El autor de esta columna analiza las declaraciones del Presidente Kast cuestionando las cifras oficiales de pobreza. Sostiene que “si como sociedad realmente queremos superar la pobreza, resulta fundamental fortalecer las instituciones laborales y la capacidad de negociación de la clase trabajadora. Mientras eso no ocurra, los aportes estatales son los que impiden que los bajos salarios y las pensiones insuficientes se traduzcan en una pobreza aún mayor”.

Imagen de portada: foto referencial (Víctor Huenante / Agencia Uno)

El lunes 10 de agosto, el Presidente José Antonio Kast cuestionó las cifras oficiales de pobreza publicadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) a inicios de este año. La intervención fue, a lo menos, errática: sembró dudas sobre la última reducción de la pobreza, aludiendo a una crítica metodológica que había hecho anteriormente Jorge Quiroz a propósito de la Casen 2022, en torno al tratamiento del alquiler imputado. También cuestionó la sostenibilidad fiscal de los aportes estatales que contribuyen a la reducción de la pobreza.

Las declaraciones del mandatario exigen aclarar, en primer lugar, las confusas referencias a la metodología de cálculo de la pobreza. Más importante aún, abren una discusión política sobre el rol que cumplen el mercado y el Estado en la estructura de ingresos de los hogares y su impacto sobre la pobreza.

Sobre el primer punto, Kast sostuvo que “nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido (…) y fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo a lo que correspondía porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”.

Para identificar a un hogar como pobre, se comparan sus ingresos monetarios por persona equivalente con la línea de pobreza correspondiente. Este umbral se determina calculando el costo de consumir 2.000 kilocalorías diarias como requerimiento energético mínimo de referencia, a lo cual se suma un gasto asociado al consumo no alimentario. La Casen es el instrumento oficial de medición de pobreza en Chile desde 1987.

La metodología fue actualizada a partir de una propuesta elaborada por una comisión experta compuesta por especialistas de distintas trayectorias y sectores, incluyendo a una persona de Libertad y Desarrollo y a otra de Fundación SOL. En la medición de la pobreza participaron, además del MDSF, el INE, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Cadem, la CEPAL y el PNUD.

Uno de los principales cambios propuestos fue el establecimiento de dos líneas de pobreza, una para hogares arrendatarios y otra para hogares no arrendatarios. Con ello, la actualización resolvió el problema metodológico señalado por Jorge Quiroz en torno al tratamiento del alquiler imputado, dejando en evidencia la pobre comprensión técnica que subyace a la afirmación del Presidente. En conjunto, la actualización elevó la exigencia de la medición para adecuarla mejor a la realidad material del país, reflejando con mayor claridad la precariedad estructural que enfrentan amplios sectores de la sociedad chilena.

Aplicada a 2024, la nueva metodología estima una pobreza de 17,3%, frente al 4,9% que habría arrojado la metodología anterior. A su vez, la disminución frente al 20,5% observado en 2022 se realiza bajo criterios comparables.

No hay duda de que, en el ámbito académico, el debate metodológico es central para la creación de conocimiento. Sin embargo, el cuestionamiento infundado del Presidente de la República sobre una medición de Estado tan relevante como la pobreza es una señal de alerta, más aún en un contexto donde ya se han tomado medidas que afectan a la comunidad científica y debilitan la capacidad de pensamiento crítico de la población.

La dimensión metodológica no es lo único problemático de las declaraciones de Kast. Al plantear que “un Estado que no recauda más, ¿cómo entrega más subsidios permanentemente?”, pone el foco en la sostenibilidad fiscal de los aportes estatales. Sin embargo, omite dos dimensiones clave: la capacidad del Estado para recaudar los recursos necesarios para su financiamiento y la insuficiencia de los ingresos de mercado, que vuelve indispensables los aportes estatales.

Por un lado, la sostenibilidad de los subsidios del Estado depende no solamente del gasto, sino también de los ingresos fiscales. Una de las principales consecuencias del proyecto más relevante de este gobierno, el Plan de Reconstrucción Nacional, es justamente el riesgo fiscal que implica.

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el proyecto tendría un impacto fiscal neto negativo. Entre las medidas contempladas en el proyecto que reducirían la recaudación destacan la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, la reintegración del sistema tributario y la compensación al Fondo Común Municipal derivada de la eliminación del pago de contribuciones. Además, la reiteración de mecanismos como la repatriación de capitales puede debilitar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo. De esta forma, una restricción que Kast da por sentada en su relato constituye, por el contrario, una estrechez fiscal que su Gobierno contribuiría a profundizar.

Por otro lado, omite la causa estructural que explica la necesidad de los aportes estatales para sostener materialmente a los hogares chilenos: la insuficiencia de los ingresos que no provienen de transferencias estatales. Se trata, concretamente, de los ingresos laborales y las pensiones autofinanciadas del sistema de AFP. Según estimaciones de Fundación SOL, la pobreza de mercado (excluyendo aportes estatales) sería muy superior al 17,3% oficial y alcanzaría un 25%.

Una revisión de las cifras permite dimensionar la magnitud del problema. El 42% de las personas ocupadas no podría sacar de la pobreza a un hogar propietario compuesto por tres personas, cifra que se eleva al 63% en el caso de los hogares arrendatarios (Fundación SOL, 2026a). Por su parte, el salario mínimo líquido vigente equivale apenas al 55% de la línea de pobreza para un hogar arrendatario de tres personas (Fundación SOL, 2026b).

En materia de pensiones, la situación es aún más dramática. Si no se consideran los aportes estatales (PGU o Aporte Previsional Solidario), el 50% de las personas jubiladas a diciembre de 2025 recibió una pensión inferior a $170.000. En el caso de las mujeres, la mitad recibió una pensión inferior a $119.000 (Fundación SOL, 2026c). Las bajas pensiones no son una anomalía del sistema de AFP y no se resuelven con mayores cotizaciones o saldos acumulados en la cuenta individual. Incluso con un ahorro previsional acumulado de $100 millones, la pensión obtenida no superaría el salario mínimo líquido (Fundación SOL, 2026d).

Sin embargo, este gobierno ha avanzado hacia una precarización aún mayor. Una de sus primeras medidas fue el retiro del proyecto de ley de negociación multinivel, que habría permitido, al menos parcialmente, fortalecer a los trabajadores organizados. La contención del salario mínimo, limitada al reajuste por inflación, la propuesta de modificar el mecanismo de cálculo de la Ley de 40 horas y su posible impacto sobre los ingresos por horas extra, o la propuesta de sustituir la Indemnización por Años de Servicio dan cuenta de cómo los ingresos que permitirían a los trabajadores superar la pobreza son tratados meramente como un costo laboral. La política de este gobierno, guiada por la contención salarial y los recortes al gasto público, amenaza con condenar a la clase trabajadora a la pobreza.

En el centro de la pobreza en Chile hay un problema que no se agota en cuestiones metodológicas ni de sostenibilidad fiscal: la incapacidad del mercado para garantizar ingresos dignos durante la vida laboral y en la vejez. La formación de salarios depende, esencialmente, de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. Si como sociedad realmente queremos superar la pobreza, resulta fundamental fortalecer las instituciones laborales y la capacidad de negociación de la clase trabajadora. Mientras eso no ocurra, los aportes estatales son los que impiden que los bajos salarios y las pensiones insuficientes se traduzcan en una pobreza aún mayor.