Señor director:

“Es antideportivo, es deshonesto”. Con esas palabras, “El Chanfle” se negó a cumplir la orden del entrenador Moncho Reyes, quien le pidió entrar a la cancha para interrumpir el juego del equipo rival. La escena pertenece a “El Chanfle”, película escrita y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños en 1979. Han pasado casi 50 años y aquella sencilla respuesta mantiene una incómoda vigencia.

La primera parte de aquella frase tiene un antecedente conocido en la carrera de Natalia Ducó. En abril de 2018, un control de dopaje detectó una sustancia prohibida y, en febrero de 2019, fue sancionada con tres años de suspensión.

Cumplió su sanción y volvió a competir. En 2022 ganó la medalla de oro en lanzamiento de bala en los Juegos Suramericanos de Asunción. Su regreso demuestra algo sencillo. Una sanción deportiva tiene consecuencias, pero también tiene un término. Cumplida la sanción, recuperó su derecho a competir y tuvo la oportunidad de reconstruir su carrera.

Por eso, el problema no está en seguir juzgando a la deportista por una infracción ya sancionada. El problema aparece cuando dejamos a la deportista y comenzamos a hablar de la autoridad pública.

El 23 de abril de este año, un vehículo institucional trasladó a la entonces ministra hasta una residencia particular en Lo Curro. Posteriormente, una denuncia ante la Contraloría cuestionó un eventual uso indebido del automóvil fiscal. El Ministerio del Deporte sostuvo que el traslado correspondía a una reunión de trabajo. Luego se conocieron registros audiovisuales de una celebración privada realizada aquella noche.

No corresponde anticipar lo que resolverá la Contraloría, pero legalidad y legitimidad no son lo mismo. Una autoridad puede no haber sido sancionada y, aún así, su conducta puede afectar la confianza con que reconocemos el ejercicio del poder. La probidad administrativa forma parte de esa confianza y exige un desempeño honesto y leal.

El 14 de agosto, Ducó dejó el Ministerio. Solo 24 días después regresó al Gobierno como asesora del Segundo Piso de La Moneda, mientras la Contraloría todavía no concluye su investigación.

Y no se trata de un lugar cualquiera. Como planteaba Max Weber, la política también supone participar del poder o influir sobre su distribución. Entonces, el problema deja de ser únicamente Natalia Ducó. También está en la señal que entrega el Gobierno cuando decide reincorporarla a un espacio cercano al poder mientras una institución del Estado todavía investiga lo ocurrido.

No se trata de negar una segunda oportunidad. La deportista cumplió tres años y volvió a competir. Tres años. La autoridad pública necesitó 24 días para volver al Gobierno. Veinticuatro días. Y la Contraloría todavía no termina su trabajo.

¿Son suficientes 24 días? Esa respuesta ya no corresponde únicamente a Ducó. También corresponde al Gobierno que decidió reincorporarla.

En el deporte existen reglas del juego. En la política también. Su importancia está en que todos reconozcamos que existen y que se aplican incluso a quienes están cerca del poder.

Quizás “El Chanfle”, hace casi 50 años, entendió algo que nosotros tendemos a complicar. Una cosa es aquello que “es antideportivo” y otra aquello que “es deshonesto”.

Lo primero tuvo una sanción de tres años.

Sobre lo segundo, todavía estamos esperando.