A fines de junio pasado, el Comité Noruego de Investigaciones sobre Adopciones Irregulares publicó un informe que revisó 61 adopciones de niños chilenos realizadas entre 1987 y 2010. El documento describió casos en que a sus madres se les hizo creer que los menores habían fallecido. También, que se les obligó a firmar un papel en blanco bajo engaño o amenaza de cárcel para conceder la adopción. Incluso, el reporte consigna que el representante legal de la fundación noruega involucrada en estos hechos, Adopsjonsforum, recibió USD$1.000 por cada menor adoptado durante la década de los ‘80. El comité reconoce que “las autoridades noruegas no hicieron evaluaciones exhaustivas” en estos procesos, especialmente cuando Chile atravesaba una dictadura militar “con un grado significativo de corrupción”.

El Comité Noruego de Investigaciones sobre Adopciones Irregulares, que busca determinar si existieron fallas en el control estatal de las adopciones internacionales en ese país, presentó a fines de junio pasado un informe en el que detalló la existencia de hechos de corrupción y amenazas reiteradas en la adopción de 61 menores chilenos, entre 1987 y 2010. Según se señala en el capítulo chileno del documento –el que ocupa 40 páginas de las 772 del informe–, 49 casos datan de procesos realizados antes de 1999, año en que Chile ratificó el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Las 12 adopciones restantes se realizaron durante la década siguiente. 

La investigación noruega comenzó con la creación del Comité en 2023 y concluyó el 22 de junio de este año con el informe titulado “Justiciabilidad, riesgo y confianza”, en el que se revisan los procesos de adopción provenientes de doce países. CIPER accedió al Capítulo 11 del informe, dedicado exclusivamente a las adopciones de niños chilenos realizadas entre 1985 y 2016. 

En su informe final, el comité reconoce que las autoridades del Estado noruego no observaron que se cumplieran los requisitos de la ley de adopción del país nórdico en las resoluciones de las adopciones chilenas, calificándolo como “un fallo grave”. Más aún considerando que en la época en que ocurrieron la mayoría de las adopciones, Chile atravesaba una dictadura militar. 

“Las autoridades noruegas no hicieron evaluaciones exhaustivas sobre si era justificable otorgar el permiso de tramitación para la adopción desde Chile, especialmente teniendo en cuenta que el país mantenía una dictadura militar con un grado significativo de corrupción, opresión política y graves violaciones de los derechos humanos fundamentales”, dice el escrito. 

Entre sus conclusiones, la comisión dedicó buena parte a retratar el despliegue de la organización noruega Adopsjonsforum, entidad que, según registros, tramitó adopciones desde Chile hacia el país europeo entre 1985 y 2016. En el texto se denuncian presuntos pagos a una jueza de menores de Temuco involucrada en estas adopciones, con el fin de financiar un viaje que no se realizó. También cuestiona que existiera un incentivo pecuniario para quien representaba a esa organización en Chile, dado que, según los antecedentes recopilados en su investigación, esa persona –cuya identidad no se da a conocer en el informe– recibía US$1.000 por cada niño adoptado. Y que además una trabajadora social que realizó labores de vínculo con instituciones de protección infantil públicas y cristianas para Adopsjonsforum en Chile, recibía también una retribución en dinero: USD $100 por cada caso. 

Adopsjonsforum fue la única organización de mediación noruega que contó con autorización para tramitar adopciones desde Chile hacia el país europeo durante esos 11 años. Comenzó a explorar el sistema chileno durante la dictadura, en 1979, estableciendo vínculos con instituciones como la Casa Nacional del Niño -el centro estatal de acogida y protección de menores vigente hasta hoy- y con la ayuda de otra organización de adopciones, como la sueca Adoptionscentrum. 

Al respecto, el informe recalca que esa organización tampoco informó acerca de presuntos hechos de corrupción del que tomaron conocimiento sobre el Servicio Nacional de Menores (Sename) que por entonces era el nombre de la institución a cargo de niños vulnerables. El escrito dice: “Hubo varios asuntos que la organización omitió informar a las autoridades de adopción, o sobre los cuales desinformaron directamente”. Detalla que durante un viaje de la organización a Chile en 1991 para extender el permiso de mediación, los empleados tuvieron, según dice el informe, “la impresión de que la corrupción en el Sename era extensa y generalizada, pero omitieron informar sobre esto en la solicitud de renovación del permiso de tramitación”. 

En el informe hay recurrentes relatos que apuntan a la jueza de Temuco identificada como funcionaria de un tribunal de esa ciudad que, según se consigna, de los 49 casos ocurridos previo a 1999, 28 están firmados por la misma magistrada o por uno de los jueces suplentes de su mismo tribunal. 

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Testimonios de familiares de víctimas recopilados en el informe arrojan un patrón común: madres de origen mapuche a quienes les hacían desaparecer a sus hijos en hospitales bajo el argumento de que estos habían fallecido. En algunos casos, las hacían firmar papeles en blanco. 

Una de las conclusiones que se consigna en el informe es que, al igual que autoridades del régimen militar, la mencionada jueza de Temuco, compartía “total o parcialmente”, prejuicios contra los indígenas “y la idea de que la adopción podría ser la solución”. Al respecto, el informe agrega el siguiente diagnóstico: “Los pueblos originarios en Chile han sido, como en muchos otros lugares, objeto de discriminación y persecución, y hay razones para creer que las actitudes de las autoridades hacia los indígenas eran especialmente negativas durante la dictadura”.

Según se informó ante el comité, la jueza en Temuco tenía conexiones con autoridades de la dictadura militar. Y aunque no las especifica, el informe entrega como contexto que las instituciones que se dedicaban al cuidado de menores “estaban controladas por instituciones cívico-militares, y a menudo las esposas de oficiales militares de alto rango trabajaban allí como voluntarias”.

La identidad de la jueza no es mencionada en el texto, pero, la organización dedicada a apoyar víctimas de adopciones forzadas y tráfico de niños, Hijos y Madres del Silencio, ha denunciado el rol de la magistrada Tatiana Román Beltramin, quien se desempeñó como jueza del Juzgado de Letras de Menores entre 1971 y 1994. Román, fallecida en mayo de 2023, ha sido apuntada como responsable de múltiples resoluciones que permitieron la salida del país de menores (vea el reportaje de CIPER “Adopciones ilegales: 141 madres ya se han reencontrado con los hijos que les arrebataron al nacer”). 

El comité noruego realizó distintas diligencias durante su investigación, entre ellas viajar a Chile en 2024 para reunirse con las organizaciones nacionales de búsqueda de adopciones irregulares, Hijos y Madres del Silencio y Nos Buscamos. También con el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar (vea el comunicado del Poder Judicial); y con el embajador de Derechos Humanos de Cancillería, Tomás Pascual. Además se sostuvo una reunión con mujeres que saben, o bien, sospechan que sus hijos fueron dados en adopción de forma irregular y sin su consentimiento. 

CIPER contactó a la embajada de Noruega para conocer sus impresiones sobre el informe. El embajador, Per Anders Nilsen, señaló estar impactado con su resultado: “Resulta impactante conocer los hallazgos del informe, que recientemente se presentaron al gobierno de Noruega. Esto demuestra que fue importante y necesario que Noruega, al igual que otros países, realizara una investigación a nivel sistemático sobre las adopciones internacionales”. Agrega que las conclusiones del texto se encuentran en proceso de consulta pública en el país europeo, “lo cual servirá de base para un seguimiento posterior”. 

Según cifras del Poder Judicial y de otro informe que fue elaborado por el gobierno noruego, existen unos 200 niños que fueron adoptados entre 1975 a 2005 y que ingresaron al país europeo. De estos casos, solo seis han sido judicializados, de los cuales cinco están con sobreseimiento temporal y a la espera de contar con mayores antecedentes para –posiblemente– reabrir la investigación. El sexto caso sigue en curso. 

Según información entregada por la Embajada de Noruega en Chile a través de un oficio emanado en octubre de 2024, se han realizado al menos 313 adopciones de infantes chilenos, los que han motivado investigaciones en el país europeo (vea el documento aquí). 

DETALLES Y TESTIMONIOS

La figura del representante legal de Adopsjonsforum aparece mencionada varias veces en el informe. Según se detalla, en un proceso de adopción ocurrido en 1990, este llegó a acudir “a un tribunal para solicitar que el niño en cuestión fuera declarado en estado de abandono”, sin quedar justificado cómo había tenido conocimiento de este niño. 

También consta correspondencia vía fax intercambiada entre la organización y su representante. Según relata el comité noruego, en uno de estos mensajes, el ejecutivo señaló que había viajado a dos ciudades diferentes con la intención de “pescar a la madre y transportarla directamente al tribunal de Lautaro”. Agregó que había conseguido que un carabinero prometiera que eso iba a ocurrir: “Hacer que la madre acudiera al tribunal este lunes, bajo arresto si fuera necesario”. Según información contenida en el informe, el teniente cumplió su palabra y la madre se presentó en el tribunal tras la intervención policial.

El comité investigador noruego señala que la “acción de utilizar a la policía para obligar a una madre a comparecer es claramente poco ética y buscaba acelerar la declaración de abandono”. 

En el informe se consigan testimonios que familiares compartieron ante el comité en su visita a Chile. Durante la visita del comité noruego en 2024, se reunió con dos organizaciones dedicadas a apoyar a víctimas de adopción forzada: Hijos y Madres del Silencio y ONG Nos Buscamos. 

La fundadora de Hijos y Madres del Silencio, Marisol Rodríguez, señaló que el documento marca un hecho histórico, ya que “un país receptor reconoce formalmente su negligencia en las adopciones de niños chilenos. Ese es un reconocimiento que valida lo que las víctimas venimos diciendo hace mucho rato. Esto no fueron casos aislados, fue un sistema”. 

Desde la ONG Nos Buscamos, su fundadora Constanza del Río señaló que cuando se reunieron con el comité noruego, “le dimos información acerca del modus operandi de los traficantes de niños chilenos a ese país”. 

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Según estos relatos entregados al comité, y otras fuentes documentales que se revisaron para la confección del informe, la mayoría de las víctimas describen un patrón: eran madres de escasos recursos y pertenecientes al pueblo mapuche. 

Por ejemplo, se narró el caso de una mujer perteneciente a un pueblo originario que fue trasladada de urgencia a un hospital en Temuco para dar a luz. El informe señala: 

“De camino al quirófano, un médico le pidió que firmara un papel en blanco. No se le explicó por qué, solo que era de vital importancia. La madre lo amamantó y estuvo junto a la incubadora durante muchos días. Cuando la iban a dar de alta, el niño había desaparecido. Una enfermera le dijo que el niño había muerto y que el hospital se encargaría del papeleo. Nunca volvió a ver al niño”.

En el informe se señala que la familia no sospechó que el niño podría haber sido víctima de un secuestro hasta 2018, cuando escucharon sobre casos similares en la zona. Fue entonces cuando empezaron a buscar.

“La madre ha presentado el caso ante la investigación penal y le ruega a Dios que le permita saber qué ha sucedido. La madre teme haber firmado papeles de adopción sin ser consciente de ello, y tiene miedo de lo que el niño piense de ella hoy en día. Ella solo quiere saber si el niño está vivo y se encuentra bien. Piensa incesantemente en el niño y sueña con él por las noches”, dice el informe. 

Otro caso es el de una mujer, también mapuche, que acudió a un recinto médico en Temuco para realizarle un control de salud a su hijo recién nacido. El relato es similar: 

“Se le acercó una mujer con bata médica que afirmaba que el niño tenía graves problemas de salud y que debía ser llevado al hospital principal. La misma mujer llevó al niño a una ‘sala de exámenes’ mientras la madre tuvo que esperar afuera. El tiempo pasó, la madre llamó a la puerta, pero nadie abrió. Finalmente, llamó a los guardias y la policía se presentó en el lugar. Resultó que la sala de exámenes tenía otra puerta y que el niño había desaparecido”, detalló el testimonio contenido en el documento noruego. 

La mujer que sustrajo al niño fue buscada por la policía. Más tarde, según se detalla en la declaración de la madre, un empleado de la policía le habría explicado que la investigación tuvo que detenerse porque había funcionarios públicos involucrados. El informe lo señala así: 

“Retratos hablados de la mujer que se llevó al niño han arrojado sospechas sobre una trabajadora social que trabajaba para el tribunal de menores y jóvenes en Temuco. En 2019 [la madre] denunció el caso ante la investigación penal en Chile”.