La autora de esta columna sostiene que Estados Unidos convirtió los minerales críticos en una política que ha sobrevivido a Obama, Trump y Biden. Dice que Chile enfrenta ahora una prueba semejante: que gobierno y oposición sean capaces de preservar una estrategia más allá de la alternancia y evitar que el país siga siendo estratégico por lo que tiene bajo tierra y sustituible en todo lo que ocurre después.

Imagen de portada: Tatsiana Kalasouskaya / Canva

La adhesión de Chile al Escudo de las Américas puede leerse como otro episodio del acercamiento entre el gobierno chileno y la administración estadounidense. En materia de minerales críticos, esa lectura resulta demasiado corta. Estados Unidos no comenzó a preocuparse por las tierras raras con Donald Trump. En 2012, bajo Barack Obama, llevó ante la Organización Mundial del Comercio las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, tungsteno y molibdeno. En 2014 obtuvo un fallo favorable. Cambiaron después presidentes, instrumentos y retórica; permaneció el problema estratégico: una potencia industrial no puede ser indiferente a quién controla los insumos y capacidades de los que depende su economía.

Esa continuidad importa más que las diferencias entre administraciones. Obama enfrentó el problema principalmente mediante reglas comerciales y la OMC; el primer gobierno de Trump convirtió la dependencia de minerales críticos en un asunto explícito de seguridad económica; Biden profundizó la política industrial, la resiliencia de las cadenas de suministro y la cooperación con aliados; la actual administración Trump ha vuelto a modificar instrumentos y énfasis. No son políticas idénticas ni forman una trayectoria lineal. La continuidad está en otra parte: los minerales dejaron de ser simples mercancías para convertirse en parte de la infraestructura material del poder económico.

Para Chile, la lección no consiste en imitar a Estados Unidos ni en adoptar su definición de seguridad nacional. Consiste en comprender qué significa realmente una política de Estado. Si la criticidad de ciertos minerales responde a transformaciones tecnológicas, productivas y geopolíticas que sobreviven a los ciclos electorales, la estrategia chilena tampoco puede comenzar de nuevo cada cuatro años.

Hay señales de que esa continuidad empieza a construirse. La Estrategia Nacional de Minerales Críticos de 2026 fue concebida para orientar la acción estatal mediante planes de acción, mecanismos de seguimiento y trayectorias diferenciadas según mineral, territorio, factibilidad técnica y capacidades institucionales. Pero una estrategia aprobada por un gobierno todavía no constituye, por sí sola, una política de Estado. La prueba comienza cuando cambia el gobierno.

Por eso la oposición importa. Su función no consiste en adherir a los instrumentos escogidos por el Ejecutivo, sino en distinguir aquello que considera parte del interés permanente del país de aquello que legítimamente pretende modificar. Fiscalizar el acercamiento con Washington, exigir transparencia o resguardar la autonomía comercial de Chile son funciones propias de una oposición democrática. De hecho, parlamentarios opositores han planteado que los acuerdos sobre minerales críticos con Estados Unidos no deberían traducirse en preferencias de acceso, precios regulados ni restricciones al comercio con terceros. Al mismo tiempo, iniciativas parlamentarias han reconocido el carácter estratégico de los minerales críticos y las tierras raras.

No hay contradicción necesaria entre ambas posiciones. Una política de Estado no exige unanimidad ni congela las decisiones de un gobierno para el siguiente. Exige algo más difícil: acordar qué intereses deben sobrevivir a la alternancia y disputar democráticamente los instrumentos para protegerlos. En minerales críticos, ese núcleo puede incluir la autonomía para comerciar, la diversificación de socios, el resguardo de activos estratégicos, la acumulación de capacidades nacionales y una evaluación económica rigurosa de cualquier apoyo público. Gobierno y oposición pueden discrepar sobre cuánto Estado, qué instrumentos utilizar o con qué socios profundizar la cooperación sin volver a discutir desde cero si el problema existe.

La política exterior chilena ofrece una base para esa continuidad. Chile no ha construido su inserción en minerales críticos alrededor de una sola potencia. A través de distintos gobiernos ha desarrollado instrumentos de cooperación con Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, la Unión Europea y, con renovada intensidad, Estados Unidos. Esa diversificación no es una indecisión que deba corregirse con cada cambio presidencial: es un activo acumulado que conviene preservar.

Desde allí debe entenderse el acuerdo con Washington. En marzo, Chile y Estados Unidos establecieron consultas sobre minerales críticos y tierras raras; en abril suscribieron un memorándum sobre cadenas resilientes y seguras que comprende desde la exploración hasta el procesamiento. El 22 de septiembre, Chile se incorporó además al Escudo de las Américas. No son el mismo instrumento: el Escudo es oficialmente un marco voluntario de coordinación contra el crimen organizado; el memorándum pertenece a la cooperación bilateral sobre minerales. Confundirlos oscurece precisamente lo relevante: seguridad, comercio, tecnología y recursos comienzan a formar parte de una misma arquitectura geoeconómica.

Por eso la pregunta difícil no es si Chile debe elegir entre Estados Unidos y China. Formulada así, la discusión reproduce la dependencia que una política de Estado debería reducir. La pregunta es otra: ¿qué capacidades necesita conservar Chile para mantener grados de decisión propios dentro de cadenas productivas cada vez más disputadas?

Poseer el mineral no equivale a poseer la cadena. Entre una tierra rara bajo suelo chileno y un imán permanente utilizado en un automóvil eléctrico, una turbina o un robot existen extracción, concentración, separación, metalización, aleaciones y manufactura. Cada etapa requiere tecnologías, capital humano, financiamiento, energía, reactivos y compradores diferentes. Un país puede ser geológicamente indispensable y productivamente periférico.

Aclara ofrece una demostración concreta. Su proyecto Penco puede producir tierras raras en Chile, pero la compañía está desarrollando en Louisiana la planta que separará los distintos elementos. Allí proyecta también, mediante Aclara Metals —sociedad constituida en partes iguales con la chilena CAP—, avanzar hacia metales y aleaciones. El recurso puede originarse en Sudamérica mientras el aprendizaje industrial, la ingeniería y las capacidades posteriores se acumulan en Estados Unidos.

No hay anomalía en ello. Estados Unidos utiliza financiamiento, infraestructura, tecnología, demanda y política industrial para atraer hacia su territorio funciones que considera estratégicas. Es coherente con sus intereses. El interés chileno no tiene por qué ser contrario, pero tampoco es idéntico.

Ése es el límite de mirar la seguridad de suministro desde la perspectiva del comprador. Para Estados Unidos puede resultar suficiente que un mineral chileno o brasileño llegue confiablemente a una planta estadounidense. Para Chile importa también cuánto conocimiento, ingeniería, empleo especializado, proveedores y capacidad tecnológica permanecen en el país después de la extracción.

La respuesta no puede ser el viejo reflejo de exigir que todo se procese en Chile. Más etapas no significan necesariamente más desarrollo. Una planta sin escala, tecnología o compradores puede destruir valor. Cobre, litio y tierras raras tienen cuellos de botella distintos y requieren estrategias diferentes. La cuestión no es avanzar ciegamente hacia el último eslabón de cada cadena, sino identificar dónde las capacidades existentes permiten capturar valor de manera competitiva.

Por eso la unidad estratégica no es necesariamente el mineral, sino la capacidad. Chile puede tener ventajas en extracción en una cadena y en metalurgia, química, ingeniería, servicios, logística o reciclaje en otra. Incluso puede ser eficiente importar insumos para transformarlos y reexportarlos. Una política industrial madura no pregunta sólo qué fabricar con los recursos que el país posee, sino qué funciones puede desempeñar competitivamente en cadenas que otros también necesitan.

La misma lógica cambia el significado de diversificación. Tener acuerdos con Estados Unidos, China, Europa, Japón o Corea amplía las opciones, pero contar con socios no basta. Cinco compradores que dependen de una misma tecnología, procesador o cuello de botella constituyen cinco relaciones comerciales y una sola dependencia. La diversificación relevante es también funcional: alternativas de financiamiento, procesamiento, tecnología, logística y mercados.

Chile no parte de cero. Durante décadas construyó una extensa arquitectura comercial, acumuló conocimiento minero y metalúrgico, desarrolló proveedores especializados y preservó instituciones capaces de relacionarse simultáneamente con economías que compiten entre sí. Esa acumulación es también política de Estado. No pertenece a un gobierno ni a una coalición. El desafío es emplearla para algo más que vender materias primas al mayor número posible de destinos.

Visto así, el Escudo de las Américas importa menos como señal de un nuevo alineamiento que como síntoma de un cambio mayor. Estados Unidos lleva, al menos desde Obama, incorporando una lección que atravesó gobiernos de distinto signo: la vulnerabilidad no comienza cuando falta un mineral. Comienza cuando una economía descubre que carece de alternativas para obtenerlo, procesarlo o transformarlo.

Chile necesita extraer su propia conclusión. Una política de Estado no consiste en escoger quién dominará la próxima cadena de suministro, sino en evitar que el país sea prescindible en todas sus etapas, salvo la extracción. Para eso no se necesita que gobierno y oposición piensen igual. Se necesita algo más institucionalmente exigente: que cada alternancia modifique la política sin destruir las capacidades acumuladas por la anterior.

Durante décadas, el gran activo internacional de Chile fue abrir mercados. Gobiernos de distinto signo ampliaron esa arquitectura en lugar de desmontarla cada vez que cambió la mayoría política. En la economía que viene, esa continuidad seguirá siendo necesaria, pero ya no será suficiente. La apertura permitió entrar en las cadenas globales; la próxima política de Estado deberá decidir qué capacidades vale la pena conservar dentro de ellas.

Ese es el otro Escudo de las Américas. No uno levantado contra Estados Unidos, China o cualquier otra potencia, ni uno que dependa del gobierno de turno, sino frente a una vulnerabilidad bastante más antigua: ser estratégicos por lo que tenemos bajo tierra y perfectamente sustituibles en todo lo que ocurre después.