Los hechos ocurrieron mientras era conservador en Cauquenes y constituyen un nuevo flanco judicial para Yamile Najle, el suspendido conservador de Chillán, formalizado en la arista bielorrusa del caso Hermosilla. La semana pasada, la corte de Talca sumó una nueva suspensión en su contra, esta vez, por emitir certificados de hipotecas que omitieron un embargo vigente sobre un predio de Cauquenes. CIPER tuvo acceso al escrito de la corte que resuelve un sumario de seis meses. En este caso, entre los hechos verificados consta que el inmueble fue subdividido, pasó por dos sociedades inmobiliarias que compraron y vendieron los terrenos, y que posteriormente algunos fueron adquiridos por terceros. Misma sanción recibió la notaria suplente y estrecha colaboradora de Najle, Gloria Rivera. También fue sancionado Matías Jorquiera, hijo de otra conservadora del Maule, cuya nominación para suceder a Najle como interino en Cauquenes ya había sido cuestionada por depósitos de $3 millones mensuales realizados a su antecesor durante seis meses tras asumir. La Corte envió los antecedentes del sumario al Ministerio Público, mientras que la Fiscalía Regional del Maule ya instruyó diligencias.

El pasado 24 de agosto, la Corte de Apelaciones de Talca decidió sumar una nueva suspensión por cuatro meses al conservador de Chillán, Yamile Najle, por su responsabilidad en la emisión de certificados de hipotecas y gravámenes que omitieron un embargo vigente sobre un inmueble de Cauquenes. La misma sanción, la más alta para un procedimiento administrativo, recibió Gloria Rivera Rivera, principal colaboradora de Najle y su suplente durante su gestión como conservador de bienes raíces de esa ciudad.

La resolución establece que Najle emitió siete certificados en los que no consignó un embargo que pesaba desde 2009 sobre un predio. Rivera hizo lo mismo en otros dos documentos mientras ejercía como conservadora suplente. Esos certificados fueron emitidos durante un período en que el inmueble fue transferido, subdividido y posteriormente vendido en lotes a terceros.

Los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca determinaron que esos hechos podían constituir una “falta a la verdad” y “en abuso de su cargo»:

“En este sentido, resulta atendible lo establecido por el artículo 193 del Código Penal que dispone: ‘Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: (…) Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales’, figura que se corresponde con la actuación del señor Najle Alée y la señora Rivera Rivera al emitir los certificados en cuestión, en ejercicio de su oficio como ministros de fe, atendida su calidad de conservadores de bienes raíces, ya sea titular o suplente”.

Según advierte el tribunal en su resolución, los antecedentes contenidos en la denuncia que dio origen al proceso disciplinario ya habían sido remitidos al Ministerio Público en enero, por lo que el tribunal volvió a enviarlos con el fin de abrir una investigación penal. CIPER confirmó que, a partir de estos antecedentes y un segundo proceso administrativo también relacionado con presuntos incumplimientos en la emisión de certificados de hipotecas, la Fiscalía Regional del Maule inició una investigación que quedó a cargo del fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca. Hasta ahora, la causa se mantiene abierta y contempla diligencias a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Linares. Según fuentes conocedoras de la indagatoria, se apunta a esclarecer eventuales delitos de falsificación de instrumento público, prevaricación y estafa.

La decisión del tribunal de alzada abre un nuevo flanco para Najle, quien además es investigado por lavado de activos en la causa denominada trama bielorrusa. En esa investigación, la Fiscalía Regional de Los Lagos imputa a Najle haber triangulado $25 millones a través de transferencias realizadas a Gonzalo Migueles, la pareja de la exsuprema, Ángela Vivanco. Según el Ministerio Público, el conservador ocultaba pagos relacionados con las gestiones de la exmagistrada en la disputa judicial entre Codelco y el consorcio bielorruso, Belaz Movitec. Por esos antecedentes, según publicó Radio Bío Bío, el pasado 5 de junio la Corte de Apelaciones de Chillán ordenó abrir un cuaderno de remoción contra Najle, quien hasta la fecha se encuentra suspendido de sus funciones.

Najle es indagado en al menos tres causas penales distintas y en al menos tres procesos administrativos. Aparte de la trama bielorrusa y esta nueva causa por presuntas irregularidades en el conservador de Cauquenes, CIPER reveló en enero pasado que el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, investiga una acusación realizada por el abogado imputado en la causa bielorrusa, Eduardo Lagos, en su declaración ante la fiscalía. En esta aseguró que la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja de uno de sus socios Gabriel Silber, había recibido $300 millones para intervenir en la designación como conservador en Chillán de Yamile Najle (lea ese artículo).

Najle también aparece en otro proceso disciplinario que fue dado a conocer por El Mostrador en febrero pasado, y que también lo revisa la Corte de Apelaciones de Talca. En este se indaga presuntas gestiones de la conservadora de Talca, Camila Jorquiera, para favorecer el nombramiento de su hijo, Matías Jorquiera, como reemplazante de Najle. De acuerdo con esos antecedentes, la titular archivera de Talca, habría solicitado a la entonces presidenta de la corte de apelaciones de esa ciudad, Marisol Ponce, intervenir en favor de Jorquiera cuando este integraba una quina junto a otros cuatro abogados.

Según antecedentes, Najle y Jorquiera se conocen. De acuerdo con otro artículo de El Mostrador, el conservador de Chillán recibió ocho depósitos por un total de $21 millones de parte de Jorquiera hijo, poco después de que este asumiera como conservador interino en Cauquenes. En esa oportunidad, el abogado Jorquiera explicó al medio que los traspasos correspondían al pago del arriendo de un inmueble comercial a Yamil Najle en Cauquenes.

El sumario que acaba de resolver el tribunal de alzada, se origina en hechos ocurridos entre 2012 y 2024, cuando Najle se desempeñaba como conservador de Cauquenes. La investigación estuvo a cargo del fiscal judicial Óscar Lorca, de la Segunda Fiscalía Judicial de Talca, y se inició a partir de una denuncia que apuntaba a Najle, Rivera y Matías Jorquiera. Este último fue sancionado con una censura por escrito –expresión que queda registrada en su hoja de vida–, por no haber informado al Juzgado de Letras de Cauquenes ni al Ministerio Público sobre las irregularidades cometidas durante la administración de Najle.

CIPER contactó al conservador Najle para solicitarle su versión sobre el proceso administrativo, pero declinó responder nuestras preguntas. El abogado que lo representa en el sumario, el exministro de la corte de Talca, Rodrigo Biel, indicó a CIPER que no podía referirse a la causa ya que los procesos administrativos son privados. Al ser consultado sobre si buscará revertir la sanción, señaló que “la posibilidad de impugnar está siempre presente» y que hoy se contactaran con Najle “para preguntarle si estima pertinente que apelemos y, si es así, obviamente que presentaremos un recurso de apelación”.

Por su parte, Gloria Rivera, solo respondió uno de los intentos de contacto de CIPER a través de un mensaje de texto, pero hasta el cierre de este artículo no ha respondido la pregunta en la que se le consultaba por su versión de los hechos investigados. También se enviaron correos y se contactó telefónicamente al estudio de abogados del que forma parte su defensor, Sergio Pozo —el mismo estudio al que pertenece el abogado de Najle—, pero tampoco se recibió respuesta a esos intentos de contacto.

El abogado Matías Jorquiera, en tanto, consultado sobre por qué no efectuó denuncias respecto de las irregularidades investigadas, sostuvo que la pregunta parte de una premisa que no se ajustaría al rol que desempeñó. Según explicó, se trata de una “supuesta irregularidad de larga data”, que fue detectada durante su gestión como conservador interino, a partir de nuevos protocolos de revisión que él implementó. 

Afirmó además, que una vez advertido el problema, informó “directamente a los posibles afectados y titulares de las acciones legales correspondientes, sin ocultar ni minimizar los hechos, priorizando transparentar el problema registral y evitar así mayores perjuicios”. Consultado sobre la posibilidad de apelar a la resolución del tribunal de alzada, indicó que “habiendo transcurrido solo dos días desde la notificación, se estaría recién evaluando una eventual apelación junto a mi defensa legal”.

Corte de Apelaciones de Talca (Créditos: Poder Judicial)

LA CRONOLOGÍA DE LOS CERTIFICADOS

Según lo señalado en la resolución de la corte, en 1997 un comerciante de Cauquenes registró a su nombre el terreno Hijuela Primera del Fundo Santa Rosa. Doce años después, el 10 de agosto de 2009, el Juzgado de Letras de Cauquenes autorizó su embargo a favor del Banco Santander. CIPER revisó esa causa y, hasta la fecha, no existen antecedentes de que la medida haya sido eliminada.

A pesar del embargo, el inmueble fue transferido en al menos tres ocasiones. Fue dividido en 59 lotes, pasó por dos sociedades con giro inmobiliario y posteriormente algunos fueron adquiridos por terceros que pueden no estar al tanto de la medida judicial que existe sobre los terrenos. 

De acuerdo con los antecedentes del proceso administrativo, en julio de 2012, cuando Najle era conservador de Cauquenes, el juzgado de letras de esa ciudad envió al conservador el expediente del embargo. Pero, según la resolución del tribunal, el archivo  se extravió y hasta hoy no ha podido ser ubicado. El pasado 27 de agosto, según los registros del Poder Judicial de la causa civil, el tribunal ordenó reconstruir la carpeta del caso.

Los hechos acreditados en la investigación administrativa son los siguientes:

• La primera transferencia de la propiedad ocurrió en 2010, cuando el terreno fue adjudicado a la cónyuge del primer propietario, Patricio Torres. 
• En 2012, mientras Najle era conservador de Cauquenes, el tribunal de letras de esa ciudad envió el cuaderno de embargo del proceso rol 53.869. 
• Entre mayo de 2014 y enero de 2018, Najle emitió siete certificados de hipotecas y gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar y litigios en los que omitió el embargo. 
• En 2014 el terreno se subdividió en 59 lotes. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII) el avalúo fiscal de cada uno hoy supera los $11 millones.
• En febrero de 2018, un mes después del último certificado emitido por Najle, Rivera, actuando como conservadora suplente, suscribió otro certificado de hipotecas y gravámenes en el que nuevamente se omitió el embargo. 
• Ese mismo año, la propiedad fue vendida a la sociedad Ingeniería y Servicios Fischtec Limitada.
• En marzo de 2023, Najle emitió un documento donde confirmaba la existencia del embargo.
• Una semana después, Rivera como suplente, otorgó una nueva certificación que omitía nuevamente la medida judicial. 
• En 2024, Fischtec vendió los lotes a la sociedad Altos de Lontué SpA.  
• Ese mismo año parte de esos terrenos fueron vendidos a terceros. Según se consigna en el documento, esas operaciones también fueron inscritas por Najle.

Un antecedente que también fue investigado por el fiscal judicial es que, en octubre de ese mismo año, el primer propietario otorgó un mandato judicial y designó a Rivera para intervenir en la causa y gestionar el alzamiento de la medida, mientras ella se desempeñaba como funcionaria y conservadora suplente en Cauquenes. La corte, en todo caso, no la sancionó por ese antecedente, pues no constaba que “el mandato que le fuera conferido haya sido asumido y ejecutado por ella”. CIPER no pudo constatar la existencia de una relación entre Najle y los dueños que compraron y luego vendieron los terrenos. 

La participación de Rivera en la oficina de Najle no fue ocasional. Él ejerció como conservador de Cauquenes entre el 20 de octubre de 2010 y el 31 de julio de 2024, y ella actuó como su suplente en al menos 146 ocasiones en ese periodo. Tras el nombramiento de Najle en Chillán, Rivera también trabajó con él como notaria suplente y ambos se incorporaron al Colegio de Abogados local en junio de 2025.

Rivera también aparece mencionada en la investigación del consorcio bielorruso: el OS-7 interceptó una conversación telefónica suya en la que calificó a la exjueza Vivanco de “corrupta”.

Yamil Najle (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

DIEZ AÑOS DE PRESCRIPCIÓN

Cuatro de los cinco ministros que participaron en la decisión estuvieron por suspender a Najle y Rivera durante cuatro meses. Hubo solo un voto disidente, el del ministro suplente Álvaro Saavedra, quien estuvo por absolver a los tres investigados: Najle, Rivera y Jorquiera. En la resolución del tribunal se considera que los hechos podían ser constitutivos del delito contemplado en el artículo 193 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que, abusando de su oficio, falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales.

Esa calificación tuvo una consecuencia relevante para el procedimiento disciplinario, porque la corte concluyó que los hechos podían quedar sujetos a un plazo de prescripción de diez años y, por ello, determinó que, al menos cuatro de los siete certificados emitidos por Najle, y los dos emitidos por Rivera, todavía podían ser perseguidos disciplinariamente.

Jorquiera recibió una sanción menor: censura por escrito. La medida se basó en que, mientras ejerció como conservador interino de Cauquenes en 2024, no informó al Juzgado de Letras de esa ciudad ni denunció ante el Ministerio Público las irregularidades que se estaban produciendo en la oficina.

CIPER revisó los concursos para cargos de notario en los que ha participado Matías Jorquiera. Entre ellos está el de la Tercera Notaría de Valparaíso, en el que quedó segundo en la terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en diciembre pasado. Postuló además al de la Cuarta Notaría de Osorno, donde los ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia también lo ubicaron en el segundo lugar de la terna, en septiembre de 2025.

Jorquiera concursó al cargo de notario de la Sexta Notaría de Talca, con asiento en San Clemente. La terna fue conformada por los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca el 10 de abril pasado, cuando la denuncia por las irregularidades ocurridas en el Conservador de Cauquenes ya había sido presentada ante ese tribunal. De los seis ministros que integraron el tribunal de alzada en esa instancia, Jorquiera obtuvo solo un voto, precisamente el del ministro suplente Álvaro Saavedra, el voto disidente en el sumario (vea ese documento).

CIPER consultó al abogado sobre una eventual relación entre él y el ministro suplente, la que descartó señalando que no lo conoce.

Las razones del ministro Saavedra para absolver a los investigados en el proceso administrativo que afectó a Najle, Rivera y Jorquiera quedaron estampadas en la resolución del pleno. Según ese documento, el abogado consideró que respecto a Najle y Rivera, la omisión del embargo en los certificados debía considerarse una infracción propia de la función de los conservadores, la que según el artículo 96 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, se castiga cuando  «no son exactos sus certificados”. En  este caso, la sanción considera solo una multa. 

A su juicio, no correspondía aplicarles una falta disciplinaria más grave ni enviar los antecedentes al Ministerio Público, porque no estaba acreditado que hubieran actuado con dolo. También sostuvo que las infracciones ya estaban prescritas, pues habían transcurrido más de dos años antes de que fueran notificados del inicio del sumario. Sobre la responsabilidad de Jorquiera de no denunciar las anomalías detectadas en el conservador, Saavedra argumentó que no podía responsabilizarlo por irregularidades ocurridas antes de que asumiera como conservador interino, indicando que: 

“Fue él precisamente quien advirtió la inconsistencia que permitió la pesquisa respecto de los otros ministros de fe, anomalía que conforme a los registros vigentes era perfectamente subsanable”. 

La denuncia que dio origen al procedimiento administrativo también apuntaba a que en el Conservador de Bienes Raíces de Cauquenes no se llevaban físicamente los libros índices. Pero por ese hecho, los ministros resolvieron sobreseer a todos los investigados.