Prácticamente detenida se encuentra la investigación de la Fiscalía sobre autoridades –como el Presidente y los ex ministros Chadwick y Blumel– por su eventual responsabilidad en delitos de lesa humanidad. No se han tomado declaraciones y la pesquisa sólo reúne listas de armamento, protocolos para el uso de la fuerza y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y Ejército, entre otras informaciones genéricas que se pidieron a fines del año pasado e inicios de este. El tema cobra vigencia ahora que la defensa del Presidente en otra causa –por el manejo de la pandemia– pidió la remoción del fiscal a cargo.

Con extrema lentitud avanza la investigación iniciada a raíz de las cinco querellas contra el Presidente Sebastián Piñera, el general director de Carabineros Mario Rozas, y los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel –entre otras autoridades–, por sus eventuales responsabilidades en supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social. A nueve meses de interpuestas las acciones judiciales, ni siquiera se han completado las diligencias iniciales solicitadas por los querellantes. Tampoco se han tomado declaraciones, aunque sea por oficio, a los involucrados. Así lo corroboró CIPER tras revisar la carpeta del caso, a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Hasta ahora, la pesquisa sólo reúne listados del armamento policial utilizado en el control del orden público durante las manifestaciones; los protocolos sobre el uso de la fuerza publicados en el Diario Oficial; los programas de los cursos que siguen los funcionarios de Carabineros sobre el empleo de armamento “no letal”; antecedentes de casos individuales que podrían constituir violaciones a los derechos humanos y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y el Ejército, entre otras informaciones genéricas de tipo documental.

En todo caso, al cabo de estos nueve meses, la Fiscalía tampoco logra que todos los organismos requeridos respondan las solicitudes de información que ha enviado.

El tema cobra vigencia ahora que los abogados del Presidente Piñera han pedido, en otra causa, la remoción del fiscal a cargo de esa indagatoria. Se trata de la investigación que afecta al mandatario, al ex ministro de Salud Jaime Mañalich y a los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, por presunto “actuar negligente y grave” en el control de la pandemia de Covid. Los abogados de las autoridades que enfrentan esta querella –presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC)– pidieron al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que remueva al persecutor Marcelo Carrasco debido a que en una audiencia efectuada en junio habría vulnerado el principio de objetividad: “Somos objetivos, no podemos ser neutrales”, fue la frase de Carrasco que cuestionan los abogados del Presidente.

LA RESPUESTA DE LA FISCAL

Consultada por la lentitud con que se está desarrollando la indagatoria sobre la eventual responsabilidad de autoridades en posibles delitos de lesa humanidad, la fiscal Perivancich optó por remitir una declaración escrita a CIPER. En ella señaló escuetamente: “No es efectivo que no se haya avanzado en la causa. Se ha dado lugar a la mayor parte de las diligencias solicitadas por las partes querellantes. Y se ha insistido en la remisión documental de antecedentes pendientes despachados a organismos públicos y privados”.

Agregó que no se referiría a las diligencias pendientes y su plazo de ejecución, invocando la norma que establece la reserva de los antecedentes de la investigación (vea su respuesta aquí).

La fiscal, no respondió las consultas referidas a por qué no se ha citado a declarar a  autoridades o testigos después de nueve meses de presentadas las querellas. Ni las razones por las que se denegó citar a la mayoría de los testigos propuestos por los querellantes.

Tampoco abordó las razones de la Fiscalía para no haber adoptado medidas por iniciativa propia. Es decir, desde que fueron presentadas las primeras querellas, en octubre y noviembre de 2019, no hay ningún requerimiento de información o interrogatorio impulsado por la Fiscalía que sea distinto a lo solicitado por algunos de los querellantes. Uno de estos últimos dijo a CIPER que en la propia Fiscalía le habían señalado, de manera informal, que la pandemia de Covid había ralentizado las diligencias.

En una versión difundida por La Tercera este martes 8 de septiembre se señala que “fuentes ligadas a la causa” indican que aún no se toman declaraciones porque todavía “están en etapa de recopilación de antecedentes”. No obstante, tal como lo informa esa misma nota, prácticamente todas las gestiones realizadas por la Fiscalía son de fines del año pasado e inicios de este. Una de las más recientes que se cita en esa recopilación es de mayo pasado, cuando se insistió a algunas instituciones para que respondieran requerimientos que no habían atendido.

De hecho, hay instituciones que hasta hoy no habían respondido porque los oficios que les envió la Fiscalía fueron despachados a direcciones equivocadas. Así ocurrió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile.

INTERROGATORIOS EN PAUSA

Uno de los primeros requerimientos de los querellantes fue solicitar declaraciones de autoridades políticas, castrenses y policiales.

A inicios de 2020, y como establece la ley, la fiscal solicitó autorización al Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago para obtener la declaración del general director de Carabineros, Mario Rozas, y del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

Sin embargo, la jueza Carolina Gajardo denegó la solicitud el 9 de enero, explicándole a la fiscal Perivancich que en su petición debía aclarar en qué calidad procesal pretendía interrogar a ambas autoridades. Recién un mes después, la persecutora logró precisar que Rozas prestaría declaración como imputado y que el general Martínez lo haría como testigo (vea ese documento). Con esos antecedentes, la jueza Pilar Ahumada autorizó ambas diligencias el 11 de febrero. Estas, no obstante, hasta ahora no se han materializado.

Presidente Sebastián Piñera y general Mario Rozas.

La Fiscalía tampoco concedió tomar declaración a la totalidad de los testigos solicitados en las querellas presentadas, de forma separada, por el abogado Mauricio Daza y el senador Alejandro Navarro.

-Se trata de la primera investigación que se realiza en el Ministerio Público por atentados graves y sistemáticos con contra de la población civil en los que se imputa autoría como autor de delitos de lesa humanidad al Presidente de la República, entre otras autoridades. En ese contexto, habría esperado una investigación más proactiva por parte de la Fiscalía, lo que no ha sucedido- dijo a CIPER el abogado Daza.

LA LENTITUD DE LAS RESPUESTAS

La única institución que respondió con cierta rapidez a los requerimientos de la fiscal Perivancich fue Carabineros, aunque algunas de sus respuestas fueron incompletas.

En detalle, la información solicitada por la fiscalía a Carabineros abarcó el listado de los funcionarios que han realizado el curso de instrucción en el uso de escopetas antidusturbios; el detalle del material de capacitación en ese ámbito; las circulares emitidas por el mando en el marco del estallido social; la composición de los perdigones y la nómina de las armas empleadas (vea reportaje de Ciper “Carabineros revela que disparó 104 mil tiros de escopeta en las primeras dos semanas del estallido social”).

Sin embargo, las respuestas de Carabineros no detallaron las instrucciones emanadas desde el Ministerio del Interior, salvo dos oficios firmados por el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel. En esos oficios intercambió criterios con el general Rozas sobre la necesidad de volver a capacitar a los policías en materias de derechos humanos, tras el ataque que dejó ciego al estudiante de psicología Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019.

La Fiscalía tampoco recibió una respuesta completa sobre el número de sumarios realizados en Carabineros, a causa del estallido social. La policía uniformada sólo remitió el listado de sumarios de la Región de Valparaíso (vea el reportaje de CIPER «Informe de Carabineros revela que abrió 565 sumarios por denuncias tras el 18 de octubre y solo 15 se han cerrado con sanciones»).

Crédito: Migrar Photo

Hasta donde pudo revisar CIPER, después de ocho meses la fiscalía tampoco obtuvo los informes que requirió sobre heridos al Hospital del Salvador y la ex Posta Central.

Tampoco recabó los antecedentes en poder de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. La coordinadora de esta entidad, la abogada y académica Ema Salinas, dijo a CIPER que jamás les llegó el requerimiento. Esto, aunque la Fiscalía pidió esa información en dos oportunidades  CIPER constató que ambos requerimientos fueron enviados erróneamente a la Casa Central de la Universidad de Chile y no a las oficinas de la Defensoría Jurídica de esa casa de estudios (vea documentos pidiendo información al la Defensoría Jurídica, Ministerio del Interior, Human Right Watch, INDH y Defensoría Penal, entre otras entidades).

Una situación similar ocurrió con la solicitud de información enviada al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El Ministerio Público solicitó a esa entidad información en dos ocasiones, pero el documento fue enviado a una dirección equivocada y jamás llegó al instituto en todos estos meses (vea uno de esos documentos). La Fiscalía admitió el error a CIPER y aseguró que ahora, después de nueve meses, enviaría los requerimientos a una dirección de correo electrónico correcta (vea la respuesta de la fiscalía).

Otro caso de lentitud burocrática ocurrió con un requerimiento dirigido al Ejército que fue retrasado durante meses. El 27 de noviembre de 2019 la fiscal Perivancich solicitó que se le detallara la cadena de mando del Ejército durante el Estado de Emergencia. La institución respondió recién el 20 de febrero, tres meses después, en un documento firmado por el jefe del Estado Mayor, Schafik Nazal. Dicha respuesta habría sido remitida a la fiscal el 25 de marzo pasado por el entonces subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas.  No obstante, todo indica que la Fiscalía no lo recibió, pues insistió en su requerimiento el 12 de mayo. Recién el 4 de junio,  seis meses después de la petición inicial, el subsecretario Vargas volvió a remitir la respuesta (vea la cadena de documentos).

“Nos parece que el avance de las diligencias de la investigación no han sido lo suficientemente contundentes, considerando la gravedad de los delitos que se investigan”, concluyó uno de los abogados querellante, Oscar Castro, miembro del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, el único jurista a quien la fiscal acogió algunas diligencias.