Señor director:

Se suele hablar del “mundo online” como si se tratara de un territorio nuevo, casi ingobernable, situado más allá de las fronteras del Estado. La expresión es sugerente, pero conduce a un error. Internet no elimina la jurisdicción; simplemente obliga a ejercerla de otra manera.

La discusión sobre los casinos online lo muestra con particular claridad. Un operador puede estar domiciliado en Curaçao, Malta o cualquier otro lugar, cambiar de dominio en cuestión de horas y replicar su servicio desde distintos lugares. Pretender fiscalizar ese mercado persiguiendo direcciones web se parece demasiado a intentar detener el agua cerrando sucesivamente los agujeros de un colador. El bloqueo puede ser útil, pero difícilmente puede constituir el centro de una política pública.

Hay una manera tecnológicamente más sensata de abordar el problema: invertir la pregunta. En vez de intentar determinar permanentemente qué sitios deben bloquearse, el Estado puede establecer cuáles están autorizados para ofrecer apuestas a personas ubicadas en Chile. Es decir, una lista blanca, y perseguir con fuerza a quienes promueven digitalmente al resto.

Desde allí cambia toda la arquitectura de fiscalización. Un medio de comunicación, un club deportivo, una agencia de publicidad, una plataforma digital o un influencer sabrían con precisión qué operadores pueden promocionar. Todo casino que no figure en el registro simplemente no puede anunciarse, contratar patrocinio ni utilizar intermediarios para captar clientes chilenos.

No es una extravagancia. Australia y Argentina advierten expresamente a los influencers que promocionar casinos online ilegales puede significar importantes sanciones económicas. En los Países Bajos, la autoridad puede actuar no solo contra quien ofrece apuestas sin licencia, sino también contra quienes facilitan publicidad, pagos u otros servicios a esos operadores. España, por su parte, ha aplicado multas millonarias a operadores extranjeros sin autorización.

La ventaja es evidente. Fiscalizar una empresa offshore puede ser extraordinariamente difícil; fiscalizar a un influencer que vive y recibe ingresos en Chile es bastante menos misterioso.

La tecnología, entonces, no debiera servir como excusa para una regulación más débil. Debiera obligarnos a diseñar una regulación más inteligente.

El verdadero desafío no es bloquear Internet. Es lograr que operar fuera del sistema autorizado deje de ser comercialmente atractivo. Y para conseguirlo quizá sea más eficaz controlar las puertas de entrada al mercado que perseguir, una tras otra, las infinitas direcciones de la red.