Salarios de asesores internacionales del INE son menos de un tercio del presupuesto anunciado

En el marco del reporteo de las irregularidades en la realización del Censo 2012, CIPER ha realizado varias solicitudes de acceso a la información pública para obtener documentos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las dos últimas peticiones dieron luz sobre dos aspectos interesantes relacionados al Censo.

La primera es que pese a que encargó una “historia censal” para tener un registro de todo el proceso, ha pasado un año y medio desde el levantamiento de los datos y aún no está lista. Eso al menos es lo que respondió el INE cuando pedimos acceso a dicho registro, que sería de gran utilidad para comprender mejor todo lo que pasó durante el cuestionado proceso censal. Así lo explica el INE:

“En forma paralela a la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, en sus diversas etapas, es decir, precensal, censal y post censal, este último que incluye el proceso de revisión del Censo actualmente en curso, ha estado elaborando la memoria censal, que corresponde principalmente a un proceso de recopilación de información y de los avances de las singularizadas etapas”.

A lo que sí accedió el organismo es a entregar copia de los contratos de los expertos internacionales que fueron convocados para analizar nuevamente los problemas del censo y determinar si es factible la propuesta del actual director, Juan Eduardo Coeymanns, de arreglar el censo en vez de hacer uno nuevo, como recomendó la primera comisión de expertos convocada por él mismo.

El INE entregó copia de los contratos de los dos expertos que han venido a Chile –Griffith Feeney y Rajendra Singh– y se informó que el tercero, Roberto Bianchini, aún no ha sido contratado. Aunque no se dice, es probable que esto se deba a que mientras los dos primeros ya vinieron a Chile, el tercero lo ha hecho. Se adjunta además el informe de las actividades de la visita de los expertos.

La primera sorpresa es que el salario pactado con los consultores es mucho más bajo que el presupuesto total anunciado para la consultoría. Si bien se han mencionado distintas cifras, la versión oficial del ministro de Economía, Félix de Vicente, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados fue que la asesoría duraría tres meses y tendría un costo de US$ 180 mil (aproximadamente $90 millones).

Tanto el contrato que suscribió Feeney como el de Singh establecen que se les cancelaría una primera cuota de US$ 4.331, correspondiente al 25% del honorario bruto, cuando el INE recibiera el primer informe semanal. El 75% restante, US$ 12.991, les sería entregado cuando entregaran el segundo informe semanal. En total, los especialistas recibieron un pago de US$ 17.322, un poco más de $8.600.000. Si sumamos lo pagado a los tres especialistas –asumiendo que a Bianchini se le pagó el mismo monto–, el desembolso alcanza los US$ 51.966, es decir menos de un tercio de lo que según el ministro de Economía está presupuestando para la asesoría. Los documentos solicitados no entregan información suficiente como para entender qué otros componentes habría que sumar para llegar al total.

De acuerdo al contrato, cada consultor tiene el siguiente mandato: “desarrollará un análisis del proceso y datos del Censo 2012, donde proveerá recomendaciones al INE, en el uso de datos y eventualmente ajustes del Censo”.

El otro documento que se adjunta es el primer informe semanal de Feeney y Singh, el que corresponde al resumen en una página de las actividades que realizaron en su primer viaje a Chile, entre el 9 y el 13 de septiembre. Primero visitaron Antofagasta y su distrito minero, uno de los que tuvo mayores problemas en el trabajo de campo del Censo.

Además de reunirse con el director Coeymanns y su equipo, los expertos internacionales se juntaron con el ex director Francisco Labbé para “discutir su análisis del censo”. Curiosamente se reunieron sólo con los dos miembros de la comisión evaluadora del censo que son funcionarios de gobierno (Felipe Zamorano e Isabel Millán) y no con los otros tres, que trabajan en el PNUD, Celade y la Universidad de Chile.