Estimado Sr. Secretario General Iberoamericano:

Me dirijo a usted con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid entre el 4 y 5 de noviembre próximo. Esta reunión representa una oportunidad excepcional para situar los derechos de la infancia en el centro de las prioridades políticas y económicas de nuestra región.

El trabajo infantil está presente en todos los países de Iberoamérica. Millones de niñas y niños trabajan en lugar de disfrutar de su infancia, recibir una educación y desarrollar plenamente sus capacidades. Muchos lo hacen por la pobreza de sus familias; otros son explotados en cadenas de suministro que abastecen a grandes empresas y mercados internacionales.

En su país, Chile, más de medio millón de niños trabajan. En mi país, Guatemala, cerca de un millón de niños guatemaltecos trabaja. En Honduras, se ha informado de que más de un millón de niños trabajan en un contexto de pobreza. En Colombia, más de 1,5 millones de niños de entre 5 y 16 años están fuera del sistema educativo. En México, se estima que 3,5 millones de niños de entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil. En Brasil, estimo que el número real de niños que trabajan asciende a varios millones y supera incluso la cifra de México.

Estas cifras proceden de distintas fuentes y metodologías y no siempre son directamente comparables. Sin embargo, la falta de datos plenamente comparables no puede justificar la inacción. Detrás de cada cifra hay una niña o un niño cuyo presente y futuro están en juego.

El problema tampoco se limita a América Latina. Hay explotación y trabajo infantil en España y Portugal, e incluso en la Unión Europea y en Estados Unidos, en buena medida como consecuencia de los modelos de negocio de las grandes multinacionales, de los precios que pagan a sus proveedores y de las condiciones que imponen a sus cadenas de suministro.

Quisiera destacar especialmente la situación de Estados Unidos, donde cientos de miles de niños víctimas de explotación laboral son latinoamericanos. Muchos han emigrado desde países de nuestra región y están expuestos a condiciones de trabajo que vulneran sus derechos fundamentales. La responsabilidad de proteger a estos niños no termina en las fronteras de sus países de origen. Es necesaria una cooperación efectiva entre los países de origen y destino para combatir su explotación y garantizar su derecho a la educación, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

UNA GRAN CRUZADA IBEROAMERICANA POR LA EDUCACIÓN

Es hora de lanzar una gran cruzada iberoamericana por la educación, con un objetivo inequívoco: garantizar que ninguna niña y ningún niño se quede fuera del sistema educativo.

Todos los gobiernos de la región deberían comprometerse a identificar a los niños que no están escolarizados, eliminar las barreras económicas y sociales que les impiden asistir a la escuela y garantizar su acceso, permanencia y culminación de los estudios.

Esta iniciativa debe contar con objetivos verificables, calendarios, financiación suficiente y mecanismos públicos de rendición de cuentas.

La educación no puede seguir siendo una promesa recogida en leyes y declaraciones que millones de niños no pueden ejercer en la práctica. Es indispensable para romper el ciclo de la pobreza, reducir las desigualdades y permitir que cada niño desarrolle sus capacidades y decida libremente su futuro.

NINGÚN NIÑO DEBERÍA PASAR HAMBRE: TRES COMIDAS NUTRITIVAS TODOS LOS DÍAS

No podemos garantizar el derecho a la educación ni erradicar el trabajo infantil mientras millones de niñas y niños iberoamericanos sufren hambre, inseguridad alimentaria y desnutrición.

Es indispensable que todos los gobiernos implementen programas que garanticen a cada niña y cada niño el acceso a tres comidas nutritivas todos los días, independientemente de la situación económica de sus familias o del lugar donde hayan nacido.

Los programas universales de alimentación escolar, junto con políticas de apoyo nutricional a las familias más vulnerables, deben convertirse en una prioridad. Ningún niño debería tener que estudiar con hambre ni abandonar sus estudios para contribuir a la alimentación de su familia.

El hambre y la desnutrición afectan al desarrollo físico y cognitivo, limitan las oportunidades educativas y perpetúan los ciclos de pobreza y desigualdad. La seguridad alimentaria, la educación y la erradicación del trabajo infantil deben formar parte de una misma estrategia iberoamericana de desarrollo humano y bienestar.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES SE BENEFICIAN DE SUS CADENAS DE SUMINISTRO 

El café y el cacao ilustran algunas de las profundas desigualdades que caracterizan el comercio internacional.

En algunas cadenas de valor, los pequeños productores de las regiones montañosas de América Latina reciben apenas el 1 % o el 2 % del precio final que los consumidores pagan por una taza de café, incluso cuando el producto se comercializa en la Unión Europea bajo la denominación de «Comercio Justo».

Considero que la denominación «Comercio Justo» es un fraude cuando los pequeños productores permanecen en la pobreza y no reciben una remuneración que les permita garantizar una vida digna a sus familias. ¿Cómo podemos hablar de comercio justo cuando quienes cultivan el café reciben una proporción tan insignificante de su valor final y sus hijos siguen expuestos al trabajo infantil?

Es imprescindible examinar con transparencia cuánto reciben realmente los productores y si las condiciones comerciales les permiten vivir dignamente y enviar a sus hijos a la escuela.

El problema va mucho más allá del café y el cacao. El azúcar, el algodón, el tabaco, el té, el aceite de palma, las frutas, las verduras, la pesca, la minería y la extracción de minerales, la industria textil y de la confección (vestuario), el calzado, la fabricación de juguetes y otros sectores manufactureros, así como la industria del reciclaje y la gestión de residuos, emplean mano de obra infantil en distintos países y regiones del mundo, incluidos todos los países de América Latina.

Esta realidad también está presente en las cadenas de valor de la llamada economía verde. Ni siquiera las actividades que se presentan como parte de la transición ecológica están libres de explotación infantil. No se trata de afirmar que todas las empresas de estos sectores recurran al trabajo infantil, sino de exigir que se identifique, se elimine y se reparen sus consecuencias.

Las grandes multinacionales ejercen una influencia considerable sobre los precios, los contratos y las condiciones que imponen a sus proveedores. Esa influencia debe ir acompañada de responsabilidad. Las empresas deben conocer y hacer trazables sus cadenas de suministro, realizar una diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos, publicar información verificable y actuar cuando se detecten vulneraciones.

La responsabilidad también alcanza a los inversores que obtienen beneficios de estas compañías. Los derechos de los accionistas deben ir acompañados de una responsabilidad proporcional a su influencia. No basta con proclamar un compromiso con los derechos humanos: es necesario comprobar qué ocurre en los campos, las minas, las fábricas y las comunidades que hacen posible la producción.

UNA INICIATIVA CON EL COMPROMISO DE TODA IBEROAMÉRICA

Le propongo que la Cumbre impulse una iniciativa iberoamericana para eliminar el trabajo infantil y garantizar los derechos fundamentales de todas las niñas y todos los niños, con la participación de los gobiernos, las organizaciones internacionales, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, los medios de prensa y las comunidades afectadas.

Esta iniciativa debería traducirse en compromisos concretos:

– Erradicación del trabajo infantil: objetivos nacionales verificables, con calendarios, indicadores públicos y mecanismos de seguimiento.

– Educación para todos: identificación de los niños fuera de la escuela y garantías de acceso, permanencia y culminación de sus estudios.

– Seguridad alimentaria y nutricional: programas universales de alimentación escolar y apoyo a las familias vulnerables para garantizar tres comidas nutritivas al día.

– Responsabilidad empresarial y financiera: diligencia debida, transparencia, trazabilidad de las cadenas de suministro y reparación de las vulneraciones.

– Cooperación iberoamericana: intercambio de datos, recursos y políticas eficaces, incluida la protección de los niños migrantes.

– Financiación y rendición de cuentas: recursos suficientes y mecanismos públicos para evaluar los resultados y evitar que los compromisos se conviertan en nuevas declaraciones sin consecuencias.

La Cumbre y el Encuentro Empresarial Iberoamericano reúnen a muchos de quienes tienen capacidad para transformar esta realidad. Los gobiernos pueden establecer prioridades y políticas públicas; las empresas y los inversores pueden cambiar las condiciones de producción y contratación; y la sociedad puede exigir transparencia y defender los derechos de la infancia.

Le pido que, como padre de familia, reflexione sobre la oportunidad histórica que tiene de contribuir a cambiar el destino de decenas de millones de niños y niñas.

Esta iniciativa necesita el compromiso de los gobiernos, de los empresarios iberoamericanos y del conjunto de la sociedad.

No podemos seguir aceptando que las circunstancias económicas de una familia determinen el futuro de sus hijos, ni que la prosperidad de unos se construya a costa de las oportunidades perdidas de otros.

No habrá desarrollo humano auténtico, bienestar compartido ni prosperidad sostenible mientras decenas de millones de niños sigan sometidos al trabajo infantil, privados de su derecho a la educación o sin acceso a una alimentación adecuada.

Confío en que impulse una iniciativa iberoamericana que sitúe los derechos de la infancia entre las prioridades de nuestra región y se traduzca en compromisos concretos y resultados medibles.