Sitios de memoria con mil pesos de presupuesto: lo que hay detrás
19.11.2026
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
19.11.2026
El autor de esta columna sostiene que el recorte a los sitios de memoria no responde a razones fiscales, sino a una disputa por el sentido común en la que estos lugares funcionan como trincheras. Advierte, además, que la ultraderecha llevó al extremo una precariedad heredada de los gobiernos anteriores. Concluye que «mil pesos no pagan la luz de una tarde, pero tampoco alcanzan para apagar la memoria».
Imagen de portada: Hans Scott / Agencia Uno
Mil pesos. Esa es la cifra que la Comisión Mixta de Presupuestos dejó para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38 y los sitios de memoria del Estadio Nacional, Neltume y Pisagua. La misma cifra quedó para el Fondo Programa Sitios de Memoria, al que postulan las agrupaciones que gestionan los demás sitios del país: según las propias organizaciones, 16 de los 19 sitios que financia quedarían sin recursos para operar. Mil pesos no pagan la luz de una tarde. No es un recorte: es una manera de borrar la memoria sin tener que decir que se borra.
El proyecto del gobierno de José Antonio Kast ya recortaba un 25,3% el Programa y congelaba el aporte al Museo. La rebaja a mil pesos llegó en noviembre, con indicaciones de los diputados republicanos Agustín Romero, Fernando Ugarte y José Carlos Meza. En total, los recursos para sitios de memoria caen un 78,6%. La Cámara ratificó los cambios y luego rechazó, por 60 votos contra 59, toda la partida de Cultura. Ahora la discusión se traslada al Senado.
Erika Hennings, de Londres 38, advirtió que «este es el peor momento en que hemos estado los sitios de memoria y las organizaciones de derechos humanos en décadas», y la carta que las organizaciones dirigieron al presidente Kast calificó el recorte como «un atentado sin precedentes a la memoria histórica de nuestro país».
No es un problema de caja: las seis entidades afectadas suman menos del 1% del presupuesto del Ministerio de las Culturas. Y la selección no es casual: un excentro clandestino de tortura, el estadio que fue campo de prisioneros políticos, el campo de Pisagua. Dejar una institución en mil pesos la vuelve inviable sin el costo político de suprimirla por ley.
En 2018, un ministro de las Culturas debió renunciar tras conocerse que había llamado «montaje» al Museo. En el Presupuesto 2026, el Senado rechazó los fondos de cuatro sitios, que luego la Comisión Mixta repuso. Este año, diputados libertarios propusieron un «Museo de la Verdad» sobre la Unidad Popular. Como plantea Fabián Cabaluz, el negacionismo histórico es un «componente constitutivo» del proyecto de la ultraderecha chilena. Los mil pesos son su expresión más nítida: una decisión ideológica presentada como ajuste presupuestario.
Y no ocurre solo en Chile. En Argentina, Milei desfinanció los sitios de memoria mientras reflotaba, bajo el nombre de «memoria completa», la vieja teoría de los dos demonios, que equipara la violencia del Estado con la de las organizaciones que promovieron la lucha armada. Estas derechas comparten autores, asesores y redes, y la memoria es uno de sus frentes comunes.
Sus propios intelectuales lo llaman batalla cultural: Agustín Laje y Axel Kaiser han insistido en que la derecha pierde si reduce la política a la economía. De Gramsci tomaron una idea central: el poder se juega en la hegemonía, y la hegemonía en el sentido común, esa «concepción del mundo absorbida acríticamente» por los distintos ambientes sociales y culturales. Y lo que una sociedad recuerda define lo que le parece obvio.
Gramsci distinguía entre la guerra de movimiento, el asalto frontal al Estado, y la guerra de posiciones, propia de sociedades donde el poder no reside solo en el Estado, sino en una red de trincheras de la sociedad civil: la escuela, la prensa, las iglesias, los museos. La ultraderecha lo entendió bien. No le basta con gobernar: quiere ocupar esas trincheras, y la memoria es una de ellas.
Su método, como describe Steven Forti, es marcar la agenda a punta de provocaciones. Al obligar a todos a discutir en sus términos, corre la ventana de Overton, y lo que antes era inaceptable empieza a parecer una opinión más. Hace pocos años, desfinanciar el Museo de la Memoria era impensable; hoy se vota en el Congreso como una partida más, con la derecha tradicional acompañando. Para Pablo Stefanoni, la derecha radical se presenta como rebelde: así, los informes Rettig y Valech pasan a ser un «relato oficial», y cuestionarlos, un gesto de libertad.
Como ha mostrado Elizabeth Jelin, el sentido del pasado se construye desde el presente, y lo disputan «emprendedores de la memoria» que buscan imponer su relato. De las cuatro memorias emblemáticas que Steve Stern identificó en Chile, la derecha despliega hoy fundamentalmente dos: la memoria como salvación, que presenta el golpe como el rescate del país, y la memoria como caja cerrada, que pide no remover el pasado. Los mil pesos cierran la caja. El «Museo de la Verdad» reinstala la salvación. El terreno estaba preparado: en 2023, según el Barómetro CERC-MORI, un 36% de los chilenos creía que los militares «tenían razón» para dar el golpe, más del doble que diez años antes.
Maurice Halbwachs mostró que la memoria se apoya en marcos sociales, y dio especial importancia al espacio: los grupos dejan su huella en los lugares y, mientras el lugar permanece, el recuerdo tiene dónde volver. Por eso un excentro de detención no es un edificio cualquiera. Es un marco material de la memoria, el punto donde un recuerdo doloroso se vuelve compartible y transmisible.
Medio siglo después, muchos sobrevivientes y familiares ya no están, y los sitios son lo que permite que ese recuerdo llegue a quienes no vivieron la dictadura. Como insiste Hennings, «los sitios de memoria son algo más que solo un edificio». Desde la psicología social, Isabel Piper, Roberto Fernández y Lupicinio Íñiguez los entienden como una práctica social: la memoria se produce y se transforma a partir de lo que la gente hace con ellos, en un intercambio permanente entre quienes vivieron la dictadura y quienes llegaron después. Desmontarlos obliga a sobrevivientes y familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos a probar, otra vez, que lo que vivieron existió.
Pero los sitios no son solo lugares de recuerdo. Son también espacios donde se vuelve a organizar: ahí se reúnen familiares, sobrevivientes, estudiantes, sindicatos y vecinos; se tejen redes, se preparan conmemoraciones que son también protestas y se discute el presente a la luz de lo que pasó. En el lenguaje de Gramsci, son trincheras: posiciones desde donde las comunidades sostienen un sentido común distinto al que se intenta imponer. Quizás por eso incomodan tanto, y por eso no basta con ignorarlos: hay que dejarlos sin luz.
Sería cómodo culpar solo a la ultraderecha. Pero los mil pesos caen sobre una fragilidad anterior. Fueron las agrupaciones las que recuperaron los excentros, a contrapelo de un Estado que llegó tarde, a medias y, muchas veces, como un obstáculo. Londres 38, al que la dictadura le cambió el número para ocultarlo, se recuperó por la presión de sus colectivos, no por iniciativa de los gobiernos democráticos. Y en Antofagasta, el sitio de memoria Providencia todavía convive con Carabineros, que en 2018 se negó a ceder parte del edificio.
Los gobiernos de la Concertación delegaron en las agrupaciones lo que debía ser una política de Estado. El Programa Sitios de Memoria, creado en 2023 bajo el gobierno de Gabriel Boric, prometía estabilidad y terminó consolidándose como fondo concursable: sitios hermanos compitiendo entre sí, transferencias a mitad de año, equipos que no saben si tendrán sueldo a fin de mes. En 2024, cuando 13 sitios quedaron sin financiamiento, las autoridades llegaron a sugerirles que pidieran créditos a la Banca Ética, según denunció Providencia.
La ultraderecha heredó esa precariedad y la llevó hasta el final. Un derecho que depende de un concurso anual se puede dejar en mil pesos. Por eso no basta con reponer los fondos de 2027. Hace falta una política permanente de memoria, no como concesión, sino como obligación de un Estado que debe reparar crímenes que él mismo cometió. Le corresponde garantizar las condiciones para que los sitios existan —financiamiento basal y estable, protección de los lugares, reconocimiento de las distintas formas en que se gestionan—, no decidir qué memoria se hace en ellos. Esa es la trampa de los concursos y las rendiciones permanentes: con la promesa de apoyar, terminan controlando. Una política así debe asegurar su viabilidad y respetar su autonomía, para que los sitios y las comunidades que los sostienen y los habitan puedan proyectar su trabajo a largo plazo sin depender de cada gobierno ni de cada discusión presupuestaria.
Lo que se disputa en estos mil pesos no es dinero. Es qué formará parte del sentido común en Chile dentro de diez, veinte o cincuenta años. Esa guerra de posiciones ya está en curso, y quienes están a la ofensiva saben perfectamente lo que hacen. No se gana solo con un asalto frontal, sino trinchera por trinchera. Las agrupaciones llevan medio siglo defendiendo las suyas con sus propias manos y, muy probablemente, seguirán haciéndolo de manera autónoma. Mil pesos no pagan la luz de una tarde, pero tampoco alcanzan para apagar la memoria.