Las autoras de esta columna sostienen que el aluvión de San Carlos de Apoquindo no fue un hecho fortuito, sino el resultado de décadas de urbanización del piedemonte sin considerar sus quebradas y cuencas, sumada a la sequía y a los incendios del verano. Advierten que la infraestructura gris solo protege lo ya construido y proponen avanzar hacia soluciones basadas en la naturaleza. Concluyen que “la mitigación del riesgo en zonas urbanas precordilleranas y el diseño de las respuestas complejas que requiere la adaptación demandan una visión colaborativa que involucre actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil”.

Imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno

Las lluvias y granizos del 13 de octubre inundaron diversos sectores de Santiago, apenas cinco días después del aluvión que afectó a Las Condes, anegó viviendas, universidades y centros de salud, paralizó el transporte público y arrastró vehículos. Ambos episodios coincidieron no solo con el mes en que se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, sino que con el día mismo, y reabrieron una pregunta urgente: ¿cómo estamos planificando la ciudad frente a estas amenazas?

El aluvión fue resultado de factores acumulados. La urbanización progresiva del piedemonte ha desatendido investigaciones que, desde hace décadas, advierten la necesidad de considerar cuencas y quebradas en la planificación territorial. A ello se sumaron años de sequía y los incendios de diciembre de 2025 y enero de 2026, favorecidos por altas temperaturas y descuidos humanos. El fuego consumió más de 1.000 hectáreas, eliminó vegetación y dejó laderas expuestas a la erosión.

Un aluvión estival en Quebrada Honda ya había dado la alerta. En octubre, un sistema frontal descargó intensas lluvias en la precordillera: más de 140 mm acumulados durante la semana, 38 mm ese día y entre 10 y 12 mm en menos de una hora en la misma zona. La saturación del suelo desencadenó un flujo de lodo, rocas y escombros hacia San Carlos de Apoquindo. Al llegar al área urbanizada, un cauce canalizado y obstruido desvió el barro hacia General Blanche, Camino El Alba, La Plaza Sur y Paul Harris. ¿Por qué se ha construido en un territorio expuesto a estos eventos?

LA PROBLEMÁTICA DE LA URBANIZACIÓN DEL PIEDEMONTE

La planificación en el piedemonte de Santiago evidencia un retroceso en la comprensión del borde cordillerano como parte del sistema urbano. El Plan Regulador Intercomunal de 1960 concebía el piedemonte como una pieza estructural ambiental, determinando una franja suburbana de protección de cinco kilómetros, libre de urbanización, acompañada de un estándar de siete metros cuadrados de área verde por habitante.

Sin embargo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 abandonó ese enfoque, liberó el límite urbano al declarar el suelo como un bien no escaso y dejó la ocupación del piedemonte en manos del mercado inmobiliario, con la consecuente exposición a inundaciones y remociones en masa como resultado de su urbanización. Iniciativas posteriores, como el Proyecto Protege (1993) y la Asociación Parque Cordillera (2005), lograron proteger sitios prioritarios para la biodiversidad; sin embargo, operan desde la conservación y no desde la planificación territorial. La regulación actual del piedemonte de Santiago depende del Plan Regulador Metropolitano de 1994, cuyas disposiciones sobre este territorio no fueron modificadas por la actualización de 2013 (MPRMS‑100).

Este Instrumento de Planificación clasifica el piedemonte como zona de Preservación Ecológica (art. 8.3.1.1), por sobre el límite de extensión urbana, e integra “los sectores altos de las cuencas y microcuencas hidrográficas”, los cauces naturales y el recurso de nieve como fuente de agua potable.

El problema de fondo es que el piedemonte andino de Santiago presenta cuatro puntos críticos en materia de planificación. El primero es que se define el límite urbano en base a la altitud entre los 900 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, sin cuestionar la condición natural de la montaña. El segundo es la urbanización de laderas con pendientes superiores al 25%, lo que marca el límite de habitabilidad del piedemonte. Construir en pendientes más pronunciadas agrava una amenaza que con una lluvia intensa -como la ocurrida el pasado 8 de octubre- puede movilizarse como aluvión. El tercero corresponde a las quebradas soterradas, canalizadas o rellenadas, que pierden capacidad de drenaje, de infiltración y de conectividad ecológica, mientras aumenta la impermeabilización de las cuencas.

Finalmente, el cuarto es el cambio climático. El ascenso proyectado de la isoterma cero amplía el área pluvial de las cuencas durante las tormentas cálidas, las lluvias intensas, mientras que la megasequía ha intensificado el régimen de incendios, lo que configura una cadena incendio/aluvión como la observada en la Quebrada Honda en 2026. Ninguno de estos factores y dinámicas propias del territorio se refleja en los instrumentos de planificación territorial que definen el borde urbano.

LAS LIMITACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA GRIS

Los aluviones de Antofagasta (1991) y de las quebradas de Macul y San Ramón (1993) demostraron que “el riesgo de flujos de detritos en Chile crece debido a la expansión continua de las ciudades hacia áreas de amenazas, como los abanicos aluviales”. La respuesta al riesgo aluvional en el piedemonte ha descansado principalmente en la infraestructura gris, a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Tras el aluvión de 1993 se construyeron siete piscinas de decantación en el cono de la Quebrada de Macul.

En el resto de las quebradas, la intervención se ha limitado a limpiezas, canalizaciones y mallas dinámicas. Aunque estas intervenciones han funcionado, Kondolf (2021) identifica tres limitaciones de este modelo. Primero, las obras se diseñan para un evento determinado que no necesariamente se repetirá de la misma forma. Segundo, exigen una mantención periódica y costosa para retirar el sedimento acumulado en un año lluvioso y reemplazar las canalizaciones, cuya vida útil es de aproximadamente 75 años. Tercero, la protección induce la urbanización hasta el borde mismo de los canales.

Este “enfoque estructural” busca controlar crecidas y aluviones mediante obras de ingeniería y se limita a proteger lo ya construido. Pero no responde a las preguntas fundamentales: ¿dónde se debería construir y dónde no? Además, la falsa sensación de seguridad puede alentar una mayor urbanización en zonas de exposición, agravando el riesgo. Entonces, ¿qué alternativas existen para planificar las ciudades sin exponer las zonas habitadas a amenazas futuras? En los últimos años, hemos visto que la incorporación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) podría acercarnos a la respuesta.

HACIA UNA INFRAESTRUCTURA VERDE-AZUL EN CHILE PARA LA PLANIFICACIÓN RESILIENTE DEL TERRITORIO

El agua es un elemento estructurante del piedemonte y debería informar su planificación. La literatura sobre infraestructura verde ha mostrado que estos sistemas naturales no son un complemento estético de la ciudad, sino redes que prestan servicios esenciales: regulación de caudales, infiltración, control de inundaciones y provisión de agua. Pensar la cordillera como infraestructura natural es reconocer que cada quebrada impermeabilizada, cada ladera erosionada y cada zona de infiltración limitada equivalen a deteriorar una red crítica de la que dependen la seguridad hídrica y la resiliencia climática de Santiago. Esta infraestructura natural es capaz de reconectar la ciudad con la cordillera a través del sistema hídrico, proteger la biodiversidad y proveer a la población espacios públicos de distintas escalas.

Los riesgos de desastre en el piedemonte deben abordarse mediante una planificación territorial que considere las quebradas, sus cuencas y los procesos hídricos como estructuras ordenadoras. Felsenhardt et al. (2021) reconocen en el paso de la ciudad a la cordillera una zona de transición, y entender que la ciudad forma parte de un sistema mayor exige una planificación multiescalar. En este sentido, la cadena origen–tránsito–descarga que propone la ciudad esponja de Kongjian Yu, y que coincide con el enfoque británico de sistemas de drenaje sostenible (SuDS), puede acercarnos a una solución. Ambos enfoques organizan de manera jerárquica el ciclo del agua urbana como un recorrido continuo, que distribuye funciones complementarias a lo largo de toda la cuenca y prioriza la retención en origen. Yu resume su enfoque en tres principios basados en la naturaleza: retener el agua, ralentizar su flujo y, cuando se acumula en un sumidero natural, darle más espacio en lugar de construir muros para contenerla. Ese es el cambio de paradigma que los eventos recientes nos empujan a asumir: planificar con los procesos de la cordillera para construir ciudades más resilientes. Algunas ideas para profundizar son:

• Asesoría a municipios precordilleranos: crear mesas de trabajo multiactor que identifiquen áreas prioritarias de intervención y revisen que los proyectos y permisos sean coherentes con los procesos de la montaña. El Plan Regulador Metropolitano prohíbe alterar la topografía y el escurrimiento natural de las quebradas, pero su cumplimiento debe ser verificado.
• Incentivos de adaptación hídrica: incorporarlos en los programas de mejoramiento de vivienda del MINVU, como se hizo con la adecuación a la norma térmica. Quiero Mi Barrio podría ser una oportunidad en los sectores más vulnerables. En los condominios, se trata de exigir retención e infiltración en lo ya construido, con usos acordes a las características de la montaña.
• Escala local: el MINVU ya cuenta con un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) que incluye biozanjas y plazas inundables, pero su uso es voluntario. Integrarlas al espacio público requiere convertirlas en criterio de aprobación y parte del Plan Maestro de Aguas Lluvias, según los desafíos locales frente al cambio climático.
• Exigencias asociadas a permisos: establecer como requisito “neutralidad hidrológica”, es decir, no aumentar el caudal ni el volumen de escorrentía. Esto amplía el criterio del SERVIU Metropolitano a los caudales de las urbanizaciones nuevas, y podría incorporarse a la Ordenanza General, como se hizo con las aguas grises. Además, los municipios pueden rebajar en sus ordenanzas locales los derechos asociados a obras de infiltración, SERVIU puede ajustar sus exigencias para que las SbN no encarezcan la tramitación frente a las soluciones tradicionales.
• Retención e infiltración en grandes superficies: malls, estacionamientos, industrias y colegios podrían recibir certificaciones o estímulos si incluyen diseños para retener o infiltrar agua (o reducir el calor). Los planes reguladores comunales podrían exigir porcentajes mínimos de suelo permeable o retención en el predio, sin aumentar la intensidad de uso del suelo.
• Edificios públicos: tanto los nuevos edificios como la futura inversión pública constituyen una oportunidad para proyectos demostrativos y referentes en la promoción de la infiltración. La Ley Marco de Cambio Climático integra la perspectiva climática en la evaluación de los proyectos de inversión pública (art. 53 de la Ley 21.455), pero la metodología de aguas lluvias, de 2015, debe actualizarse para que reconozca los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza frente a las soluciones grises.

En otras palabras, la mitigación del riesgo en zonas urbanas precordilleranas y el diseño de las respuestas complejas que requiere la adaptación demandan una visión colaborativa que involucre actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. Para la planificación urbana, es una oportunidad de aplicar el tan deseado enfoque integral para repensar nuestras ciudades, con base en el conocimiento científico disponible sobre este territorio.