El autor de esta columna advierte que, aunque el presupuesto 2027 para educación casi no varía en su monto total, en el detalle aparecen recortes a la SEP, al programa pro-retención, a los internados y a las evaluaciones de la Agencia de la Calidad, mientras las Becas TIC quedan en cero. A partir de un estudio del BID que muestra que importa más en qué se gasta que cuánto, plantea que esas partidas sostienen la asistencia y permanencia escolar, y propone tres acciones de cara al presupuesto 2028.

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

Hay años en que el presupuesto público para educación cambia mucho en las noticias y poco en los hechos; y hay años cómo este donde ocurre lo contrario. El proyecto para 2027, comparado con el presupuesto base de Hacienda, no varía en el monto total. Y al compararlo con la ley de 2026, descontada la inflación, sube un 1,6%. Quien se quede con esa cifra podría concluir que este año no se decidirá nada importante, pero creo que ocurre lo contrario, ya que las claves están en los detalles.

Las últimas semanas se publicaron dos documentos que esclarecen lo anterior. Uno es el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en octubre bajo la autoría de Gregory Elacqua, Isabel Munevar, María Fernanda Prada y Julio Rodríguez. El otro es un análisis del presupuesto realizado por Educación 2020. Vamos con un doble click.

CUÁNTO SE GASTA IMPORTA MENOS QUE EN QUÉ

El estudio del BID analizó cómo las escuelas urbanas gastaron su financiamiento público de Chile entre 2015 y 2022. Se revisaron los sueldos, los programas pedagógicos, el apoyo a estudiantes, la mantención y servicios básicos, y se comparó con lo que las mismas escuelas lograron en aprendizaje, asistencia y permanencia de sus estudiantes.

La conclusión central es sencilla de enunciar: gastar más por estudiante, a secas, explica muy poco y lo que cuenta es la composición del gasto. El dinero destinado a profesores de aula y a apoyo pedagógico se asocia con mejores resultados de aprendizaje. El dinero que va a mantener el funcionamiento de las escuelas, en servicios, mantención e infraestructura, se asocia con que los estudiantes asistan más y falten menos, pero esas partidas casi no se relacionan con los puntajes en las pruebas.

Esta conclusión debería modificar la forma de evaluar. Si juzgamos el gasto escolar solo por los resultados en pruebas estandarizadas, lo que mantiene abiertas las puertas de las escuelas y a los niños dentro de las salas parecerá poco productivo, aunque se sostenga la condición básica para aprender que es la asistencia.

En Chile esta condición no está resuelta. Un análisis de Acción Educar con datos del MINEDUC, del primer semestre de 2026, muestra que un 23,8%, equivalente a unos 690 mil estudiantes, faltó a más del 15% de sus clases; y cerca de 65 mil no asistió a más de la mitad. Además, están quienes abandonan el sistema. Solo en 2024, casi 48 mil niños y jóvenes se desvincularon, la cifra más baja del registro disponible.

LO QUE SE MUEVE DEBAJO DEL TOTAL

Con estas ideas en mente, el proyecto del presupuesto para 2027, se lee muy distinto. En marzo de 2026, un decreto de Hacienda, que modifica el presupuesto sin pasar por el Congreso, recortó $22.600 millones para infraestructura escolar pública y otros $8.194 millones a inversión de jardines infantiles de la JUNJI. Aquí hay que ser cuidadosos porque los datos no son directamente comparables, pero la intuición es parecida, ya que los edificios y servicios básicos rara vez están en las conversaciones sobre aprendizaje.

Con la misma base legal, también bajan la Subvención Escolar Preferencial (SEP) (-3,7%), el programa pro-retención (-12%) y los internados (-16,1%). El estudio sugiere que, dentro de la SEP, el personal y el apoyo a los estudiantes son los aspectos que más se relacionan con la asistencia a las escuelas donde se forman más estudiantes prioritarios.

Otro “ajuste” que es fácil pasar por alto afecta a la Agencia de la Calidad de la Educación, que baja en un 6,7%. Su área de evaluaciones cae un 12,8%. Una glosa que acompaña la partida y fija cómo se puede usar el dinero, deja el plan de evaluaciones sujeto a que haya recursos. Entre las pruebas que podrían quedar fuera está la de Impulso Lector y la de lectura de 2° básico, que involucra a 278 mil alumnos y no tiene línea propia ni obligación legal que la proteja. En la tabla del presupuesto no aparecería como un recorte porque simplemente dejaría de aplicarse. Si queremos tomar decisiones con más indicadores, primero debemos seguir produciendolos.

La educación pública avanza en dos velocidades: los nuevos Servicios Locales de Educación Pública aumentan sus recursos en un 21,8%, pero casi todo el aumento se centra en seis servicios que recibirán colegios desde enero. Para los municipios que siguen a cargo de sus escuelas, el fondo de apoyo disminuye un 38,4%.

Hay otro detalle que da para analizar. Para dejar en cero las Becas de Acceso TIC —que tenían $34.796 millones en 2026—, la administración actual citó evaluaciones negativas de un diseño anterior del programa, una de ellas de 2022. Así funciona el ciclo presupuestario. Lo evaluado hoy define el financiamiento de mañana. Esto no significa que los recortes sean injustos o que los programas no se evalúen. Todos los gobiernos modifican el presupuesto por decreto, algunas veces con buenas razones.

Lo trascendente es que la calidad de las evaluaciones importan tanto como los recursos. Un programa que logra que más jóvenes sigan en sus colegios tiene que demostrarlo y para eso necesita indicadores de asistencia y permanencia, no solo puntajes. Si una evaluación revisa un diseño que cambió conviene preguntarnos si lo describe en la actualidad.

RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO

El calendario siempre es corto: los últimos días de octubre venció el plazo de presentación de cambios del Gobierno. En los primeros días de noviembre sesionó la Comisión Especial Mixta y esta semana se despachó al Senado.

Aunque para este año la suerte ya está echada observo tres acciones a ejecutar con mirada de futuro.

La primera es lograr que lo importante figure en el presupuesto con su propio nombre. Las Becas TIC pudieron defenderse porque eran una línea visible e Impulso Lector —que está en otra partida—, podría dejar de aplicarse sin ser un recorte.

La segunda es exigir que los programas se evalúen con más de un indicador, de modo que la asistencia, la permanencia y el clima escolar importen tanto como los puntajes.

Y la tercera es hacer seguimiento al presupuesto después de su aprobación. Los decretos pueden cambiar las prioridades durante el año sin pasar por el Congreso, y su ejecución se publica cada mes. La formulación del presupuesto 2028 empieza en abril, por lo que es conveniente tener listas desde ahora las propuestas con sus costos.

Un presupuesto es una manera de mostrar qué nos importa como sociedad. Este año el total no cambiará mucho y por eso debemos prestar más atención porque lo que valoramos como país se juega en esos detalles que, al final, no son simples detalles.