El viernes 5 de junio la defensa del histórico «coronel» de la UDI Jovino Novoa Vásquez jugó una de sus últimas cartas para tratar de atenuar el impacto de la audiencia en la que el ex senador será formalizado este lunes 22 de junio: presentó ante el tribunal un comprobante del depósito por $15,3 millones que hizo para reparar el perjuicio fiscal en el que habría incurrido por la emisión de facturas y boletas de honorarios falsas. La idea de sus abogados es demostrar que, aunque Impuestos Internos (SII) se querelló en su contra el 11 de mayo y la Fiscalía pidió formalizarlo, los cargos que se le imputan sólo constituyen una falta ya corregida por la vía administrativa.

Incluso, la defensa de Novoa podría argumentar que el SII ya le rebajó una parte de lo que debía pagar. Pero esa sería una apuesta osada, pues esa condonación se realizó violentando las normas de Impuestos Internos y dio origen a una investigación al interior de ese servicio de la cual no se conocen resultados (vea el reportaje de CIPER “Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII”)

Jovino Novoa es uno de los primeros cinco políticos acusados de delitos tributarios -al facilitar y/o beneficiarse con el financiamiento ilícito de campañas electorales- que serán formalizados este lunes 22 de junio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Además del ex presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa Vásquez (UDI), en la nómina figuran: el senador en ejercicio por la Región de Los Lagos, Iván Moreira (UDI); el diputado por Puerto Varas, Felipe de Mussy (UDI); el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), y el ex diputado por Santiago, Alberto Cardemil (RN).

Iván Moreira

La audiencia de formalización programada para este lunes será un hito en la investigación a los ilícitos del Grupo Penta, proceso en el que los controladores de ese holding –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– y sus principales gerentes, ya fueron formalizados por evasión tributaria. Lo que partió como una indagatoria sobre algunos contadores y fiscalizadores del SII que gestionaban devoluciones fraudulentas de tributos, desembocó en una historia de platas negras para campañas electorales. Inicialmente, la investigación apuntó al aporte ilegal del Grupo Penta a candidatos de la UDI, pero la pesquisa demostró que otras empresas, como las del Grupo Angelini y Soquimich, también hicieron aportes ilícitos a figuras de la Nueva Mayoría, lo que incluso costó la caída del ahora ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD).

De los cinco políticos que serán formalizados este lunes 22, dos resultan clave para entender cómo funcionaba el sistema de los aportes ilegales y por qué la investigación se ha ido ampliando como una mancha de aceite sobre todos los sectores políticos: Jovino Novoa y Pablo Zalaquett. El primero, porque no solo está acusado de haber pedido aportes al Grupo Penta que se justificaron con boletas de servicios que nunca se prestaron, sino porque también se le imputa haber incurrido personalmente en evasión tributaria, ya que habría emitido facturas falsas de su propia sociedad Inversiones y Mandatos y también gestionado boletas falsas para otras sociedades.

En el caso de Pablo Zalaquett, la investigación determinó que sus fuentes de aportes ilícitos no solo fueron empresas del Grupo Penta, sino otras conocidas compañías. Entre estas últimas apareció Soquimich, lo que permitió a la Fiscalía tirar de una hebra que ha convertido este proceso judicial en la fuente de una de las más duras crisis políticas del oficialismo. Las huellas del dinero de Soquimich golpearon -y siguen golpeando- a parlamentarios y dirigentes oficialistas, como el senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, el diputado Roberto León (DC) y el ex ministro Rodrigo Peñailillo (PPD).Ch

La arista Soquimich también impactó a uno de los máximos ejecutivos del gigante de la energía en América Latina: Enersis. Su presidente, Jorge Rosenblut, deberá declarar en los próximos días como imputado, al ser sindicado como uno de los autores del diseño y ejecución del financiamiento ilegal de la pre campaña de Michelle Bachelet, a través de la empresa de Giorgio Martelli, la que recibió dineros de Soquimich y del Grupo Angelini, entre otras (ver reportaje Jorge Rosenblut: las huellas del próximo imputado por la caja negra de Martelli).

La nómina de los políticos implicados en el financiamiento ilegal de campañas que podrían llegar a tribunales aún está incompleta, ya que la investigación tanto en Impuestos Internos como en el Ministerio Público sigue en desarrollo. De allí que se espera que la indagatoria derive en la formalización de una segunda camada, la que ahora incluiría a figuras de la Nueva Mayoría.

NOVOA ENTRA A LA CANCHA

El nombre de Jovino Novoa, ex presidente de la UDI, aterrizó en la carpeta investigativa de la Fiscalía con la declaración del ex gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo López. El 12 de septiembre de 2014, ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, Bravo afirmó: «Las facturas 677 y 679 de Inversiones y Mandatos (la sociedad personal de Novoa) corresponden a una factura que se dio para la candidatura de Ena von Baer. Al reverso anoté con mi letra J.N., que significa Jovino Novoa, por cuanto siempre Jovino Novoa conseguía facturas de esa empresa, incluso en las campañas anteriores en las que se colaboró (…). Estas facturas son para candidatos de la UDI que recolectaba Novoa».

Nada se supo de la implicancia de Novoa en los delitos que se investigaban hasta el 30 de septiembre de 2014, cuando CIPER publicó: «Entre las imputaciones de Bravo aparece la figura del ex senador e histórico ‘coronel’ de la UDI, Jovino Novoa, a quien se individualiza como la persona que decidía a qué candidatos debían asignarse las platas de Penta» (vea el reportaje de CIPER “La caja negra de las platas políticas que sacude a la UDI”).

Jovino Novoa

El ex senador reaccionó negando enfáticamente la acusación de Bravo: «No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado de ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”. Incluso anunció eventuales acciones legales por los antecedentes divulgados por CIPER, las que hasta hoy no se han concretado.

Durante los meses siguientes, la investigación del Ministerio Público y los antecedentes aportados por Impuestos Internos configuraron presunciones fundadas de que Novoa -como persona natural y a través de su empresa Inversiones y Mandatos, que constituyó en 1987 con el abogado Carlos Olivos-, habría cometido delitos tributarios en las operaciones que ejecutó para allegar fondos ilícitos a actividades políticas.

Para la UDI, que entonces ya tenía involucrados en el financiamiento electoral con platas ocultas a la senadora Ena von Ber, al senador Iván Moreira y al diputado Felipe de Mussy (ver recuadro), el golpe fue durísimo. Pero lo fue en especial por la acusación contra Novoa, dado su ascendiente y poder en el partido, donde mantiene su condición de miembro de la comisión política, y además preside la Fundación Jaime Guzmán.

Argumentando el «principio de inocencia» la defensa de la UDI fue casi unánime. El propio Novoa -que se ha acogido al derecho a no declarar las dos veces que ha sido citado por el Ministerio Público- desplegó una estrategia de críticas hacia la investigación: primero, por las supuestas filtraciones del expediente, y luego, acusando el excesivo protagonismo de los fiscales. El 29 de marzo, en una entrevista que concedió a El Mercurio, cuestionó «el afán tremendamente mediático de los fiscales que están interviniendo en este caso (…) no necesitamos figurines; se requieren instituciones que actúen de acuerdo a reglas».

Allí mismo reafirmó su inocencia: «Tengo la conciencia muy tranquila», respondió, cuando le preguntaron si había infringido la ley. Y negó haber sido recaudador de platas para campañas de la UDI. Junto con anunciar que no renunciaría a la comisión política gremialista, se rehusó a explicar las boletas emitidas por Inversiones y Mandatos al Grupo Penta. También expresó la necesidad de un acuerdo político nacional para «salir de este marasmo (…) aquí el caiga quien caiga es el eslogan de los irresponsables».

Pocas voces disidentes se levantaron dentro del partido: Evelyn Matthei y los alcaldes Francisco de la Maza (Las Condes) y Mario Olavarría (Colina). Matthei pidió la renuncia de Novoa y duramente expresó: «Jovino Novoa va a terminar destruyendo el partido, va a terminar sepultado a la UDI». Pero la comisión política de ese partido no ha variado su postura. A pesar de que el diputado Ernesto Silva, uno de los ahijados políticos de Novoa debió abandonar la presidencia de la UDI por su directa vinculación con los ilícitos investigados, el gremialismo ha mantenido un escudo protector en torno al ex senador y recientemente denunció que Novoa ha sido víctima de «persecución política».

El nuevo presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, sí marcó una tenue línea divisora al anunciar que ni él ni el secretario general Guillermo Ramírez iban a asistir a la audiencia de formalización, porque su presencia podría ser interpretada como una presión a los tribunales y una defensa corporativa: «No es un partido el que está siendo objeto de un acto, son personas, y cada uno debe responder por esos hechos», dijo. Pero se dejó en libertad de acción al resto de dirigentes y militantes que deseen concurrir.

LAS PRUEBAS CONTRA EL EX SENADOR

La defensa del ex senador, encabezada por el abogado y ex canciller de Pinochet, Miguel Schweitzer, ha sido la más activa para tratar de torpedear el proceso antes de que llegue a un tribunal. En las últimas semanas intentó sin éxito trasladar su caso del Octavo al Cuarto Juzgado de Garantía. El recurso fue considerado por los querellantes como una maniobra para dilatar el proceso.

Igualmente fallida fue la presentación -a comienzos de mayo- para que se anulara la solicitud de formalización a Novoa, argumentando que no había querella previa de Impuestos Internos en su contra, lo que constituiría un requisito para iniciar la investigación judicial de delitos tributarios. De hecho, la querella de Impuestos Internos contra Moreira y Zalaquett recién se presentó el viernes 19 de junio, a solo tres días de la audiencia.

Pero los antecedentes recopilados por el SII, vertidos en un informe interno fechado el 17 de abril -que incluyen testimonios y la contabilidad de su empresa Inversiones y Mandatos- avalaron la presentación de la querella contra Novoa por «la facilitación dolosa de seis facturas exentas de IVA y tres boletas de honorarios ideológicamente falsas a distintas empresas del Grupo Penta, y la evasión del impuesto a las donaciones asociado a estas operaciones que suman $36,1 millones”.

El mismo informe del SII indica que Novoa, como representante legal de Inversiones y Mandatos, presentó seis declaraciones de impuestos “maliciosamente falsas” en los años tributarios 2009 a 2014, en las que incorporó 15 boletas falsas, emitidas por terceros, por un total de $30,9 millones. Esos “terceros” fueron identificados como Teresa Riera Rawllins y Nicole Sotomayor Chamorro, hija de Bernardita Chamorro, secretaria del estudio Guerrero y Cía., del cual Novoa Vásquez se retiró en enero pasado cuando el escándalo ya lo había alcanzado.

Teresa Riera Rawlins, quien prestó servicios para el estudio Guerrero y Cía., declaró ante la Fiscalía en octubre del año pasado y reveló que en 2001 le había entregado a la secretaria de Novoa, Bernardita Chamorro, un talonario de boletas, del cual aseguró se había «desentendido». Teresa Riera afirmó que en 2014 constató que «habían tres boletas de 2013 que yo no había emitido y cuyo dinero tampoco recibí». Una a Guerrero y Cía, otra a Empresas Penta y la tercera a Inversiones y Mandatos. Riera afirmó haberse comunicado con Bernardita Chamorro, quien le habría informado que «Jovino Novoa quería reunirse conmigo y que él iba a solucionar todo. Y le dije que por instrucción de mi abogado yo no me iba a juntar con Jovino Novoa».

La declaración de Teresa Riera se contradice parcialmente con la que dio Bernardita Chamorro en noviembre último. Ella dijo no conocer a Riera y que el talonario se lo había entregado en 2006 la anterior administradora del estudio Guerrero y Cía., Cecilia Ibáñez. «Paulatinamente el señor Novoa me solicitaba emitir boletas», afirmó Chamorro, reconociendo que las confeccionó a nombre de Inversiones y Mandatos y solo una para Penta S.A.

En cambio, Nicole Sotomayor -hija de Bernarddita Chamorro- no aceptó declarar ante el SII y se negó a proporcionar información sobre las boletas emitidas a sociedades relacionadas con Jovino Novoa, entre ellas las seis boletas que hizo a nombre de Inversiones y Mandatos. Cuando Impuestos Internos la notificó para que entregara contratos o informes que respaldaran los trabajos realizados para dicha sociedad, ella respondió por escrito: «Debido a que se trata de una persona natural que no lleva contabilidad, no posee comprobantes».

En total, Nicole Sotomayor emitió 62 boletas (entre 2008 y 2013) a sociedades en las que Jovino Novoa aparece asociado a su propiedad: seis para Inversiones y Mandatos por un total de $11,4 millones; 52 boletas para Guerrero y Cía. por un suma global de $97,6 millones; dos boletas para Asesorías Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz por $2,7 millones en total y dos boletas para Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz que totalizan $5,1 millones

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

La secretaria Bernardita Chamorro deslizó en su declaración antecedentes que pueden implicar a familiares de Novoa en los ilícitos que se le imputan. En la declaración que prestó ante la PDI en noviembre pasado, Chamorro relató: «Debo señalar que mientras el señor Jovino Novoa fue senador hasta 2013, las instrucciones las canalizaba a través de su esposa, Angélica Mackenna Echaurren o su hijo Benjamín Novoa Mackenna«.

Al revisar los antecedentes de Inversiones y Mandatos, el SII detectó además la existencia de honorarios pagados a María Angélica Mackenna Echaurren, quien en agosto de 2003 fue nombrada presidenta del directorio de la sociedad. Según los fiscalizadores, esos honorarios no cumplían los requisitos legales para ser rebajados del impuesto de Primera Categoría. Entre 2009 y 2014 la esposa de Novoa recibió $358,9 millones brutos.

El Departamento de Delitos Tributarios del SII citó a la esposa de Jovino Novoa en abril pasado, pero no asistió. Posteriormente, el 14 de abril, a través de su abogado envió un escrito con el que acompañó las copias de las boletas que emitió entre 2009 y 2014, y las actas de las juntas de accionistas de Inversiones y Mandatos (ella y Novoa tienen el 100% de la propiedad) que registran la aprobación de sus remuneraciones.

La sociedad de Novoa no solo presentó boletas falsas en sus declaraciones de impuestos, también facilitó facturas falsas que fueron extendidas a empresas del Grupo Penta. Así lo confirmaron ante los fiscales los propios dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Las declaraciones de ambos se realizaron en los primeros días de enero pasado y se mantuvieron bajo reserva hasta febrero. Cuando sus testimonios se conocieron, no cayeron bien en la UDI y fueron lamentados por el vicepresidente del partido, Domingo Arteaga: «Las declaraciones de los controladores de Penta son bastante impresentables», expresó a La Tercera el 2 de febrero.

¿Qué habían dicho «los Carlos»?

El 5 de enero Délano declaró: «Jovino es una persona muy cercana a mí y muy amigo mío (…). Jovino no ha concurrido a pedir dineros para él. Él concurrió a pedir aportes para campañas políticas de otros candidatos. Le aportamos alrededor de $25 millones para esos candidatos (…) las facturas de Inversiones y Mandatos no corresponden a ningún servicio que se haya prestado a empresas Penta ni a Inversiones Penta III». Délano -un histórico financista de la UDI- especificó que las boletas entregadas a Penta por Carlos Lira, Ignacio Ternicier y Teresa Riera, las que habrían sido gestionadas por Novoa, «no corresponden a ningún servicio que se haya prestado a Penta».

Al día siguiente de la declaración de Délano, Carlos Eugenio Lavín declaró a los fiscales: «Los dineros que Jovino pedía no eran para él, sino que para candidatos afines a él. Lo que pienso es que Jovino facilitaba las facturas de Inversiones y Mandatos para otros candidatos». Y reafirmó que la sociedad de Novoa «no prestó servicios para Empresas Penta, que yo sepa».

El SII consideró que el ex senador «facilitó documentos tributarios falsos tanto de terceras personas, como de Inversiones y Mandatos» Estos fueron ingresados a la contabilidad de Empresas Penta, Inversiones Banpenta II e Inversiones Banpenta III «aumentando éstas indebidamente sus gastos y declarando y determinando un impuesto inferior al que efectivamente les correspondía», concluyó Impuestos Internos. Fueron seis facturas y tres boletas, por un total de  $36,1 millones.

Quien llenó las facturas fue la secretaria Bernardita Chamorro. Ella dijo a la PDI: «Las facturas las manejaba don Jovino en su oficina y me daba instrucciones de emitirlas conforme a los datos que él me entregaba. Desconozco acaso se efectuaron los trabajos con estas empresas».

En la audiencia del próximo lunes, Novoa se sentará frente al estrado a escuchar los cargos que se le imputan: “Delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 Nº 4 inciso final del Código Tributario, en carácter de consumados y reiterados, en calidad de autor, cometidos entre los años 2012 y 2013”. Luego los fiscales expondrán los antecedentes que respaldan su petición. Una de las grandes incógnitas de la audiencia es cuán duras serán las medidas cautelares que le impondrá el tribunal.

LOS MECENAS DE ZALAQUETT

Un total de $33,4 millones en perjuicio fiscal dejó, según los cálculos del SII, el financiamiento irregular de la fallida campaña a la senaturía por Santiago Poniente de Pablo Zalaquett (UDI). El monto se desglosa entre los impuestos que siete empresas dejaron de pagar al reducir su base imponible a través de facturas falsas para justificar donaciones políticas por fuera de la ley a Zalaquett ($21,2 millones) y los tributos que el candidato debió pagar por recibir dichos dineros ($12,1 millones).

De acuerdo a los distintos testimonios recabados por el Ministerio Público, el mecanismo utilizado por Zalaquett consistió en pagar a dos empresas que prestaban servicios comunicacionales para su campaña (Pecado Kapital y Reactor) a través de aportes ilegales de otras compañías. La indagatoria comenzó a partir de Empresas Penta, que mediante este mecanismo canceló servicios por $15 millones para la candidatura de Zalaquett.

En su declaración ante la Fiscalía, Zalaquett relató que conocía a uno de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, debido a que éste era presidente de la Fundación Teletón e interactuaron cuando fue alcalde de Santiago. En julio de 2013, tras el triunfo de Pablo Longueira (UDI) en la primaria de la Alianza, le envió un correo electrónico: “Creo que hoy es más necesario que nunca reforzar nuestro Parlamento, para promover y reforzar nuestras ideas”, le escribió. Luego, el empresario lo recibió en sus oficinas. “En dos palabras le expliqué que quería ser una especie de alcalde-senador, no quería abandonar a la gente de la calle”, relató Zalaquett a los fiscales.

Pablo Zalaquett

Después de esa reunión fue el gerente de Empresas Penta, Hugo Bravo, quien se contactó con la jefa de campaña de Zalaquett, Carmen Luz “Coca” de Castro, y le anunció que el holding le haría un aporte de $15 millones. En ese mismo contacto, Bravo le explicó que el aporte se materializaría a través del pago de alguno de los servicios que se estuvieran prestando a la candidatura.

“Esta forma de operar se aceptó, porque entre los aportes de la Ley Electoral un privado puede pagar en especie o en pago de servicios prestados al candidato. Esta forma de aportar se llama aporte de privado”, dijo De Castro ante los fiscales. Pero esta donación de Penta nunca ingresó a la contabilidad estipulada por la Ley Electoral, por lo que se trata de un aporte completamente ilegal.

El emisor de la factura fue Reactor SpA, firma que manejaba la campaña digital y de redes sociales de Zalaquett, servicio por el que cobró un total de $55 millones. “Nosotros no tuvimos muchos reparos en la forma de pago, porque era nuestro principal cliente del año y teníamos confianza en que los pagos se iban hacer (…). Yo entendía que eran empresas que estaban aportando a la campaña de forma legal. Coca de Castro era quien me indicaba cuál era la glosa que había que ponerle a la factura. Yo suponía que así se hacía porque la empresa no quería aparecer públicamente aportando a una campaña”, declaró el representante legal de la empresa, Iván Correa Hasbún.

Esta factura para Penta no fue la primera que emitió Reactor para cobrar por su trabajo en la candidatura de Zalaquett. Los pagos comenzaron mucho antes del inicio legal de la campaña. En enero y mayo de 2013 emitió dos facturas: una por $3,9 millones a Inversiones La Manada y otra por $1,6 millones a Inversiones y Asesorías ZB, que a diferencia de las empresas que actuarían después, eran propiedad del mismo Pablo Zalaquett.

Luego sería el turno de Soquimich (SQM), que entre junio y agosto de 2013 efectuó tres pagos a Reactor por un total de $7,5 millones. Existe un contrato firmado por el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, y Sebastián Correa Hasbún en representación de Reactor. Pero Hasbún no recordó haber firmado ese documento: “Quizás me hicieron firmar la última hoja, pero no recuerdo ni siquiera haber visto ese contrato”.

En octubre de 2013 Reactor recibiría dos pagos de la empresa inmobiliaria Eurocorp por un total de $5 millones. Su representante legal, Alejandro Ruíz Bornschuer, prestó una declaración ante funcionarios del SII en la que reconoció que él accedió a hacer una donación a Zalaquett, a quien conocía socialmente, pero no sabía la forma en que se iba a efectuar, pues era su primer aporte político.

Comercial Eccsa, sociedadque participa en la propiedad de Ripley, hizo tres pagos a Zalaquett a través de Reactor, por un total de $3 millones. Ante el SII declaró Sergio Hidalgo Herazo, quien reconoció que se trataba de un aporte político y que ahora se percataban de que pudieron haber cometido “un error tributario, pero jamás un delito”. Este punto es reforzado en una carta enviada al fiscal nacional, Sabas Chahuán. En ella el gerente general de la empresa, Alejandro Fridman, desarrolla una explicación jurídica para intentar demostrar la legalidad del aporte hecho a Zalaquett.

Los argumentos de Fridman son casi idénticos a la llamada “doctrina Escobar”, acuñada por el ex director del SII, Ricardo Escobar, cuyo estudio defiende a ejecutivos de Penta y al dueño de SQM, Julio Ponce Lerou: las irregularidades detectadas no constituyen delito, por lo que no deben dar pie a juicios, sino que deben ser sancionadas y corregidas por la vía administrativa. En todo caso, Eccsa precisó que las facturas serán consideradas gasto rechazado y que, de todos modos, en 2013 registró pérdidas tributarias, por lo que no debía pagar impuestos.

Una sola factura de Reactor, en octubre de 2013, registra Inversiones Alsacia, la empresa de capitales colombianos que opera en Transantiago. Correa Hasbún declaró que la factura es parte de los pagos de Zalaquett a Reactor y explicó que el documento fue pedido por “Coca” de Castro. Sin embargo, Alsacia entregó como respaldo de su pago una asesoría hecha por Pablo Zalaquett para la compañía: “Alternativas de solución a la situación operativa del ERP de Alsacia y Express”. De todos modos, el SII consideró que se trató de un pago de campaña, por el que Alsacia habría rebajado indebidamente su base tributaria.

El último pago contra una factura de Reactor corresponde a Inversiones El Bosque, por $1,5 millón. Sus representantes legales y accionistas, Vicente y Jorge Claro Vial, enviaron una carta al fiscal Chahuán en la que relatan que un tercer hermano, Alberto, fue compañero de universidad de Zalaquett y accedió a hacerle una donación. Ésta se concretó en noviembre de 2013 a través de una factura por $1,5 millón a Reactor. Sin embargo, la factura llegó recién en marzo de 2014 y un asesor tributario les dijo que por tratarse de servicios no prestados, sería un gasto rechazado y así fue ingresado a la contabilidad.

EL PECADO KAPITAL

Además de Reactor, Zalaquett también canalizó sus donaciones para pagar las asesorías comunicacionales que hizo para su campaña la sociedad Cristina Zúñiga Paredes EIRL. Estos trabajos se realizaron a través de otra empresa de Cristina Zuñiga: Pecado Kapital. En esta última presta servicios Alejandro Chaparro, un ex militante PPD condenado por cohecho en el llamado “Caso Coimas” y que ha realizado asesorías a candidatos de diversos partidos (ver reportaje de CIPER).

La sociedad de Cristina Zúñiga emitió cinco facturas a SQM por $3,5 millones cada una, las que sumadas a los pagos realizados a Reactor, totalizan aportes por $25 millones de la minera controlada por Julio Ponce Lerou la campaña de Zalaquett. Cristina Zúñiga reconoció haber firmado un contrato por estos pagos, pero dijo que si bien el documento que le enviaron por correo electrónico decía “contrato SQM”, el nombre de esa empresa no figuraba en el contrato que mandó a la oficina de “Coca” de Castro.

“Cuando se extendieron estas facturas no me causó ninguna extrañeza, pues es común en distintas actividades que los servicios sean pagados por terceros distintos a los que los reciben”, fue la explicación que dio Alejandro Chaparro a los fiscales.

Además de SQM, Cristina Zúñiga Paredes EIRL emitió una factura por $10 millones a Corpbanca (esta empresa es controlada por Álvaro Saieh, principal financista de CIPER). El 20 de abril pasado, el gerente de la división de Servicios Legales de Corpbanca, Pablo de la Cerda, envió una carta al fiscal Chahuán en la que señala que la factura ya fue incorporada como gasto rechazado ante el SII porque “a pesar de corresponder a servicios efectivamente recibidos por el banco” no cumpliría con todos los requisitos de la Ley de Impuesto a la Renta.

“En cuanto a la existencia de boletas o facturas emitidas para justificar financiamientos a campañas políticas, cumplo con informar que, a nuestro leal saber y entender, no existen boletas o facturas que hayan sido emitidas a Corpbanca para tales fines”, aseguró en su carta el ejecutivo.

En marzo pasado, Cristián Canales, director Legal y Control de Corpbanca, dijo a CIPER que Zalaquett hizo una asesoría al banco sobre las licitaciones que hacen las municipalidades para la apertura y mantención de sus cuentas corrientes. Al momento del pago, aseguró Canales, Zalaquett presentó la factura de Asesorías Cristina Zuñiga. La versión fue confirmada por una persona del entorno más cercano de Pablo Zalaquett.

Las boletas de Moreira, De Mussy y Cardemil

Los otros tres políticos que serán formalizados este lunes 22 de junio son el senador Iván Moreira (UDI), el diputado Felipe de Mussy (UDI) y el ex diputado Alberto Cardemil (RN). A los tres el Ministerio Público los inculpó «por delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 número 4 inciso final del Código Tributario, en carácter de consumado, en calidad de autor, cometido el año 2013«.

Moreira recibió aportes de Penta que suman un total de $22 millones. El dinero se pagó contra boletas de honorarios que fueron emitidas por personas de su círculo más cercano: su encargado territorial en La Cisterna, Eduardo Montalva (una boleta por $3 millones); su pareja, Isabel Marinovic (una boleta por $2 millones); su chofer, Rodrigo Molina (dos boletas, una por $5 millones y la otra por $2 millones); la secretaria de la UDI, Verónica Nieto (una boleta por $5 millones), y su secretaria en el Congreso, Andrea Schultz (una boleta por $5 millones).

Felipe de Mussy

El ex diputado Cardemil recibió una suma de $10,7 millones de aportes ilegales de Penta. Fueron dos las boletas pagadas por el holding para apoyar la campaña a senador de Cardemil en la Sexta Región. Los documentos fueron emitidos por los abogados Luis Felipe León y Saúl Quiroz, uno por  $ 7,7 millones y el otro por $ 3 millones. “Yo di el pase para que los abogados dieran una boleta y que después me aportaran la plata, lo que puede ser desprolijo y constituir una falta, pero jamás pude representarme que esas boletas iban a ser utilizadas para rendiciones contables y acogerse a beneficios tributarios o ser parte de una trenza para evadir impuestos o defraudar al Fisco”, declaró Cardemil.

Respecto de los aportes ilegales que recibió De Mussy, fue el coordinador de su campaña electoral, Tomás Garcés, quien emitió dos boletas al Grupo Penta, por $4,5 millones y $2,7 millones. El total de $7,2 millones los depositó en la cuenta corriente del parlamentario.