El viernes 13 de enero el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ingresó ante la Corte del Distrito de Columbia dos documentos reveladores sobre los pagos políticos ilícitos de Soquimich (SQM).  En ellos no sólo se fija una millonaria multa por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés), sino que la minera acepta formalmente el haber realizado “pagos indebidos” a funcionarios y políticos, violando además la normativa tributaria y de financiamiento electoral chilena.

En los documentos, el DOJ describe cinco casos de pagos vinculados a políticos. Los receptores no están individualizados con nombre y apellido, sin embargo, la descripción permite identificar a al menos cuatro de los beneficiados: el senador Jaime Orpis, el ex ministro y ex senador Pablo Longueira y el ex subsecretario Pablo Wagner (todos militantes de la UDI al momento de recibir los pagos); y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO).

La multa fijada por el DOJ y aceptada por SQM, asciende a US$15,5 millones.

En paralelo, ese mismo viernes 13 la Securities and Exchange Comission (SEC), que regula el mercado de valores en Estados Unidos, hizo público otro acuerdo con SQM: el pago de una multa por US$15 millones. Con esta nueva sanción, la minera deberá cancelar en total US$30,5 millones, la mayor multa a una empresa chilena por violaciones a la FCPA (en agosto Latam pagó US$22,2 millones).

Foto: Wikimedia

Ante ambas autoridades  estadounidenses, SQM aceptó no haber cumplido con las normas de control interno y haber ingresado a su contabilidad gastos falsos, por servicios que no se prestaron. En total, entre 2008 y 2014 la minera reconoce haber utilizado US$14,75 millones en “pagos indebidos” a personas políticamente expuestas (PEP), a través de la cuenta de gastos del ex gerente general, Patricio Contesse.

En el documento de “cease-and-dessist” (cese y desistimiento del procedimiento), la SEC detalla que los “pagos indebidos” se realizaron a través de contratos falsos por servicios no prestados y, también, canalizando dineros a través de fundaciones vinculadas a políticos. En esta última categoría se describe una situación que no parece haber emergido aún de las investigaciones que se siguen en Chile por el financiamiento irregular de la política: “Un chileno PEP solicitó pagos de un ejecutivo de SQM a una fundación relacionada. Pero como esa fundación aún no existía legalmente, los pagos fueron hechos por SQM a través de un contrato de prestación de servicios con una empresa de comunicaciones” (ver documento).

La SEC también cuestiona que Contesse pudiera realizar pagos a terceros sin que la empresa verificara que éstos fueran adecuados, los precios correspondieran al valor de los servicios o que siquiera dichos servicios se hubieran prestado realmente. En el caso de las fundaciones, la empresa tampoco revisó que las donaciones no terminaran en manos de los políticos ligados a ellas.

La cuenta de gastos discrecionales del ex gerente general de SQM, mediante la cual se hicieron estos desembolsos a políticos, osciló entre US$3,3 millones anuales en 2008 y US$5,7 millones en 2014.

El relato de la SEC destaca que en 2014 –año en que estalló en Chile el Caso Penta– las alarmas se encendieron dentro de SQM. En ese momento, una auditoría interna detectó que seis proveedores que recibieron pagos entre 2012 y 2013 tenían conexiones de “alto riesgo” con PEPs. La auditoría sugirió que se terminaran dichos contratos, información que fue entregada a los máximos ejecutivos y al directorio de SQM, entonces presidido por Julio Ponce Lerou.

La SEC concluye que, pese a ello, “se hicieron cambios insuficientes al sistema de control contable interno. Como resultado, los pagos indebidos de SQM a PEPs continuaron por otros seis meses después del informe de auditoría interna”.

Peor aún, la SEC destaca que “incluso cuando pagos a receptores de ‘alto riesgo’ fueron identificados por la auditoría interna y los contratos sospechosos fueron resciliados, los pagos siguieron haciéndose a personas relacionadas a PEPs. Por ejemplo, cuando los pagos hechos a un familiar de un funcionario chileno fueron cortados alrededor de septiembre de 2014, los pagos comenzaron a hacerse a un asesor de ese funcionario público alrededor de octubre de 2014”.

A pesar de que en los documentos de la SEC no se individualiza a los beneficiados por esos pagos a políticos, los nombres se encuentran en el estudio de Shearman & Sterling, el bufete estadounidense al que SQM le pidió en 2015 determinar si se había violado alguna norma de la FCPA.

Ahí se menciona el informe de auditoría interna de 2014 y los seis proveedores con vinculaciones PEP: el Core del Biobío, Claudio Eguiluz (RN); la esposa del ex diputado Cristian Leay (UDI), María Alejandra Bórquez; la empresa del asesor de Marco Enríquez-Ominami (PRO), Cristián Warner Comunicaciones; el ex presidente del PRI, Humberto de la Maza; y el ex funcionario de la Junji Jorge Daza Aránguiz. El sexto PEP es el hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC), Roberto León Araya. Luego de que se cortaran los pagos, se hicieron transferencias al asesor del parlamentario, Miguel Salazar.

PAGOS POLÍTICOS CUESTIONADOS

Uno de los documentos ingresados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la corte es el “Deferred prosecution agreement” (DPA). Allí se presentan los cargos criminales pero se posterga la acusación por tres años, durante los cuales SQM debe cooperar con las autoridades estadounidenses e implementar un programa de control interno (ver documento).

Se adjunta también el “Statement of facts” (Declaración de hechos), que detalla el “esquema” que dio origen a la multa. Dicha declaración fue suscrita por SQM, lo que implica que la empresa acepta que su contenido es correcto (ver documento).

Jaime Orpis

El acuerdo destaca a cinco “funcionarios chilenos” -cuyos nombres no menciona- como casos relevantes para configurar el esquema de pagos indebidos de SQM. El llamado “funcionario chileno 1” es fácilmente identificable: el senador Jaime Orpis. Y ello, porque incluso se cita un email en que Orpis y su esposa le piden a Contesse una donación para la Corporación La Esperanza: “Perdona que volvamos a insistir, pero estamos desesperados, puesto que solo llevamos el 20% de nuestra meta. ¿Te quedarían excedentes de capacitación para traspasarnos?”. Poco después, la corporación recibió aproximadamente US$18 mil de SQM. En total, se afirma en el documento del DOJ, entre 2008 y 2013 se transfirieron US$160 mil a “fundaciones apoyadas por el funcionario chileno 1”.

Jaime Orpis está también desaforado y formalizado por cohecho (con arresto domiciliario en su casa de vacaciones en Frutillar) en el “Caso Corpesca”.

La descripción del “funcionario chileno 2” calza con el ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira: “SQM también pagó aproximadamente US$630 mil del fondo discrecional del gerente general durante el periodo relevante a fundaciones controladas por el funcionario chileno 2, quien en momentos del periodo relevante tuvo influencia sobre los planes para minería del gobierno, un asunto de central importancia para los negocios de SQM”. A continuación, se cita un email que Longueira envió a Contesse pidiendo ayuda para una fundación presidida por su hija, a la cual se donaron US$16 mil.

Pablo Longueira está formalizado por el delito de cohecho en la causa que investiga precisamente los pagos ilícitos a políticos hechos por SQM.

Pablo Longueira

Para graficar el pago de servicios no prestados y el uso de boletas falsas para “disfrazar” transferencias a PEPs, el documento del DOJ menciona al “funcionario chileno 3”, que no es otro que el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. SQM pagó aproximadamente US$11.034 por “servicios financieros” a su cuñada, María Carolina de la Cerda, quien ha declarado que esos fondos eran para financiar la campaña senatorial del actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

El “funcionario chileno 4” es menos identificable, aunque los montos detallados que pagó SQM coinciden con los que recibieron cercanos al senador Fulvio Rossi (entonces militante del Partido Socialista), según la investigación judicial en curso en Chile.

Los documentos del DOJ mencionan US$63 mil pagados a un ex asesor y jefe de gabinete (monto que coincide con pagos a Mariela Molina, ex asesora y jefe de gabinete de Rossi) y US$29 mil por consultorías a un familiar (monto que coincide con lo que recibió María Valentina Martínez, cuñada de la hermana de Rossi). “SQM hizo esos pagos sin recibir ninguna evidencia de que las ‘asesorías comunicacionales’ o los ‘servicios de consultoría’ fueran realizados y a la fecha no ha encontrado ninguna evidencia”, dice el documento.

Cuando el DOJ describe la “falsificación de libros y registros” utiliza como ejemplo al “funcionario chileno 5”. Los montos, fecha del contrato y número de facturas coinciden con los pagos que le hizo SQM a la empresa de comunicaciones de Cristian Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami.  Así se lee en el documento del DOJ:

Marco Enriquez-Ominami

“En o alrededor de febrero de 2011, bajo instrucciones del ejecutivo de SQM (Contesse), dos empleados crearon contratos de servicios falsos para proveedor ficticio con el solo objeto de canalizar fondos de SQM a una fundación controlada por el funcionario chileno 5. Entre aproximadamente 2008 y aproximadamente 2012, SQM pagó desde el fondo discrecional del gerente general 36 facturas enviadas bajo dicho contrato, por un total aproximado de US$577 mil”.

¿A qué fundación ligada a Enríquez- Ominami se refiere el documento del DOJ? La indagación de CIPER indica que el acuerdo previo sobre los aportes irregulares de SQM a la campaña de Enríquez-Ominami se canalizaría a través de la Fundación Progresa, pero al momento de concretarse los pagos se optó por las facturas por servicios no realizados emitidas por la empresa de Cristián Warner.

El acuerdo de SQM con las autoridades estadounidenses abre una pregunta: ¿perseguirá el DOJ a otras empresas chilenas investigadas por financiamiento ilegal de la política que hacen negocios en Estados Unidos? Si fuera así, la lupa del DOJ y de la SEC podría recaer, por ejemplo, en algunas empresas del Grupo Angelini. La respuesta quedará en manos de la nueva administración Trump, pero la SEC ya anunció que su investigación sigue abierta.