 55 empresas de papel y facilitar 37.527 facturas falsas a ocho contribuyentes distintos, por operaciones comerciales que nunca habrían realizado”, señala el informe de la policía civil.

CIPER se contactó con el alcalde Aguilera, quien no quiso entrar en detalles y señaló que todo lo expuesto en este reportaje “tiene una explicación”.