El autor de esta columna advierte que la represión policial en las protestas no solo deja heridos, sino discapacidades permanentes que destruyen trayectorias laborales, afectan la salud mental y reducen la autonomía de las víctimas. A partir de los casos de trauma ocular del estallido social en Chile y de episodios recientes en Francia, Estados Unidos y Argentina, sostiene que las políticas de austeridad detonan movilizaciones que luego se contienen con una fuerza desproporcionada, mientras la reparación del Estado sigue siendo insuficiente y la impunidad persiste. Concluye que “una sociedad democrática no se mide solo por su crecimiento económico, sino también por la capacidad de proteger a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y garantizar sus derechos”.

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

En 1987 comencé mi labor como dirigente en el área de la discapacidad y desde aquel entonces, en mis recorridos por Chile y América Latina, en plena época de dictadura, he podido ver el impacto multidimensional que produce la represión policial y de agentes de inteligencia. La violencia y la tortura, fueron dejando decenas de miles de personas mutiladas, con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales, en todo el continente.

El INDH en Chile ha presentado 3.777 querellas por víctimas del estallido social de 2019, con una edad promedio de 26 años. De ellas, 3.581 corresponden a víctimas con lesiones físicas y 220 a casos de trauma ocular en el registro, siendo Gustavo Gatica y Fabiola Campillai los dos casos más emblemáticos de trauma ocular y ceguera total bilateral. Sus historias se convirtieron en símbolos internacionales de las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile.

Si bien el Estado chileno ha instaurado el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) para atender y dar seguimiento médico y psicológico a las víctimas de trauma ocular tras estas manifestaciones, en la práctica resulta reactivo e insuficiente, ya que la discapacidad adquirida por violencia policial no se limita al daño anatómico. Puede destruir una trayectoria laboral, alterar relaciones de pareja, familiares, afectar la salud mental y la autoestima y reducir la autonomía. Por eso, la reparación del Estado no puede limitarse a cirugías, prótesis o controles médicos.

La paradoja es que, si una persona le quita la vista a otra, puede enfrentar años de cárcel. Sin embargo, cuando esta lesión es provocada por agentes del Estado, la respuesta se limita a una reparación acotada de la víctima. Sin justicia ni sanción, la reparación resulta incompleta y la impunidad de los culpables -que terminan sentados en programas de farándula- se convierte en revictimización y vulneración de los Derechos Humanos.

Las “pensiones de gracia” otorgadas a personas que perdieron la vista durante el estallido social en Chile, entregan un apoyo económico a quienes vieron profundamente afectadas sus vidas, pero en ningún caso reparan el daño causado, ni garantizan su inclusión. Según mi experiencia, la pensión representa solo “un saludo a la bandera” incapaz de cubrir siquiera los medicamentos que muchas veces deben adquirir de por vida.

Los informes “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” y el anual de Amnistía Internacional 2025-2026, confirman que Chile continúa sin implementar la reforma policial reclamada, demostrando cero avances en la materia y manteniendo graves deficiencias en la regulación y transparencia del uso de armas menos letales. La impunidad continúa siendo la piedra de tope.

En octubre se aprobó y publicó en Chile la Ley 21.849 que regula el uso de la fuerza por parte de las policías y las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias, que incluye niveles de intervención disuasivos, hasta el uso de la fuerza potencialmente letal. Esta no cumple los estándares internacionales de derechos humanos, al eliminar referencias expresas a la prohibición de tortura, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la rendición de cuentas, lo cual deja a la ciudadanía aún más desprotegida.

LA REPRESIÓN POLICIAL EN FRANCIA

Al conflicto que se originó en liceos de la periferia de París por la falta de profesores y la infraestructura deficiente —similar a lo que ocurre hoy en Chile— y por el rechazo a recortes presupuestarios en la educación técnica para 2027, se sumaron sindicatos y el movimiento de los chalecos amarillos, por el alza en el costo de la vida y de los combustibles.

El mismo método que en Chile. La respuesta policial para dispersar los bloqueos y disturbios derivó en fuertes enfrentamientos y dejó, según cifras preliminares del Ministerio de Educación francés, 215 estudiantes afectados, entre ellos adolescentes de 14 y 15 años con lesiones gravísimas.

El caso de Lens: Un adolescente de 15 años, frente a su liceo Auguste-Behal, sufrió la amputación de una mano. Según las investigaciones en curso, la amputación se produjo tras el estallido de una granada policial lanzada en la concentración. Su familia presentó una denuncia por violencia con resultado de incapacidad permanente.

El caso de Saint-Étienne. Un joven llamado Farés, a mediados de octubre, sufrió también la amputación de una mano, en medio de los disturbios.

Joven de 17 años en Mulhouse. Durante las marchas, la adolescente Maissa fue impactada en el rostro por un proyectil de gas lacrimógeno de los cuerpos policiales. La fiscalía francesa confirmó que, pese a una cirugía de urgencia, la pérdida de su ojo izquierdo es irreversible.

Estudiante de 16 años en Tours. En los primeros días de las manifestaciones, Mael, perdió por completo la visión de un ojo debido a los enfrentamientos con los agentes antidisturbios.

LA REPRESIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y ARGENTINA

En el país del norte, las protestas de 2020 contra el racismo y la violencia policial dejaron numerosos casos documentados de lesiones oculares, fracturas y traumatismos por proyectiles de impacto cinético. En conjunto, estos antecedentes muestran que la violencia policial durante las protestas puede afectar especialmente a jóvenes y producir discapacidades permanentes.

En Argentina, las personas con discapacidad se han manifestado de forma recurrente para exigir el financiamiento de sus prestaciones y rechazar las reformas a la Ley de Discapacidad. Durante las manifestaciones pacíficas frente a la Casa Rosada, en marzo de 2026, se registraron forcejeos e incidentes cuando la Policía Federal retiró por la fuerza a familiares de personas con discapacidad que participaban en la protesta.

Un año antes, Jonathan Leandro Navarro, de 33 años y empleado municipal, perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir un proyectil disparado por un agente de la Prefectura Naval durante una manifestación de apoyo a los jubilados frente al Congreso.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado 1.341 personas heridas por agentes estatales en ese país.

LAS MEDIDAS DE RECORTES DE J.A. KAST EN CHILE

En abril del presente año, el Ministerio de Hacienda decretó una reducción de $32.721 millones en el Aporte Fiscal Libre destinado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dentro de este contexto, se confirmó una disminución de $1.135 millones en el presupuesto asignado al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), impactando directamente en los programas de inclusión laboral, fondos concursables y la adquisición de ayudas técnicas esenciales para la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad.

Las políticas de “austeridad económica”, los recortes en el gasto social y las reformas que limitan derechos laborales y estudiantiles, son precisamente los que detonan las protestas masivas. Es aquí donde los gobiernos activan los protocolos antipiquetes o el uso de armamento antidisturbios catalogado como «no letal» en Francia, Argentina o Chile, incrementando de manera desproporcionada el número de manifestantes que sufren heridas graves, mutilaciones o discapacidades permanentes.

En este escenario, el uso de la fuerza estatal o represión policial resulta ser “la herramienta” para contener el descontento social, generado por medidas económicas restrictivas. Así, generar discapacidad en los manifestantes queda implícitamente autorizado y despenalizado.

El largo proceso de duelo viene seguido del deterioro de la calidad de vida y el patrimonio, presente y futuro de las personas afectadas, lo que se denomina en lenguaje jurídico “lucro cesante”, que es lo que la persona dejará de percibir por efecto de la discapacidad adquirida, la disminución de oportunidades y las múltiples barreras del entorno y discriminación que muy probablemente enfrentará. Más aún en países en desarrollo que ponen la vida en 60° de pendiente a las personas con discapacidad.

Se dice que el grado de desarrollo de un pueblo se mide por la forma en que trata a las personas con discapacidad, el colectivo históricamente más excluido de nuestra sociedad. Y lo que vemos hoy, desde la sociedad civil, son solo más recortes y restricciones a sus libertades y a su calidad de vida

Es difícil ver a una dictadura, de cualquier signo, o a un gobierno de derecha comprometerse con mayor justicia social y solidaridad. Una sociedad democrática no se mide solo por su crecimiento económico, sino también por la capacidad de proteger a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y garantizar sus derechos.