La politóloga Lucía Tiscornia ha investigado cómo el apoyo ciudadano y político a la “mano dura” perpetúa las prácticas violentas de instituciones como Carabineros. Aquí profundiza en otros elementos que dificultan frenar esa violencia. Uno es la militarización, que hace ver a los ciudadanos como enemigos. La autora sugiere que esa militarización no se reforma porque renta políticamente: “No hay nada más visible que la presencia de policías que se parecen a los militares, y la sensación de seguridad que generan para algunos”. Pero esa seguridad es falsa. México, El Salvador y Brasil, entre otros, “demuestran que el combate al crimen organizado con policías violentas produce más violencia y no resuelve el problema del crimen”.
En los últimos meses la discusión sobre violencia policial y reforma ha estado en el tapete como resultado de múltiples casos de abuso policial en países tan diversos como Estados Unidos, Chile, Nigeria, Sudáfrica y, más recientemente, Colombia. Estos escándalos de abuso suelen movilizar fuertemente a sectores de la sociedad en busca de reforma, pero con pocos resultados visibles en términos de cambio en el comportamiento policial[1]. La pregunta es ¿por qué, a pesar de la identificación de problemas y la implementación de propuestas para solucionarlos[2][3], se siguen cometiendo abusos?
Una respuesta común es atribuir los abusos a la falta rendición de cuentas y la falta entrenamiento. Desde luego, en contextos democráticos la rendición de cuentas y la existencia de cuerpos de policía profesionales y capaces son mínimos necesarios. Sin embargo, algunas de las policías mejor entrenadas son también las más violentas[4] y la gran mayoría de los procesos de reforma policial incluye la creación de distintos mecanismos de rendición de cuentas sin lograr evitar que la policía actúe con violencia.
Para entender esta situación de aparente bloqueo, hay que pensar a la policía como una pieza en un contexto social más amplio. La violencia policial se produce porque existe un sistema, una serie de estructuras dentro y fuera de la policía, que de manera indirecta o directa habilitan su comportamiento. Estas estructuras habilitadoras conviven con reclamos para reducir la violencia policial. Entonces, para entender por qué se perpetúa la violencia policial necesitamos entender cómo opera la policía, qué bases sociales apoyan el uso de la violencia del Estado, y cómo se relaciona todo esto con la política.
CÓMO OPERA LA POLICÍA
Una explicación que hemos escuchado repetidas veces respecto al por qué de la violencia policial está relacionada con la persistencia de la “militarización” del aparato policial. ¿Qué es la militarización? Es una manera de organizarse para el uso de la violencia que se traduce en ciertas prácticas y una “mentalidad” específica. La lógica militarizada implica que el trabajo policial es visto como la defensa del orden frente a la presencia de “enemigos.” Esta lógica requiere un tipo de entrenamiento defensivo. En sí mismo, esto no tiene por qué ser problemático. De hecho, en el mundo, la gran mayoría de los países cuenta con policías que operan bajo una lógica de organización militarizada[5], y prácticamente todos los países de América Latina cuentan con algún tipo de policía militarizada.[6]
Las policías cumplen una gran diversidad de funciones en la sociedad, y quizás para algunas de ellas, como por ejemplo el patrullaje de fronteras, un comportamiento defensivo sea necesario. Los problemas empiezan cuando la lógica de los enemigos se traslada al ámbito de la seguridad pública, el manejo de la protesta, y el combate al crimen. Por ejemplo, la mayor parte del entrenamiento que reciben los policías en Estados Unidos que manejan la seguridad pública se enfoca en manejo de armas y tácticas defensivas, y no en cómo des-escalar el conflicto. Es de esperar entonces que “si tu única herramienta es un martillo, tratarás cada problema como si fuera un clavo.” Es decir, si las policías están entrenadas para abordar cada situación como una de riesgo, reaccionarán de manera acorde.
La lógica militarizada implica que el trabajo policial es visto como la defensa del orden frente a la presencia de “enemigos” (…) Los problemas empiezan cuando la lógica de los enemigos se traslada al ámbito de la seguridad pública, el manejo de la protesta, y el combate al crimen
Una de las razones esgrimidas para justificar la persistencia de la militarización en el contexto latinoamericano tiene que ver con la proliferación de organizaciones criminales en el continente y la percepción de que han de ser confrontadas de manera violenta. Sin embargo, la realidad de países como México, El Salvador, o Brasil demuestra que el combate al crimen organizado con policías violentas produce más violencia y no resuelve el problema del crimen[7].
En efecto, la militarización es parte de las razones por las cuales la policía es violenta, pero no representa la historia completa. Después de todo, la militarización es un fenómeno extendido y sin embargo no todos los países exhiben los mismos niveles de violencia policial. Para entender por qué persiste la violencia policial necesitamos ver más allá de la organización policial.
BASES SOCIALES DE APOYO A LA VIOLENCIA ESTATAL
Amplios sectores de las sociedades latinoamericanas apoyan la implementación de estrategias violentas de seguridad interna; ya sea porque hay niveles altos de crimen, o porque existe la percepción de que hay gran inseguridad. Así como las policías identifican enemigos del orden social, también lo hacen las personas, y avalarán comportamientos agresivos en pos del mantenimiento del orden. De hecho, los niveles de apoyo a prácticas policiales violentas son extendidos incluso en comunidades con altas tasas de violencia y crimen. Esto es paradójico, dado que son estas mismas comunidades las que suelen pagar las consecuencias de este tipo de estrategias de seguridad. Las comunidades apoyan políticas de este tipo[8], posiblemente en contra de sus propios intereses, por razones complejas: en contextos de alta violencia las prácticas policiales violentas pueden ser vistas como el mecanismo más expeditivo para atacar los problemas de violencia cotidiana.
Pero el apoyo extendido a acciones policiales violentas no está limitado solamente a comunidades rutinariamente afectadas por situaciones de violencia. Mi investigación junto con otros colegas sugiere que distintos sectores de la sociedad han llegado a un consenso que identifica a otros segmentos sociales como merecedores de un tratamiento más violento por parte del Estado[9].
En contextos de baja información, las personas forman (pre)juicios respecto al comportamiento de otros con base en características sociodemográficas como la clase social, la raza, o la edad. La existencia de estos prejuicios respecto a qué tipo de personas son más proclives a cometer delitos genera las condiciones para justificar y avalar un comportamiento policial más violento hacia algunos sectores de la sociedad.
LA RELACIÓN ENTRE POLICÍA, BASES SOCIALES, Y POLÍTICA
Ante percepciones de aumento de la inseguridad, que pueden o no estar asociadas con un aumento real del crimen, los gobiernos necesitan reaccionar con políticas que sean visibles.
Los políticos están motivados por la necesidad de dar respuesta a las preocupaciones de los votantes para ganar elecciones. En la medida que la seguridad comienza a ser una de estas preocupaciones, se ven obligados a responder con políticas concretas. Las políticas de policía más violenta son menos costosas, más visibles, y más fáciles de implementar en el tiempo limitado de un gobierno. No hay nada más visible que la presencia de policías que se parecen a los militares, y la sensación de seguridad que generan para algunos, independientemente de su efecto sobre el crimen. Por ejemplo, la Guardia Republicana en Uruguay, o la Guardia Nacional en México, son policías militarizadas creadas para enfrentar cuestiones de orden público y prevención del crimen. En Chile, los Carabineros, que también tienen una estructura militarizada, históricamente han estado a cargo de la seguridad pública.
Además de la creación de nuevas unidades, o el reforzamiento de otras existentes, los gobiernos también recurren a la creación de leyes, o la implementación de regulaciones que habilitan actividades concretas, con posibles resultados violentos[10]. Un ejemplo claro de una ley que puede derivar en el aumento de la violencia policial es la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración en Uruguay. El artículo 1 de esa ley crea la figura de la “legítima defensa policial” eximiendo de responsabilidad al policía si actúa en defensa propia o de un tercero y aumentando la discrecionalidad y la dificultad de ejercer una adecuada rendición de cuentas.
Ejemplos de actividades concretas son las redadas a mitad de la noche, las detenciones breves con estándares bajos de evidencia (conocidas en otros contextos como “stop-and-search”), o el patrullaje por “puntos calientes,” una forma de desplegar a la policía en el territorio que implica enviar a más oficiales a lugares donde hay más crimen. La regulación de estas actividades—y no la ausencia de regulación— crea condiciones favorables al uso de la violencia por parte de las policías, porque incrementa las oportunidades para el contacto entre policías y residentes. Al incrementar el contacto se incrementan también las oportunidades para que se generen situaciones violentas. La ventaja de estas prácticas es que hacen visible la acción de los gobiernos, independientemente de su efecto sobre la reducción del crimen. De hecho, existe evidencia contradictoria respecto a la efectividad de, por ejemplo, el patrullaje por puntos calientes. Algunos estudios sugieren que no es efectivo[11], mientras que otros muestran efectos bajo condiciones específicas.
Dado que las sociedades suelen tener altos niveles de desconfianza en la policía, las políticas de policía más violentas se combinan con otras creadas para incrementar la rendición de cuentas, como las llamadas policías comunitarias. Con diversos formatos, las policías comunitarias suponen la creación de espacios de diálogo entre policías y comunidad como manera de transparentar información y de orientar la actividad policial en respuesta a las necesidades de la población. Este tipo de experiencias han tenido lugar en Argentina, Brasil y Colombia y en otros países más allá de América Latina, como Sudáfrica, India y Liberia. El problema principal de la inclusión de la sociedad civil en decisiones de policía es que, como vimos, existen posiciones encontradas respecto a los objetivos del trabajo policial, y fundamentalmente a los medios para lograr dichos objetivos. No es sorprendente entonces que los resultados de evaluaciones recientes sugieran que las policías comunitarias no reducen el crimen y tampoco aumentan la confianza de los individuos en la policía[12].
México, El Salvador, o Brasil demuestran que el combate al crimen organizado con policías violentas produce más violencia y no resuelve el problema del crimen.
¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR DE TODO ESTO?
Mientras no entendamos cuáles son los incentivos sociales y políticos para crear policías más violentas, los esfuerzos de cambio seguirán teniendo efectos limitados o nulos. Las reformas de policías se procesan en una tensión entre demandas de mayor transparencia y de mayor seguridad. Muchas de estas reformas van en el sentido de incrementar la capacidad y la rendición de cuentas como mecanismo para mejorar la efectividad y la confianza. De manera simultánea, otras reformas dan respuesta a reclamos de mayor seguridad a través de la creación expresa de mecanismos que conducen a policías más violentas.
¿Qué podemos hacer? En primer lugar, los políticos, que son quienes implementan cambios, necesitan sentir presión para implementarlos. Esto es cierto tanto para cambios que conduzcan a mitigar las condiciones favorables a la violencia policial, como en sentido contrario. Segundo, es necesario entender qué decisiones se toman en materia de políticas de policía y cuál es su impacto en el accionar policial. Esto significa que los ciudadanos hemos de reclamar la producción de más información de uso público por parte del aparato policial. Tercero, el rol de los activistas sociales es clave. Las sociedades necesitan entender que las políticas de policía violentas no producen mayor seguridad y presionar para la generación de otro tipo de respuestas. Por último, la capacitación policial no lo es todo. Por supuesto, las policías deben estar entrenadas, capacitadas, deben ser transparentes y responder ante situaciones de abuso de sus funciones. El problema es que todo eso está mediado por percepciones encontradas respecto a cuál es el rol de la policía en la sociedad. Mientras estas percepciones no cambien, no hay incentivos suficientes para el cambio en el comportamiento policial.
[4] Entre enero y julio de 2019, sólo en Río de Janeiro, la policía ocasionó la muerte de 1,075 personas. Disponible aquí.
[5] De 110 países analizados en un estudio reciente, más del 75% cuenta con unidades de policía militarizadas. Disponible aquí.
[6] Flores-Macías, G. A., & Zarkin, J. (2019). The militarization of law enforcement: Evidence from Latin America. Perspectives on Politics, 1-20.
[7] Estudios recientes proveen evidencia de que la militarización de la policía genera más violencia. Ver por ejemplo para Estados Unidos, Mummolo, J. “Militarization Fails to Enhance Police Safety or Reduce Crime but May Harm Police Reputation,” Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no. 37, 11 de septiembre de 2018. Parar México Espinosa, V., & Rubin, D. B. (2015). Did the military interventions in the Mexican drug war increase violence? The American Statistician, 69(1), 17-27, y Magaloni, B., & Rodriguez, L. (2020). Institutionalized Police Brutality: Torture, the Militarization of Security, and the Reform of Inquisitorial Criminal Justice in Mexico. American Political Science Review, 1-22.
[10] Estudios sobre la relación entre políticos y policía en Argentina muestran que cuando la policía tiene mayor autonomía del poder político tiende a regular los mercados de drogas de formas que generan más violencia.
[11] Blattman, C., Green, D., Ortega, D., & Tobón, S. (2018). Hotspots interventions at scale: the direct and spillover effects of policing and city services on crime in Bogotá.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
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Oficial en prisión preventiva por apremios ilegítimos sigue cumpliendo funciones en la 20° Comisaría de Puente Alto
El Mostrador hoy 8 de octubre dice:
Los abogados y académicos de la UDP, Mauricio Duce y Cristián Riego, analizaron en detalle el complejo momento de Carabineros. Coincidieron en que ningún Gobierno en las últimas décadas quiso "tomar el toro por las astas" y, por lo tanto, nadie encaró los problemas de fondo de la institución. No solo eso, pusieron el acento en que por años el debate se ha politizado, sin que se vislumbre una definición nítida del tipo de policía uniformada que realmente necesita el país. También destacaron que todas las evaluaciones de expertos, incluidas las dos últimas comisiones ad hoc que se crearon, coinciden en la importancia de separar al Ministerio del Interior de las funciones de orden público. Ninguno apostó por la posibilidad de una solución rápida de la crisis, es más, recalcaron que el camino será bastante largo y que implica, sí o sí, un consenso político que esté por sobre la coyuntura para obtener resultados.
En otras palabra, no habrá reforma ni refundación si no lo quieren los dueños de Chile. Lamentablemente, Carabineros es el perro guardián del poder tradicional.
Cristián Cárdenas | 07.10.2020
El tema de fondo, más que cuestionarse si la policia en general es violenta, es entender que la labor que ellos realizan es un ambiente violento. Esto desprende una arista que la cultura violenta en general y reaccionaria a las figuras de autoridad menoscaba la imagen de las policias en nuestro país. Estadisticamente de todas los procedimientos diarios que carabineros realiza solo un porcentaje minimo es violento y dependiendo de como se trate la noticia hacia la sociedad se vuelve como una conducta generalizada de una institución que viola derechos en forma sistematica. Esto ultimo es que la prensa y quienes publican en las redes sociales sesgan la vision de la labor diaria que ejecutan. Sin ese contexto ni la estadisticas diaria de procesimientos violentos y no-violentos, la masa de criticos encontraran un punto en que la institución no sirve para sus canones de protección de derechos. El hecho que mis derechos generalmente son violentados por civiles no tolerantes, con poca base cultural o educacional, un grueso de la población frustrada en la cual carabineros no tiene nada que ver, ese es un punto muy grande en el diario vivir, en un país en la cual una persona no puede dormir de noche por ruidos molestos o disparos en su vecindario, que su fuente laboral pueda ser saqueada o quemada, que en su trayecto puede ser fatalmente asaltado, eso mi estimado periodista es una violacion de derechos muy grande para el promedio de la población en Chile. Examine bien en que contexto vivimos a diario y despues indique si la violencia que debe ser una estadistica menor al 7% de todas los procedimientos diarios de carabineros justifiquen su critica reformista. Saludos.
Teresa Künzler | 06.10.2020
Sra Monica Gonzales: Envio un comentario sobre la Violencia de Carabineros en
Chile.
En la Dictadura Civico Militar. El general de Carabineros de ese tiempo. Dio la Orden
de NO escuchar mas A Pinochet, cuando el a su vez dio la Orden de Reprimir mas a
los habitantes de nuestra patria.
El motivo fur el siguiente: Carabineros de Chile, es una Institucion que fue Creada para, Proteger, Ayudar, a los chilenos. tambien Guardar el Orden en el pais.
Pero NO, para Agredir, Torturar y Asesinar a los Compatriotas.
Pregunta; Porque hoy dia. esto NO se Cumple. El Respeto a la Integridad Fisica y Siquica de los habitantes de Chile? Los Seres Humanos, tenemos Derecho a nuestra
Seguridad Personal Integridad Fisica y Siquica. Desde que nacemos.
Para vuestro Conocimiento y Reflexion
Atentamente
Teresa Künzler
Pablovski | 05.10.2020
Interesante análisis porque en un escenario de nueva Constitución, después de análisis como éste y de todos los problemas que le ha generado al país, habrá que pensar en reformar completamente la institución de Carabineros de Chile, a fin de transformarla en una policía profesional donde primen otros criterios y protocolos para mantener el orden público y se definan los mecanismos para su control.
Ariel Aguilera | 04.10.2020
Muy interesante artículo. Solo faltó describir el papel que juegan las prerrogativas policiales en individuos que integran la doctrina institucional policial a sus vidas, mediante el compromiso no sólo de cumplir con los procedimientos de control público y de uso de las fuerza, cuando ello les fuere ordenado, sino que también, mediante el ejercicio de una conciencia (heredada de las instituciones religiosas) que orienta las acciones mediante la competencia y discriminación de identidades, y el propio goce de sus privilegios en la concreción de sus acciones. Aspectos que, si bien el capitalismo y el consumismo han puesto en jaque dado el aumento de las desigualdades sociales, aún son sustento de prerrogativas anheladas por quienes juran obediencia a condición de ganar en la guerra capitalista. De manera que, la violencia persiste no sólo por la militarización, y el apoyo social y político que encuentra, sino que también por las prerrogativas que el capitalismo asegura más allá de los derechos y deberes de la sociedad democrática en la que se yerguen.
