El “binominal plus” del gobierno

El actual sistema electoral, sostiene el autor, mejoró la asignación proporcional de escaños y el pluralismo, incorporando sectores que estaban excluidos. Además, dice, situó la representación en la esfera de los proyectos colectivos y no en los individuos, por lo que es erróneo medir la legitimidad de los representantes por su votación personal y no por la de su partido o pacto. A su juicio, el efecto del proyecto del gobierno para reducir escaños sería “revivir subrepticiamente el binominal”: un número importante de distritos volvería a elegir dos y en el Senado la elección sería totalmente binominal.

Fue un anuncio en la cuenta política de 2019 del Presidente Sebastián Piñera que se reiteró el pasado 31 de julio. El proyecto de reducir el número de diputados y senadores presentado por el gobierno sigue su trámite legislativo en el Congreso, ahora con suma urgencia. El argumento es que esta reducción mejorará la representatividad del Congreso y el funcionamiento de la democracia. No obstante, esta reforma electoral apunta en la dirección opuesta. Lo que se busca es reducir la representatividad de la diversidad política del país, la cual aumentó tras las elecciones de 2017 y, con ello, dar un golpe a un principio básico de cualquier régimen democrático: la representación del pluralismo político.

La representatividad, de acuerdo con la doctrina y la experiencia comparada, está vinculada a la diversidad de fuerzas políticas que están presentes en los espacios deliberativos de la política institucional. Para ello, las instituciones democráticas deben contar con los mecanismos que les permitan, por así decirlo, ser la mejor síntesis de la heterogeneidad de ideas, valores e intereses que dan forma a la sociedad. Para que así sea, hay que considerar la correlación que existe entre proporcionalidad y pluralismo de fuerzas políticas que componen, en este caso, un Congreso o Parlamento. Entonces, para hablar de representatividad hay que atender a las variables de proporcionalidad y pluralismo político. Es lo que se hace a continuación.

En primer lugar, la representatividad implica saber qué tan proporcional es el número total de escaños en el Congreso en relación con la población total de un país. A mayor número de escaños a elegir por cantidad de habitantes más representativa es esa institución y, al contrario, a menor cantidad de representantes es menos representativa. Por tanto, la representación política es más democrática mientras más ciudadanos y ciudadanas accedan a ella, siendo esta directamente proporcional a la cantidad de habitantes. Pues bien, para medir la supuesta pretensión de mayor representatividad del proyecto del gobierno, hay que partir comparando el número de parlamentarios por cantidad de habitantes del país. Esta comparación estadística puede realizarse usando tanto un criterio diacrónico como geopolítico.

Haciendo un repaso de los tres sistemas electorales que ha tenido el país en 50 años, se constata que en los últimos 30 no ha habido relación de proporcionalidad entre el total de escaños en el Congreso y la cantidad de población. Así, en 1973 el Congreso se componía de 150 diputados y 50 senadores para una población total de 10,2 millones de personas, mientras que en 2013 (sistema binominal) el Congreso se componía de 120 diputados y 38 senadores para una población total de 17,5 millones de personas. ¿Cómo se explica que el Congreso en 2013 tuviera menos parlamentarios que en 1973? En la actualidad, y a pesar de la reforma electoral de 2015, tampoco se observa una mejora sustancial en este plano, ya que con una población de más de 19 millones tan solo hay cinco diputados más y la misma cantidad de senadores que antes de la dictadura[i].

En términos político-geográficos, Chile destaca por ser uno de los países liberal-democráticos con una alta tasa de subrepresentación de la ciudadanía en el Congreso. Para entender esto se puede confeccionar un índice de representatividad en dos pasos. Primero, dividiendo el número total de población por el número total de escaños a repartir a nivel nacional. Segundo, utilizando el resultado obtenido como divisor de un número de personas que debería contar con un representante, por ejemplo 68 mil[ii]. Al hacer este ejercicio, se constata que Chile tiene un índice de representatividad de 0.54 (medio representante por cada 68 mil habitantes). Este valor está por debajo de los países OCDE, con la salvedad de España[iii]. También es inferior al que se observa en los países con mejores niveles de calidad de la democracia en América Latina y con una población total mucho menor, como son Costa Rica (0.76) y Uruguay (1.9).

En segundo lugar, la representatividad se vincula al pluralismo político. Como señala Mouffe (2012)[iv], este es un principio fundante de la democracia. Este principio consiste en que todas las ideas políticas que sintetizan las diversas opiniones e intereses contradictorios en la sociedad estén presentes en las instituciones democráticas. En otras palabras, la representatividad de un Parlamento no se reduce a los consensos, sino que a la legitimidad de los disensos políticos, sociales y culturales que están presentes en él. Para que esto ocurra, la asignación de escaños debe ser lo más proporcional posible al porcentaje obtenido por cada fuerza política.

En esta línea, el actual sistema electoral mejoró la asignación proporcional de escaños, potenciando el pluralismo político. Esto se evidencia en la incorporación de ideas políticas e intereses que estaban fuera del debate parlamentario y que contaban con una importante aceptación entre la ciudadanía. Así, se eliminó el sesgo excluyente que tenía la forma de elección binominal, incorporando un tercer actor a la política institucional: el Frente Amplio.

Otro efecto positivo fue situar la representación en la esfera de los proyectos colectivos que son parte de la contienda política y no en los individuos. Aunque esto último no ha sido asumido por los actuales parlamentarios y parlamentarias, lo que provoca una disonancia cognitiva entre su actuar y la forma en que son elegidos. Un ejemplo de ello es la idea errada de que la legitimidad de cada representante se mide por su votación individual y no por la que obtuvo su partido o pacto electoral.

¿Cuál sería entonces la intención del gobierno con este proyecto? Todo apunta a revivir subrepticiamente el sistema binominal en una versión “plus”. ¿Cómo? Manteniendo la actual división de 28 distritos y de 19 circunscripciones, pero reduciendo la magnitud de éstos, es decir, con un número menor de escaños a elegir. En el caso de los distritos, un número importante volvería a elegir 2 escaños, mientras que para el Senado la elección sería totalmente binominal.

Hay que recordar que la finalidad del binominal era configurar un Congreso con una representación concentrada en dos bloques políticos relativamente homogéneos mediante la magnitud de circunscripción más pequeña que permite un sistema proporcional. Con el cambio que propone el gobierno se debilitaría la opción de incorporar otras fuerzas políticas relevantes, aunque no mayoritarias, al Congreso.

En este sentido, el proyecto del gobierno tendría efectos profundamente antidemocráticos, al asociar de forma espuria representatividad con representación. Lo primero, significa que la composición de un espacio de deliberación política se asemeje lo más posible a la población. Lo segundo, implica tomar decisiones a nombre de otros sin que sea necesario que quienes lo hacen tengan un vínculo real con el total de representados. Pues bien, con esta lógica se vería reducida la presencia de los antagonismos y del sistema de partidos (multipartidista) en el Congreso. Este efecto incluso podría ampliar la brecha entre representantes y representados. Por lo demás, volvería a ser determinante el capital político, económico y cultural de candidatas y candidatos para poder ser elegidos/as. Con ello, se acentuaría el cierre social de la política, junto con retomar el anacrónico principio de la distinción para la representación (Manin, 2010)[v]. Ser elegido representante estaría claramente mediado por un sesgo de clase social. Por último, y en relación con lo anterior, se elitizaría aún más el proceso de toma de decisiones políticas.

Un Congreso realmente representativo es aquel que se ajusta a los parámetros de mayor proporcionalidad entre número de habitantes y representantes y que destaca por su pluralismo político. Por lo tanto, una medida que efectivamente apuntala la representatividad, sin que sea mera retórica, es la de aumentar el número de parlamentarios en forma proporcional al total de habitantes, y sin establecer un piso mínimo para resultar electo que no sea el de la proporcionalidad en el reparto de escaños. Haciendo un uso demagógico de los conceptos, claramente el gobierno propone el camino contrario.

Por último, la composición del poder político, así como su tipología, características y representatividad, es un asunto que sí o sí va a ser parte del más que seguro debate constitucional en 2021. En tal sentido, modificar la actual composición del Congreso es un ejercicio fútil e innecesario. Además, contradice el mandato implícito que impone el acuerdo político del 15 noviembre de 2019: que sea la ciudadanía la que escriba las reglas del juego democrático.

NOTAS Y REFERENCIAS

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