El director general de la PDI, Eduardo Cerna, manifestó su rechazo ante la medida del Séptimo Juzgado de Garantía de haber enviado a prisión preventiva a cuarteles policiales a los funcionarios que fueron formalizados por pertenecer a una red de secuestros extorsivos. El jefe nacional de la policía civil dijo que “no quiero que estén en un cuartel. Pero debo respetar las órdenes judiciales y se acatan. El magistrado dijo lo contrario”. Cerna añadió que los hechos descritos “no los vamos a tolerar”.

En la causa en la que son investigados la fiscalía detuvo a siete personas, incluyendo tres detectives: el inspector Rodrigo Navarrete, el subcomisario Pablo Gajardo y el agente Sebastián Gajardo. Entre los demás destaca Vinko Fodich, exsubsecretario subrogante de Prevención del Delito en el gobierno de Sebastián Pïñera, además de exfiscal jefe de Ñuñoa.

La fiscalía espera finalizar la formalización de los involucrados este martes 15 de septiembre por delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que respetará la orden judicial (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) arrojó que 2.417 pacientes clasificados como con riesgo vital fueron atendidos en la Región Metropolitana (RM) al margen de los tiempos máximos establecidos por las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud. De acuerdo al análisis elaborado por la CGR, entre estos hubo algunos que debieron esperar hasta 73 horas y 41 minutos para ser atendidos

La Contraloría determinó que de las 2.289.209 personas que fueron atendidas entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de mayo del 2025 en servicios de urgencia de la RM, hubo 634.587 que recibieron atención fuera de los plazos establecidos según su priorización. Los recintos en los que más se repiten este tipo de casos son el Hospital Sótero del Río, el Hospital Félix Bulnes Cerda, el Hospital El Carmen y el Hospital Barros Luco Trudeau.

El ente contralor ordenó mejorar la gestión y asignación de los recursos, y que cada Servicio de Salud verifique los tiempos de espera y que aplique procedimientos administrativos en los casos más graves.

Imagen referencial (Créditos: Cristofer Devia / Agencia Uno)

Según constató La Tercera, la Contraloría General de la República (CGR) objetó el uso de un software de gestión de camas desde 2024 en la ex Posta Central. La CGR actuó debido a que recibió dos denuncias por eventual conflicto de interés, faltas a la probidad administrativa y acceso irregular a datos sensibles de pacientes.

El software BedWise es propiedad de la empresa Wisemed, la que tiene como socia fundadora y representante legal a Carolina Aguirre Jeffery. Esta se desempeñaba como médico en la institución y, de hecho, ejerció como subdirectora médica subrogante durante 2024, mismo año en el que se firmó un convenio con el servicio para comenzar a probar ahí el programa computacional.

El informe de la CGR cuestiona que se haya utilizado a ese hospital para probar el software en un área tan sensible como la gestión de camas, además de que se determinó que varios funcionarios ocuparon horas de su jornada laboral para apoyar las pruebas, con un claro beneficio para la empresa que preparaba la plataforma para sacarla al mercado. El ente contralor determinó que el Servicio de Salud Metropolitano Central instruya un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas asociadas a todo este episodio.

Frontis de la Posta Central (Créditos: Diego Martín / Agencia Uno)