Las autoras de esta columna sostienen que el suicidio adolescente no puede leerse solo como una crisis de salud mental individual, sino como síntoma de una sociedad que distribuye desigualmente el sufrimiento. Concluyen que «lo cierto es que en la arena pública la narrativa securitaria se ha impuesto por sobre otros temas de preocupación referente a las juventudes. Será, por tanto, fundamental insistir en la necesidad de realizar estudios profundos, transdisciplinarios y que atiendan a la experiencia de las/les/los jóvenes desde sus implicaciones sociales e interseccionales».

Imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

Mark Fisher en Realismo Capitalista ¿no hay alternativa? (2009) sostuvo que los problemas de salud mental deben leerse como un síntoma político propio de las desigualdades e injusticias sociales en las sociedades capitalistas tardías. En efecto, no se trataría tan sólo de “un asunto del dominio individual… justamente, frente a la enorme privatización de la enfermedad en los últimos 30 años, debemos preguntarnos: ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma?”. Más tarde en Los fantasmas de mi vida: escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos (2013), en un texto titulado Bueno para nada, escribe en nombre propio su experiencia de malestar: “Mi depresión siempre estuvo atada a la convicción de que yo era literalmente un bueno para nada (…) carecía de la calma confianza de quien ha nacido para ocupar un rol (…) La forma de poder social que más me afectó fue el poder de clase, aunque por supuesto el género, la raza y otras formas de opresión producen la misma sensación de inferioridad ontológica”. 

Que el sufrimiento de las juventudes sea un problema que se vuelve “aceptable”, como sugiere Fisher, nos resulta especialmente inquietante si atendemos a la problemática del suicidio. En el marco de la conmemoración del Día internacional de la Prevención del Suicidio destacamos algunos datos disponibles para suscitar reflexión. Desde 2003, por iniciativa de la OMS junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, se instauró la conmemoración de este día fijado para cada 10 de septiembre. Desde entonces, se han sucedido planes de acción, compromisos de Estado, guías clínicas, campañas de sensibilización, pero con el correr de los años los datos epidemiológicos siguen alertando. A nivel global, más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año, siendo la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Además, cerca del 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios, de acuerdo a la OMS. 

Un estudio publicado recientemente en The Lancet, basado en las estimaciones de salud global de la OMS para 35 países de las Américas entre 2000 y 2021, documenta que la tasa de suicidio entre personas de 10 a 24 años aumentó un 38% en dos décadas –más del doble que el incremento en la población general–, haciendo de las Américas la única región del mundo donde esta tendencia sigue al alza. Más de 18.000 jóvenes murieron por suicidio en la región en 2021. Tres de cada cuatro eran varones, pero el aumento ha sido más acelerado en mujeres, y en niñas y niños de 10 a 14 años. Chile, hasta 2021 tenía una tasa de 5,61 por 100.000, la cual se situaba por debajo del promedio regional, y su tendencia entre 2000 y 2021 era estable. No obstante, es de notar que ese mismo estudio muestra que el suicicio hasta ese año era la segunda causa de muerte entre personas de 10 a 24 años.

La plataforma DEIS del Minsal posee los datos oficiales sobre las estadísticas de salud del país, en el caso de las muertes por suicidio existen datos disponibles que abarcan el periodo 1990-2023.  El gráfico 1 indica que desde la década de los noventa se desarrolló un aumento sostenido hasta el 2008, donde se alcanzó el punto más alto con 2.166 muertes por suicidio en el país, de las cuales un 33% (715 casos) corresponde a personas menores de 30 años, con tasas de 6,86 (hombres) y 2,16 (mujeres). Cabe destacar que según el Banco Central de Chile ese año se desarrolló la Crisis Financiera Global en donde Chile se vio expuesto a una de las mayores crisis económicas de los últimos años, que afectó fuertemente a los hogares del país. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿pueden acaso las muertes por suicidio leerse como un síntoma de una sociedad que sufre? 

En los años siguientes, las muertes por suicidio comenzaron a tener una tendencia hacia la baja, la cual se profundizó durante los años de pandemia (2020-2021) alcanzando mínimos históricos que, sin embargo, no duraron mucho tiempo, ya que, en la post-pandemia (2022-2023) se observa un abrupto aumento alcanzando en 2022 un total de 2.099 casos de los cuales un 25% corresponde a personas menores de 30 años, alcanzando tasas de 4,8 (hombres) y 1,93 (mujeres). Estos datos nos permiten pensar que no estamos ante una crisis emergente que irrumpe, sino ante una catástrofe que ha sido normalizada e incorporada en la vida cotidiana de la población chilena. 

Ahora bien, cabe destacar que el fenómeno suicida se encuentra fuertemente cruzado por el género, en los datos del periodo 1990-2023 del país, en promedio un 84% de las muertes por suicidio corresponde a hombres. Empero, en el caso de los intentos suicidas la relación se invierte y son las mujeres quienes desarrollan una mayor cantidad de intentos, siendo las adolescentes el grupo más preocupante. Tal como lo ilustra el gráfico 2 en el año 2022 se registraron un total de 6.642 egresos hospitalarios por intento de suicidio, de estos 2.609 casos corresponden a niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Si el suicidio es un fenómeno social que el sistema sanitario ha insistido en abordar como una crisis de salud mental individual, ¿qué se vuelve invisible cuando cada niña y adolescente que intenta quitarse la vida es clasificada como un caso clínico y no como la expresión de un orden que distribuye desigualmente el sufrimiento?

Un informe que analiza los datos del DEIS específicamente en adolescentes, señala que las cifras según género están cambiando: en la adolescencia temprana (10-14 años) mueren más mujeres que hombres. Además, indica que se desarrolló un aumento del 68% en suicidio de mujeres de 15-19 años entre 2021-2022. Para ese mismo grupo, la brecha se redujo de 3,5:1 en 2019 a 1,5:1 en 2022, y en el primer trimestre de 2023, las mujeres superaron a los hombres en suicidio adolescente. Este patrón de convergencia no es exclusivo de Chile, ha sido documentado también para Estados Unidos. 

Ahora bien, lo que las cifras no alcanzan a señalar es que las categorías “niñas y adolescentes” no son socialmente homogéneas. Si abordáramos esta problemática interseccionalmente, tendríamos que preguntarnos ¿de qué territorios provienen esas niñas?, ¿cuál es su condición socioeconómica?, ¿son migrantes?, ¿son indígenas?, ¿pertenecen al colectivo LGTBQ+?, ¿han sido víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual? Consideramos que desagregar las cifras es un acto epistémico-político que debería ser considerado a la hora de formular políticas públicas y discutir el problema.

Como han señalado algunas lecturas interseccionales de la salud (Bowleg, 2012; Hankivsky, 2014; Santos-Madrigal, 2024), no se trata de “sumar” categorías de opresión sino analizar cómo éstas se co-constituyen produciendo experiencias de salud cualitativamente distintas. En el caso del aumento del suicidio adolescente femenino en Chile esto implicaría que una adolescente pobre, racializada y del sur austral no “acumula” factores de riesgo, sino que habita una posición específica en la estructura social que produce formas particulares de sufrimiento y de invisibilidad ante el sistema sanitario. 

Parafraseando a Fisher, la “privatización” del malestar opera diferencialmente según estas coordenadas interseccionales. Si bien no hemos encontrado estudios que analicen los datos desde dichas coordenadas, algunas cifras son de atender.

Un estudio de la CEPAL con datos de la Encuesta nacional de Juventudes, señala que en 2022 el 46% de los jóvenes no heterosexuales de 15 a 29 años presentó sintomatología depresiva –frente al 25% de sus pares heterosexuales– y que el 40% reportó ideación suicida –frente al 20,5%-, brechas que se ampliaron respecto de la medición de 2015. 

A su vez, los resultados de un estudio de 2021 indican que las regiones del sur –Aysén, Los Lagos, Magallanes y Los Ríos, todas con fuerte presencia indígena y ruralidad– concentran las tasas más altas de suicidio juvenil del país, con brechas especialmente pronunciadas entre hombres de 20 a 24 años. En ese grupo, un joven de la región con mayor mortalidad (Aysén) tiene el doble de riesgo de suicidio que uno de la región con menor mortalidad (Arica y Parinacota).

Esto nos lleva a reformular la pregunta de Fisher: ¿cómo hemos llegado a aceptar que tantos/as/es jóvenes no deseen vivir, decidan atentar contra su vida y que esto sólo sea noticia ante lamentables casos de suicidios visibilizados por la espectacularización de los medios, descuidando notablemente una reflexión pública sostenida sobre las condiciones sociales en las que se inscribe el problema? Una pregunta que consideramos urgente abordar para implementar acciones de cuidado colectivo situadas y sensibles a la complejidad del problema. Aquí, los estudios críticos en ciencias sociales de la salud mental son fundamentales pese a que, dicho sea de paso, actualmente no se consideren prioritarios para el país en materia de investigación. Lo cierto es que en la arena pública la narrativa securitaria se ha impuesto por sobre otros temas de preocupación referente a las juventudes. Será, por tanto, fundamental insistir en la necesidad de realizar estudios profundos, transdisciplinarios y que atiendan a la experiencia de las/les/los jóvenes desde sus implicaciones sociales e interseccionales.

NOTA:  En Chile existen canales de ayuda para personas que presenten pensamientos suicidas, como el Fono Salud Responde de MINSAL: 600 360 7777 (opción 2), la Línea de Prevención del Suicidio (*4141) y la plataforma Saludablemente.