Nunca hubo un proceso de participación ciudadana y se mantuvieron en secreto los nombres de todos aquellos que se iban a beneficiar con los cambios de uso de suelo de las 10.500 hectáreas agrícolas, que era la superficie en que se pretendía ampliar la ciudad.

El diputado Enrique Accorsi, con el oficio Nº 2912 del 12 de abril de 2011 de la Cámara de Diputados, le solicitó a la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte que le entregara los nombres de aquellos que se iban a favorecer con dicha modificación y el listado de las parcelas de agrado acogidas al DL 3.516, las que no pueden modificar sus usos de suelo por imperativo legal. Hasta hoy, cinco meses después, no hay respuesta completa. Ese ministerio olímpicamente le informó al diputado que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deberían responderle, lo que no ha acontecido.

Como sabíamos que se estaba cometiendo un desatino, desde el punto de vista del interés común de la ciudad, el 11 de enero de 2011, veinticinco organizaciones de la sociedad civil le entregamos, en la oficina de partes de La Moneda, una carta explicativa al Presidente Piñera en donde le informábamos acerca de los innumerables errores del proyecto y por ello le pedíamos que instruyera a su representante en el Gobierno Regional –el intendente Echeverría- que tal modificación de usos de suelo no se sometiera a la votación del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, prevista para el 30 de marzo de 2011.

De acuerdo a la doctrina imperante, Piñera no acusó recibo ni respondió la completa documentación que le entregamos con la idea de evitarle un nuevo bochorno y con el propósito de que, más adelante, esta política pública tuviera un sustento ciudadano. En las altas esferas ya existía la decisión de seguir adelante contra viento y marea y así fue como, a fines de marzo pasado, el obsecuente CORE aprobó este polémico proyecto ideado en el gobierno de Bachelet y hecho suyo por el de Piñera.

Estaban naturalmente felices todos sus impulsores y más contentos todavía los que se iban a beneficiar con las plusvalías de sus terrenos. Pero consideramos de mal gusto que Piñera, al conocer el resultado de la votación, haya felicitado públicamente a su amigo Echeverría por el resultado.

13 irregularidades

Ante tal cúmulo de prácticas indeseables, diversas organizaciones sociales en distintas fechas y el Colegio de Arquitectos de Chile se vieron en la necesidad de recurrir a la Contraloría para que ésta no tomara razón de la resolución del entonces intendente. Este órgano, después de analizar las denuncias, impidió, en su dictamen Nº 56.032 del 5 de septiembre de 2011, que los ansiosos interesados sacaran cuentas alegres.

La devolución del acto administrativo fue lapidaria: se reseñaron 13 irregularidades, tanto de forma como de fondo, lo que es una tremenda vergüenza en un país que se precia de serio y que forma parte de la conspicua Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Pues bien, el lunes 12 de septiembre pasado leíamos en el Diario Financiero que “Socovesa, Avellaneda, Aconcagua y Brotec son parte del grupo de empresas que difícilmente verán la luz en el corto plazo para desarrollar proyectos inmobiliarios en zonas pertenecientes al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, PRMS-100, donde tienen posiciones importantes” (sic).

En lenguaje común la expresión subrayada significa que esas constructoras compraron en los últimos años grandes extensiones de terrenos agrícolas esperando que el gobierno les cambiara los usos a urbanos, a fin de que pudieran ejecutar sus rentables negocios inmobiliarios. Otros medios de prensa comunicaron con diferentes énfasis la noticia.

La historia

A continuación, con el objetivo de que los lectores saquen sus propias conclusiones respecto de lo que quería hacer el gobierno de excelencia, sucintamente recapitularemos sobre el asunto.

El primer instrumento de planificación urbana en esta región se originó en el año 1960 y se denominó Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) elaborado por arquitectos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En el año 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). En el año 1994, con el advenimiento de la democracia, empezó a operar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), confeccionado por competentes profesionales del Minvu.

Los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de su puesta en marcha tuvieron en cuenta las complicadas condiciones topográficas y meteorológicas de la cuenca y por ello, en la memoria explicativa de ese instrumento normativo, se decía que “había que crecer hacia adentro”, en contraposición al crecimiento urbano por expansión.

El capítulo 8.3 de la Ordenanza del PRMS dispone que las áreas de valor natural y de interés silvoagropecuario, ambas excluidas al desarrollo urbano, constituyen un patrimonio natural o cultural que debe ser protegido o preservado, pero el gobierno de Lagos (2003), pasando por alto lo anterior, instituyó la figura de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) a ejecutarse en los sectores agrícolas de esta región en terrenos con superficies mínimas de 300 hectáreas.

A partir del 2006 se iniciaron los trámites para tres PDUC, de sendos grupos económicos, en 2.000 hectáreas rurales de la comuna de Pudahuel, los que fueron apresuradamente aprobados por la ex Corema y por el CORE Metropolitano. En razón a que esas autorizaciones contenían diversas ilegalidades, en dos ocasiones la Contraloría se ha visto en la necesidad de rechazar tales iniciativas inmobiliarias, las que, en el último tiempo, han sido objetadas también por los Seremi de Vivienda y Urbanismo, Transportes y Obras Públicas.

En el gobierno de Bachelet se creó en el 2007 la figura de las Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC) en terrenos de 60 hectáreas de ocho comunas periféricas. Esta propuesta que obedecía a solicitudes de privados consideraba modificar el uso de suelo de 10.500 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas. Como era de suponer, la ex Corema aprobó sin más este cambio en las reglas del juego, lo que también hizo el CORE el 30 de marzo de 2011.

Impericia y flojera: abono para negocios

Por lo relatado, queda en evidencia que los instrumentos normativos urbanos se violan fácilmente porque en Chile siempre ha primado el negocio rápido y los más lucrativos son aquellos asociados al suelo: los que manejan información privilegiada compran barato a distintos vendedores generalmente poco entendidos, se hacen valer las buenas relaciones con aquellos de detentan el poder político, con aspaventosos comunicadores se le dice a la candorosa opinión pública que hay que ayudar a los pobres y que, por ello, es urgente la aprobación de los cambios en los límites urbanos para así construir viviendas sociales.

Sostenemos que la institucionalidad administrativa sectorial es muy deficiente, sin saber si ello es por impericia o flojera de sus funcionarios, aunque también podría ser posible que aquellos actúen así para no incomodar a los jefes que desean crear riqueza monetaria privada a expensas de la degradación ambiental colectiva. Para eso está “Moya” dicen los avispados.

Ante este nuevo escenario, el gobierno de Piñera tiene dos opciones, a saber :

1) Con los arreglos cosméticos necesarios, someter este proyecto a una completa Evaluación Ambiental Estratégica, tal como lo ordena la nueva legislación ad hoc vigente desde enero del 2010, continuando su tramitación sin el concurso de los arquitectos independientes y de las organizaciones sociales informadas, lo que será muy fácil porque en este ámbito de cosas no existe una Camila Vallejo.

2) Crear un Consejo Consultivo al interior del Minvu, convocando al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Geógrafos, a las facultades de Arquitectura de las universidades públicas y aquellas privadas que efectivamente sean sin fines de lucro, que las hay, a las organizaciones civiles que conocen la temática y a los representantes de la Cámara de la Construcción y los servicios públicos, como Transportes, Medio Ambiente y Obras Públicas, más otros, con la idea de consensuar una política pública sustentable que garantice mejorar paulatinamente la calidad de vida de la población.