“The Panama Papers”: El chileno “VIP” de Mossack Fonseca

El vuelo #441 de Copa Airlines tocó la loza del Aeropuerto Internacional Tocumén de Panamá el 10 de octubre de 2008 a las 18:02. En el avión, procedente de El Salvador, venía el abogado, empresario y entonces presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Ovalle Rodríguez. Pero su viaje, nada tenía que ver con sus labores como líder del gremio empresarial más importante de Chile. Tampoco con las funciones que desempeñaba desde 2005 como presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Acompañando a Ovalle, viajaba el también abogado Francisco Ibáñez Concha, por más de 30 años estrecho colaborador del entonces timonel de la CPC y fiscal del Grupo Minero Las Cenizas, holding de inversiones del empresario.

Al bajar del avión, Ovalle e Ibáñez siguieron al pie de la letra las instrucciones que vía email le había entregado pocos días antes Beatriz Suira, ejecutiva de Mossack Fonseca (Mossfon), firma de abogados global con base en Panamá y especialista en la creación de sociedades de papel en paraísos fiscales.

“Por favor, al bajar del avión, busquen una persona que sostendrá un letrero con sus nombres, ella les ayudará con los trámites de aduana y equipaje y le guiará al salón VIP, donde los estará esperando nuestro chofer para llevarlos al hotel Four Point Sheraton”.

La cortesía extendida por el bufete panameño, hoy sometido al escrutinio mundial luego de que 109 medios de todo el mundo –entre ellos CIPER (ver reportaje)– develaran sus oscuros nexos con gobernantes, políticos, empresarios, oligarcas y traficantes de drogas y armas, tenía una explicación.

Aeropuerto Internacional de Tocumén.

Desde 1987, Ovalle es cliente de Mossack Fonseca y a través de los años ha solicitado prácticamente todos los servicios que la firma ofrece a sus clientes: ha creado sociedades, una fundación de interés privado, abierto múltiples cuentas corrientes en Panamá y paga anualmente para que los propios ejecutivos de Mossfon funjan como directores nominales de sus entidades offshore en el país centroamericano.

Para la firma panameña, que no acostumbra hacer ese tipo de gestos con cualquiera de los miles de clientes que integran su portafolio, Ovalle y su socio merecían trato premium.

Fue un viaje flash, de solo dos días, y el motivo era específico: reunirse con el licenciado Rigoberto Coronado, abogado de Mossack Fonseca, “para realizar ciertas gestiones para Sierra Leona S.A.”, la compañía que Ovalle creó en 1987 en Panamá para administrar sus diversas inversiones en Chile.

Sierra Leona es una de las cerca de 200 estructuras de papel vinculadas a Chile creadas por Mossack Fonseca entre 1977 y 2015. Alrededor de 70 de ellas se encuentran aún activas en los registros del bufete panameño y entre sus accionistas figuran el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, el empresario Isidoro Quiroga, y la familia Calderón Voloshinsky, controladora de la multitienda Ripley (ver reportaje).

Son varias las razones que hacen de Alfredo Ovalle un cliente especial entre el grupo de chilenos que han abierto y operado sociedades offshore con Mossack Fonseca. De quienes aún cuentan con sociedades vigentes, es el que posee la más antigua (1987) y sus estructuras offshore tienen participación directa en sus inversiones en Chile.

A partir de la información contenida en los registros de Mossack Fonseca -y a la que accedió CIPER- no es posible cuantificar el monto de los dineros que Ovalle y sus socios mueven anualmente desde Chile a Panamá, pero un correo electrónico que allí se encuentra aporta una aproximación: US$1 millón. En octubre de 2012, el abogado de Mossack Fonseca, Rigoberto Coronado, le escribió a una subgerente del Banco Credicorp de Panamá con el objeto de abrir una cuenta corriente a nombre de Sierra Leona.

“Tengo un muy antiguo cliente chileno que tiene unas sociedades panameñas con nosotros. Esas sociedades son tenedoras de acciones de unas empresas chilenas que a su vez poseen acciones en una compañía minera allá en Chile. Las sociedades panameñas y las cuentas que tengan, se usan para recibir sus dividendos respectivos.¿Tiene el Credicorp Bank algún reparo con esto? El promedio sería de 1MM anualmente”.

La respuesta que dio la ejecutiva al día siguiente fue: “Sí, creo que podemos hacer algo con tus clientes siempre y cuando presenten la información financiera de las compañías y quedemos claros con la respectiva distribución accionaria de las personas que estarán recibiendo dividendos en nuestra cuenta”.

Tras llevar a cabo un proceso de “due dilligence”, el Credicorp decidió no trabajar con la sociedad de Ovalle.

“Nos fregó este banco”, fue la respuesta que le dio Coronado a los propietarios de Sierra Leona. El pasado de Ovalle le obstaculizó en ese momento sus planes.

DE LAS ESCRITURAS A LOS NEGOCIOS

El abogado Alfredo Ovalle no siempre fue empresario. Hasta 1967, Ovalle se desempeñó como suplente del conocido notario de Santiago Enrique Morgan Torres. Ese mismo año, abandonó las escrituras por los negocios incorporándose a la sociedad constructora Foram. Cuatro años después, el 19 de agosto de 1971, adquirió el 10% de Foram Chilena Empresa Constructora de Viviendas Económicas, asumiendo como uno de sus tres administradores.

Raimundo Langlois.

El 18 de agosto de 1976, y tras varias otras incursiones en el ámbito empresarial, Alfredo Ovalle y Raimundo Langlois Vicuña, su socio histórico, sellarían el primero de una serie de negocios con quien se convertiría en pieza clave de muchos de los posteriores emprendimientos de ambos abogados: el entonces jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren. De la mano del ex oficial de la Armada y hombre de confianza de Manuel Contreras, cabeza de la policía secreta de Augusto Pinochet, Ovalle y Langlois crearon la empresa Comercio Exterior Bío-Bío Limitada y, 12 días después, la sociedad Inversiones y Comercial Sur Limitada (Incosur).

Fueron en total 13 las empresas en las que Ovalle, Langlois y Olavarría participarían como socios entre 1976 y 1982 (ver infografía). La más importante sería el Banco de Fomento del Bío Bío, un negocio que llevaría a Ovalle a la cárcel por más de 40 días. En ese mismo período (76-82), Olavarría fue el jefe de las finanzas de la DINA, cuyo poder y redes, incluso financieras, se mantuvieron después que la salida de Contreras del organismo represivo diera paso a la creación de la CNI. Desde un discreto y secreto departamento ubicado en calle Doctor Charlín Nº 1481 (Providencia), el aparato financiero secreto de Contreras mantuvo sus vínculos con grupos terroristas en el exterior, como los de Milicia Nacionalista en Argentina. Una estructura que Olavarría ayudó a construir paso a paso.

A Humberto Olavarría solo le bastaba desplazarse unos pocos metros para llegar a Doctor Charlín Nº 1475, donde funcionaba la oficina de la Empresa Pesquera de Chile (EPECH) en Santiago. Una empresa estatal de San Antonio y de la cual se apoderó la DINA después del Golpe de Estado para convertirla en el pilar de su financiamiento secreto. Olavarría siguió siendo su administrador después que Contreras fue sacado de la dirección de la DINA, para operar como su liquidador en 1981, obteniendo beneficios para las empresas que tenía con Alfredo Ovalle.

El vínculo entre Ovalle y Olavarría no solo se remitió al ámbito de los negocios. Ovalle, que desde 1976 era el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (hasta 1979), fue el nexo entre el entonces jefe de las finanzas de la DINA y el abogado panameño Guillermo Endara Gallimany, quien encabezaba entonces uno de los más importantes bufetesen su país de gestión de sociedades de papel: “Endara, Solís y Guevara”.

Ovalle y Endara, quien en 1990 se convirtió en presidente de Panamá, se habían conocido en Nueva York en la década de los ’60, ciudad donde ambos realizaron cursos de especialización en derecho comparado. Fue el propio Endara quien siendo presidente de Panamá, en enero de 1990 relató en una entrevista con el diario La Tercera que durante sus estudios de post grado en Estados Unidos “explicó el sistema de sociedades anónimas de Panamá a un grupo de tres abogados chilenos (que no identificó por secreto profesional), los que utilizaron este medio para sacar capitales de Chile durante el gobierno de Allende y también en el régimen militar”.

Uno de esos tres abogados era Alfredo Ovalle. Endara y Olavarría formarían una prolífica, aunque mucho más temible, dupla. El mismo año en que Ovalle y Olavarría pusieron en marcha su primer emprendimiento, agosto de 1976, Endara constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamá, destinadas a financiar la Operación Cóndor: Edice Investment Inc., South Fishing Corporation y Entrecostera Panatlántica, entre otras. De muchas de ellas, Endara ofició de presidente. La pantalla perfecta.

Ovalle, mientras tanto, además de ser asesor ejecutivo de la presidencia de Codelco (1981-1985), siguió ampliando sus inversiones de la mano de Humberto Olavarría y Raimundo Langlois.Una de sus adquisiciones más polémicas data de 1978, cuando la Empresa Nacional de Minería (Enami) le vendió la estatal Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, cuya negociación hasta hoy se mantiene en la nebulosa. Ese sería el pilar de su nuevo centro de operaciones al que muy pronto se sumarian: Inversiones Mineras Norte , la Compañía Minera Las Luces y Minera Oro Andino. Esta última en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet y quien fuera desde 1980 hasta el fin de la dictadura (1990), directora del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín).

Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, que en 1999 fue rebautizada como Minera Las Cenizas, se convertiría en el negocio más importante y lucrativo de Ovalle, y también en el holding de sus inversiones. En diciembre de 2002, tras absorber a la Compañía Minera Las Luces, el capital de la sociedad de Ovalle ascendía a más de $17 mil millones y a través de ella participaba en otras cuatro empresas, entre ellas Minera Florida, cuyo capital por ese entonces superaba los $490 millones. 

DUDOSO “DUE DILLIGENCE”

Sierra Leona, de propiedad de Alfredo Ovalle, fue inscrita en el registro de comercio de Panamá el 20 de noviembre de 1987. Según las escrituras, su objeto es: “la compra, venta, arriendo y tenencia de toda clase de bienes muebles e inmuebles; la realización de cualquier tipo de operación comercial y financiera; y la apertura y operación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza, con bancos en cualquier parte del mundo”.

Mossack Fonseca no solo gestionó la creación de esta sociedad. También le proporcionó el directorio pantalla, integrado por los ciudadanos panameños: José Alberto Ruiz, Diva Argelis Patiño, Leticia Montoya, Francis Pérez y Cornelio McKay, todos ejecutivos de la firma. Dos de ellos, Montoya y Pérez, se mantienen hasta hoy como directores nominales de Sierra Leona junto a Katia Solano, Imogene Wilson yMarta Edghill. Son los mismos nombres que se repiten una y otra vez en los directorios de miles de sociedades ficticias creadas por el bufete panameño en distintos paraísos fiscales: Leticia Montoya es directora de 11.038 sociedades offshore, repartidas en más de una decena de jurisdicciones; Katia Solano de 638 e Imogene Wilson de 422.

En medio del escándalo mundial que significó la publicación de los “Panama Papers”, Mossack Fonseca ha ocupado como defensa el que los chequeos que históricamente ha realizado el bufete antes de incorporar a nuevos clientes a su portafolio, son rigurosos y exceden con creces los estándares existentes en Panamá. Pero la práctica indica que los controles del organismo -tal como lo demuestra la investigación internacional de ICIJ y sus medios asociados- han fallado. Ovalle es uno más de una larga lista de personajes que lo evidencian.

A comienzo de los ‘80 Alfredo Ovalle se convirtió en Chile en el protagonista de un escándalo de proporciones. En 1983, junto a Mario Olavarría Aranguren (hermano del ex jefe financiero de la DINA) fue sometido a proceso en calidad del delito de autor de estafa y fraude contra el Banco de Fomento del Bío Bío, de cual Ovalle fue presidente en 1982, institución financiera de la cual también era socio Humberto Olavarría.

Cuando Sierra Leona fue inscrita por Mossack Fonseca en los registros comerciales de Panamá en 1987, Ovalle estaba en medio del proceso judicial. Recién en agosto de 1991, el ministro en visita Hernán Correa de la Cerda, dictó sentencia de primera instancia contra Ovalle y Olavarría: los condenó por delitos reiterados a 541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa en dinero.

Entre las acusaciones figuran las millonarias pérdidas que experimentó el banco por créditos otorgados a empresas relacionadas. Entre ellas, la Sociedad Inmobiliaria y Comercial Asesora L.V.M. Ltda. y Reloncaví Dos, en ambas Ovalle era socio de Humberto Olavarría. También aparece allí la Pesquera Chauques, la cual recibió cuantiosos bienes de la pesquera de la DINA (EPECH). Todos ellos (incluyendo barcazas y el barco “Nordsee”) fueron liquidados por Olavarría. Pesquera Chauques era propiedad de Olavarría, Raimundo Langlois y Alfredo Ovalle, a través de Comercio Bio Bío.

El ministro Correa de la Cerda enfrentó múltiples problemas durante su investigación. El rumor que corría era que Manuel Contreras ocultaba dineros en el Banco de Fomento del Bío Bío. Finalmente, en su dictamen, el ministro señaló: “El banco otorgó a empresas y personas naturales relacionadas con su administración, préstamos cuantiosos sin garantía, en menoscabo de los intereses del banco”.

En mayo de 1998, Ovalle y Olavarría serían absueltos de todos los cargos por la Corte Suprema. El fallo de alzada sentenció que el Banco de Fomento del Bío Bío “tomó una serie de decisiones económicas excesivamente riesgosas e imprudentes consistentes en una serie de préstamos a empresas o personas relacionadas de enorme cuantía” y que se ejecutaron “operaciones excesiva e injustificadamente onerosas para el banco que terminaron en su insolvencia”. No obstante ese preámbulo, a reglón seguido el fallo señaló que Correa de la Cerda (falleció en diciembre de 1992) no había logrado demostrar a cabalidad la existencia de dolo en el actuar de los acusados.

Cuando Ovalle fue absuelto de cargos, Sierra Leona tenía casi 10 años de funcionamiento.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Tras su creación, la offshore panameña Sierra Leona, cuyas acciones fueron emitidas al portador, comenzó a adquirir participación en distintas sociedades chilenas vinculadas a Alfredo Ovalle: Inversiones y Comercial Carahue, Inversiones Santo Domingo, Inversiones Santo Domingo II, Agrícola Forestal y Ganadera San Francisco de Polpaico, Inversiones San Ramón, Inversiones Trineo, Inversiones Paciflor e Inversiones Luciérnaga, entre otras.

Minera Las Cenizas

El 12 de agosto de 2002, Alfredo Ovalle y su socio Raimundo Langlois, viajaron a Panamá para reunirse con los abogados de Mossack Fonseca. La razón del viaje se relacionaba con el interés del empresario chileno de adquirir dos nuevas sociedades panameñas que pasaron a controlar Sierra Leona. Tras la visita, aparecieron en el mapa de inversiones de Ovalle y Langlois: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated, las que se quedaron con el 100% de las acciones de Sierra Leona en partes iguales.

Tras consolidar su estructura de negocios en Panamá y Chile, Ovalle y Langlois iniciaron otros movimientos financieros. El 17 de marzo de 2006 Imogene Wilson, una de las ejecutivas de Mossack Fonseca y directora de Sierra Leona, fue autorizada para abrir una cuenta corriente para la sociedad en la sucursal panameña del Banco Credit Suisse. Ella es la que aparece como titular de la cuenta, aunque se le entregaron poderes en calidad de abogados a Ovalle y Langlois para que pudiesen operarla.

Cuando Sierra Leona adquirió el 100% de las acciones de Inversiones Santo Domingo II, Ovalle empezó a utilizar a esa última sociedad para participar en distintas empresas: Comercial Serendipity, Agrícola El Peumo e Inversiones Ariwash.

Francisco Ibáñez Concha, mano derecha de Ovalle y Langlois en Minera Las Cenizas, es quien históricamente ha llevado la relación con Mossack Fonseca. Lo usual, es que Ibáñez envíe instrucciones a Panamá para que el directorio ficticio de Sierra Leona consigne en actas oficiales las decisiones que Ovalle y Langlois adoptan respecto de sus negocios.

La apertura de la primera cuenta corriente de Sierra Leona en el Credit Suisse se dio tras una larga discusión interna entre ejecutivos de Mossack Fonseca, capítulo del que ni Ovalle, ni Langlois ni Ibáñez se enteraron.

Francisco Ibáñez Concha

El 9 de marzo Ibáñez había telefoneado al área financiera de Mossack Fonseca preguntando por los procedimientos a seguir para cambiar las acciones al portador de Sierra Leona por acciones nominativas. El propósito de Ovalle y sus socios era abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, país donde no aceptan realizar ese procedimiento en sociedades con acciones cuyo tenedor no esté identificado. También preguntó qué clase de documentos requerirían las entidades financieras estadounidense cada vez que recibieran transferencias por montos sobre los US$500.000.

Los ejecutivos de Mossack Fonseca planearon presentarle una alternativa que conviniera a los intereses de la propia firma. “Quiero venderle al cliente lo que más le conviene a la firma… pensaría que es abrir las cuentas en Panamá o ¿me equivoco?”, preguntó por correo electrónico la ejecutiva Julie Palacios. La respuesta de Ramsés Owens, uno de los abogados de la firma fue inmediata: “100%, por enmendar el pacto no ganamos mucho(se refiere al cambio de acciones a nominativas). Por tramitarle cuentas facturamos más, y lo tenemos como cliente cautivo por mucho más tiempo”.

Sin conocer los motivos detrás de las recomendaciones de Mossack Fonseca, Ovalle y sus socios optaron por Panamá como plaza financiera. Los movimientos continuaron.

A comienzos de 2007, los directores panameños de Sierra Leona, por instrucciones de sus clientes chilenos, resolvieron facultar a Francisco Ibáñez Concha para que “en uso de los poderes que detenta de la sociedad, actúe en Chile con las más amplias facultades y con el objeto de diversificar las inversiones que posee la sociedad en la empresa chilena Inversiones Santo Domingo II Limitada, retire utilidades de esa sociedad por una cantidad no superior a US$10,5 millones a objeto de invertirlos inmediatamente en Inversiones San Ramón Limitada”, sociedad vinculada a Ovalle.

El 23 de enero de 2007, según registro del Diario Oficial, Inversiones San Ramón Limitada fue modificada. La panameña Sierra Leona ingresó a su propiedad aportando $5.427 millones, quedándose con el 99% de las acciones. En febrero de 2009, Inversiones San Ramón, cuyo capital para entonces ascendía a $6.398 millones, sería dividida, dando origen (sin desaparecer) a otras tres empresas: Inversiones Luciérnaga; Inversiones Paciflor; e Inversiones Trineo, todas ellas controladas en un 99% por Sierra Leona.

BELLO AMANECER

El 23 de octubre de 2008, la junta directiva de Sierra Leona instruyó la apertura de una cuenta corriente en el Banistmo de Panamá. En esa misma reunión de directorio, se autorizó al abogado panameño Mario Fonseca López (propietario del bufete Fonseca y Abogados) para que la solicitara.

Fonseca López se había convertido en el hombre ancla de Ovalle y sus socios en Panamá, y en el punto de contacto más próximo con el bufete panameño. Fonseca López ha participado en la constitución de varias empresas pantalla y aparece como director o agente en algunas de ellas. Un artículo del diario El País (España) publicado en 1989 lo vincula como apoderado de la sociedad panameña The Rio Seco Business Company, compañía ligada a la familia asturiana Fernández Espina. Los Fernández Espina fueron investigados a fines de la década de los ’80 por sus conexiones con la familia del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros (ver artículo).

En 2008, una nueva sociedad se incorporó a la estructura de Ovalle en Panamá: la Fundación Bello Amanecer. Entre los servicios que ofrece Mossack Fonseca está el de crear fundaciones de interés privado. Los beneficios que ofrecen son múltiples. En su propia página web los señala: “Una fundación de interés privado panameña, es una entidad que no tiene dueños, pero sí tiene beneficiarios cuyos nombres no son de conocimiento público (…) Se establece claramente un patrimonio separado. Como resultado de ello, la titularidad de los activos no puede ser atacada o impugnada una vez los activos han sido transferidos con éxito, a menos que dentro de los tres años de haberse transferido los bienes, se pueda demostrar que los mismos derivan de un acto criminal o fraudulento” (ver aquí).    

El 28 de octubre de 2008 a las 10:14, Rigoberto Coronado, de Mossack Fonseca, escribió un correo electrónico dirigido a su colega Verna Nelson, con las siguientes instrucciones: “Favor mandar a hacer acta de junta directiva de la sociedad Sierra Leona, en la cual se cancelen los certificados de acciones al portador, todos los existentes, y se emita uno solo en reemplazo de las acciones en circulación, a favor de Fundación Bello Amanecer”.

El acta de la junta directiva que oficializa esa reestructuración está fechada ese mismo día a las 10:30. Los directores que autorizan el movimiento son: Francis Pérez, Leticia Montoya, Imogene Wilson, Marta Edghill y Katia Solano. Así, las acciones al portador fueron canceladas y se emitieron nuevas por la totalidad del capital autorizado (US$10.000) “a cambio de su valor nominativo” y a favor de Fundación Bello Amanecer.

El 3 de diciembre de 2008, una nueva junta de accionistas de Sierra Leona resolvió autorizar la inclusión de Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Mario Fonseca López, como firmantes de la cuenta corriente que la sociedad tiene con el Banitsmo.

Ovalle, Langlois y Fonseca no solo adquirieron poder para operar la cuenta que abrió Sierra Leona con el Banistmo. El 2 de septiembre del 2009, una nueva junta directiva de la sociedad resolvió incluir “como nuevos firmantes” a las mismas personas en la cuenta corriente “que mantiene Sierra Leona en el Banco HSBC de Panamá, sucursal Obarrio”.

En junio de 2010, Sierra Leona y sus inversiones en Chile experimentaron nuevos movimientos. El 1 de ese mes, Francisco Ibáñez le escribió  a Rigoberto Coronado para que realizara una junta de accionistas “actuando los dignatarios panameños” para que se autorizara la aprobación de aumentos de capital en las sociedades chilenas Minera Buenaventura e Inversiones Santo Domingo II.

El Diario Oficial registra que al menos una de esas disposiciones se llevó a cabo en agosto de 2010. El capital social de Minera Buenaventura pasó de $2,5 millones a $4.895 millones. El aumento se realizó “mediante capitalización revalorización capital propio de la sociedad, acumulada según balance al 31 de diciembre 2009, ascendente a $412.912.889 y de utilidades acumuladas, según mismo balance, ascendentes a $4.430.716.352”.

A partir de esta reestructuración, la panameña Sierra Leona quedó con el 98% de las acciones, Cibelys con 1% (otra sociedad panameña de Ovalle) y Alfredo Ovalle con el otro 1%. De aumentos de capital de Inversiones Santo Domingo II en fechas cercanas a la aprobación de la junta directiva (junio 2010), no hay rastro.

ES UN PEP

En mayo de 2008, y a propósito de que la junta directiva de Sierra Leona había decidido emitir un poder especial a Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Francisco Ibáñez, se le pidió al departamento de “compliance” (cumplimiento) de Mossack Fonseca revisar sus antecedentes. El 5 de mayo de 2008, una ejecutiva de Mossfon escribió a “compliance”: “Buenos días, agradecemos ubicar información adicional del Sr. Alfredo Ovalle Rodríguez, cédula nacional de identidad de Chile N° (…) quien según el World Check realizado aparece como PEP (Persona Expuesta Políticamente)”.

La mayoría de las instituciones financieras en el mundo cuentan con políticas respecto de las personas catalogadas como PEP, consideradas de alto riesgo para la banca, lo que obliga a redoblar los esfuerzos en sus procedimientos de chequeo respecto de las operaciones financieras que éstos realizan.

La respuesta del departamento de cumplimiento de Mossfon fue la siguiente: “Les confirmamos que se trata de la misma persona, inclusive vemos que el número de cédula coincide. World check lo ha clasificado PEP, sin embargo revisando en Google podemos confirmar que no se encontraron artículos que lo relacionen con alguna actividad ilícita. Es posible que lo hayan clasificado PEP por haber ocupado el cargo de presidente de SONAMI (Sociedad Nacional de Minería) en Chile”.

Con esa información, el jefe del departamento de corporaciones de Mossack Fonseca, Edison Teano, zanjó el tema: “Si solo aparece como PEP por esa razón, no veo inconveniente en seguir adelante con el poder”.

El proceder de Mossack Fonseca no fue el mismo que siguió años después, en enero de 2013, el Credicorp de Panamá cuando decidió, pese a la insistencia de Mossack Fonseca, no abrirle cuenta corriente a Sierra Leona.

Tras informarle a la subgerenta del banco (16 de octubre de 2012) si la institución financiera tenía algún reparo con abrir una cuenta –a nombre de Sierra Leona– para recibir los dividendos de “una compañía minera allá en Chile”, Rigoberto Coronado de Mossack Fonseca le escribió a Francisco Ibáñez solicitándole una serie de documentos para entregarle un dossier al banco. Entre ellos, recomendaciones comerciales.

-“¿Cuándo dices recomendaciones comerciales, a qué te refieres?”, preguntó por correo electrónico Ibáñez.

–“Me refiero a una empresa que trabaje contigo, en realidad yo te puedo hacer una de Mossfon, no te preocupes por esa”.

El 23 de noviembre fue Coronado quien preguntó a Ibáñez: “¿Vamos a indicarle al banco que el último accionistas o beneficiario final es Alfredo Ovalle? ¿Cuánto será el depósito final?

A lo que Ibáñez respondió: “Efectivamente en Sierra Leona el beneficiario final es Alfredo Ovalle. El depósito inicial será cercano a US$100.000”.

Las tratativas con el Credicorp marchaban sin inconvenientes. Pero el 18 de enero de 2013 todo cambió. El banco rechazó la apertura de la cuenta. Frente a la negativa, Coronado escribió a la ejecutiva: “Hice que nuestro departamento de cumplimiento buscara y me reportaron lo mismo que ya tienen ustedes. Leí todo lo que aparece en la jurisprudencia de este caso (NdR: se refiere al extenso juicio del Banco de Fomento del Bío Bío, del que Ovalle fue absuelto en 1998)  y aunque no soy abogado chileno, mi formación me ayuda a entender que como todo buen litigio, se cumplieron las etapas procesales en este complejo caso y en la Corte Suprema de Justicia fueron absueltos todos los acusados”.

La respuesta del banco no cambió: “Hemos enviado nuevamente a consideración la cuenta, pero lamentablemente nos han solicitado desistir del trámite de don Alfredo. Favor confirmar cuándo retirarán los expedientes relacionados con la apertura”.

Entre los papeles que Ibáñez envío desde Chile para la apertura de la cuenta de Sierra Leona en el Credicorp de Panamá, aparecen dos dossiers. Uno corresponde a Ovalle y el otro a Langlois. En los de ambos están sus respectivas declaraciones de renta de los años 2011 y 2012. Para el año 2012, Ovalle declaró $741.134.283 (ítem subtotal renta global comp.) y pagó $161.882.696 en impuestos. Langlois, en tanto, declaró $523.395.348 (mismo ítem) y pagó $114.399.417.

El 2 de enero de 2014, los ejecutivos de Mossack Fonseca parecen haber logrado el objetivo de abrir una nueva cuenta corriente. En el acta de directorio que se llevó a cabo ese día, el Multibank de Panamá fue “designado depositario de los dineros de Sierra Leona”. Francisco Ibáñez, Mario Fonseca Imendia y Mario Fonseca López, quedaron con autorización para firmar.

El último documento disponible de Sierra Leona en los papeles de Mossack Fonseca, refiere a la tasa anual obligatoria que deben pagar todas las sociedades anónimas en Panamá (el único que deben hacer en ese país). El pago fue realizado el 23 de enero de 2015 y fue de US$300, monto que le cuesta a Ovalle y sus socios mantener activa esa sociedad en los registros comerciales de Panamá. La cifra total de dineros que llegaron desde Chile a las cuentas asociadas a sus entidades offshore permanece en secreto.

LAS CARTAS

El 22 de marzo pasado, CIPER envió a través de sendos correos electrónicos cartas para Alfredo Ovalle Rodríguez y para Raimundo Langlois Vicuña, preguntándoles sobre sus sociedades en Panamá. CIPER no recibió respuesta.

Ovalle optó por explicar su situación a través de una carta al director enviada al diario La Tercera, y publicada el miércoles 6 de abril:

“Señor director,
En relación con algunos comentarios recibidos producto de la mención de mi nombre en la prensa, quisiera precisar lo siguiente.

Con ocasión de la crisis económica que afectó a Chile en los años ochenta, algunas de las empresas donde participaba como accionista y administrador cayeron en quiebra. Esto dio lugar a procesos judiciales de los acreedores en mi contra, en todos los cuales fui completamente absuelto por la Corte Suprema de Justicia después de más de 15 años en los que, como es habitual en estos casos, me vi restringido de ser sujeto de crédito, adquirir bienes y poder actuar a mi nombre.

Producto de esta situación, me vi en la necesidad de partir nuevamente, y para los efectos de poder reiniciar mi vida empresarial, debí hacerlo a través de una sociedad extranjera.

Todas las utilidades de estos emprendimientos tributaron en Chile con el impuesto a la renta, y aquellas cantidades que se remesaron al exterior cumplieron con los deberes tributarios aplicables en Chile. Esta información está en conocimiento de las autoridades pertinentes de nuestro país y, tanto mis empresas como yo, estamos al día con nuestras obligaciones impositivas.

Alfredo Ovalle Rodríguez”.