Entre 1981 y 1983, la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, prima de Augusto Pinochet, recibió información de la directora del Sename y de diplomáticos sobre adopciones irregulares y “tráfico de niños” chilenos hacia Estados Unidos e Italia, lo que la llevó a realizar una investigación reservada. Los documentos de la hasta ahora desconocida indagatoria, a los que accedió CIPER, revelan que la información fue entregada al presidente de la Corte Suprema de la época, Israel Bórquez. Desde el Poder Judicial confirmaron que esos contactos existieron y que tienen algunos antecedentes sobre la investigación que hizo Madariaga. Entre los datos recopilados figuran una notificación en 1982 del entonces subsecretario de Relaciones Exteriores acerca de que el cardenal Antonio Samoré pidió facilitar una adopción para una pareja italiana. Los documentos consignados en este reportaje se incorporaron a la plataforma “Papeles de la Dictadura”, una iniciativa conjunta de CIPER y del CIP-UDP.
La Corte Suprema recibió el 23 de marzo de 1982 un reporte detallado con información que ya entonces denunciaba que un “creciente número” de niños chilenos era “sacado” del país mediante “adopciones irregulares”, efectuadas por sujetos que actuaban de maneras “inescrupulosas”, como consta en un oficio que la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, envió al presidente del máximo tribunal, Israel Bórquez, y que hoy CIPER publica por primera vez. La ministra, quien era prima del dictador Augusto Pinochet, conocía estos datos porque llevó adelante una investigación sobre las adopciones ilegales de niños enviados al extranjero durante el gobierno militar. Los registros de esa indagatoria, hasta ahora desconocida, permanecen en el Archivo Nacional. CIPER accedió a esos documentos y ahora los difunde -tachando datos personales sensibles- como un aporte a la memoria histórica del país.
“Como es de conocimiento de V.S., esta Secretaría de Estado se encuentra realizando ingentes esfuerzos para enfrentar el grave problema relativo al creciente número de menores, la gran mayoría de corta edad, que son sacados fuera del territorio nacional, con el objeto de que sean adoptados en el extranjero”, alertó Madariaga al magistrado Bórquez en la Resolución N° 68/138 de marzo de 1982 de la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia (vea ese documento).
La pesquisa encabezada por la propia ministra Madariaga reunió información aportada por diplomáticos y funcionarios del Servicio Nacional del Menor (Sename), entre otras fuentes. A partir de esos antecedentes, la ministra recalcó a Bórquez su preocupación por “la comisión de constantes irregularidades en los trámites de obtención de la tuición de menores y de la autorización para su salida del país, procedimiento que se efectúa a través de intermediarios cuyas actuaciones, muchas veces inescrupulosas, escapan al control de autoridades y organismos competentes”.
Además, Madariaga alertó al magistrado por la extrema rapidez con que algunos tribunales dictaban sentencias en causas de adopciones, las que a su juicio tenían además errores de fondo y forma.
Créditos: CIPER
La investigación de Madariaga recogió testimonios y antecedentes dentro y fuera de Chile. Uno de ellos, por ejemplo, es una comunicación que le envía el entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Sergio Covarrubias, a la ministra Madariaga, en octubre de 1982, en la que le señala que la embajada chilena en Roma le notificó que el cardenal Antonio Samoré pidió facilitar la adopción de un menor a una pareja italiana. Los trámites los estaba efectuando el sacerdote católico Alceste Piergiovanni, denunciado en la actualidad por decenas de madres por la sustracción de sus hijos (revise ese documento).
De hecho, CIPER reveló en 2025 que el sacerdote Piergiovanni es la segunda persona con más denuncias investigada por la PDI en la causa por adopciones irregulares que lleva la justicia chilena, que encabeza el ministro en visita Alejandro Aguilar.
En la investigación de Madariaga también se detectaron irregularidades que ocurrían en las adopciones de niños chilenos enviados a Estados Unidos. Por ejemplo, hay comunicaciones entre cónsules chilenos en ese país, en 1982, que señalan haber detectado a familias que pagaban hasta US$5.000 a abogados chilenos para gestionar adopciones. Incluso, uno de estos reportes indica que la situación es de “gran gravedad” y que “debería pararse de inmediato” (revise esos oficios).
Incluso el hermano de la entonces ministra, Patricio Madariaga, quien era agregado comercial de Chile en Los Ángeles, le mandó una carta en diciembre de 1982, señalando que una funcionaria del consulado quería denunciar, con respaldo documental, el tráfico de niños chilenos en Estados Unidos. “Espero que esta visita te sea de utilidad para las investigaciones que estás realizando con un objetivo tan lindo y humano, que no es otro que salvar a muchos niños chilenos de caer en las garras de mafiosos para fines detestables”, señaló Patricio Madariaga (vea esa misiva).
CIPER consultó al Poder Judicial si contaba con algunos de estos antecedentes. Cuidando de no afectar la reserva de la causa, que está en etapa de sumario, el ministro Aguilar instruyó que se contestaran algunas consultas de Ciper. En esa respuesta se confirmó que hubo tres comunicaciones entre Madariaga y Bórquez: Una ocurrió el año 1982, que ahora presenta CIPER. Las otras dos ocurrieron en el año 1981 y 1980, pero no se entregó detalles de ellas.
Además, se indicó que la indagatoria a la que hace referencia Mónica Madariaga – y que ahora está revelando CIPER – no ha sido posible de obtener, propiamente tal, hasta la fecha. Respecto de cómo se encontraron estos documentos, indican que: «se produce al indagar en las anotaciones existentes en hoja de vida de un miembro del escalafón primario del Poder Judicial de la época en cuestión«.
EL ANÁLISIS QUE LA MINISTRA MADARIAGA ENTREGÓ A LA CORTE SUPREMA
El análisis que la ministra de Justicia entregó al presidente de la Corte Suprema detalló graves irregularidades. Para entonces, el ministro Bórquez ya era consciente de esta investigación que llevaba adelante Mónica Madariaga, como lo deja claro el mensaje que ella le remitió en 1982. Uno de los aspectos que más preocupaba a la secretaría de Estado en ese momento era la “extrema rapidez de los tribunales en la dictación de las sentencias (…) en muchos casos la sentencia es dictada a solo escasos días del nacimiento del menor”.
Ella sostiene, además, en aquel documento, que “la mayoría de las sentencias adolecen de errores de fondo y forma”. De hecho, explicó que muchas autorizaban la entrega de menores y su salida de Chile mediante una medida de protección, pese a que “la Ley de Menores en ningún caso faculta para aplicar tal medida en el extranjero”. La ministra detectó estas deficiencias en sentencias dictadas en 1981 por juzgados de menores de Puerto Montt y de Concepción.
En otras sentencias de 1982, dictadas por juzgados de menores de Talca y San Fernando, Madariaga observó que se imponían a los adoptantes extranjeros obligaciones como enseñar a los niños historia y geografía de Chile y darles clases de español, a pesar de que “no existe ningún mecanismo que garantice el cumplimiento de tales obligaciones”.
Ante estos hallazgos, Madariaga pidió a Bórquez que la Corte Suprema instruyera a los magistrados a cargo de estos casos. Propuso tres medidas: agotar en Chile todas las alternativas de protección antes de autorizar, a solicitud de extranjeros, la tuición y salida del país de un menor; aplicar solo las disposiciones legales pertinentes y, finalmente, examinar cada caso en profundidad para detectar posibles irregularidades o ilegalidades.
En ese contexto, según la documentación revisada por CIPER, la entonces directora nacional del Sename, María Cecilia Milevcic, reiteró por escrito a los presidentes y directores de instituciones colaboradoras las normas vigentes sobre adopciones. Entre ellas, que las gestiones debían ser gratuitas y no podían implicar cobros en dinero o especies ni constituir una fuente de ingresos para la institución (vea esa circular).
Además, Milevcic indicó que quienes quisieran adoptar debían hacerlo ante los juzgados de menores. “No pueden participar funcionarios del establecimiento [que mantenía el cuidado del niño] en ninguna gestión relacionada con la materia”, señaló la funcionaria en aquel documento.
Posterior a la comunicación entre Madariaga y el presidente de la Corte Suprema, la ministra siguió recibiendo datos que alertaban sobre nuevos casos. En ese contexto recibió la mencionada carta de su hermano, Patricio Madariaga, desde Los Ángeles, en la que él le manifestó que una funcionaria del consulado quería denunciar. La documentación entregada por esa funcionaria permitió que en 1983 el Servicio Nacional de Menores (Sename), a cargo de María Cecilia Milevcic, le entregara a la ministra Madariaga un informe con los resultados de una investigación. Esta concluyó que había irregularidades que ocurrían en la tramitación de adopciones y acusó de ellas a un asistente social de Concepción, que gestionaba adopciones para familias mormonas.
En el informe de María Cecilia Melivcic se señala que, ya en 1979, el cónsul general de Chile en Los Ángeles, Ricardo León, había denunciado estos hechos [el asistente social de Concepción] y que, posteriormente, el Consejo Nacional de Menores informó a la Subsecretaría de Justicia de los resultados de la investigación. “Dicho informe confirma que esta persona gestionaba adopciones para familias extranjeras y que los procedimientos utilizados eran irregulares”, informó Milevcic a Madariaga (vea ese documento reservado).
Para demostrarlo, la funcionaria adjunta una serie de documentos. Uno de ellos fue emitido en 1979 por el presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de ese entonces, Spencer W. Kimball, el que señala: “Hemos tenido conocimiento de que algunos miembros de la iglesia continúan haciendo arreglos ilegales e impropios de adopciones privadas u otra clase de servicios de colocación de niños” (vea ese archivo). Kimball admite que esta situación es una violación de la ley local y que, por consiguiente, los oficiales o miembros de la iglesia no deben estar involucrados en este tipo de actos y que “inmediatamente se debe dar fin a estas actividades”.
Además de este caso, siguieron llegando más antecedentes. En 1983, el cónsul general de Chile en Los Ángeles, Hernán Fuenzalida, le envió a la ministra Madariaga un compendio de documentos sobre adopciones. “Sírvase encontrar oficio enviado el que se explica por sí solo”, dice el documento.
En el compendio figura una comunicación ocurrida en 1982 entre el cónsul honorario de Seattle y el cónsul general de Chile en San Francisco. Allí señala que en esa fecha al menos cuatro matrimonios y una mujer habían solicitado la adopción de niños chilenos y que dos oficiales de marina mercante de la empresa Delta Lines estaban comenzando con dicha gestión. “Estos oficiales ya han cancelado algo a los abogados, quienes le han cobrado la cantidad de US$5.000 a cada uno para hacer las gestiones concernientes a la adopción”, dice el documento (véalo aquí).
Dentro de estos papeles figura también una comunicación ocurrida el 19 de agosto de 1981 entre el cónsul honorario de Chile en Seattle, Kerry N. Monterey, y el consulado de Chile en Washington, sobre temas que debían tratar en sus labores diplomáticas. Uno de ellos dice: “Adopción de niños chilenos por ciudadanos norteamericanos.- Gran negocio de ‘Agencias Especializadas’ aquí en EE.UU., como asimismo de algunas personas en Chile. Sugiero que esto debería pararse de inmediato o bien, debería pasar por una prolija intervención de los Sres. Cónsules para determinar al respecto.- caso que lo considero de gran gravedad”. (vea ese documento)
En el ya mencionado documento de octubre de 1982 en que el subsecretario de Relaciones Exteriores informó a Mónica Madariaga que el cardenal Samoré pidió facilitar una adopción para una pareja italiana, se señala que ese proceso no pudo continuar porque el juez del Primer Juzgado de Menores de Rancagua se negó, basándose en una circular emitida por la Corte Suprema. El entonces subsecretario Covarrubias le pidió a la ministra Madariaga que le informara “acerca del eventual impedimento que existiría para llevar adelante la solicitud y así poder dar una adecuada respuesta a la solicitud del señor Cardenal Samoré”.
En 2025, CIPER reveló que el padre Alceste gestionó desde los años 70 la entrega de niños chilenos a familias de Italia, principalmente, pero también de Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Decenas de madres denunciaron al sacerdote Piergiovanni por la sustracción de sus hijos y es la segunda persona con más denuncias investigada por la PDI en la extensa causa por adopciones irregulares que lleva el ministro en visita Aguilar (vea el reportaje: “La historia del sacerdote Alceste Piergiovanni: la segunda persona con más denuncias por adopciones irregulares investigada por la PDI”)
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El Estado chileno no ha cumplido con su deber de esclarecer y facilitar el reencuentro de las víctimas de adopciones irregulares de niños sustraídos durante la dictadura en el contexto de las violaciones de derechos humanos , tanto dentro como fuera del país. situación develada por el INDH. Las historias de las víctimas son desgarradoras, muchas madres han denunciado que se les hizo creer que sus hijos habían muerto al nacer, descubriendo años mas tarde que habían sido dados en adopción sin su consentimiento. Un tema que debe preocupar a las autoridades
