¿Qué contamos?
Después de que se supo que el gobierno le rebajó la pena a 56 condenados por agresiones sexuales a menores de edad, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el beneficio también se otorgó a 275 personas bajo la administración anterior. CIPER constató que el gobierno de Boric rechazó estas rebajas de condena, obligando a que fueran revisadas por tribunales, donde el Ejecutivo litigó para evitar el beneficio. Para este artículo se revisaron 73 casos -presentados de 2022 a 2025-, comprobando que efectivamente el gobierno anterior se opuso: en 68 de estas causas fue la justicia la que finalmente lo obligó a conceder la rebaja, pero en cinco no la otorgó.

¿Por qué importa?
La administración actual cambió ese criterio y aplicó el beneficio sin disputar en tribunales. El gobierno de Boric argumentaba en las cortes que, aunque estos reclusos cometieron el delito antes de la norma que en 2022 prohibió rebajar estas condenas, esa es una ley administrativa y no penal, por lo que se podía rechazar el beneficio.

Sobre esta decisión, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo comentó: “La diferencia es sustantiva, una cosa es otorgarles inmediatamente, facilitándole la vida a estos criminales, permitiéndoles que con la sola presentación les otorguen, sin que tengan que recurrir, sin que tengan que enfrentar al Ministerio de Justicia en un proceso. Y otra cosa es rechazarla para proteger a las víctimas, y defender esta posición del Ministerio de Justicia [en los tribunales]”. Y explicó que la ley que excluye a los condenados de este tipo para la rebaja de condena es una modificación en la Ley Penitenciaria, por lo que -a su juicio- se debe aplicar desde el momento en que se publica y no rige para ella el principio de irretroactividad.

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