El legado del general Rozas

«Quedará como legado de la gestión de Rozas y en la historia de Carabineros, los cientos de mutilaciones oculares; quedarán los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay; las denuncias de vejámenes sexuales, la violencia contra niños y niñas, la política de copamiento de la Plaza Dignidad, el atropello entre dos carros celulares de Óscar Pérez, el reciente caso del joven de 16 años lanzado al cauce del río Mapocho y el uso indiscriminado y desproporcionado de perdigones, gases lacrimógenos, gas pimienta, agua combinada con productos químicos que han afectado a miles de manifestantes que han hecho ejercicio del legítimo derecho a la protesta social (…) Esta situación ha tenido un profundo impacto en la confianza ciudadana en Carabineros».

(Claudio Nash Rojas es doctor en Derecho, Coordinador Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile)

Carabineros ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para esta segunda presidencia de Sebastián Piñera. A los pocos días de asumir (14 de marzo de 2018), se aceptó la renuncia de un controvertido director, Bruno Villalobos, que pese a la crisis por el fraude en la institución que involucraba al alto mando y el escándalo por la operación Huracán había permanecido en su cargo por decisión de la Presidenta Michelle Bachelet. Era una señal interesante la que daba Piñera: no se tolerarían estas situaciones anómalas en la institución.

Piñera nombró a Hermes Soto, quien sería el director de Carabineros con el mandato más breve en la institución, ya que solo meses después de su nombramiento debió salir cuestionado por el actuar de Carabineros en el asesinato de Camilo Catrillanca, la tortura de un adolescente y una serie de actos destinados a encubrir y distorsionar los hechos. Además, ya se comenzaba a denunciar, particularmente por estudiantes secundarios, la dura represión de Carabineros a las manifestaciones estudiantiles. Hermes Soto se negó a renunciar, por lo que fue necesario implementar un procedimiento de remoción, el que incluso, implicó una sesión extraordinaria del Congreso. Tiempos turbulentos en una institución fundamental para la gestión de cualquier gobierno.

De esta forma, el 21 de diciembre de 2018, asume el general Mario Rozas, quien había sido edecán del Presidente Piñera en su primer mandato, como un hombre de confianza de Piñera, cuyo nombramiento había tenido un alto costo: Rozas carecía de liderazgo dentro de la institución y para nombrarlo, había sido necesario, nuevamente, remover a buena parte del alto mando (debieron salir 10 generales para que Rozas quedara dentro de las cinco antigüedades que permitieran su nombramiento como director general).

Los primeros meses del mandato de Rozas, a quien se le había encargado una sempiterna “modernización” de la institución, transcurrieron con relativa tranquilidad, salvo en un aspecto que, en aquella época, poco llamaba la atención de la ciudadanía: la militarización de Carabineros en el sur del país seguía inalterada y las movilizaciones estudiantiles que, se iban intensificando, eran duramente reprimidas por Carabineros.

Así, llegamos a octubre de 2019. Las movilizaciones de los estudiantes secundarios contra el alza del metro fueron en aumento y tuvieron su momento cúlmine, el viernes 18 de octubre, cuando las protestas dejan de ser un tema sectorial y se transforman en el principal movimiento de movilización social desde el retorno a la democracia.

Aquí vino el punto de quiebre para Rozas, para Carabineros y para Chile: el Gobierno apostó por una respuesta represiva ante las movilizaciones. Se impuso la lógica de la guerra “ante un enemigo poderoso” como señaló el presidente Piñera.

El objetivo de restablecer el “orden público” a cualquier precio implicaba un rol central de Carabineros, más aún, cuando se demuestra que la dictación del estado de excepción constitucional de emergencia, con la presencia de militares en las calles, tenía un alto costo para el Gobierno y no había tenido el efecto disuasivo esperado. Eso dejaba vinculado el destino del Gobierno con el destino de Carabineros. Una estrategia represiva requería de una institución que hiciera el trabajo y ese no era otro que Carabineros de Chile dirigido por el hombre de confianza del Presidente, el general Rozas.

En este punto, el de las confianzas, hay que reconocer que el respaldo del Presidente se mantuvo incólume. Sacó a tres ministros del Interior (incluyendo a su primero, Andrés Chadwick), sorteó cuatro acusaciones constitucionales, incluyendo una contra el propio Presidente y Rozas se mantenía en el cargo. Un desgastado director general solo termina cayendo como consecuencia de un nuevo acto de uso desproporcionado de la fuerza de Carabineros contra niños (disparos contra niños en una residencia del SENAME en Talcahuano) y el propio Presidente lo despide con sentidas palabras de “aprecio, admiración y gratitud por la labor cumplida”.

El balance de la gestión Rozas en materia de Derechos Humanos es desolador. A un año del 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 2.520 querellas por violación de derechos humanos; 1730 de ellas por apremios ilegítimos; 460 por torturas; 35 por homicidio frustrado y, de ellas, 2340 son contra Carabineros. Las personas privadas de libertad, conforme la información entregada por el INDH fue de 11.389.

El Ministerio Público a un año del 18-O ha informado 8.827 víctimas de la violencia institucional, de las cuales 6.626 son investigaciones contra Carabineros.

La Defensoría de la Niñez, en su informe Anual 2020, ha señalado que “el Estado de Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en territorio nacional, durante el periodo del estallido social” (pag. 152).

En este escenario, que más ha impactado en Chile y el mundo, es que, a la fecha, más de 460 casos de personas han sufrido trauma ocular provocado por disparos de por parte de Carabineros y se han denunciado 257 casos de violencia sexual.

En definitiva, quedará como legado de la gestión de Rozas y en la historia de Carabineros, los cientos de mutilaciones oculares y, particularmente, los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay; las denuncias de vejámenes sexuales, la violencia contra niños y niñas, la política de copamiento de la Plaza Dignidad, el atropello entre dos carros celulares de Óscar Pérez, el reciente caso del joven de 16 años lanzado al cauce del río Mapocho y el uso indiscriminado y desproporcionado de perdigones, gases lacrimógenos, gas pimienta, agua combinada con productos químicos que han afectado a miles de manifestantes que han hecho ejercicio del legítimo derecho a la protesta social. Impacta saber que, tal como lo denunció CIPER, en solo las primeras dos semanas de movilizaciones sociales, Carabineros disparó 104.000 tiros de escopeta contra manifestantes desarmados. Eso no es aislado, no es aleatorio; es una política de ataque contra la población civil.

Esta situación ha tenido un profundo impacto en la confianza ciudadana en Carabineros. Los continuos abusos, la violencia desmedida, la desproporción en los procedimientos policiales habituales, el trato discriminatorio respecto de las protestas de partidarios del Gobierno, han generado una sensación de desconfianza que ha llegado a niveles críticos.[1]

Las explicaciones de las autoridades y, particularmente, las del general Rozas y el alto mando, en orden a que estos eran casos aislados de incumplimiento de protocolos, era completamente inverosímil. Estábamos ante una línea de conducta consistente, de alcance nacional y perdurable en el tiempo de graves violaciones de derechos humanos.

En este sentido, si hay un punto en que coinciden todos los informes internacionales y nacionales sobre la situación en Chile es en la responsabilidad de Carabineros en las violaciones de derechos humanos.

Un informe particularmente duro fue el de Human Rights Watch (solicitado por el Gobierno) que concluyó:

“Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes”.

Hace pocos días, Amnistía Internacional, presentó un informe dedicado, precisamente, relativo a las responsabilidades de mando en Carabineros, donde concluye:

“Las violaciones de derechos humanos no podrían haber sido generalizadas si los mandos estratégicos de la institución con potestad para ello hubieran tomado todas las medidas necesarias y a su alcance para prevenir que las mismas violaciones (de las que tuvieron conocimiento), se repitieran a diario” (pag. 107)

De esta forma, una de las cuestiones más complejas para el saliente general Rozas y para quienes lo han sucedido en la institución será asumir las responsabilidades por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Es lo que la Comisión Interamericana en su histórica visita a Chile, en enero 2020, calificó como “una grave crisis de derechos humanos”.

El alto mando de Carabineros ya está siendo investigado por la Contraloría General de la República por las eventuales responsabilidades de tipo administrativo en la gestión de la crisis. Asimismo, están en tramitación una serie de querellas para determinar las responsabilidades penales que puedan involucrar al alto mando y a las autoridades políticas. Incluso, hay querellas en lenta tramitación por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente y el propio Rozas. De esta forma, no es descartable que incluso en el ámbito internacionales se desarrollen investigaciones penales si la justicia en Chile no da una respuesta adecuada y proporcional frente a las denuncias por graves violaciones de derechos humanos desde el 18 de octubre hasta la fecha.

Lo que viene para Carabineros una vez que Rozas ha dejado el mando en la institución no es fácil. Hace solo pocos días el general Rozas propuso un nuevo alto mando de su confianza y continuado de las políticas por él impulsadas y el Presidente Piñera ha optado por un nuevo mando de continuidad, nombrando al segundo hombre de Rozas como director general, Ricardo Yáñez. Da la impresión de que dicho alto mando era, precisamente, la última de las acciones de Rozas en la institución, dejar todo “atado, bien atado”.

No se ve posibilidad real de avanzar en las tareas urgentes de la institución sin cambios de fondo y no solo de nombres.

Son tres los niveles en que se debe actuar: el inmediato, cesar con las violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en el marco de la política represiva implementada desde octubre pasado y esa es una decisión política radicada en el presidente Piñera.

En el mediano plazo, urge reestructurar el sistema de control interno y externo de la institución para evitar que continúen los casos de corrupción, violencia y discriminación que se han instalado hacia el interior de la institución y en su relación con la ciudadanía.

En el largo plazo, pero para eso habrá que esperar un nuevo gobierno con legitimidad para hacerlo, una refundación de Carabineros para contar, al fin, con una policía al servicio del pueblo y la democracia.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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NOTAS Y REFERENCIAS

[1] Según encuesta Cadem de 12 de octubre de 2020, solo un 13% “resta o admira” la institución. Ver el siguiente enlace.