El autor de esta columna analiza la llegada del Pix brasileño a Chile a través de billeteras digitales y comercios que operan al margen de un acuerdo formal entre países. Sostiene que el fenómeno expone la falta de interoperabilidad y transparencia de costos en el sistema de pagos chileno, más que un avance impulsado por Brasil. Concluye que «la oportunidad no consiste en crear un “Pix chileno” por decreto. Consiste en asegurar que la próxima generación de pagos entre cuentas no sea una colección de islas privadas. Chile ya tiene la regulación en marcha, una base financiera digital y consumidores que demostraron lo que valoran. Falta convertir esas piezas en una experiencia común».

Imagen de portada: Cristóbal Escobar / Agencia Uno

Este verano, más de 120 mil chilenos usaron una billetera digital para pagar con Pix durante sus vacaciones en Brasil. Según las cifras divulgadas por Prex, realizaron casi tres millones de transacciones en enero y febrero. En sentido contrario, comercios chilenos ya ofrecen a turistas brasileños la posibilidad de escanear un código QR, pagar en reales y dejar que el hotel, restaurante o centro de ski reciba pesos chilenos.

Nada de esto nació de un acuerdo entre bancos centrales. Tampoco existe todavía un “Pix internacional” oficial. Lo que hay son empresas que construyen puentes: reciben el dinero en un país, hacen la conversión y lo entregan en el otro. Para el usuario, todo ocurre en segundos. Por debajo de la pantalla, sin embargo, participan una billetera, una entidad de cambio, un procesador, un banco y, a veces, más de un regulador.

Ese detalle importa. Cuando un chileno paga en Brasil, ve una operación simple y familiar. Pero la propia información pública de Prex aclara que los servicios de remesas y cambio de divisas se concentran en Prex SpA, una sociedad que no es fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. Esto no implica una irregularidad. Sí muestra que una sola experiencia digital puede atravesar distintos perímetros regulatorios sin que el cliente lo advierta.

Algo parecido ocurre del lado de los comercios chilenos. VirtualPOS ofrece Pix en terminales y ventas en línea, convierte automáticamente el monto a reales y promete reducir las comisiones de pagos internacionales. AFEX ya permite que brasileños cambien reales por pesos pagando con Pix en sus sucursales. Otros operadores están entrando al mismo mercado. La competencia puede bajar costos y facilitar el turismo, pero también vuelve más difícil responder una pregunta elemental: ¿quién se hace cargo cuando el pago falla?

La publicidad suele destacar que el servicio es “sin comisión” o que permite ahorrar frente a una tarjeta. Puede ser cierto para determinados clientes y momentos. Pero una operación de cambio nunca es gratuita en sentido económico. El costo puede aparecer como tarifa, como margen incorporado en la cotización o como diferencia entre el momento del pago y el de la liquidación. Si cada empresa muestra la información de una manera distinta, el consumidor no tiene una comparación real.

El debate, por tanto, no debería reducirse a celebrar la llegada del Pix ni a desconfiar de una tecnología extranjera. La pregunta más útil es qué revela esta adopción sobre el sistema de pagos chileno.

Chile es un país ampliamente bancarizado y con un mercado de tarjetas desarrollado. La Encuesta Nacional de Uso y Preferencias del Efectivo de 2025 muestra que la tarjeta de débito es utilizada por 81% de las personas y que las transferencias electrónicas concentran 58% de las preferencias para pagos entre personas. Al mismo tiempo, el efectivo sigue siendo utilizado por 64% y conserva un peso mayor en regiones, ferias y compras pequeñas.

Es decir, los chilenos ya transfieren dinero de forma digital, pero no se ha consolidado una experiencia de pago entre cuentas que sea abierta, uniforme y fácil de usar en cualquier comercio. El propio Banco Central ha identificado la interoperabilidad como uno de los desafíos del sistema de pagos minoristas. En la práctica, una persona puede transferir a otra en segundos, pero al llegar a una caja sigue dependiendo, en general, de tarjetas, efectivo o soluciones privadas que no siempre conversan entre sí.

La Ley Fintec abrió una oportunidad para cambiar ese escenario. En junio, la CMF publicó las especificaciones técnicas del Sistema de Finanzas Abiertas, incluyendo la iniciación de pagos. Su entrada en vigor fue postergada hasta julio de 2027 por la complejidad de la implementación. La demora puede ser razonable, pero no debería convertir el proyecto en una discusión reservada a bancos, fintechs y desarrolladores.

La iniciación de pagos puede permitir que una aplicación autorizada ordene un pago directamente desde la cuenta del cliente, con su consentimiento, sin obligarlo a usar una tarjeta ni a mantener saldo en una billetera cerrada. Bien diseñada, puede aumentar la competencia. Mal diseñada, puede limitarse a crear nuevas capas de intermediación sobre la misma estructura actual.

Chile no necesita copiar el modelo institucional brasileño. Pix fue organizado por el Banco Central de Brasil y responde a una historia bancaria y regulatoria diferente. Tampoco es necesario que el Banco Central de Chile cree una aplicación para el público. Lo que sí hace falta es un objetivo sencillo: que cualquier persona pueda pagar desde su cuenta, en tiempo real, usando un estándar común y sabiendo de antemano cuánto cuesta y quién responde.

Ese objetivo debería reflejarse tanto en los pagos locales como en los puentes con otros países. Antes de confirmar una compra internacional iniciada con Pix, la pantalla debería mostrar el monto en pesos o reales, la cotización utilizada, el costo total y el nombre de las entidades responsables. El comprobante debería conservar esa información. Y el cliente debería tener un único canal de reclamo, aunque detrás de la operación participen varias compañías.

En el mercado chileno, la apertura también debe evitar que una sola billetera, procesador o red se convierta en la puerta obligatoria. La interoperabilidad pierde sentido si el usuario puede mover sus datos, pero no elegir libremente desde qué cuenta paga o qué proveedor inicia la operación. Las reglas del Sistema de Finanzas Abiertas deberían favorecer estándares comunes, portabilidad y acceso no exclusivo.

Hay además una dimensión estratégica que Chile no debería ignorar. Los sistemas de pago exportan hábitos. Brasil no está reemplazando el peso chileno ni llevando su sistema de liquidación a Santiago. Está difundiendo una expectativa: que pagar desde una cuenta bancaria puede ser inmediato, barato y tan simple como escanear un código. Esa expectativa ya viaja con los turistas y empieza a influir en lo que los comercios ofrecen.

Los países que establecen los estándares cotidianos de pago ganan influencia económica, incluso sin exportar su moneda. Las empresas que conectan esos estándares ganan información, clientes y poder de negociación. Si Chile se limita a recibir soluciones diseñadas en otros mercados, terminará adoptando reglas definidas fuera del país. Si aprovecha la señal que están dando consumidores y comercios, puede participar en la construcción de una infraestructura regional más abierta.

El Pix no llegó a Chile como una política exterior brasileña. Llegó porque resolvió un problema concreto para turistas y vendedores. Esa es precisamente la razón para prestarle atención. La política pública no debe frenar esos puentes, pero tampoco puede limitarse a observar cómo crecen. Debe hacer que los costos sean comparables, las responsabilidades visibles y la competencia posible.

La oportunidad no consiste en crear un “Pix chileno” por decreto. Consiste en asegurar que la próxima generación de pagos entre cuentas no sea una colección de islas privadas. Chile ya tiene la regulación en marcha, una base financiera digital y consumidores que demostraron lo que valoran. Falta convertir esas piezas en una experiencia común.