María José Montesino, notaria de Coquimbo, compareció para prestar su testimonio en calidad de imputada en la arista del caso Hermosilla denominada “nombramientos” y que lleva adelante la fiscal regional, Claudia Perivancich. Lo hizo para aclarar pagos que ella y su cónyuge, Fernando Martel, realizaron a la expareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles. Aparte de abordar esas transferencias, en su testimonio entregado el 22 de junio de 2026, afirmó lo siguiente: “En época de campaña han llegado muchos candidatos a pedirme aportes diciéndome que ellos influyeron en mi nombramiento, Gahona fue uno de ellos, me pidió para su campaña $1 millón, como muchos otros, a los que yo me negué”. Al ser consultado, el senador UDI negó haber solicitado aportes y, a través de su equipo de prensa, dijo a CIPER: “Lo desmiento categóricamente”.

El 22 de junio pasado, la titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, María José Montesino, declaró ante el Ministerio Público que en época de campaña, el senador Sergio Gahona, le solicitó $1 millón como aporte para su campaña electoral. En su testimonio, agregó que el parlamentario UDI, quien representa a la misma región donde está emplazada esa notaría, no fue el único político que le pidió ayuda. Y que todos le decían que habían influido en su nombramiento:  

“A su pregunta, en época de campaña han llegado muchos candidatos a pedirme aportes diciéndome que ellos influyeron en mi nombramiento, Gahona fue uno de ellos, me pidió para su campaña 1.000.000 como muchos otros, a los que yo me negué”, afirmó. 

La declaración de Montesino es parte de la causa denominada “nombramientos”, una de las varias aristas del caso Hermosilla y que se investiga en la Fiscalía Regional de Valparaíso a cargo de Claudia Perivancich. Montesino compareció en esa indagatoria a partir de nueve boletas que Gonzalo Migueles, expareja de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, emitió a la notaria por la suma de $6,7 millones. Según dijo, estas corresponden a una comisión por corretaje de propiedades que gestionó Migueles. 

La revelación de la notaria sobre la solicitud de financiamiento de campaña de Gahona, se suma a otra vinculación del senador con el caso Hermosilla. Según se detectó en la llamada trama bielorrusa que se investiga en la fiscalía de Los Lagos, en enero de 2023, el conservador Yáber emitió un cheque destinado a Gahona por $4 millones. El parlamentario –cuya hija, Paulina Gahona además fue contratada en el CBR de Yáber– señaló esa vez que el cheque correspondía a un préstamo de su parte. 

Además, existen otros casos que vinculan a políticos con dineros del conservadores de Puente Alto, Sergio Yáber a parlamentarios. Según antecedentes en investigación, Yáber transfirió $1,6 millones al senador demócrata, Matías Walker; y en una escucha telefónica él mismo afirmó haberle llevado $1,7 millones al diputado republicano, Cristián Araya. Mientras este último negó haber recibido aportes de Yáber, el senador dijo que el dinero tenía por destino financiar un viaje de uno de sus hijos.  

Todos estos hechos surgidos en las distintas aristas del caso Hermosilla, constituyen una relación económica entre notarios o conservadores con políticos. Y si la investigación arroja que estos apuntan a un financiamiento electoral al margen del Servel, además podrían constituir delitos. 

Al ser consultado Gahona acerca de si le pidió financiamiento para campaña a Montesino, a través de su equipo de prensa aseguró que no es verdad: “Lo desmiento categóricamente”, fue lo que dijo. 

La notaria, por su parte, también fue contactada por CIPER. Montesino corroboró que en su declaración se refiere a Sergio Gahona, agregando que el senador le hizo la solicitud vía telefónica. Precisó que pese a que ante el Ministerio Público habló de que el financiamiento era para la campaña del senador, ahora señala que esta apuntaba a la elección de candidatos para el Consejo Constitucional de 2023. “Yo le dije que no tenía plata”, asegura la titular de Coquimbo. Sobre si la petición implicaba aportes vía Servel, la notaria explica que en la conversación no llegaron a ese punto. 

OTROS ANTECEDENTES SOBRE TRASPASOS A POLÍTICOS

En la causa bielorrusa del caso Hermosilla, hay más antecedentes que ligan a parlamentarios con presuntos pagos o traspasos en dinero hacia políticos. En 2025, CIPER reveló que el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, fue aludido en una interceptación telefónica que el Ministerio Público instruyó para acceder a las conversaciones del conservador Sergio Yáber. Según esos audios, este comentó a un amigo que le había pasado $1,7 millones al parlamentario. “Le traje el millón siete a Cristián Araya hoy día”, fue lo que dijo en esa llamada. El contacto ocurrió el 3 de octubre de 2025, plena época de campaña (vea ese reportaje). 

El parlamentario debió dar explicaciones por los dichos del conservador y, en una conferencia de prensa realizada en el Congreso, confirmó que había ido al domicilio de Yáber en medio de su campaña electoral, pero negó haber recibido dinero de su parte: 

“El señor Yáber me contactó y me invitó a comer a su casa a propósito de mi campaña en la elección de diputados, invitación que acepté y asistí”, dijo. Y luego afirmó: “Quiero dejar algo muy claro. Nunca he recibido un peso del señor Yáber, y no puedo hacerme cargo de lo que puedan decir terceras personas en una conversación que me van a decir que no estoy presente”.  

Otro parlamentario que tuvo que argumentar públicamente por qué recibió traspasos de Yáber, fue el senador Demócrata, Matías Walker. También en 2025, a partir de que el Ministerio Público tuvo acceso a las cuentas de Yáber, Reportea publicó que constaba una transferencia de $1,6 millones a Walker, realizada el 28 de mayo de 2024 (vea esa nota). En esa oportunidad, el congresista explicó que mantenía una amistad con Yáber a partir de que él era conservador de la zona a la que el senador representa, Coquimbo, misma donde Gahona es parlamentario. El senador Demócrata explicó que el traspaso fue una ayuda para su hijo: “Se trató de un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío en el extranjero”. 

En la misma causa, existe además una declaración que vincula a otro conservador con presuntos pagos a una senadora en ejercicio: el CBR de Chillán, Yamil Najle, otro imputado en la causa bielorrusa, vinculado a partir de una declaración con la parlamentaria PPD, Loreto Carvajal. 

Según reveló CIPER en 2025, el abogado del Consorcio Belaz Movitec, Eduardo Lagos, señaló a los fiscales que lo investigan como imputado por presunto pago de coimas a la jueza Ángela Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles, que Najle habría pagado $300 millones a Carvajal para que lo ayudara en su nombramiento (vea ese reportaje). Esa parte de la declaración es hoy investigada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky y todavía se mantiene en reserva. 

Carvajal ha negado los hechos, afirmado que como ella es cónyuge de Gabriel Silber –exsocio de Lagos, también imputado en el caso, pero que colaboró con la fiscalía–, el abogado trata de enlodarla: “Esto es absolutamente falso, una canallada destinada a silenciar la verdad y entorpecer el avance de la investigación. No voy a permitir que el señor Lagos ni ninguno de los imputados intente usarme como chivo expiatorio tras la colaboración de mi esposo en fiscalía, más aún cuando la propia cartera de Justicia, descartó de manera categórica cualquier gestión de mi parte en esta materia”, dijo esa vez. 

La notaria compareció ante la Fiscalía Regional de Valparaíso para explicar pagos que hizo a la expareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles. Según dijo al respecto, estos fueron ejecutados por su cónyuge, el exnotario Fernando Martel y correspondían a una comisión que se adjudicó Migueles producto de un corretaje que realizó por el arriendo del inmueble que ella ocupó como notaria entre 2022 y 2023. Porque esa propiedad es de Sergio Yáber, ex CBR de Coquimbo, hoy conservador suspendido de Puente Alto y también imputado en la causa.      

En esa investigación constan además pagos por $54 millones que Martel le transfirió a Migueles por asesorías entre 2022 y 2024 cuando era notario interino de la comuna de La Cisterna (lea aquí el artículo de CIPER con detalles de esos pagos). Esto, según concluye la fiscalía judicial a cargo de los sumarios que instruyó la Corte de Apelaciones de San Miguel, sería una retribución por las gestiones que Migueles habría realizado para que Martel fuera nombrado notario interino en La Cisterna. Sin  embargo, Martel señaló a CIPER que esos pagos corresponden al trabajo que realizó Migueles en la notaría.