Me refiero al desafortunado artículo de opinión publicado el 30 de diciembre de 2013 en vuestro medio de información, titulado “Santiago Downtown: Instituciones públicas compran edificios ilegales”, cuyo articulista aparece como el señor Patricio Herman, que señala al referirse a mi persona:
“Este profesional, a pesar de sus pergaminos, no detectó que el principal antecedente que da cuenta de las normas urbanísticas que rigen al predio donde se emplaza la torre 7, conocido como “Certificado de Informaciones Previas”, mencionaba, en su título principal “predio emplazado en la misma manzana de un monumento histórico. Rigen para éste los artículos 27 y 30 de la Ordenanza Local de Santiago”, siendo el artículo 27, el que impide la construcción en dicha manzana de edificios superiores a la altura del monumento histórico “Casa Rivas”, esto es, tres pisos.”
Al respecto quisiera manifestar que el señor Herman incurre en errores y falsedades que afectan a mi persona y que es menester aclarar:
El mes de noviembre de 2012 fui contactado por personeros del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para asesorar a dicha repartición en la confección de un contrato de compraventa y en los demás actos y contratos que fueran necesarios para adquirir un edificio de oficinas donde funcionaría en el futuro dicha cartera de Estado. El estudio de los títulos y antecedentes del proyecto no formaron parte del encargo ya que estas labores fueron realizadas por los abogados del Ministerio de Bienes Nacionales, entidad que tutela por la adquisición, administración y venta de los bienes públicos. Mi asesoría se circunscribió exclusivamente a definir y negociar las cláusulas y condiciones del contrato de compraventa y se iniciaron con la revisión de un borrador del contrato de compraventa enviado por la parte vendedora, Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. Mis servicios concluyeron con la recomendación de celebrar una promesa de compraventa respecto de estos bienes, aún en etapa de construcción.
En razón de lo anterior, en el mes de enero de 2013 se amplió esta asesoría al contrato de promesa de compraventa, que condicionó la celebración del contrato de compraventa a: “Que se encuentren vigentes y sin reparos y/o reclamaciones los permisos de edificación y recepciones finales de las edificaciones de las unidades y bienes comunes objeto del respectivo contrato”, cita textual del borrador del decreto que envié para la firma posterior de SE el Presidente de la República y del ministro de Bienes Nacionales, razón por la cual, y a raíz de los reparos que formuló posteriormente la Contraloría General de la República, las instituciones del Estado de Chile aludidas no celebraron compraventa alguna sobre “edificios ilegales” como pretende sostener en forma errada y desinformada el columnista.
El monumento nacional "Casa Rivas" hoy es un hotel de tres estrellas, que tiene construido 7 pisos sobre el edificio original.
El famoso artículo 27 del PRC de Santiago, para bien o para mal, ha venido aplicándose en toda la comuna con el mismo criterio desde 1990; en el centro fundacional casi no hay manzana que no cuente con un monumento nacional, o se encuentre frente a uno.
De hecho la propia municipalidad pidió a Contraloría que revisara su dictamen, lo cual fue negado. La municipalidad o congela el centro de Santiago de nuevas construcciones dándole ventajas a otras comunas o precisa la norma en cuestión.
Saludos
Álvaro Palma | 10.01.2014
Dado que todo el "problema" lo crea la existencia del Monumento Casa Rivas, me pregunto cuanto se demorará en incendiarse.
Francisco | 09.01.2014
Ok, se entienden los descargos del abogado Sr.Gillmore, pero...no dice nada en relación al docuemnto “Certificado de informaciones Previas” al cual se refiere el artículo. Ese es el punto. Tuvo o no conocimiento del docuemento, el cual es básico para cualquier acción de "Asesorar jurídicamente en todas las materias de competencia inmobiliaria en relación al proceso de compra de los inmuebles" ,(sic) como dice su contrato.
Mauricio Espínola | 09.01.2014
Aún entendiendo la sensibilidad y punto de vista del abogado, el artículo también dice, exactamente antes de lo resaltado por él: "Por otro lado, y probablemente porque ya está al tanto de estas publicaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales retiró de la CGR el decreto a través del cual adquiría en propiedad la torre 7 de Santiago Downtown, para ser utilizada más adelante por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones". Por lo tanto, el artículo es claro en decir que finalmente no se compró este edificio, por lo que honestamente no veo la intención de inducir a error si uno lee todo el párrafo, aunque me parece bien que el abogado precise su participación. Al margen de esto, cabe preguntarse cómo se hizo esta verificación de Estudio de títulos por parte de Bienes Nacionales, porque ciertamente el Certificado de Informaciones Previas dice Zona A, predio emplazado en la misma manzana que un monumento histórico. Y para esta Zona rige el art 27 del Plan Regulador de Santiago que condiciona la altura en la manzana a no más de los tres pisos del Monumento Histórico Casa Rivas. Además, independiente del caso del abogado, algo que es difícil de entender se informa en el Portal de Trasparencia Activa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde también figura el contrato a honorarios del abogado GILLMORE por la confección del contrato de compra venta del Edificio Santiago Down Town 7, así como también todos aquellos contratos a honorarios de la misma fecha. En la sección "Registro de Respuesta de Solicitudes" se informa la respuesta a una solicitud que requería, por ley de Transparencia, el contrato de compra venta del proyecto en comento. La respuesta de esta institución, a través del ORD 662 GN°331, del Subsecretario de Telecomunicaciones, fue: "Sobre el particular, cumplo con informarle que esta Subsecretaría de Estado no registra ni posee documento alguno respecto a la información que Ud. requiere".
Link: http://www.gobiernotransparentechile.cl/directorio/entidad/14/190/registro_respuestas
Patricio Herman | 09.01.2014
En pocas palabras contesto al abogado Gillmore sobre la publicación de mi necesaria y muy afortunada columna de opinión referida al proyecto inmobiliario Santiago Downtown construyéndose en pleno centro de la megalópolis.
Tal persona dice que a él no le correspondía analizar las normas de edificación contenidas en el Plan Regulador Comunal de Santiago para la zona en donde se emplazan las torres ilegales. El artículo 27º de ese instrumento urbanístico es muy explícito y ahí se establece la restricción que aludo en mi columna.
Se entiende entonces que otros fueron los abogados del aparato público los que no "hicieron la pega". y por ello se justifica plenamente el título de la columna.
La Contraloría ya dijo muy claramente lo que tenía que decir desde el punto de vista administrativo y ahora será la jurisdicción y en especial el Ministerio Público quienes deberán emitir los juicios finales sobre este negocio inmobiliario lleno de malas prácticas.
