Hacia una Convención Abierta: participación ciudadana en el proceso constituyente

Se ha dicho que esta será la primera vez en nuestra historia en que podremos decidir qué dice la Constitución. Pero aún no están claros los mecanismos que lo harán posible. El artículo sugiere instancias para generar una “Convención Abierta” donde no domine la elite. “Fue la movilización social masiva la que abrió paso a este proceso y por tanto esa ciudadanía movilizada debe encontrar en él las respuestas que busca”, nos recuerdan.

Un aspecto crucial del éxito del proceso constituyente será el involucramiento efectivo, deliberativo e incidente del pueblo, de la ciudadanía, en la elaboración de la nueva Constitución. La crisis política y social de Chile demanda el establecimiento de una nueva manera de relacionarse entre las élites y la ciudadanía, entre representantes y representados. Si aquello no ocurre, si el sistema político mantiene la inercia característica de los últimos 30 años, el impacto que tendrá escribir este nuevo texto será como un triunfo pírrico, en realidad una derrota.

La ciudadanía será convocada en tres ocasiones: para decidir si quiere una nueva Constitución (octubre 2020), quiénes la escribirán (abril 2021) y si acepta el texto propuesto por la Convención (agosto 2022).  Pero ello no basta. El momento político y social actual demanda un involucramiento efectivo, permanente e incidente de la ciudadanía en las diferentes etapas de discusión del nuevo texto constitucional. La aspiración ciudadana busca lo que se denomina “representación descriptiva”, esto es, que las personas que sean electas para la Convención reflejen lo más parecido posible a la sociedad en su conjunto y no a un segmento particular —la élite político-partidista que ha conducido el país por los últimos 30 años y algunos de ellos durante aún más tiempo.

Además, se pide un involucramiento efectivo de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones: ¿Qué pasará con las propuestas emanadas por la ciudadanía? ¿Qué sucederá con la energía puesta en un sinnúmero de cabildos autoconvocados? ¿Cómo se harán llegar las demandas ciudadanas a esta Convención? ¿Se tratará de un club cerrado que negocia una nueva Constitución o existirá la oportunidad para deliberar e incidir en los debates de un modo más abierto? Este debate debe iniciarse ya y es fundamental para los resultados que se obtengan. Es además tanto un deber de justicia como de realismo político: fue la movilización social masiva la que abrió paso a este proceso y por tanto esa ciudadanía movilizada debe encontrar en él las respuestas que busca.

LECCIONES APRENDIDAS

Si hay una lección aprendida de las experiencias de procesos constituyentes en otras partes del mundo es que los procesos exitosos requieren, por un lado, definir con claridad las reglas de la toma de decisiones para escribir el nuevo texto constitucional, pero al mismo tiempo, se requiere cumplir con las expectativas de participación de la ciudadanía respecto de este proceso (Ghai 2006). En la mayoría de los casos —sino en todos— la escritura de constituciones se produce en momentos críticos de una sociedad en la que se transita a la democracia o se enfrenta una severa crisis de legitimidad de las instituciones políticas y/o sociales (Negretto 2015).  Por lo mismo, las expectativas ciudadanas respecto del nuevo pacto constitucional tienden a ser elevadas.

Así, el momento constituyente conlleva ciertas condiciones bastante recurrentes: élites que tienden a polarizarse al colocarse sobre la mesa una discusión sobre la distribución de poder político, social y económico; un mundo social organizado que desconfía de los actores políticos tradicionales; una comunidad epistémica que buscará dominar el debate sobre la tecnicidad de la elaboración de un texto constitucional; y una ciudadanía que intentará utilizar su repertorio conocido (la protesta), como mecanismo de incidencia en el proceso político. Resultaría muy difícil encontrar un proceso constituyente en el mundo libre de tensiones políticas y sociales.

Como eliminar la conflictividad en una sociedad es imposible a la vez que inconveniente, el desafío de los actores políticos y sociales es administrar adecuadamente las expectativas que genera un proceso tan crucial para una sociedad. En el pasado, antes de la masificación de los sistemas democráticos, observamos casos donde en un esquema de elitismo competitivo, los grupos de la cúspide social lograban acuerdos constitucionales. En otras circunstancias, un segmento de esa misma élite simplemente imponía un determinado modelo constitucional por la fuerza.

A partir de la década de los 1990s, los nuevos acuerdos constitucionales en su gran mayoría involucraron una ampliación de los actores que se sentaban en la mesa de negociaciones. Pero además de aquello, varios procesos han considerado el involucramiento efectivo e incidente de la ciudadanía, incrementando la deliberación democrática. Se advierte que sin esta “apropiación ciudadana” del proceso constituyente, las posibilidades de generar un pacto social y político duradero serán mucho menores.

En sistemas políticos con ciudadanía plena, la discusión constitucional debiese estar pensada para responder a las demandas de las grandes mayorías y no solo a un grupo específico de la élite que ostenta o disputa el poder. En el siglo XXI, dichas exigencias se transforman en decisivas, puesto que la expresión de las demandas ya está presente en la movilización. La tarea de la política es ser capaz de representar y canalizar aquello.

En Colombia, por ejemplo, antes de establecerse la Asamblea Constituyente, se generó un movimiento ciudadano que constitucionalizó los debates públicos. Además, se organizaron cientos de encuentros a nivel local que derivaron en varios miles de propuestas las que fueron procesadas y luego debatidas en la Asamblea Constituyente de 1991. Lo anterior fue acompañado por una dinámica de retroalimentación entre la Asamblea y las organizaciones sociales que posibilitó legitimar las demandas levantadas desde la propia ciudadanía.

El caso de Islandia (2012) es reconocido por el establecimiento de sofisticados mecanismos de participación ciudadana que permitieron la deliberación e incidencia ciudadana en el proceso de discusión constituyente. Aunque esa nueva Constitución no será aprobada por parte del Congreso Islandés, lo relevante aquí es destacar el desarrollo de una serie de mecanismos de participación proactiva de la ciudadanía en la elaboración de un texto constitucional (Landemore 2014).

CAJA DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

Sostenemos que, para otorgar legitimidad a este proceso único en la historia de Chile, será vital establecer una serie de instrumentos de participación generando lo que denominamos una Convención Abierta e incorporando con fuerza el componente deliberativo durante el proceso. Entre otros mecanismos consideramos que será relevante establecer como mínimo (Delamaza, 2020):

• Audiencias públicas. Las diversas comisiones de la Convención deberán establecer un protocolo transparente para recibir voces ciudadanas en los diversos temas que abordará la deliberación constitucional.
• Rendición de cuentas territorial. Se debiese regular el vínculo periódico obligatorio de los y las convencionales a partir de asambleas abiertas en sus territorios para rendir cuenta del avance de los debates y recoger inquietudes. Eventualmente, podría estructurarse una lógica de cabildos abiertos municipales que permitan un vínculo sistemático
• Encuentros y foros temáticos públicos. Estas actividades pueden ser organizadas por la Convención o en conjunto con la sociedad civil para debatir aspectos críticos del debate constitucional.
• Encuentros autoconvocados. Para aprovechar la experiencia de ya varios años, podrían promoverse este tipo de instancias, al alcance de cualquier grupo interesado, que podría generar propuestas y recomendaciones para el trabajo de la Convención, con la certeza de que serán incorporadas en el proceso.
• Comité de sistematización. La Convención debiese contar con un comité de sistematización de propuestas ciudadanas y de promoción activa de la participación más amplia posible. Este equipo no solo ordenará las propuestas y desarrollará canales para ponerlas en manos del debate constituyente. También pudiese retroalimentar a la ciudadanía comparando las propuestas y los avances de la Convención.
• Iniciativa ciudadana de norma constitucional. Establecer en el reglamento de la Convención un mecanismo mediante el cual, si la ciudadanía reúne un número relevante de firmas, el tema debe ser discutido por la Convención.
• Descentralización de las sedes de la Convención. Favorecer un funcionamiento descentralizado que permita involucrar a diversos territorios del país. Se podrían establecer tres sedes (Norte, centro, Sur), además de la realización de plenarias en lugares distintos a la sede central y a la combinación entre sesiones presenciales y comunicación telemática. Lo mismo con las comisiones.
• Medidas de transparencia y publicidad. Regular el sistema de registro de actas, deliberación y decisión que sea totalmente transparente y de fácil acceso y amigable para la ciudadanía tanto de las plenarias como de las comisiones. Todas las sesiones deben ser televisadas, deberán quedar registradas en diversos formatos en la web. Podrían transmitirse en multiplataforma a través de redes sociales.
• Mecanismos de participación virtual. Multiplicar el uso de instrumentos de deliberación y decisión a partir encuestas online, foros deliberativos temáticos en línea, consultas online, y otros sistemas que permitan agregar preferencias ciudadanas y generar interacción entre convencionales y la ciudadanía.
• Alianzas público-privadas de conocimiento. La Convención debiese ser capaz de generar alianzas con centros de estudios, universidades y otros grupos de generación de ideas en el país y a nivel internacional de modo de organizar adecuadamente la asesoría experta y permitir un canal fluido de comunicación entre los y las representantes de la Convención y “expertos(as)”.

Pero el proceso constituyente no debiese limitarse a organizar el flujo de participación desde y hacia la Convención. Un proceso como este es una oportunidad única de formación ciudadana por lo que se requeriría, además:

• Establecer alianzas con medios de comunicación. La Convención debiese patrocinar acciones de los medios de comunicación y del campo de la cultura en relación con temas de ciudadanía, democracia, participación y Constitución.
• Fomentar la formación ciudadana en el sistema educativo. Promover en todos los niveles del sistema educativo, instancias de debate y participación respecto del proceso constituyente y la nueva Constitución.
• Protocolo para la involucración activa de organizaciones ciudadanas. Establecer un protocolo de acuerdo para desarrollar actividades de promoción y debate en conjunto con las organizaciones ciudadanas que lo deseen.

LO INMEDIATO: PRESUPUESTO Y REGLAMENTO

En lo inmediato se requeriría contemplar un financiamiento público adecuado para asegurar las condiciones mínimas del trabajo de la Convención, pero además para permitir que este proceso constituyente pueda establecer políticas de participación efectiva. Lo anterior implica contar con los recursos humanos y equipos técnicos necesarios para llevar adelante un proceso que sea inclusivo y territorialmente pertinente.  La definición del presupuesto de la Convención deberá tomarse en la discusión presupuestaria que se encuentra en la actualidad debatiéndose en el Congreso Nacional.

Asimismo, el reglamento de la Convención deberá contener, además de lo referido a las normas de decisión, un acápite sobre los mecanismos de participación, las obligaciones de rendición de cuentas de los y las convencionales y la organización interna para permitir que las propuestas ciudadanas se traduzcan en una participación efectiva e incidente.

Insistimos, el proceso constituyente debe traducirse en un ejercicio democrático participativo, deliberativo e incidente. Si no se cumple esta condición, el proceso se convertirá en una nueva derrota.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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