El abogado Sebastián Aylwin fue jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente, en el gobierno de Gabriel Boric. Aylwin generó modificaciones al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el que ahora se evalúan los proyectos de inversión. Al término de la gestión de Boric dejó ese puesto y cuatro meses después se supo que asesora a CleanTech Lithium en la tramitación de permisos ambientales para su proyecto de litio en el salar Laguna Verde. El contrato para desarrollar esa iniciativa se firmó por trato directo bajo el gobierno de Boric, a pesar de que en 2025 un informe de la U. de Antofagasta advirtió que en esa zona un proyecto de este tipo “podía acelerar significativamente la pérdida de agua”. Desde mayo pasado la iniciativa está parada, ya que la Contraloría, en el trámite de toma de razón, formuló observaciones al contrato.

El 10 de marzo pasado, el abogado Sebastián Aylwin, histórico militante del Frente Amplio, dejó el Ministerio del Medio Ambiente, en donde encabezó la Oficina de Evaluación Ambiental y -en los últimos dos meses- la División Jurídica de esa misma secretaría de Estado. En esa institución lideró las reformas al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual opera actualmente como el instructivo de análisis para los proyectos de inversión. Cuatro meses después de dejar el cargo, la empresa CleanTech Lithium hizo pública su contratación para asesorar la tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental de uno de sus proyectos de extracción de litio en el salar de Laguna Verde. Es decir, fue contratado para gestionar la iniciativa bajo las normas del reglamento que él mismo reformó. 

Aunque el fichaje de Aylwin por la minera CleanTech no constituye un incumplimiento legal, el caso abre nuevamente la discusión sobre los límites que se debería poner a los exfuncionarios públicos para que puedan pasar al sector privado sin que eso genere un posible conflicto de intereses, por la eventual información privilegiada y contactos que manejan al interior del servicio público. Como lo dijo a CIPER el abogado experto en transparencia, Alberto Precht, si bien no está prohibida una contratación como esta, puede haber un inconveniente ético: “Si la persona que redacta algo, luego va a trabajar con quién beneficia ese reglamento, evidentemente puede contar con alguna ventaja que otras (empresas) no tienen”. Pero, mientras la norma no contemple la prohibición, explicó Precht, “los conflictos éticos los regula cada uno en su fuero interno”.

Actualmente la Ley 18.575 regula las inhabilidades de exfuncionarios del Estado para trabajar en empresas privadas. Pero, esta solamente señala un impedimento de seis meses posterior a la salida del cargo para “exautoridades o exfuncionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo”. En este caso, aunque Aylwin no pertenecía a un organismo que fiscaliza, si estuvo a cargo de reformar el sistema que evalúa la entrega de permisos medioambientales.

Sebastián Aylwin respondió a CIPER, sobre un potencial conflicto de interés: “En mi rol como jefatura de la Oficina de Evaluación Ambiental, llevamos adelante diversas modificaciones al SEIA, ninguna de las cuales implica un beneficio directo o indirecto al proyecto Laguna Verde, el cual espera presentar su Estudio de Impacto Ambiental cumpliendo con el estándar más exigente de nuestra normativa ambiental”.  

En tanto, en CleanTech explicaron a CIPER: «CleanTech Lithium no advierte ningún conflicto de interés en su contratación. Su incorporación se produjo una vez finalizadas sus funciones en el sector público y responde al compromiso de la compañía de contar con profesionales de primer nivel para asegurar que el desarrollo y futura evaluación ambiental de Laguna Verde -que está sujeta a la obtención del CEOL [Contrato Especial de Operación de Litio]- se realicen con estricto apego a la normativa y a las exigencias de las autoridades competentes».

El contrato de litio o CEOL que firmaron la empresa y el Estado en 2026, que concedió mediante trato directo a CleanTech explotar el salar de Laguna Verde, fue enviado a Contraloría el 10 de marzo pasado para la toma de razón. Pero, dos meses después, el ente fiscalizador paralizó ese acuerdo debido a que la concesión se otorgó directamente a la empresa sin un justificativo acreditado. 

En 2024, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), liderada por Álvaro Elizalde, presentó un proyecto de ley para ampliar la lista de exfuncionarios inhabilitados temporalmente -por un año- para prestar servicios a privados relacionados. Y este año, la diputada Gael Yeomans (FA) propuso una modificación a la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública, la que propone ampliar ese impedimento a dos años, además de incluir multas para quienes no cumplan con ese plazo y la imposibilidad permanente para volver a trabajar en el Estado. 

Salar Laguna Verde (Créditos: NASA / ISS074-E-0791011)

ALERTA DE LA U. DE ANTOFAGASTA

La empresa CleanTech, fundada en 2017 y de capitales británicos, se dedica a la producción de litio para baterías. En Chile, lleva cinco años tratando de implementar un proyecto en el salar de Laguna Verde que busca explotar el mineral a través de un mecanismo que permitiría un bajo consumo de agua. En 2025, logró el primer paso y firmó un contrato por trato directo con el gobierno de Gabriel Boric para explotar Laguna Verde, convirtiéndose en uno de los 10 proyectos que constituyen la estrategia nacional del litio impulsada por la administración anterior. Pero, en el trámite de toma de razón, el contrato fue detenido en mayo pasado por la Contraloría, que formuló observaciones al mecanismo de trato directo y a una eventual falta de sustentabilidad económica de la empresa.

El contrato se gestó a pesar de las advertencias que había recibido el Ministerio del Medio Ambiente. En mayo de 2025, la entidad recibió un informe de la Universidad de Antofagasta que advirtió que un proyecto en Laguna Verde podría “acelerar significativamente la pérdida de agua” en el lugar. Una vez firmado, el paso siguiente para la iniciativa de CleanTech era iniciar la tramitación del proyecto en el Sistema de Evaluación Ambiental, tarea para la que ficharon a Aylwin, pero que se vio frenada por la negativa a la toma de razón de Contraloría.

Sebastián Aylwin estuvo a cargo de liderar las modificaciones al reglamento del SEIA, una tarea relevante para el gobierno anterior, en el marco de su estrategia de reactivación económica, la discusión sobre la denominada “permisología” y la instalación de proyectos de inversión con una perspectiva más sustentable. Por lo tanto, no extrañó que el abogado a cargo de estos cambios fuese miembro del círculo político original del Frente Amplio, exdirigente del movimiento estudiantil de Derecho en la Universidad de Chile y que, incluso, haya compartido la vocería de la toma de 2009 con Gabriel Boric.

Ya en su cargo, Aylwin lideró la presentación de las reformas al SEIA, representando al Ejecutivo, en las comisiones de Medio Ambiente y Hacienda del Senado. También expuso esas modificaciones ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, órgano interministerial. Además, registra al menos 15 reuniones de lobby en las que se le consultó por los cambios al reglamento ambiental.

EL ROL DE AYLWIN

El 1 de febrero de 2024, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°30 del Ministerio del Medio Ambiente, que incluyó en el reglamento del SEIA las obligaciones que impone la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú. Entre estos cambios se implementó la consideración de los efectos del cambio climático en la evaluación ambiental, y la facilitación en el acceso a la información y la participación ciudadana en la entrega de información sobre proyectos. 

Dos años después, el 21 de enero de 2026, se publicó una segunda reforma del Ministerio del Medio Ambiente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las principales modificaciones de ese decreto consistieron en ampliar los umbrales por los cuales un proyecto debe someterse a evaluación ambiental, actualizando los requisitos para iniciativas que contemplen actividades eléctricas, mineras, combustible, sustancias tóxicas, etc. (vea esas modificaciones). Por ejemplo, antes un proyecto debía someterse a evaluación ambiental si almacenaba más de 200 mil litros de combustibles en sus instalaciones. Con la modificación, se amplió a que se someta a evaluación ambiental si es que almacena más de 850 mil litros en sus instalaciones. Básicamente, el efecto es que serán menos los proyectos que se sometan a evaluación ambiental.

Estos cambios al SEIA fueron liderados por Sebastián Aylwin mientras encabezó la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en el gobierno de Boric. Sobre ese trabajo, Aylwin publicó en su perfil de LinkedIn: “Durante este tiempo impulsamos avances que, creo, marcarán el desarrollo del sistema en los próximos años. Entre ellos, la reforma al Reglamento del SEIA para incorporar de manera explícita el cambio climático y fortalecer la participación ciudadana conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú. También trabajamos en la actualización de las tipologías de ingreso al sistema, con el objetivo de que el SEIA pueda concentrar mejor sus esfuerzos en la evaluación de proyectos de mayor envergadura y relevancia ambiental”. 

Tras la última modificación del SEIA, Aylwin también mencionó en su LinkedIn: “Con este hito concluye un proceso que nos tomó varios años y que demuestra que con información técnica rigurosa es posible orientar modificaciones normativas que mejoren la eficiencia de la evaluación ambiental, sin comprometer el estándar de protección”. 

Desde este 1 de julio, Aylwin comenzó a trabajar en la empresa CleanTech Lithium. Tal como señaló en sus redes, en la empresa va a “liderar la elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Laguna Verde. Se trata de una iniciativa orientada a la extracción de litio mediante la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), lo que reducirá de manera significativa los impactos ambientales asociados a este tipo de operaciones, reinyectando la salmuera extraída al salar, lo que permitirá resguardar el valor ambiental de la laguna”.

Las modificaciones al procedimiento de evaluación ambiental son también parte de un curso que impartirá Aylwin en la Universidad Diego Portales. En este, junto a Ariel Espinoza, exjefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente durante la administración de Boric, y Francisca del Fierro, exfiscal del Servicio de Evaluación Ambiental en el mismo periodo, impartirán clases sobre la reforma al reglamento. 

SALARES PROTEGIDOS

En abril de 2023, el entonces Presidente Gabriel Boric presentó en cadena nacional la Estrategia Nacional del Litio, una política pública para desarrollar proyectos de exploración y explotación de ese mineral. Y, para impulsar esa propuesta, se determinó que el Estado suscriba Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) con empresas privadas. 

Para el desarrollo de la iniciativa también se contempló la creación de una Red de Salares Protegidos, a objeto de determinar sitios idóneos para explotar litio y otros que, por sus características más frágiles, debían quedar bajo protección. “Promoveremos la investigación en los salares para saber cómo poder cuidarlos mejor”, dijo Boric: “Para ello, estableceremos una red de protección de salares cumpliendo el compromiso de un 30% de ecosistemas protegidos al 2030”. 

El 26 de marzo de 2024, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad encargó al Ministerio del Medio Ambiente estudiar los salares a proteger, sobre la base de una nómina de 27 locaciones que entregó el organismo. En esa lista, Laguna Verde ya no estaba considerada. Tres meses antes, Medio Ambiente ya había iniciado una revisión de estos lugares, a través de un convenio con la Universidad de Antofagasta. El informe de la universidad, publicado en mayo de 2025, señaló que Laguna Verde estuvo en una nómina inicial para considerar su protección, pero, en el listado que el Consejo de Ministros entregó ya no estaba.  

Además, el informe de la universidad advirtió sobre la iniciativa de CleanTech: “La eventual aprobación de iniciativas como el proyecto de extracción de salmuera promovido por CleanTech Lithium genera especial preocupación, ya que la intervención antrópica podría acelerar significativamente la pérdida de agua y comprometer la estabilidad ecológica del salar” (vea ese informe).

En septiembre de 2024, el Ministerio de Minería presentó a Laguna Verde como uno de los salares en los que se podrá operar a través de un CEOL. Esto, tras una consulta pública en que se pidió a empresas que manifestaran su interés sobre los salares en que pretendían explotar litio. 

Estando Laguna Verde en el listado, el 21 de enero de 2025 CleanTech Lithium ingresó un CEOL al Ministerio de Minería a través de una sociedad constituida en 2018 para desarrollar el proyecto: Atacama Salt Lakes SpA. Pero, el 22 de abril de 2025, esa secretaría de Estado rechazó el contrato, ya que determinó que la empresa no contaba con el porcentaje mínimo de propiedad minera para obtener la concesión y no tenía la capacidad financiera para concretar el proyecto (vea esa resolución).

Siete meses después, CleanTech tramitó otra solicitud de CEOL. Esta vez, según informó el Diario Financiero, adquirió la propiedad minera de Minergy Chile SpA, otra de las sociedades interesadas en Laguna Verde. Con ello, obtuvo el 98% de la propiedad solicitada.

El 10 de marzo pasado, el Ministerio de Minería informó que envió a la Contraloría diez contratos de litio para su respectiva revisión y toma de razón. Entre estos se encontraba el de Laguna Verde. El acuerdo de la empresa con el Estado fue una concesión de 40 años para explotar litio con una producción anual de 15 mil toneladas, y una inversión estimada en US$748 millones. 

A fines de agosto pasado, el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, comentó a El Mercurio que las observaciones de la Contraloría se encuentran en revisión y que en los próximos meses se reingresarán para una nueva toma de razón.