Cada vez que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (exMejor Niñez) identifica un caso que podría constituir el delito de explotación sexual contra los niños, niñas y adolescentes de sus residencias, envía una denuncia al Ministerio Público bajo la categoría de “posible víctima de ESNNA”. Entre 2021 y 2024, ese registro pasó de 357 a 948, anotando un aumento del 166%. El consumo de drogas, las listas de espera, la captación dentro de los centros, la falta de programas especializados en algunas regiones, la descoordinación entre las instituciones encargadas de protegerlos y las dificultades para ejecutar medidas de protección obstaculizan una respuesta oportuna ante estos casos, configurando un problema sistemático dentro de la red de protección.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.

En mayo de 2023, durante el funeral de Martina (nombre ficticio para resguardar su identidad), uno de los hombres acusados de ser su explotador sexual, identificado como Nicolás, estaba sentado en la segunda fila. Junto a él, se encontraban quienes, durante meses, denunciaron el riesgo vital que enfrentaba la adolescente de 16 años. Su muerte ocurrió mientras permanecía bajo la responsabilidad del sistema de protección.

En 2020, Nicolás había quebrantado una orden de alejamiento decretada para resguardar a la joven, pero la Fiscalía decidió no investigar los antecedentes remitidos por el Tribunal de Familia argumentando que, al tratarse de una causa de protección y no de violencia intrafamiliar, el incumplimiento no constituía delito y correspondía al propio tribunal hacer cumplir la orden. 

Tras la muerte de Martina, una de sus cuidadoras lamentaría que ninguna de las medidas decretadas lograra protegerla mientras estuvo viva: “Una medida de alejamiento no tiene lugar cuando una persona está muerta”.

Martina nació en Concepción en 2006 y desde los dos años vivió en residencias del Estado junto a sus tres hermanos tras una causa de protección presentada al Tribunal de Familia de la región, debido a las negligencias de sus padres quienes presentaban problemas de consumo de drogas y alcohol. 

En su paso por los centros de la región inició el consumo de pasta base a los nueve años y dado sus antecedentes de abuso sexual y abandono, tres años más tarde ingresaría a un programa de atención ambulatoria del Sename, especializado en la reparación a víctimas de explotación sexual (PEE), que dejaría meses después, cuando un informe emitido por el propio organismo señaló que la niña no se reconocía a sí misma como víctima.

En ese contexto, desde temprana edad, Martina comenzó a vincularse con adultos que la explotaban sexualmente, a los que ella identificaba como “pololos”.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) es una grave vulneración de los derechos humanos que implica involucrarlos en actividades sexuales mediante coerción, aprovechando una relación asimétrica de poder y algún tipo de intercambio. Esta dinámica puede dificultar que los propios niños y adolescentes se reconozcan como víctimas, especialmente cuando se presenta como una relación afectiva o de pareja.

El caso de Martina no es aislado. Entre 2021 y 2024, el número de niños, niñas y adolescentes registrados como “posibles víctimas” de explotación sexual en recintos de administración directa y organismos colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex-Mejor Niñez)  pasó de 357 a 948, un aumento del 166%, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia (vea el documento con esa información aquí).

El término corresponde a una categorización propia del Servicio, que, ante la detección de un potencial caso de explotación sexual contra NNA que se encuentran bajo su atención, presenta una denuncia ante el Ministerio Público acompañando los antecedentes recopilados en cada situación. En su respuesta enviada por Transparencia, la institución añadió que el aumento de esta cifra también responde al perfeccionamiento de sus “protocolos de denuncia” y de su “actuación frente a este tipo de situaciones”.

A cinco años de la implementación del Servicio, niños, niñas y adolescentes que llegan a los hogares con historias de abuso, abandono y consumo problemático se enfrentan a una red marcada por las listas de espera, el sobrecupo y la escasez de respuestas especializadas. 

Documentos judiciales, antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia y entrevistas con trabajadores, exfuncionarios del Servicio de Protección y expertos dan cuenta de las dificultades que enfrentan las residencias para responder a situaciones de explotación sexual. 

Imagen referencial (Créditos: Camilo Castro / Agencia Uno).

LA FALTA DE OFERTA ESPECIALIZADA PARA LAS VÍCTIMAS

En octubre de 2021 comenzó a funcionar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en reemplazo del Sename, con la promesa de avanzar hacia un sistema especializado en la protección y reparación de infancias vulneradas. Sin embargo, la red de residencias y programas del nuevo Servicio se construyó sobre la estructura heredada del Sename. Hoy, 5.183 niños, niñas y adolescentes viven en residencias del Estado, los recintos con la mayor tasa de vulneraciones del sistema de protección, según un informe de la Defensoría de la Niñez publicado en diciembre de 2024 (vea ese documento aquí).

Antonia (nombre ficticio para resguardar su identidad) tenía siete años cuando su colegio levantó la primera alerta sobre las condiciones en las que vivía. El Tribunal de Familia de la región de Coquimbo ordenó medidas de protección y fue enviada a vivir con una pareja cercana a la familia. Allí, el hombre comenzó a abusar sexualmente de ella y, dos años después, su madre -quien la visitaba a diario- la inició en el consumo de pasta base.

De acuerdo con el boletín N° 4 de Actuar es Urgente —grupo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que investiga y visibiliza la ESNNA en residencias estatales—, el consumo de drogas desde temprana edad aparece como un antecedente en los casos de ESNNA (vea el boletín aquí). 

Fabián Arancibia, psicólogo del programa Mi Abogado, explica que los explotadores ofrecen droga, alcohol y dinero rápido. Así, según el profesional, la percepción de beneficio y de una supuesta elección prevalece para las víctimas. 

En el caso de Antonia, las vulneraciones y las alertas precedieron su ingreso a una residencia. Una nueva denuncia llevó al tribunal a ordenar su ingreso a un programa de intervención ambulatoria para víctimas de ESNNA. Antonia esperó más de un año para ingresar. En ese tiempo, intentó quitarse la vida.

Las listas de espera son una de las principales limitaciones de una red que funciona a través de residencias y programas especializados. Parte de esta oferta es ejecutada por organismos colaboradores que se adjudican los programas mediante concursos públicos, con un número limitado de plazas.

El Programa Especializado en Explotación Sexual (PEE) es parte de la oferta programática que está a cargo de la reparación integral de estas víctimas: un equipo multidisciplinario que debe trabajar la reintegración y reparación familiar y social. 

Sin embargo, este programa tiene limitaciones que se reflejan en los datos del Servicio. Entre 2022 —primer año completo de funcionamiento del organismo— y 2025, los ingresos anuales a la lista de espera del Programa de Explotación Sexual (PEE) pasaron de 201 a 455 casos, un aumento de 126%, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia. En el mismo periodo, los niños, niñas y adolescentes que permanecían a la espera de un cupo al cierre de cada año subieron de 48 a 79, un 65% más.

Un funcionario del Servicio, quien solicitó la reserva de su identidad, explica que la espera termina agravando los casos: “Uno que ingresa como mediana complejidad, se va cronificando en el tiempo hasta llegar como uno de alta complejidad”, lo que dificulta la intervención. Agrega que el ingreso tardío y las listas de espera también hacen que los procesos de reparación no logren abordar todas las necesidades de las víctimas de ESNNA, y los profesionales se ven obligados a dejar algunas dimensiones prioritarias fuera de las intervenciones.

Cuando no hay un PEE disponible, las víctimas son derivadas al Programa de Protección en Maltrato y Abuso Sexual Grave (PRM), diseñado originalmente para atender otro tipo de vulneraciones. Así ocurre en las tres regiones que hoy no cuentan con este programa —Ñuble, Atacama y Aysén—, y también en territorios donde sí existe, cuando los tribunales de familia no detectan señales de explotación, según el Boletín N°4 de Actuar es Urgente. Pero esa alternativa tampoco asegura una atención oportuna: entre 2023 y 2024, la lista de espera del PRM aumentó un 17,9% a nivel nacional.

Antonia nunca ingresó a un programa de reparación. A los 15 años, cuando fue derivada a una residencia en La Serena, las vulneraciones que habían motivado su ingreso al sistema se habían agravado.

Imagen referencial (Fuente: Página web del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia)

EL RIESGO DE EXPLOTACIÓN DENTRO DE LAS RESIDENCIAS

Entre 2021 y 2024, los registros de posibles víctimas de explotación sexual en programas del Servicio aumentaron en 15 de las 16 regiones del país. Cada registro corresponde a una denuncia que el propio Servicio presenta ante el Ministerio Público cuando sus profesionales detectan antecedentes de explotación. 

Sin embargo, una denuncia no asegura que la investigación prospere. En los casos de explotación sexual, muchas víctimas no reconocen la denuncia como una alternativa que solucione la situación que están viviendo.

Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual del Ministerio Público, explica que las víctimas suelen no identificar un beneficio en denunciar o no logran dimensionar cómo esa acción podría ayudarlas. Esa dificultad para denunciar también permite que las dinámicas de explotación permanezcan ocultas y se reproduzcan dentro de las propias residencias.

“Estamos viendo focos bastante permanentes en residencias del Estado en todo el país”, señala Sovino. Según explica, en estos espacios se produce también una “captación mutua”: adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual pueden captar a sus pares. “Quizás siempre existió, pero ahora está existiendo de una manera mucho más desvergonzada, directa y violenta”, sostiene.

Antonia fue una de esas adolescentes. En la residencia de La Serena conoció a una joven mayor, proveniente del norte del país y también víctima de explotación sexual. La joven comenzó a vincularla a un circuito de fiestas donde las drogas ofrecidas por los hombres corrían al inicio como invitación, y después como moneda de cambio para facilitar la explotación sexual. Con el tiempo, Antonia empezó a “reclutar” a las otras adolescentes de la residencia. 

El caso de Antonia no es aislado, y da cuenta de un patrón que suele repetirse al caracterizar a las víctimas. Según la Nota Técnica N°5 de la Defensoría de la Niñez, el 86% de las víctimas son mujeres, y la mayoría tiene entre 14 y 17 años. En el año 2023, se levantaron circulares alertando el riesgo de explotación sexual de una de cada 10 niñas en residencias.

El hogar estaba ubicado en La Serena, a pocas cuadras de una gran avenida. Por tratarse de una investigación aún en curso, este reportaje omite su ubicación exacta. Según las alertas levantadas desde el hogar, algunos de los contactos con hombres se producían en el entorno del lugar, mientras otros llegaban directamente hasta las inmediaciones del hogar.

Antonia salía de la residencia, regresaba bajo los efectos de las drogas y, en ocasiones, con lesiones. Loreto, abogada del Programa Mi Abogado de la Región de Coquimbo —que entrega representación jurídica especializada a niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado—, conoció el caso a partir de esas situaciones. 

Lo que Loreto vio no es un patrón exclusivo de ese hogar. Según un catastro de la Defensoría de la Niñez a residencias para adolescentes, menos del 60% de las jóvenes estaban presentes al momento de las visitas realizadas en 2023. Las salidas no autorizadas son, según la propia Subsecretaría de la Niñez, una de las principales señales de riesgo de explotación sexual —junto al consumo de pasta base y los vínculos previos con redes de explotación. 

El caso de Martina también es reflejo de este patrón. Cuando un niño, niña o adolescente no regresa a la residencia, el tribunal puede decretar una orden de búsqueda y recogimiento (OBR), que instruye su localización y retorno al hogar. Sin embargo, la ejecución de la medida queda sujeta a los medios disponibles en la residencia y de la red asistencial de su entorno. 

Según el Poder Judicial, en agosto de 2023, 245 niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado mantenían una orden de búsqueda y recogimiento vigente. El 71,4% tenía entre 14 y 17 años, el mismo rango etario de Martina cuando escapó de la residencia. 

Martina escapó de su residencia en 2022. El vehículo para buscarla se solicitó una semana después, por lo que una cuidadora fue por ella. La trasladó por su cuenta al hospital Guillermo Grant Benavente, solicitando su hospitalización para la desintoxicación de la joven y el tratamiento de las lesiones físicas graves. El ingreso hospitalario se concretó dos meses después, el 10 de noviembre, luego de que Martina volvió a escapar.

Imagen referencial (Créditos: Flickr Sename Chile)

CUANDO DENUNCIAR NO BASTA

Denunciar tampoco garantiza que un caso de explotación sexual llegue a juicio. Uno de los obstáculos aparece cuando la investigación depende del testimonio de niñas, niños y adolescentes que pueden tardar años en reconocerse como víctimas.

“Si no hay relato, no hay víctima y es difícil que el proceso pueda seguir”, afirma Loreto Caro, directora de ONG Raíces, organización especializada en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. Según explica, las investigaciones que consiguen avanzar suelen involucrar redes con múltiples víctimas, cuyos testimonios pueden respaldarse entre sí.

Alejandra (nombre ficticio para resguardar su identidad), abogada del Programa Mi Abogado, asegura que desde su vereda se ven obligados a intervenir para que el Ministerio Público investigue los hechos bajo el concepto de explotación sexual y no como otras figuras penales.

“Si no estamos nosotros, el Ministerio Público opta por otras figuras, como por ejemplo, el estupro —cuyo nivel de condena es mucho menor a los presupuestado para la ESNNA—, dejando de lado toda la dinámica de intercambio que se genera”, señala.

A esto se suma el tiempo que demora la investigación. Maurizio Sovino indica que actualmente las causas pueden tardar dos años o más. Lo atribuye a la falta de fiscales y a la sobrecarga de las policías. Pese a que existen funcionarios designados en cada región, en algunos casos estos equipos se conforman por una o dos personas.

El Estado no logró cumplir la promesa de reparación. Antonia cumplió 18 años, salió del sistema sin redes; su abogada perdió el contacto con ella. El último antecedente de esta investigación la sitúa consumiendo pasta base junto a su madre en la vía pública.  Por su parte, Martina no llegó a esa edad. Murió a los 16 años de un disparo en la cabeza, mientras figuraba como desaparecida para la residencia. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, a cuatro cuadras de una comisaría.

(*)Este reportaje corresponde a una versión de la tesis que entregaron sus autoras para titularse como periodistas en la Universidad de Chile.