El pasado 13 de agosto, Emanuel Ibarra fue nombrado jefe de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Ibarra trabajó en un bufete especializado en temas ambientales, donde representó a empresas ante entidades públicas –incluida la SMA– mientras esas compañías enfrentaban procesos sancionatorios abiertos por la misma superintendencia, seis de ellas por faltas “gravísimas”, como la ejecución de sondajes mineros en una reserva nacional. Ibarra aseguró a CIPER que ya notificó a sus antiguos clientes y que se abstendrá en los procesos en que corresponda hacerlo. Respecto a cómo se garantizará la imparcialidad de la SMA en estos procesos sancionatorios, ya que la mayoría están abiertos y los funcionarios que los resuelvan tendrán que evaluar, en los hechos, el trabajo realizado por su actual jefe, la autoridad afirmó: “Operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley”.

Créditos imagen de portada: Ministerio del Medio Ambiente.

El abogado Emanuel Ibarra, actual jefe de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), antes de ser nombrado en ese puesto participó en ocho reuniones de lobby ante distintas entidades públicas en representación de seis empresas sometidas a procesos sancionatorios por la misma SMA que ahora encabeza por incumplimientos calificados como “gravísimos”. La realización de sondajes mineros en una reserva nacional y la operación de una planta avícola sin permisos que pudo ocasionar “riesgos a la salud” de la población, según ha argumentado la SMA, son algunas de las infracciones cometidas por empresas que contaban con los servicios de Ibarra.

Entre 2023 y 2026, actuando como abogado del estudio especializado en materias ambientales Moreno, Sáez y Avilés (MSyA), Emanuel Ibarra fue lobbista de Andex Minerals SpA, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, la forestal Tulsa S.A., la eléctrica Interchile S.A., la avícola Agrícola Tarapacá S.A. y la agrícola Cal Austral S.A. 

Ibarra representó a estas seis compañías ante distintos organismos públicos –incluyendo la SMA, la subsecretaría del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental– mientras estaban sujetas a procedimientos sancionatorios en la misma SMA por faltas “gravísimas”. El abogado participó en ocho reuniones de lobby por estas empresas, instancias en que el tema tratado se relacionó con el proyecto en el que se cometió la infracción o bien con las medidas propuestas para restaurar el cumplimiento de la normativa.

CIPER consultó al superintendente si se inhabilitará en los casos de empresas a las que asesoró, lo que Ibarra confirmó en una respuesta por escrito: “Se ejercerá el deber de abstención en cada caso. Para dar trazabilidad a estas abstenciones, ya informé formalmente al área jurídica de las empresas involucradas”.

Emanuel Ibarra cuenta con experiencia en la SMA. Antes de asesorar al sector privado, trabajó diez años en la institución, llegando a ser superintendente subrogante en 2022, para luego salir del organismo en 2023. Este año, Ibarra postuló al cargo de superintendente a través de un concurso por Alta Dirección Pública (ADP), quedando dentro de la nómina que el organismo envió al Presidente José Antonio Kast, quien lo nombró el pasado 13 de agosto. 

Emanuel Ibarra junto a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario de la cartera, José Vial (Créditos: Ministerio del Medio Ambiente).

CIPER revisó los registros de lobby de Ibarra desde su salida de la SMA en 2023, constatando que representó a seis empresas que enfrentan procedimientos sancionatorios abiertos por la superintendencia que hoy encabeza. Al cruzar las empresas representadas por Emanuel Ibarra con los expedientes disponibles en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa), CIPER constató que las seis cometieron infracciones calificadas por la SMA como “gravísimas”:

• La empresa Andex Minerals SpA desarrolló sondajes mineros sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en la Reserva Nacional Las Vicuñas, Región de Arica y Parinacota, lo que generó “la afectación de especies clasificadas en la categoría ‘vulnerable’, en los términos indicados por CONAF, al interior de la Reserva Nacional”.

Ibarra señaló a CIPER que las reuniones de lobby en que representó a Andex se relacionaron con “un procedimiento de evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no con un sancionatorio en la SMA”. Pero, según el registro público de estas reuniones, la materia tratada en una primera reunión fue exponer ante el SEA las medidas propuestas por la empresa a la SMA para volver al cumplimiento de la norma, luego de realizar los sondajes calificados como infracción gravísima. En la segunda, explicar al mismo servicio lo conversado con la SMA sobre estas medidas.

• La empresa Agrícola Tarapacá construyó planteles y establos para la cría y engorda de 85 mil pollos y 60 mil gallinas en el Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota, sin contar con RCA. La SMA constató emisión de olores “y presencia de vectores derivados de la operación”, estimando que se ocasionaron “graves riesgos para la salud de la población”. Ibarra representó a esta empresa dos veces por este procedimiento sancionatorio, el único en curso contra la agrícola al momento de esas reuniones (véalas acá y acá).

• En su faena minera ubicada en Pica, Región de Tarapacá, la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM omitió 77 puntos de control de calidad del agua y el “incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el monitoreo de avifauna en el Salar de Coposa”. Además, según los cargos formulados por la SMA, provocó un descenso del nivel del agua de las napas subterráneas mayor al proyectado y, a pesar de esto, no modificó su “régimen de explotación hídrica”.

Ibarra afirmó que la reunión ante el SEA en la que participó como representante de la minera “no tiene relación con el caso de la SMA”. Pero, según el registro de Lobby, esta tuvo como materia una de las medidas propuestas por la empresa para restaurar el cumplimiento después de estas infracciones, la que enfrentaba una traba para su realización.

• La forestal Tulsa S.A. fue sancionada por no presentar sus reportes de monitoreo de emisiones durante tres años seguidos, entre 2020 y 2022. Ibarra representó a la empresa ante la Subsecretaría del Medio Ambiente por este procedimiento sancionatorio.

• La empresa de transmisión eléctrica Interchile S.A. ha enfrentado tres procedimientos sancionatorios por el mismo proyecto: Línea de Transmisión Cardones–Polpaico, que va de la Región de Copiapó a la Metropolitana. Según los cargos de la SMA, la empresa ha afectado bosques nativos que se había comprometido a preservar, sin implementar completamente las medidas de mitigación. Además, construyó obras y caminos “en sectores distintos a los indicados en la descripción del proyecto”, afectando unas 120 hectáreas.

Ibarra afirmó a CIPER que la reunión ante la SMA en la que representó a esta empresa “fue un lobby por un asunto nuevo asociado a una situación del año 2025, referida a una fiscalización de la oficina regional”. Aunque el registro de Lobby no señala que la reunión sea por las infracciones, sí confirma que en la cita se trató el mismo proyecto en que se produjo el incumplimiento.

• La empresa Cal Austral, productora de cal orgánica a partir de conchas marinas, fue sancionada por infracciones “graves” que volvió a cometer, por lo que fueron imputadas nuevamente en calidad de “gravísimas”. Estas son: acumular conchas con restos orgánicos, lo que aumentó los niveles de amoniaco en el ambiente, generó malos olores y presencia de avifauna en los centros de acopio; además de no cubrir correctamente los contenedores donde depositaron este material. Ibarra representó a esta empresa ante la Subsecretaría del Medio Ambiente, donde, según el propio superintendente, se discutió “una asesoría referida a un caso de la SMA”.

Los procedimientos sancionatorios de estas seis empresas se encuentran abiertos. Algunos se encuentran en curso, es decir, que siguen avanzando sin contar aún con un Plan de Cumplimiento (PDC) aprobado, el que se define como un “plan de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la superintendencia, el infractor vuelva al cumplimiento ambiental”. Otros ya cuentan con un PDC en ejecución, lo que suspende el procedimiento sancionatorio hasta que la SMA verifique que se cumplieron las acciones comprometidas. Si la entidad fiscalizada no cumple con su PDC, el procedimiento sancionatorio debe reabrirse. Por lo tanto, todos estos procesos deberán ser tramitados dentro de la administración del nuevo superintendente. 

CIPER consultó a Emanuel Ibarra qué garantizará la imparcialidad de la SMA en estos casos, considerando que los funcionarios que tomen estas decisiones estarán resolviendo procedimientos que afectan a antiguos clientes de su jefe y, en algunos casos, evaluando el trabajo que realizó para ellos su actual superior. “Operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley. Por lo tanto, no decidiré ningún asunto asociado a esos procedimientos”, indicó la autoridad. 

El superintendente Ibarra, además, calificó como “relevante” que CIPER consulte sobre esta materia, ya que, según indicó: “Suele ocurrir que a estos cargos llegan personas que trabajamos con grupos de interés (comunidades, titulares, ONG). Aquello no es un problema porque no hay una inhabilidad, pero sí existe el deber de abstención que debe ejercerse siempre”, afirmó. 

El año pasado, CIPER reveló un correo de la salmonera Australis donde se asegura que, en 2022, Emanuel Ibarra, actuando como superintendente subrogante, acordó con la empresa una alternativa para compensar la sobreproducción de 81 mil toneladas de salmónidos a través de la disminución de producción en 18 centros, de los cuales dos nunca habían registrado operaciones y cinco no habían producido en al menos cuatro años (vea ese reportaje). Estas compensaciones fueron rechazadas por la superintendenta Marie Claude Plumer, quien asumió después de Ibarra. El abogado dejó la SMA en junio de 2023 para ingresar en septiembre de ese mismo año al estudio MSyA, cuya cartera de clientes incluía a Australis, empresa a la que el abogado le preparó al menos un informe en derecho en el contexto de un litigio.

Mientras integró la SMA, Ibarra participó de los procedimientos sancionatorios abiertos a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi e Interchile, dos empresas a las que, luego de su salida del organismo, pasó a asesorar en temas relacionados con el mismo proyecto infractor. 

DE FISCALIZADOR A FISCALIZADO, Y DE VUELTA

El 18 de mayo Emanuel Ibarra concurrió a una reunión de lobby ante el director ejecutivo del SEA en representación de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, la que tiene un procedimiento sancionatorio en la SMA por 14 infracciones a la normativa ambiental: dos leves, diez graves y dos gravísimas. 

El proyecto objeto de la fiscalización, Faena Minera Collahuasi, enfrenta este procedimiento desde diciembre de 2017, luego de que varias denuncias acusaran graves daños hídricos a la cuenca del Salar de Coposa. Ibarra, trabajando en la SMA, fue parte de este procedimiento sancionatorio en distintas instancias: participó de una reunión de asistencia técnica con la empresa, en su calidad de jefe (s) de la División de Sanción y Cumplimiento; firmó, en esta misma calidad y luego como fiscal de la SMA, las observaciones al tercer y cuarto PDC presentado por la minera; y fue el destinatario de la propuesta de cumplimiento final de la compañía. 

Una de las medidas propuestas por la empresa fue el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, el que incluía la construcción y operación de una planta desaladora de agua marina en Punta Patache, en el Puerto Collahuasi, justamente para disminuir la extracción de aguas subterráneas en el salar. De esta planta dependían varias acciones del plan de cumplimiento aprobado. Pero hubo un problema: la RCA del proyecto —cuya obtención era una de las acciones comprometidas en el PDC— fue reclamada por asociaciones de pescadores e indígenas de la zona, a quienes no se consultó antes de validar la operación de la planta, la que, según alegaban, afectaba sus actividades económicas y tradicionales. Estas reclamaciones ingresaron al Segundo Tribunal Ambiental. 

El 14 de mayo de este año, cuatro días antes de la reunión de lobby ante el SEA a la que concurrió el abogado en representación de la minera, el tribunal acogió los reclamos y anuló parcialmente la RCA del proyecto, en particular de la planta desaladora, debiendo retrotraerse su evaluación ambiental. Según la plataforma de Ley de Lobby, la reunión a la que asistió Ibarra el 18 de mayo tuvo como materia justamente “la sentencia del 2do Tribunal Ambiental a la RCA 20219900112”. 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (Fuente: Sitio web minera Collahuasi).

Al revocarse la RCA, las obras en la planta desaladora se encuentran paralizadas, lo que impide que la empresa cumpla con todas las acciones comprometidas en su PDC ante la SMA. Esto, según el artículo 42 de la ley orgánica del organismo, obligaría a la superintendencia a reabrir el procedimiento sancionatorio, y que este sea visto por la administración de Ibarra. Al ser consultado por esto último, el superintendente señaló a CIPER que “este caso está en la División de Sanción y Cumplimiento, por lo que en virtud del deber de abstención y la separación de funciones no me puedo pronunciar”, reiterando que su asesoría “no se relacionó con este procedimiento ante la SMA”.

A su vez, Interchile ha enfrentado dos procedimientos sancionatorios en los que Ibarra participó, primero como funcionario de la SMA y luego como asesor de la empresa. El más antiguo se abrió en 2018 por dos infracciones “graves” y contó con la firma de Ibarra –en calidad de jefe (S) de la División de Sanción y Cumplimiento– en la reformulación de cargos a la empresa. Este procedimiento terminó con una multa de 1.730 Unidades Tributarias Anuales –$1.345 millones, a la fecha de la sanción– tras rebajar las infracciones a “leves”. 

El segundo sancionatorio, que actualmente está en curso, fue abierto en 2020 tras 31 denuncias, por el cual se formularon cargos por nueve infracciones: cuatro “leves”, cuatro “graves” y una “gravísima”. En este procedimiento Ibarra aprobó la formulación de cargos, participó de una reunión de asistencia al cumplimiento y firmó las observaciones al PDC. Tras su salida de la SMA concurrió a una reunión de lobby el 9 de octubre de 2025 ante la misma superintendencia, representando esta vez a la empresa por un asunto relacionado con el mismo proyecto infractor.

Los procedimientos sancionatorios de estas dos compañías y del resto de las empresas asesoradas por Ibarra están abiertos, ya sea en curso o con PDC en ejecución, y deberán tramitarse con él a la cabeza de la superintendencia.