El peso sobre Gendarmería del incendio en San Miguel

Cuando el 8 de diciembre de 2010 comenzó a arder el penal de San Miguel, empezó también a desentrañarse una crisis en el sistema penitenciario que desde hacía años se esperaba que explotara. Lo del incendio, donde murieron 81 reclusos, fue el punto de ebullición. Se decía que lo que pasó esa noche fue “la peor tragedia en la historia de las cárceles del país”, pero la verdadera tragedia era lo que venía ocurriendo a diario en el sistema penitenciario.

Pareciera que recién entonces se supo del hacinamiento, de las a veces excesivas penas a las que se condena a delincuentes en Chile, de las pésimas condiciones en que viven su encierro y de las innumerables irregularidades que ocurren al interior de Gendarmería. Pero lo cierto es que no era nada nuevo. Dos semanas antes del incendio, la fiscal de la Corte Suprema habló con CIPER sobre las condiciones inhumanas en que le ha tocado ver a los presos y las causas del problema. También dijo que la solución no pasa por construir más recintos penitenciarios, que para mantener el hacinamiento así como está, “habría que construir una cárcel por año”.

Hoy todo eso le pesa a Gendarmería.

Esta mañana, poco después de que Radio Bío Bío informara que tres internos fueron aislados por intentar sobornar a un gendarme, el Ministerio Público encargó al jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña, una tarea que toca lo más alto de la institución responsable del sistema carcelario en el país: investigar las supuestas irregularidades cometidas por parte del director Nacional de Gendarmería, Luis Masferrer.

“De acuerdo con la denuncia (hecha por la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios), dichas irregularidades dicen relación con la aprobación de la recepción de obras de mejoramiento de redes contra incendios en diversos penales de la Región Metropolitana. Es así como el oficio de la Anfup «expone que las irregularidades y eventuales ilegalidades cometidas en la aprobación de mejoramiento de redes contra incendios en unidades penales como San Miguel, Colina I y II, Puente Alto, Cárcel de Mujeres y Penitenciaría, se fundamentan en que los trabajos no se habrían realizado y que ello quedó demostrado con el incendio en al Cárcel de San Miguel» el 8 de diciembre de 2010.”

El lunes recién pasado, ya ocho gendarmes fueron formalizados por su presunta responsabilidad en el incendio de San Miguel. Pero los problemas en Gendarmería parecieran ser mucho más profundos y cotidianos. De eso están concientes en los gremios de la institución, que después de la formalización amenazaron con irse a paro: según ellos, la detención de los gendarmes “no soluciona la crisis del sistema penal”.

Menos de 10 días después de que el fuego devorara la Torre 5 del penal, se desbarató a un grupo de gendarmes que manejaban una red que realizaba altos cobros de dinero para ingresar celulares, drogas y realizar traslados de penal a reclusos. Se sospechaba incluso que podrían existir nexos entre los cinco detenidos y sus superiores. En noviembre de 2010, se detectó que un gendarme estaba vinculado a una banda de narcos y hace menos de una semana otros ocho funcionarios de la institución fueron detenidos y dados de baja por estar involucrados en el narcotráfico al interior de los penales en Valparaíso. Lo peor es que esas situaciones ya están arraigadas en la cultura penitenciaria: vienen ocurriendo desde hace años y van a seguir pasando si no se hace una reestructuración a fondo.

Sobre eso mismo trata la columna de Javiera Blanco que hoy publica El Mostrador. Allí, la ex subsecretaria de Carabineros es clara:

“Urge una reforma radical de Gendarmería, que divida los roles de custodia de los reclusos y los de rehabilitación. Por su formación militarizada, es difícil exigir a sus funcionarios capacidades en materias de rehabilitación, razón por la cual hoy es un área que está absolutamente deficiente.”

Esta noche, el programa de investigación periodística Informe Especial comenzará su nueva temporada con un capítulo dedicado a lo que pasó en la madrugada del 8 de diciembre, según señala El Dínamo. La investigación revela que el recinto penitenciario, donde hasta ese momento había 1850 prisioneros, contaba en el momento de la tragedia con 11 gendarmes de guardia, mientras otros 15 dormían. Algunos de los reos estaban ebrios tras ingerir chicha artesanal, producida con azúcar, frutas y verduras fermentadas.