Sólo días antes de que 55 ciudadanos paraguayos lo denunciaran por trabajo no remunerado y en condiciones de esclavitud, el empresario Francisco Javier Errázuriz le pidió al Ministerio del Interior la creación de “un sistema expedito de inmigración” para incrementar la captación de mano de obra extranjera para sus empresas. Su carta está fechada el 19 de mayo y va dirigida a Carmen Daneri, jefa del Departamento de Extranjería y Migraciones. En ella afirma que para el funcionamiento de sus empresas agropecuarias, frutícolas y vitivinícolas le es necesario traer y “capacitar” a por lo menos 500 trabajadores adicionales, advirtiendo que en la época peak necesitaría a mil.

Paraguay era sólo la primera fase de la peculiar operación de contratación de mano de obra barata que Errázuriz puso en marcha. En su carta deja constancia que ya tenía programados dos nuevos puntos de embarque de trabajadores extranjeros: Ucrania y Bielorrusia.

En la misma carta, Errázuriz argumenta que se hace urgente la apertura de fronteras para trabajadores extranjeros ante “la gravedad del problema de falta de mano de obra existente en el país”, la que atribuye a “los subsidios que se entregan a los Municipios convertidos en nuevas fuentes del tristemente célebre PEM y POHJ del Gobierno Militar”.

Después del escándalo provocado por la denuncia interpuesta por una parte de los 69 trabajadores paraguayos que trajo hasta sus empresas en Chile y de la investigación en curso por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, Errázuriz mantiene su postura. Y no está solo. Las organizaciones gremiales de los empresarios del sector agrícola reclaman lo mismo y bregan porque el porcentaje de trabajadores extranjeros permitidos por empresa -determinado en el Código Laboral- suba de un 15% a un 25 por ciento.

Así de claro lo dejaron establecido durante la reunión que el pasado 13 de junio sostuvieron los directivos de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA) con Sebastián Piñera: necesitan extranjeros para esta temporada de cosecha, la que se inicia en Copiapó a principios de diciembre. La misma petición recibió la ministra Evelyn Matthei al día siguiente de asumir como ministra del Trabajo por parte de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO). Mientras que José Antonio Galilea, ministro de Agricultura, ha estado en conversaciones con la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) abordando el mismo punto.

A buena parte de los temporeros esta demanda le huele mal. Intuyen que la verdadera intención de los empresarios es llenar sus campos con trabajadores extranjeros vulnerables que acepten trabajar por salarios aún menores que los que actualmente se pagan en el sector. Un temor que no sólo se ve acrecentado luego del episodio de abusos por los que se investiga a Francisco Javier Errázuriz. Este se suma a otros y en especial a un problema que sacudió el año pasado a Copiapó justo durante la cosecha.

LOS ILEGALES DE CABO DE HORNOS

Fue el 28 de enero de 2010. Esa misma noche la PDI realizó una fiscalización en el fundo Cabo de Hornos, ubicada a 20 kilómetros de Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla. La alerta fue anónima: en el fundo había extranjeros ilegales trabajando como temporeros. Pero cuando la policía llegó al predio, todo estaba en orden. No era casual. Minutos antes 22 inmigrantes – peruanos y bolivianos- fueron obligados a subir en dos buses sin mayores explicaciones.

-Nos sacaron del campamento a las doce y media de la noche con el pretexto de llevarnos a Tierra Amarilla diciéndonos que venía Investigaciones y por eso nos debían esconder. Pero no sabíamos que nos llevaban a Caldera. Nos engañaron y nos dejaron ahí. Nosotros no tenemos dinero y hace una semana que no comemos –dijo la temporera boliviana Elsa Machaca al Diario de Atacama.

Luego de ser abandonados en Caldera los inmigrantes volvieron al fundo y se quedaron apostados en las afueras exigiendo su sueldo. Ahí los encontraron funcionarios de la PDI que, nuevamente, fueron al lugar informados por llamados anónimos. Los temporeros de Copiapó también fueron alertados y de inmediato se comunicaron con los inmigrantes.

Los relatos de los temporeros extranjeros impactaron a sus pares nacionales. Rosa Ortega, temporera y dirigenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Eventuales y Transitorios del Valle de Copiapó (SINAGET), relata la escena que le describió uno de los extranjeros y que se vivió al interior del bus en que los sacaron de emergencia ante la inminente llegada de la policía. Le preguntaban al chofer a dónde iban, qué pasaba con sus sueldos y él sólo respondía “tengo órdenes de dejarlos acá”, dice Rosa. Por esos días fue la Pastoral Migrante de Copiapó la que alojó a los temporeros extranjeros.

-Estaban espantados y buscaron la forma más rápida de volverse a su país –dice Jorge Alfaro, encargado de la casa de acogida.

Los temporeros inmigrantes declararon ante la PDI que trabajaban en el fundo Cabo de Hornos para el contratista agrícola Gabriel Duque. Dos días antes de que éste abandonara a los 22 trabajadores extranjeros en Caldera, la Intendencia de Atacama lo había multado por tener trabajando ilegalmente en el mismo fundo a 2 peruanos y 1 boliviano (26 de enero del 2010). Su reincidencia tuvo un costo, aunque mínimo: la Intendencia le cursó una nueva multa por $1.185.686 el 9 de febrero.

Las denuncias de maltrato laboral hechas por los trabajadores extranjeros motivaron una nueva fiscalización en terreno de la Inspección del Trabajo. Del 28 de enero al 1 de febrero de 2010 el funcionario George Astudillo visitó el fundo de propiedad de la empresa Cabo de Hornos S.A., donde los extranjeros ilegales prestaban servicios. Así consta en el Informe de Fiscalización. Al contratista, le aplicaron otras 9 multas que en total suman $17 millones, por no escriturar contratos, no determinar horas ordinarias y extraordinarias, no pagar remuneraciones y no informar a los trabajadores de los riesgos laborales, entre otros motivos. También por no tener el mínimo exigido de trabajadores chilenos: 85 por ciento.

Lo increíble es que cada una de estas multas se encuentra aún en trámite de cobranza. Al teléfono, Gabriel Duque dice que no ha pagado porque no es efectivo que haya llevado a los 22 extranjeros ilegales a trabajar al fundo Cabo de Hornos. Reconoce que por más de nueve años fue contratista de esa empresa, pero señala que luego de lo ocurrido cambió el rubro agrícola por el de maquinaria pesada.

“Mi versión de los hechos es que el 17 de enero falleció mi hermano y no volví en un mes o dos meses a Copiapó”, dice Duque, quien afirma que fue la propia empresa la que hizo el trato directamente con los trabajadores y que se aprovecharon de su ausencia para culparlo. “Ella fue la que los botó”, acota.

La historia que cuenta la empresa es distinta. La versión que le entregaron al Diario de Atacama fue que no eran responsables debido a que las contrataciones las había hecho un subcontratista: Duque. Al ser contactados por CIPER, Fernando Taborga -gerente de Cabo de Hornos S.A- negó incluso que los extranjeros hubieran estado trabajando en el fundo. A pesar del Informe de Fiscalización de la Inspección del Trabajo que lo señala y de las 22 amonestaciones que la Intendencia le aplicó a los extranjeros ilegales, donde figura como domicilio el Campamento Fundo Cabo de Hornos en Tierra Amarilla. Taborga no volvió a responder nuestros llamados.

Duque mantiene su versión. Y agrega un dato: que la razón para evacuar a los extranjeros a mitad de la noche fue porque ya se sabía de la fiscalización que la PDI iba a realizar. “Si estas fiscalizaciones desde la Inspección del Trabajo se les avisan a los campos siempre”, dice el contratista, quien reconoce que en sus inicios trabajó con ilegales. Agrega que ésta es una práctica habitual en todo el Valle de Copiapó y que algunos empresarios -que no menciona- le habrían pedido que trajera exclusivamente peruanos ilegales. “Pero el riesgo que se corre es tremendo”, explica.

Y aunque el problema de trata de personas de Cabo de Hornos hasta ahora es único en Copiapó, fuentes de la PDI mencionan que desde 2009 las alertas por extranjeros ilegales trabajando en los campos van en aumento. Pero las multas son muy pocas.

De 2009 a la fecha la Intendencia ha sancionado por este hecho no sólo a Duque sino que también al empresario Gonzalo Moreno Prohens en dos oportunidades, a Agrícola Valle Escondido S.A., a Agrícola Copayapu S.A., al contratista Luis Cepeda Jelves y a Uberlinda Zepeda, capataz en terreno de Víctor Salazar, contratista también de Cabo de Hornos S.A.

LA DEMANDA DE LOS EMPRESARIOS

En las paredes de la oficina de Ronald Bown- presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX)- hay varios diplomas y dos imágenes que se distinguen: un cuadro con un racimo de uva morada y una estampa de José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Sentado en su escritorio y con la foto del santo asomando detrás de su espalda, Bown dice que desconoce el problema ocurrido en el fundo Cabo de Hornos. Sobre Francisco Javier Errázuriz tiene una opinión clara.

-Yo creo que Francisco Javier Errázuriz siempre ha sido bastante creativo, individualista, y creo que trató de hacer algo que a lo mejor lo quiso hacer con buena intención, no sé. Porque, efectivamente, es una señal de que hay problemas. Es una señal de alguien que está diciendo necesito gente para capacitarla y que se fidelice conmigo. A lo mejor no lo hizo bien, pero lo que queda es ese mensaje.

La idea de traer trabajadores extranjeros al campo chileno emergió con fuerza en 2007, justo cuando los agricultores de Copiapó se quejaban de la ausencia de temporeros durante la época de cosecha. “En ese momento perdieron gran parte de la producción”, recuerda Bown.

Por esos años, la ASOEX junto a los miembros de la directiva de la SNA se reunieron con el ministro de Agricultura, Álvaro Rojas, en varias oportunidades. La ASOEX había elaborado un documento –“Crisis en la Fruticultura: escasez de trabajadores y bajo tipo de cambio”– donde plantearon como solución a la escasez de mano de obra la elaboración de una “nueva y moderna política inmigratoria” que facilitara al empresariado la contratación de temporeros extranjeros.

La demanda no tuvo eco durante el gobierno de Michelle Bachelet, que propició el incentivo a los trabajadores chilenos a través de mejores salarios. Algo que para los empresarios era inviable. En el documento de ASOEX, justo en la página 7, hay un párrafo que lo especifica:

-Sería sencillo proponer que para evitar la escasez de trabajadores rurales, el sector ofrezca mayores salarios. Pero esta situación es financieramente inviable en las actuales circunstancias debido a que el bajo nivel de tipo de cambio actual no lo permite.

La reciente protesta de los agricultores en Requínoa, a principios de junio, demuestra que está vez el sector está decidido a ser escuchado por el gobierno. Reclaman que las autoridades no han puesto atención a una situación “crítica”. Y los aspectos centrales de su reclamo son la baja del dólar, la falta de créditos, el aumento de los costos de producción y la escasez de mano de obra.

Según Rafael Prohens, presidente de Asociación de Productores y Exportadores del Valle de Copiapó (APECO), la situación hoy respecto a este último punto es peor que en 2007. Y afirma que si en esos años faltaba gente para cosechar, en 2010 no se pudo cosechar el 10% por falta de mano de obra. Las razones que esgrime son variadas. Entre ellas, la baja en la migración interna. Las temporeras del sur, a su juicio, ya no tienen necesidad de venir al norte porque en su sector ha crecido considerablemente el cultivo de cerezos y arándanos. A eso se suma los efectos del terremoto: el miedo a trasladarse. Y la dura competencia por mano de obra que les genera la minería.

-La gente del sur y del norte se queja de que las mineras les están levantando a los tractoristas. Se los llevan a trabajar a Calama y los suben arriba de máquinas pesadas con un salario 2 ó 4 veces más grande del que ofrecemos nosotros -dice Prohens.

Los que deciden trabajar en la zona cobran más caro, afirman los empresarios. Luis Mayol, presidente de la SNA, señala que en Copiapó, para retener a la gente durante la temporada pasada, algunos empresarios le pagaron a los temporeros entre 20 y 25 mil pesos diarios. Lo anterior, sumado al poco interés que provoca el campo entre los jóvenes, hace crisis. Sobre todo cuando prefieren trabajar “en el supermercado con aire acondicionado en vez de estar trabajando en el parronal a todo sol”, dice Mayol.

De allí que la propuesta de los dirigentes del empresariado agrícola busque ampliar el 15% permitido para la contratación de mano de obra extranjera. Subir al 25% es lo que más se escucha, pero el porcentaje depende de las necesidades de cada región. Los empresarios creen que hay que discriminar qué lugares necesitan mano de obra extranjera y cuáles ya cuentan con trabajadores chilenos suficientes.

-Uno no puede decir con esto traigo 100% de peruanos a Copiapó y me ahorro plata. Si el Valle de Copiapó requiere 120 personas, nosotros creemos que deben ser 120 personas las que deben entrar, no 180 -dice Ronald Bown.

Lo que sí les preocupa es que se genere competencia desleal entre las empresas. Por eso, proponen una redistribución de los inmigrantes. Que además deberán ser traídos en forma temporal y por un “intermediario” que los reclute en el exterior.

-El inmigrante tiene que estar atado a alguien o a una empresa que diga “necesito 55 personas que vengan a trabajar por 3 meses y que tengan las siguientes características”. Esa persona tiene que responsabilizarse por esa gente. No solamente desde el punto de vista de traerlos sino que también de devolverlos. No queremos que se nos utilice para que lleguen al país en forma poco clara, o que se queden acá -aclara Bown.

En Copiapó, según Prohens, no sólo los empresarios agrícolas requieren de mano de obra extranjera. Los contratistas de la pequeña y mediana minería también. Desde 2009 a la fecha, en la Intendencia de Atacama hay multas aplicadas a empresas del rubro minero por trabajadores extranjeros ilegales. La Minera Carmen Bajo figura con 2 ciudadanos rumanos y la Sociedad Contractual Minera Trinidad con otros 2 ciudadanos peruanos.

Para Prohens esto demuestra que la necesidad de traer extranjeros no tiene que ver con la necesidad de abaratar costos, sino que con una realidad: “Porque no queremos entrar en la ilegalidad, queremos que esto sea legal, que al extranjero se le pague un contrato, las imposiciones y que tenga un salario digno igual al del trabajador nacional”.

HUASOS DESPIERTOS

Pero la propuesta de los empresarios debe leerse en contexto. Sobre todo cuando diciembre de 2007 está marcado por un hecho histórico: por primera vez los temporeros denunciaron los abusos laborales cometidos en el sector. Y el epicentro de la protesta fue precisamente Copiapó, ciudad que a juicio de los empresarios, hoy da la señal respecto de la baja en la mano de obra.

Los diarios de la época calcularon alrededor de 3 mil temporeros protestando y haciendo barricadas en plena carretera. La denuncia era necesaria porque las malas condiciones laborales -dice Rosa Ortega, dirigenta del SINAGET-, iban escalando. Había faenas sin baños y campamentos donde los temporeros del sur dormían sobre colchones con hoyos. Las consecuencias del uso de plaguicidas no eran informadas. Y hubo casos de temporeras que tuvieron hijos con malformaciones.

A lo anterior, se agregó la figura del contratista que vino a mermar el ingreso del temporero. Antes el trabajador cobraba cada actividad por separado. Quitar las frutas malas de una mata o descargar cajas de un camión tenía valores diferentes. “Pero con los contratistas se mezcló todo en un combo, y así bajó la remuneración”, dice Rosa. Los contratistas sabían su negocio. Por parra cosechada le cobraban $300 al empresario y le pagaban $30 pesos al temporero. $270 pesos era su ganancia.

-Todo esto se fue acumulando y llegó un momento que los trabajadores dijimos “no podemos permitir más que se nos siga robando” –dice Rosa Ortega.

Luego de las protestas, se formó una mesa tripartita de diálogo agrícola en Copiapó entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores de la zona. Sólo dos empresas del valle accedieron a pagar un sueldo base de $250 mil para sus trabajadores. Según el SINAGET, aquello sólo duró la temporada de 2008. Desde entonces no se cumple.

Los sueldos que reciben los temporeros siguen siendo inestables. Por lo general, se hace un contrato por el mínimo y luego sobre esa base se entregan bonos de producción, lo que ellos llaman “el trato”. Es esto precisamente lo que va variando y produciendo una disparidad en los salarios según el tipo de fruta, región, empresario o contratista. Hay casos, como el del temporero Fernando Hinostroza en Copiapó, que durante la cosecha pasada sacó $780 mil en enero. Por caja de uva Thompson, la empresa Aconex -hoy en quiebra- le pagaba $300. Logró hacer entre 80 y 150 cajas diarias, trabajando todos los días, de lunes a sábado, desde las 8:00 hasta las 18:00. Ésta ha sido la única vez que Fernando, que trabaja hace 12 años en la zona, sacó esa cantidad.

Cuando Luis Mayol dice que se han pagado hasta 25 mil pesos diarios en Copiapó durante la cosecha, se refiere a casos como los de Fernando Hinostroza, que son aislados. Porque también abundan los ejemplos como el de la temporera Sonia Sagredo que en plena cosecha en Casablanca logró sacar en el mes de abril, llenando más de 40 baldes de uva por día, $134 mil líquidos. Le descontaron dos días que faltó a trabajar y Sonia demandó al contratista Gerardo Galdames por no haberle pagado las horas extra.

Los salarios en la agricultura están lejos de ser atractivos. Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), afirma que es esa la razón por lo que los trabajadores buscan cambiar de rubro. Temporeras y temporeros están emigrando hoy a otros sectores, como el comercio y la minería en busca de mejores salarios.

-Los trabajadores de la fruta han ido encontrando esa veta de que hoy día hay más trabajo en las minas y por supuesto que han ido a trabajar para allá. Pero de ahí a que haya tanta falta de mano de obra… Yo pienso que la gente no quiere trabajar por los salarios tan bajos que se están pagando. Y de eso se espantan los empresarios, de eso se asustan y dicen: estos huasos están despertando –dice Alicia Muñoz.

Para la presidenta de ANAMURI es importante fijar cuanto antes un sueldo base de $250 mil como se prometió alguna vez. Para que desde ese piso se haga el trato. Y para que ese trato no sea dispar, tanto ANAMURI como SINAGET están de acuerdo en impulsar un Tarifado Nacional que establezca los valores de cada trabajo agrícola y que se vuelva a contabilizar cada uno de ellos por separado, como era antes de la irrupción de los contratistas.

La propuesta no ha tenido eco entre los empresarios agrícolas. A mediados de junio le entregaron a la ministra Matthei el Estatuto del Temporero; un documento elaborado por la SNA y la ASOEX además de algunas agrupaciones campesinas que pretende reformar la legislación actual en materia del trabajador agrícola dándole la posibilidad al empleador de extender la jornada laboral y elaborar contrato al décimo día de trabajo, entre otras garantías. Además, se menciona la posibilidad de hacer una negociación colectiva, pero aclaran que en caso de que el sindicato no exista, ésta se realizará con un grupo negociador. Apenas se menciona el derecho a sala cuna y nada se dice respecto a la eliminación de la Ley de Subcontratación.

Si los empresarios hoy están empecinados en abrir la frontera es porque hasta hace dos años aún había gente dispuesta a trabajar en la cosecha de temporada, y como eran los contratistas los que se quemaban contratando al ilegal, los empresarios no necesitaban tan urgentemente regularizar la situación de los extranjeros, afirma el contratista de Cabo de Hornos, Gabriel Duque. Y agrega que ahora se hace necesario “porque los chilenos ya se saben todas las leyes y quieren sacar ganancias donde pueden. Por eso, en el sector se prefiere a los extranjeros: porque es mano de obra más barata”.

Rafael Prohens, desde Copiapó, rechaza lo afirmado por Duque e insiste en que este no es un tema de salarios:

-Ahora yo no sé y hago la pregunta: ¿es tan malo que la gente compita por calidad? Si al final de cuentas esto es lo mismo que cuando 30 personas postulan a un trabajo, entonces todos se esmeran en ser los mejores.

Para el ex ministro de Agricultura Álvaro Rojas tanto en esos años como ahora traer extranjeros es una salida fácil. Si bien el problema de la mano de obra existe, a su juicio esto se resuelve ofreciendo mejores condiciones laborales para fidelizar a los trabajadores:

-Acá no hay ninguna razón que no sea económica para traer extranjeros. Porque la escasez de mano de obra deja de ser escasez dependiendo del precio que se pagué. A lo mejor en Chile no hay personas dispuestas a trabajar por $12 mil, pero sí lo hay por $15 mil. Tiene que ver con el precio, porque si esa mano de obra extranjera viene a presionar el precio de la mano de obra a la baja y no al alza va a haber un efecto macro económico local y a la gente le van a pagar menos –dice Rojas.

DESIGUALDAD

A los trabajadores chilenos les preocupa que en caso de llegar al campo, los extranjeros lo hagan en condiciones inferiores a las de ellos. En eso, todos están de acuerdo. Incluso aquellos trabajadores que negociaron con los empresarios para aprobar el Estatuto del Temporero. Una de las firmas que está en ese documento es la de Segundo Steilen, presidente de Confederación Nacional Campesina (CNC), quien menciona que en las conversaciones futuras sobre la incorporación de extranjeros el objetivo como organización será delinear bien las condiciones en que se debe traer al inmigrante.

-Hoy día tenemos algunas precariedades en nuestro sector que tienen que ver con la salud, la vivienda. Entonces, si esa gente se viene para acá, la pregunta es: ¿en qué condiciones van a vivir? Ya es complicado que llegue nuestra gente a los policlínicos rurales. Hay que ir a sacar hora para que a la gente la atiendan, no es nada tan fácil.

Sobre las implicancias de traer inmigrantes más allá de la agroindustria, Álvaro Rojas ya en 2007 había acuñado una frase del escritor suizo Max Frisch: “Queríamos mano de obra y llegaron personas”. Cinco años después, vuelve a insistir en este punto:

-Siempre señalé que esto debe ser algo muy meditado por la autoridad. Porque se van a contratar trabajadores, pero van a llegar personas: con ideas, con familias, con hijos. Y uno no puede impedir que en cuatro meses esas personas no tengan la oportunidad de divertirse, de salir, de que los niños vayan al colegio, que los lleven al consultorio si se enferman. La previsión y todo ello son costos que los paga un sistema público no del todo bien dotado. Por eso lo de los trabajadores paraguayos puede ser un buen presagio de lo que puede ocurrir en la agricultura. Porque si uno escucha las acusaciones del empresario involucrado, él quería que le trabajaran no más y ahí es cuando la cita de Frisch cobra sentido.

Luis Mayol desdramatiza el asunto. Para él no es tal el impacto social que podría provocarse: “Porque no es lo mismo que llegué un turco a Alemania que llegué un peruano a Chile. Hay muchas más similitudes, empezando por el idioma, es más fácil que se asimile”. Y vuelve a reiterar que la intención de esta propuesta es que “el trabajador que venga lo haga en las mismas condiciones que el chileno”.

Por lo que ocurre en terreno, hace tiempo que las organizaciones que se ocupan de los derechos de los inmigrantes vienen denunciando que el trabajador extranjero está en una situación mucho más vulnerable que el chileno. Porque llega a un país donde muchas veces está solo, no tiene redes, desconoce sus derechos y en materia laboral debe encontrar a un empleador que le dé trabajo para obtener una visa por un año y se comprometa al término del contrato a pagarle el pasaje de regreso. Aquél resquicio legal llamado “visa sujeta a contrato” es la figura tipificada en la Ley de Migraciones -que data de 1975- y que genera un alto grado de dependencia entre el inmigrante y su empleador; propiciando abusos laborales.

Para la abogada colombiana Helena Olea, directora de la Clínica Migrante de la Universidad Diego Portales, la cláusula del pago del pasaje es un arma muy fuerte que tienen los empleadores.

-Así es como se empiezan a propiciar ambientes como los de la trata de personas. Porque si un empresario trae a un grupo de paraguayos, calcula lo que le vale el pasaje. Entonces dice: bueno, este trabajador me va a valer 50 mil pesos más de lo que me vale un chileno, entonces lo contrato, pero le voy a ir descontando de su sueldo el valor del pasaje. Así se van generando esquemas adicionales de subordinación que no tiene un trabajador chileno -dice Olea.

Muchos de estos trabajadores por desconocimiento o por miedo a quedarse sin visa si el empleador decide terminar el contrato, callan los abusos de los que son objeto. Por eso, Olea señala que de materializarse la demanda de los empresarios, ésta debiera considerar la abolición de la visa sujeta a contrato y en su lugar habría que implementar una visa temporaria de trabajo. Al respecto, ni la SNA, ni la ASOEX, ni la APECO han discutido por ahora la posibilidad de modificar la Ley de Migraciones.

Respecto a los temores, Prohens señala que da la sensación que se quiere establecer que ser temporero es una actividad denigrante. “¿Porque solamente pueden venir ejecutivos a trabajar a Chile, porque los trabajadores no?”.

Frente a la demanda de los empresarios de abrir las fronteras a los trabajadores extranjeros, la presidenta de ANAMURI, Alicia Muñoz, lo primero que plantea es la vulnerabilidad de los inmigrantes en un sector donde ya hay muchos abusos laborales.

-Es cosa de ver el pedido que hizo el señor Fra-Fra de gente humilde que no reclamara… Entonces, ¿qué se arrastra detrás? Los empresarios hoy, cuando hay un Presidente de la mano de ellos, no tienen ningún empacho en hacer lo que hizo el Fra- Fra. Y si abren las fronteras, ¿quién se los va a impedir?