La autora de esta columna analiza la expansión del Primeiro Comando da Capital (PCC) más allá de Brasil, a partir de la célula desarticulada en Chile. Advierte que el PCC no necesita controlar barrios para convertirse en un problema estratégico, porque le basta con reclutar, conectarse con presos y usar el país como corredor. Concluye que «entender cómo nació, cómo funciona y cómo se adapta es parte de la respuesta. Porque el crimen organizado no tiene un solo modelo, y combatirlo como si todos los grupos fueran iguales puede significar llegar demasiado tarde».

Imagen de portada: Sebastián Brogca / Agencia Uno

La expansión del crimen organizado brasileño obliga a mirar más allá de las imágenes que hemos construido sobre el narcotráfico latinoamericano. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) no son simples versiones brasileñas de los cárteles mexicanos o colombianos. Comparten negocios, rutas y violencia, pero su historia, sus formas de organización y sus mecanismos de control social responden a una trayectoria propia. Comprender esa diferencia es indispensable para entender por qué el PCC intentó instalarse en Chile y qué podría significar su presencia para la seguridad regional.

Ambas organizaciones nacieron en las cárceles brasileñas. El Comando Vermelho surgió en Río de Janeiro durante la década de 1970; el PCC se fundó en 1993, en una prisión de Taubaté, en el estado de São Paulo. No es un detalle anecdótico: las cárceles fueron el espacio donde construyeron códigos de lealtad, redes de comunicación, mecanismos de financiamiento y estructuras capaces de sobrevivir al encarcelamiento de sus integrantes. La prisión no solo concentró delincuentes: también ofreció las condiciones para articular organizaciones que terminarían extendiéndose fuera de sus muros.

El contexto carcelario brasileño ayuda a entender el surgimiento de estas organizaciones. De acuerdo al World Prison Brief, Brasil tenía 964.668 personas privadas de libertad al cierre de 2025, la tercera población penitenciaria más grande del mundo. En un sistema marcado por el hacinamiento (con una ocupación del 141,4 % de su capacidad oficial) las cárceles se convirtieron también en espacios donde organizaciones como el PCC construyeron redes de disciplina, lealtad y coordinación que después proyectaron fuera de los muros penitenciarios

El PCC desarrolló una estructura disciplinada, con reglas internas, obligaciones de pertenencia y mecanismos de solidaridad económica. El dinero puede financiar abogados, apoyar a familiares o sostener a integrantes encarcelados, pero también mantiene la cohesión de la organización. El reportaje publicado por CIPER el 1 de octubre de 2026 permite observar esa lógica en Chile: «los integrantes del PCC en Chile mantenían comunicación diaria con la estructura central en Brasil». Los registros conocidos como tabuleiros permitían verificar sus reportes tres veces al día y registrar incluso a quienes estaban presos, junto con los recintos penitenciarios donde se encontraban.

La investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur buscaba formalizar a 19 presuntos integrantes de la célula desarticulada, mientras que la indagatoria había identificado al menos a 24 personas reclutadas en el país. Los documentos examinados por CIPER incluían fichas de bautizo y solicitudes de ayuda económica a Brasil. No estamos, por tanto, ante una suma de individuos que comparten un negocio ilícito, sino frente a una estructura que intenta reproducir en otro territorio sus mecanismos de pertenencia y coordinación.

La dimensión cultural y religiosa también permite distinguir el fenómeno brasileño. A diferencia de algunos grupos del narcotráfico mexicano, asociados a devociones como la Santa Muerte o Jesús Malverde, en Brasil las relaciones entre criminalidad y religiosidad han seguido trayectorias propias. La antropóloga Christina Vital da Cunha ha documentado cómo, en las favelas de Río de Janeiro, algunos traficantes pasaron de prácticas vinculadas a religiones de matriz africana, como la umbanda y el candomblé, a expresiones evangélicas pentecostales. Esta transformación no fue meramente simbólica: en determinados territorios, grupos criminales llegaron a perseguir a practicantes de religiones afrobrasileñas. El fenómeno revela que las facciones no solo disputan mercados y territorios; también pueden intervenir en las identidades y las creencias de las comunidades bajo su control. No significa que el PCC y el Comando Vermelho compartan una religión, sino que sus entornos sociales y culturales son distintos de los que dieron forma a otras organizaciones criminales latinoamericanas.

Esto no significa que el PCC y el Comando Vermelho respondan a una religión común, ni que las religiones de matriz africana sean una fuente general de su organización. Significa que las facciones operan en una sociedad donde las identidades religiosas, las redes comunitarias y los códigos culturales pueden adquirir un valor político y territorial. La fe puede ser una experiencia personal, un recurso de legitimación o un instrumento de dominación. Confundir estas dimensiones impide comprender cómo se construye el poder criminal en cada lugar.

La geografía también importa. La Amazonía brasileña dejó de ser únicamente un territorio de tránsito para convertirse en un espacio de disputa por rutas, recursos y economías ilícitas. Un reportaje de Folha de S.Paulo, publicado en diciembre de 2024, identificó presencia de facciones criminales en 260 de los 772 municipios de la Amazonía Legal: el 33,7%. La expansión no se explica exclusivamente por la cocaína. El acceso a ríos, corredores fronterizos y mercados clandestinos permite diversificar actividades, entre ellas la minería ilegal y los circuitos de comercialización del oro.

En octubre de 2026, nuevas investigaciones periodísticas describieron el uso del estado brasileño de Amapá como corredor para exportar cocaína hacia Europa. Entre 2023 y 2025, la Policía Federal brasileña incautó 637 kilos de cocaína en ese estado. La cifra corresponde a decomisos, no al volumen total traficado, pero muestra la importancia estratégica de rutas que conectan la Amazonía con el Atlántico. Cuando las organizaciones diversifican sus negocios y disputan territorios ricos en recursos naturales, el narcotráfico deja de ser una actividad aislada y se integra con otras economías criminales.

Chile tampoco puede analizar este fenómeno como un problema exclusivamente local. La investigación sobre la célula del PCC identificó dos intentos fallidos de instalar redes de tráfico de drogas en el país: uno orientado a la comercialización interna y otro a utilizar Chile como plataforma para trasladar estupefacientes a terceros mercados. La investigación, iniciada en 2022, muestra que el interés de la organización antecedía al operativo de septiembre de 2026.

La presencia de otras bandas transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua, forma parte del escenario que las autoridades deben considerar para explicar las dificultades de instalación del PCC. Sin embargo, afirmar que una organización impidió por sí sola la entrada del PCC exige pruebas específicas sobre disputas, amenazas y control de rutas. La competencia entre grupos criminales no equivale necesariamente a una barrera de protección para el Estado: puede retrasar una expansión, desplazarla hacia otros mercados o desencadenar nuevas formas de violencia.

Lo mismo ocurre con el tráfico de armas. Las redes ilícitas de Sudamérica conectan mercados, intermediarios y organizaciones que pueden abastecer a distintos grupos criminales. A pesar de que se puede atribuir al PCC la mayor parte del tráfico regional de armas, o afirmar que mantiene vínculos operativos con organizaciones terroristas de África y Medio Oriente, aún se requiere más evidencia verificable y diferenciada. No basta con que existan contactos entre redes criminales internacionales para concluir que hay alianzas estratégicas estables. La precisión importa, especialmente cuando se trata de evaluar amenazas y diseñar políticas de seguridad.

La lección es que el PCC no necesita reproducir en Chile el modelo territorial de un cartel mexicano, colombiano o venezolano para convertirse en un problema estratégico. Puede comenzar por reclutar personas, establecer vínculos con presos, financiar operaciones y utilizar el país como corredor logístico. La investigación chilena muestra que esos mecanismos no son hipotéticos: ya fueron detectados.

Combatir estas estructuras exige cooperación policial y judicial internacional, inteligencia penitenciaria, trazabilidad financiera y control de las rutas de armas y drogas. También requiere comprender las diferencias culturales y organizativas entre las facciones, en lugar de reunirlas bajo una etiqueta genérica de narcotráfico.

Chile no puede esperar a que el PCC controle territorios para reconocer la amenaza. La investigación ya muestra que la organización intentó instalarse en el país y que sus integrantes reproducían mecanismos de disciplina, comunicación y pertenencia construidos en Brasil. Su capacidad de expansión no depende únicamente de las drogas que vende, sino de las redes que logra establecer y de los territorios que consigue conectar. Entender cómo nació, cómo funciona y cómo se adapta es parte de la respuesta. Porque el crimen organizado no tiene un solo modelo, y combatirlo como si todos los grupos fueran iguales puede significar llegar demasiado tarde.