La Defensoría de la Niñez anunció este miércoles que impugnará la resolución de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisible el recurso de amparo con que el organismo buscaba anular los 56 decretos que rebajaron condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según el tribunal, el amparo «no es la vía idónea» para impugnar esos decretos, y apuntó, en cambio, a los mecanismos de revisión de la Ley 19.880, que regula los procedimientos administrativos. La Defensoría pedirá que la misma Corte reconsidere su decisión y, si la mantiene, llevará el caso a la Corte Suprema.

«La inadmisibilidad de este recurso no significa que la situación de las víctimas esté resuelta», sostuvo el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien aseguró que el organismo usará todas las herramientas legales a su alcance para proteger a las víctimas. La institución también reclamó que el propio Poder Judicial entregó la resolución a los medios antes de notificarla a la Defensoría.

El recurso fue presentado el 30 de octubre contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. En él, la Defensoría planteó que las rebajas amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas, y pidió informar a los juzgados de garantía para que adoptaran medidas, incluidas eventuales órdenes de detención. El escrito recordaba además que el propio Ministerio de Justicia había sostenido antes un criterio contrario a conceder estos beneficios en casos similares, respaldado por fallos de la Corte Suprema.

La ofensiva judicial ocurre mientras la Defensoría queda fuera de la mesa intersectorial que el Ministerio de Justicia convocó por la crisis de las rebajas de condena. El ministro Rabat enfrenta además una acusación constitucional, cuya fecha de presentación la oposición anunciará este jueves.

Anuar Quesille, defensor de la Niñez (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La participación de niños, niñas y adolescentes en delitos creció 16,4% entre enero y agosto de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, informó este miércoles el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, según consignó La Tercera. En esos meses, los registros policiales de la Subsecretaría identificaron como victimarios a unos 23.000 menores de edad, el 5,4% del total del periodo. «Este es el porcentaje más alto en los últimos nueve años», advirtió Guerrero. En el mismo lapso, la cantidad de adultos registrados como victimarios aumentó 3,9%.

La mayor presencia de menores se concentra en delitos violentos. Según el subsecretario, el porcentaje más alto corresponde a robos violentos de vehículos; le siguen los robos con violencia o intimidación, cuya cifra es la más alta desde 2018; los robos violentos, y el porte o posesión ilegal de armas. Guerrero agregó que los casos de violencia entre pares en establecimientos educacionales llegaron a 1.449, un alza cercana al 24%. «Esto habla mucho de una sociedad donde la violencia está presente desde muy temprano», sostuvo.

Las cifras se presentaron en el seminario «Encuentros UC de seguridad pública: prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por organizaciones criminales», realizado en la Casa Central de la Universidad Católica. Participaron la exministra del Interior Carolina Tohá; el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, y los alcaldes de Paine, Rodrigo Contreras, y de Lo Prado, Maximiliano Ríos. En la instancia también se presentó el estudio «Vidas Reclutables», a cargo de Catalina Droppelmann, directora de Investigación del Centro UC Justicia y Sociedad.

Unos 23 mil menores de edad participaron en delitos en lo que va del año (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó este miércoles, por unanimidad, la indicación sustitutiva del Ejecutivo que reemplaza toda la partida de los gobiernos regionales en el Presupuesto 2027. El acuerdo, alcanzado tras negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y parlamentarios, repone $94.897 millones respecto del monto que estaba en tramitación. Con ello, los recursos regionales de funcionamiento e inversión quedarían en un nivel equivalente al presupuesto inicial de 2026, descontando el 3% que se había reasignado al Ministerio del Interior para emergencias.

El vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, habló de «un día histórico». Según explicó, la propuesta original implicaba recortes de entre 10% y 20%, más de $250 mil millones menos para las regiones, mientras que con el nuevo marco la reducción para 2027 quedará entre 3% y 4%. Mundaca también destacó la apertura presupuestaria temprana, la posibilidad de reemplazar a funcionarios que se retiren y una mayor flexibilidad en el uso de los instrumentos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El acuerdo además deja fuera del marco presupuestario los ingresos propios de los gobiernos regionales, como los de casinos y bienes nacionales, que podrán incorporarse durante 2027 a medida que se perciban. La venta de activos se repartirá en partes iguales entre el Fisco y el gobierno regional, y el tope para gastos de emergencia sube de 2% a 4%. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el entendimiento y sostuvo que el Presidente les había encargado llegar a un acuerdo con foco en las regiones. Además, adelantó que los gobiernos regionales tendrán un rol central en la reactivación del empleo.

Rodrigo Mundaca, vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El cumplimiento de la Ley de Transparencia en las municipalidades llegó a un promedio nacional de 88,5%, la cifra más alta desde que comenzaron las mediciones, en 2012. Así lo reveló una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT), elaborada entre abril y julio de 2026, que muestra un alza de 6,7 puntos porcentuales respecto de 2025. Pese al avance, solo 23 de las 345 municipalidades del país cumplen con el 100% de sus obligaciones, y 322 presentan algún grado de incumplimiento, especialmente en materias ligadas al uso de recursos públicos.

Los peores resultados están en la información financiera. La publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó 74% de cumplimiento y la de adquisiciones y contrataciones, 76,9%. En las deudas de las corporaciones municipales, la cifra cayó a 46,5%, y en los contratos hechos fuera de Mercado Público, a 60%. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, dijo a Radio Bío Bío que la falta de información puede aumentar el riesgo de irregularidades, aunque aclaró que un incumplimiento de transparencia no significa necesariamente que existan.

Entre las comunas con cumplimiento total están Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt. Las peor evaluadas son Huasco (43,6%), Curarrehue (47,2%), Catemu (49,9%), Longaví (51,6%) e Independencia (52,6%). Según Jaraquemada, algunos municipios atribuyen sus problemas a la falta de personal o de capacidades técnicas, pero eso no los exime de cumplir la ley. La presidenta del CPLT también destacó que 39 de los 41 municipios con peores resultados en 2025 mejoraron este año, con un alza promedio de 30,4 puntos.

El Consejo anunció investigaciones sumarias para determinar responsabilidades. La ley contempla multas de entre 20% y 50% de la remuneración mensual del infractor cuando los incumplimientos no estén justificados. El organismo espera superar el 90% de cumplimiento promedio nacional en 2027.

El cumplimiento municipal es del 88,5%, el más alto desde que hay registro (Créditos: Javier Salvo / Agencia Uno)