La autora de esta columna sostiene que la sostenibilidad financiera de las universidades estatales no puede evaluarse solo a partir de sus resultados contables anuales, sino que debe considerar las condiciones regulatorias, de financiamiento y de gestión bajo las cuales operan, distintas a las del sector privado. Concluye que «es hora de mirar las exigencias normativas con la misma atención que ponemos a las cifras contables, pues solo así aseguraremos el futuro de nuestras instituciones, garantizando que sigan siendo motores del progreso territorial en todo Chile».

Imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno

La preocupación por la sostenibilidad financiera de las universidades del Estado es legítima y necesaria. Debe ser asumida como un imperativo por todos quienes creemos en el fortalecimiento de la educación superior pública y su rol insustituible para nuestro desarrollo nacional y regional.

Por ello, el análisis de riesgo que la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) estaría realizando sobre la base de los estados financieros de las 18 universidades estatales es una invitación oportuna para abordar con urgencia una discusión de fondo.

El debate sobre la salud económica y patrimonial de nuestras instituciones es, finalmente, una conversación sobre qué tipo de país queremos construir y qué rol le asignamos en ese camino al conocimiento, a la ciencia, a la preparación de capital humano avanzado y la formación de ciudadanos comprometidos con el progreso y la democracia de nuestra sociedad.

En las universidades públicas no estamos gestionando simples activos financieros; estamos creando y custodiando el capital intelectual que permitirá a Chile enfrentar los desafíos del siglo XXI en materia de productividad, cambio tecnológico y cohesión social.

Para estudiar la sostenibilidad y el riesgo financiero de las universidades estatales es necesario comprender que datos aislados de sus resultados anuales no reflejan la complejidad de las instituciones públicas de educación superior.

En 2024, 15 de las 18 universidades del Estado cerraron el ejercicio con resultados positivos, registrando, en conjunto, un saldo favorable cercano a $34.774 millones. Esta tendencia se consolidó en 2025, cuando 17 de las 18 instituciones obtuvieron resultados positivos, con un resultado agregado superior a $433.000 millones.

Estos antecedentes confirman que la ganancia o pérdida contable de un ejercicio no permite, por sí sola, diagnosticar la sostenibilidad estructural ni la salud financiera de largo plazo de una institución de educación superior compleja.

Las instituciones estatales tienen la obligación de gestionar con rigor sus recursos y adoptar decisiones de control interno que les permitan resguardar su patrimonio público. Esta responsabilidad es absoluta y no puede relativizarse. Sin embargo, para evaluar su riesgo financiero real no basta con observar balances de cierre: es estrictamente necesario considerar las condiciones de gestión bajo las cuales se obtienen tales resultados.

Los indicadores de rentabilidad pueden parecer estandarizados, pero las condiciones de gestión bajo las cuales se obtienen no lo son. Las universidades del Estado son corporaciones de derecho público cuya misión trasciende la métrica de la generación de ingresos operacionales. Nuestra tarea primordial es formar profesionales idóneos, desarrollar investigación, generar conocimiento y contribuir al progreso productivo y social, bajo estrictas normas de derecho público y controles que condicionan significativamente nuestra capacidad de gestión en comparación con los actores privados del sistema de educación superior.

Esta asimetría regulatoria ha sido constatada por la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE), que en su Estudio de Mercado sobre Educación Superior concluyó que las universidades estatales enfrentan cargas regulatorias y administrativas que pueden situarlas en desventaja frente a instituciones privadas, recomendando profundizar el tratamiento de derecho público diferenciado establecido por la Ley Nº 21.094.

Enfrentamos una paradoja que debemos resolver: se exige a las universidades públicas altos estándares de eficiencia y sostenibilidad en un mercado competitivo con empresas privadas de la educación, pero se mantiene un marco de regulaciones desmedidas que encarecen los costos operacionales, restringen el uso ágil de recursos y limitan la capacidad de respuesta ante contingencias. A menudo, la rigidez administrativa ignora que la educación superior es un ecosistema vivo, donde la capacidad de adaptación debe formar parte de la estrategia financiera de las instituciones.

A este escenario normativo se añade un sistema de financiamiento sustentado en la demanda de estudiantes, en el que la brecha entre los aranceles regulados y los costos efectivos de formación debe ser absorbida por los presupuestos de las propias instituciones.

Las notas de los estados financieros permiten dimensionar este efecto. En 2025, 13 universidades estatales que identificaron separadamente la partida registraron, en conjunto, más de $49.068 millones como deducción de ingresos por diferencias de aranceles asociadas a la gratuidad. La magnitud muestra que la evaluación de sostenibilidad financiera también debe considerar las reglas que determinan los ingresos que las universidades pueden reconocer.

A esta insuficiencia estructural se suman obligaciones que los competidores privados no enfrentan en términos equivalentes, tales como normas de compras públicas, sistemas de incentivo al retiro, pasivos previsionales históricos y múltiples controles que ralentizan la toma de decisiones. Por tanto, para comprender íntegramente el riesgo financiero, necesitamos distinguir con precisión cuánto responde a decisiones internas de gestión y cuánto es atribuible a las condiciones regulatorias y de financiamiento bajo las cuales operamos.

Otro factor que presiona nuestras finanzas es la oportunidad en la entrega de los recursos estatales. Las universidades públicas deben asegurar la continuidad de sus actividades académicas, de investigación y servicios clínicos, independientemente de los plazos administrativos del Gobierno Central. Los desfases entre la tramitación de actos administrativos y la transferencia efectiva de fondos ya comprometidos generan fuertes presiones de caja que obligan a las instituciones a usar excedentes o recurrir a endeudamiento bancario, incurriendo en gastos innecesarios.

Reconocer esto no significa traspasar la totalidad de las dificultades financieras a variables exógenas. Como rectoras y rectores, asumimos que cada institución debe responder por sus decisiones y robustecer su planificación presupuestaria. Pero para lograr esa excelencia, necesitamos diagnósticos capaces de identificar las fuentes de riesgo para actuar sobre sus causas basales y no solo sobre los síntomas.

La discusión que hoy impulsa el Ministerio de Hacienda puede convertirse, entonces, en una oportunidad para estructurar una agenda de trabajo conjunta con las universidades del Estado. El principio debiera ser sencillo: mayor responsabilidad financiera, acompañada de mejores herramientas de gestión.

Las universidades estatales estamos disponibles para avanzar hacia estándares de información,  transparencia, monitoreo preventivo y alerta temprana de riesgos más exigentes. Pero este cambio debe ir acompañado de medidas que permitan gestionar con mayor eficiencia: simplificar operaciones de financiamiento de corto plazo, agilizar procedimientos de autorización, flexibilización en el uso de fondos propios, facilitación del castigo contable de créditos incobrables y el mejoramiento en la predictibilidad de las transferencias. Muchas de estas medidas de modernización no requieren aumentar el gasto público, sino permitir una administración más eficiente de los recursos que el propio Estado ya ha comprometido.

El debate no debe plantearse, entonces, como una disyuntiva entre fiscalización y autonomía, ni entre responsabilidad fiscal y fortalecimiento de la educación pública. El Estado tiene el deber de exigir a sus universidades responsabilidad y sostenibilidad, pero también de proporcionar condiciones regulatorias que permitan gestionar con eficiencia. No queremos eludir la discusión sobre el riesgo financiero; queremos contribuir a que sea técnicamente completa y socialmente justa.

Medir el riesgo es necesario. Diagnosticar integralmente y corregir las normativas que contribuyen a generarlo es una tarea urgente para el desarrollo sostenible de nuestras universidades. Estamos en un momento crítico donde la responsabilidad fiscal y la solidez educacional deben caminar como aliadas estratégicas.

Es hora de mirar las exigencias normativas con la misma atención que ponemos a las cifras contables, pues solo así aseguraremos el futuro de nuestras instituciones, garantizando que sigan siendo motores del progreso territorial en todo Chile.