La autora de esta columna advierte que el proyecto del gobierno para reformar el INDH debilita el único contrapeso independiente frente a los abusos del Estado: le quita la facultad de querellarse por crímenes como la tortura, la desaparición forzada y la trata de personas, y permite que el Presidente defina por completo a su primer Consejo. Recuerda que esta discusión ya se dio en 2009, cuando el Congreso optó por mantener esas querellas, y sostiene que, aunque el INDH necesita reformas, ninguna debería dejar a las víctimas más solas. Concluye que “los derechos humanos no son un premio para quienes nos caen bien. Son un seguro para todos, incluso para quienes hoy desconfían de ellos”.

Imagen de portada: Rodrigo Fuica / Agencia Uno

En su libro Leviatán, publicado en 1651, Thomas Hobbes pensó al Estado desde una constatación incómoda: solas, las personas somos frágiles y estamos expuestas a la violencia de otros. Para escapar de ese estado salvaje, recurrió a la imagen del Leviatán: un poder enorme al que entregamos parte de nuestra libertad a cambio de protección. El trato parece razonable, pero deja una pregunta abierta desde entonces: ¿quién nos protege cuando es el propio Estado el que abusa?

Esa pregunta obsesionó a quienes fundaron el Estado liberal de derechos. Montesquieu advirtió que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él”, y que solo el poder puede detener al poder. Rousseau dio vuelta el pacto de Hobbes: el contrato social solo es legítimo si cada persona, al unirse a todas, “no obedece más que a sí misma y queda tan libre como antes”. Para él, la soberanía es del pueblo y el gobierno es apenas su mandatario, siempre tentado de usurparla. James Madison, en los debates de la Constitución norteamericana, lo resumió así: si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno; como no lo son, hay que darle poder al gobierno y, a la vez, obligarlo a controlarse a sí mismo. Y los revolucionarios franceses escribieron en 1789 que una sociedad sin garantía de los derechos ni separación de poderes “carece de Constitución”. Los contrapesos no son un capricho ideológico. Son la condición para que el Leviatán no se vuelva contra nosotros.

Esta no es una pregunta que solo se hicieron pensadores hace más de 300 años. Se la hace hoy la persona detenida que es golpeada en una comisaría. Se la hace la mujer traída a Chile con engaños y explotada por una red de trata. Se la hace la familia que busca a alguien que nunca volvió. Y se la puede hacer cualquiera, piense como piense y viva donde viva: la familia que deja a su padre o a su madre en una residencia de larga estadía y teme que lo maltraten o lo mantengan sedado para que no moleste. A esos lugares entra hoy, sin aviso previo, el Comité de Prevención contra la Tortura del INDH. Y cuando en septiembre murieron 16 personas mayores en el incendio de una residencia en Pitrufquén, fue el INDH el que exigió explicaciones a las autoridades. En la mayoría de los casos, el agresor tiene poder, abogados y tiempo. La víctima, casi siempre, está sola.

El lunes 19 de octubre el gobierno de José Antonio Kast ingresó a la Cámara el proyecto que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Boletín N° 18.754-17), con suma urgencia. Antes de discutir sus artículos, vale la pena volver a esa pregunta. Porque de eso se trata, en el fondo, este proyecto.

Los derechos humanos tienen una historia, y conviene contarla sin complejos. No son la doctrina de un sector: son un pacto, probablemente el más amplio que ha logrado la humanidad. Nacieron de una decisión colectiva tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comprobó que un Estado moderno, con leyes y tribunales, podía organizar el exterminio de millones. La Declaración Universal de 1948, aprobada sin votos en contra por países de tradiciones políticas, religiosas y culturales muy distintas, fue la respuesta: hay cosas que ningún poder puede hacerle a una persona, gane quien gane la elección. El propio proyecto del gobierno de Kast lo recuerda con orgullo: un chileno, Hernán Santa Cruz, fue decisivo en su redacción.

Y como todo pacto, obliga a todos y protege a todos. Protegen al que piensa distinto, sea de izquierda o de derecha. Protegen al empresario y al trabajador, al chileno y al extranjero, al inocente y también al culpable frente a la tortura. Y abarcan todos los derechos, no solo la vida y la libertad: también la salud, la educación, la seguridad o vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Santa Cruz insistió precisamente en que la Declaración los incluyera a todos. Esa es justamente su utilidad: son la promesa de que el Leviatán tiene límites, quien sea que lo gobierne.

Chile aprendió eso por el camino más duro. En 1991, la Comisión Rettig propuso por unanimidad crear “una institución cuyo fin específico sea proteger al hombre corriente de los abusos de poder”. El proyecto del gobierno de Kast cita esa frase. Tardó casi dos décadas en concretarse: la Ley N° 20.405 creó el INDH en 2009, siguiendo los Principios de París de Naciones Unidas, que exigen instituciones independientes del gobierno de turno y con competencias reales.

¿Qué hace el proyecto con esa institución? Lo más comentado es que le quita la facultad de presentar querellas. Hay que decir con precisión qué significa eso. Hoy el INDH no puede querellarse por cualquier delito. La ley lo limita a hechos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, tráfico de migrantes y trata de personas. Es decir, los crímenes más graves que conoce el derecho. En varios de ellos, el INDH ha sido querellante contra redes de trata, incluidas causas contra miembros del Tren de Aragua.

El proyecto reemplaza esa facultad por una “denuncia institucional”. La diferencia no es técnica: es la diferencia entre avisar y acompañar. Quien denuncia informa a la Fiscalía y se va. Quien se querella es parte del juicio: pide diligencias, impugna, insiste cuando la investigación se archiva. Para una víctima de tortura o de trata, sin recursos ni redes, el INDH suele ser el único que puede hacer eso. Sacarlo del proceso no la protege mejor; la deja más sola.

Esta discusión ya la tuvimos, y se zanjó. En 2009 el Senado había eliminado la facultad de querellarse, con los mismos argumentos de hoy: la acción penal es del Ministerio Público y las víctimas pueden querellarse por sí mismas. La presidenta Bachelet la repuso por veto, precisamente para tortura, desaparición forzada, trata y tráfico de migrantes. El Senado lo aprobó el 11 de noviembre de 2009, por 16 votos contra 13. En ese debate, el senador Juan Pablo Letelier lo dijo con claridad: la norma era «una declaración contra el abuso del poder por parte del Estado, que es el único que puede cometer estos crímenes tan atroces». Por eso, agregó, «necesitamos que un órgano independiente posea la facultad para deducir acciones».

¿Con qué fundamento? El proyecto del gobierno de Kast afirma que hay una “concentración masiva” de la acción del Instituto en querellas, pero no entrega una sola cifra. Invoca el informe de la Comisión Asesora de 2025, que el propio Estado convocó. Esa Comisión, sin embargo, recomendó lo contrario: robustecer la capacidad de acción judicial del Instituto y fortalecer sus sedes regionales. El proyecto no obliga a mantener ninguna sede fuera de Santiago.

Además, el INDH no se ocupa solo de estos crímenes extremos. Recibe denuncias por todo tipo de vulneraciones, con una institucionalidad pequeña que no alcanza a cubrirlas, y menos si hay quienes buscan reducirla al mínimo. Un ejemplo reciente: en la tramitación de la Ley N° 21.822, sobre envejecimiento digno, activo y saludable, el Ejecutivo del exPresidente Boric propuso que el INDH destinara personal y recursos a interponer acciones legales y constitucionales en favor de personas mayores víctimas de vulneraciones, y a vigilar las residencias de larga estadía. En un país que envejece rápidamente, parecía una decisión sensata. La derecha encabezó el rechazo, y en la Sala de la Cámara se llegó a gritar: “¡Este proyecto no será utilizado para entregarle más plata al INDH!”. La norma terminó suprimida en la Comisión Mixta. Cuando se acusa al INDH de tener sesgos, cabe preguntarse: ¿quién tiene realmente el sesgo?

Adicionalmente, el proyecto hace cesar “de pleno derecho” a los once consejeros actuales. El nuevo Consejo de cinco miembros, que gobernará el INDH sus primeros dos años, saldrá íntegro de una nómina del Presidente de la República. El Senado la aprobará en bloque y por mayoría simple, no por el quórum de cuatro séptimos que el mismo proyecto exige después. Ese Consejo nombrará al primer director ejecutivo sin concurso de Alta Dirección Pública y redactará los nuevos estatutos. El contraste con 2009 es elocuente. Ese mismo veto objetivó las causales de remoción de los consejeros para blindar su independencia, y el Senado lo acogió sin votos en contra. Hoy se propone removerlos a todos por ley. Dicho en simple: el gobierno de turno elige a quienes deben vigilarlo.

Nada de esto significa que el INDH no deba reformarse. Tras 16 años, hay preguntas legítimas sobre su gobernanza, su transparencia y la renovación de su Consejo. Algunas propuestas del proyecto van en esa línea: contenidos mínimos para el informe anual, reglas sobre conflictos de interés, la facultad expresa de informar proyectos de ley. Esa discusión hay que darla, y sin miedo.

Una reforma seria empieza por preguntarse dónde, cómo y con qué facultades y recursos diseñamos las instituciones que protegen los derechos. Ese diseño no es neutro: es, al mismo tiempo, el sistema de contrapesos que limita el ejercicio del poder de las autoridades. Lo que no es serio es responder a esa pregunta quitándole una facultad al único órgano que la ejerce, sin datos y con una urgencia que impide pensar.

El INDH es un bastión de esas ideas nacidas en 1789 y en 1948, pero un bastión modesto. Sus herramientas cubren lo mínimo: que la tortura, la desaparición o la trata no queden impunes, y que alguien independiente pueda llevarlas ante un tribunal. Es cierto que eso no basta. Hoy el abuso tiene muchas formas, y el debate debería hacerse cargo de todas ellas. Pero ampliar la mirada no puede significar retroceder en las trincheras mínimas que ya ganamos.

Los derechos humanos no son un premio para quienes nos caen bien. Son un seguro para todos, incluso para quienes hoy desconfían de ellos. Nadie puede asegurar que el Leviatán no vuelva a abusar de su poder, gobierne quien gobierne. Por eso necesitamos un contrapeso independiente, con herramientas reales, que nos proteja si eso ocurre. Debilitarlo no nos hace más libres ni más seguros: nos deja solos ante el Leviatán.