Documentos secretos del Archivo Berrutti revelan que las inteligencias militares de Chile y Uruguay colaboraron tras el golpe de 1973. El intercambio se nutrió de información obtenida bajo tortura de uruguayos detenidos en el Estadio Nacional. Los antecedentes permitieron identificar redes del grupo subversivo Tupamaros. El 16 de octubre de 1973, el mayor Mario Lavanderos, quien estuvo a cargo de los extranjeros en ese campo de prisioneros, quebró esa dinámica al entregar a 54 detenidos uruguayos al embajador de Suecia, Harald Edelstam. Poco después, en la madrugada del 18 de octubre, el mayor Lavanderos fue asesinado por el coronel David Reyes Farías, quien recibió una condena sin cárcel efectiva que fue ratificada recién en 2015 por la Corte Suprema.

Los servicios de inteligencia militar de Chile y Uruguay mantuvieron una estrecha colaboración en los días posteriores al golpe de 1973, en especial a través del traspaso de la información que entregaban bajo tortura poco más de medio centenar de uruguayos detenidos en el Estadio Nacional. Así lo demuestran documentos confidenciales contenidos en el Archivo Berrutti, revisados por CIPER. Este archivo está compuesto por miles de documentos microfilmados y descubiertos en instalaciones militares cuando Azucena Berrutti fue ministra de Defensa de Uruguay, entre 2005 y 2008, pero que se mantuvieron bajo reserva por casi dos décadas. CIPER pudo comenzar a revisarlos este año. 

Los documentos analizados serán incorporados a la plataforma “Papeles de la Dictadura”, una iniciativa de CIPER y el CIP.UDP para poner a disposición del público miles de documentos de los años del régimen militar (ingrese acá a la plataforma “Papeles de la Dictadura”).

Los legajos con datos provenientes de los presos en el Estadio Nacional contienen direcciones de casas de seguridad, listas de asilados políticos y, en algunos casos, transcripciones de interrogatorios a detenidos. CIPER decidió no publicar estos últimos relatos porque son testimonios obtenidos bajo apremios. 

Como lo prueba un proceso judicial que la Corte Suprema cerró recién en 2015, el paso de los detenidos uruguayos por el Estadio Nacional terminó con un coronel de ejército asesinando a un mayor, debido a que este último liberó a 54 de estos prisioneros, entregándolos a la embajada de Suecia en Chile.  

“LA GUACHA CHICA”

La mayor preocupación de los militares uruguayos en esos días era conocer las redes de trabajo que el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) construía en Chile. Este era un grupo guerrillero urbano de izquierda en Uruguay, fundado a principios de la década de 1960 por Raúl Sendic y José “Pepe” Mujica, quien llegó a ser presidente de su país.

De hecho, el Servicio de Información de Defensa de Uruguay mantenía un registro de los movimientos en Chile de los tupamaros desde antes del golpe militar, como evidencia la documentación revisada por CIPER. Esta vigilancia incluía la identificación de los miembros de esta organización, sus vínculos con miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno y sus desplazamientos dentro y fuera de nuestro país.

Sin embargo, fue recién después del golpe militar que los equipos de inteligencia de ambos países lograron sistematizar antecedentes clave sobre las casas de seguridad de los tupamaros. Uno de los primeros hallazgos, gracias a las confesiones de los detenidos, es la existencia de una residencia que llamaban “La Guacha Chica” (ver documento).

Esta instalación era una lavandería llamada “Uruguay”, ubicada en la intersección de las calles Jofré y Lira, en Santiago. Los militares luego lograron identificar otras dos propiedades vinculadas al exilio uruguayo: una en las Torres de San Borja y otra próxima a calle Londres, cuyas direcciones exactas no aparecen en los papeles obtenidos por CIPER.

Durante esos días de colaboración entre los militares de ambos países, el Servicio de Información de Defensa de Uruguay engrosó las fichas individuales de miembros de la izquierda uruguaya que fueron detenidos en Chile. Y también reconstruyó los desplazamientos de algunos de ellos por Argentina y Cuba, donde cientos de tupamaros viajaron al exilio.

Estadio Nacional (Fuente: Facebook Estadio Nacional, Memoria Nacional)

UN CORONEL ASESINA A UN MAYOR

Sin embargo, toda esta colaboración se derrumbó a partir del 12 de octubre de 1973, cuando el mayor Mario Iván Lavanderos Lataste es destacado en el Estadio Nacional para quedar a cargo de la sección de extranjería de ese campo de prisioneros, en reemplazo del también mayor Carlos Meirelles.

El 16 de octubre, y sin consultar a sus superiores, Lavanderos dispuso de forma inesperada la entrega al embajador de Suecia en Chile, Harald Edelstam, de 54 ciudadanos uruguayos detenidos en el Estadio Nacional, como relataron años después y en distintas entrevistas el diplomático sueco Rolf Bengtsson y el líder de los prisioneros uruguayos, Julio Baráibar.

Por cierto, la noche siguiente a esa decisión, Lavanderos fue asesinado en el Casino de Oficiales de la Academia de Guerra por el coronel David Reyes Farías, quien había sido su profesor de Inteligencia.

Según reconstruyó un proceso que llevó la justicia, en la madrugada del 18 de octubre de 1973, cuando ambos ya se encontraban solos en las instalaciones del casino -pero tras una discusión que fue observada por un testigo-, Reyes Farías puso su pistola en la boca de Lavanderos y disparó, como corroboró también un peritaje de la Policía de Investigaciones. 

En 1975, la justicia militar sobreseyó la causa por falta de testigos, pese a que una persona presenció la disputa previa al homicidio, como lo estableció la investigación que se desarrolló tras el retorno de la democracia. Recién en 2015 la Corte Suprema ratificó la condena del teniente coronel Reyes a tres años y un día de prisión, en su calidad de autor material del homicidio, aunque le concedió el cumplimiento de dicha pena bajo libertad vigilada intensiva (vea esa sentencia). 

“Lo declararon culpable, pero sin justicia y sin castigo”, dijo a CIPER la sobrina mayor de Lavanderos sobre ese dictamen judicial.

Pese a este traspié, la inteligencia uruguaya mantuvo sus operaciones en Chile, pero desde entonces concentró sus esfuerzos en obtener listas detalladas de los ciudadanos de ese país asilados en las embajadas de Suecia y Argentina.

Desde la sede diplomática argentina la información llegó de forma reiterada, lo que sugiere la existencia de un informante al interior de esa legación diplomática. La vigilancia continuó por años y se extendió a la interceptación de la correspondencia de los exiliados uruguayos en ambos países, según revelan varios documentos del rollo microfilmado 1145 revisado por CIPER.